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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PROFORMA Y NULIDAD DE CONTRATO. SUS DIFERENCIAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 171/2018. · Registro digital (IUS): 28258
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2019-01-11
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Pág. 2033.

AMPARO EN REVISIÓN 171/2018. 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EMMA HERLINDA VILLAGÓMEZ ORDÓÑEZ. SECRETARIO: JOSÉ ZAPATA HUESCA.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Son infundados los agravios transcritos.

Los artículos 107, fracción I, constitucional y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.—Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa."

"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.—El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.—El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades.—Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ..."

Conforme a los preceptos constitucional y legal transcritos puede acudir al juicio de amparo en calidad de parte quejosa, entre otros –se excluye al interés legítimo, atendiendo a la materia sobre la que versa este asunto–, quien:

A. Aduzca ser titular de un derecho subjetivo.

B. Que el titular de dicho derecho subjetivo alegue que el acto reclamado vulnera derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y afecta su esfera jurídica de manera directa.

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Más Alto Tribunal de la Nación, el derecho subjetivo se concibe como la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho, que puede imponerse coercitivamente a otras personas. En otras palabras, se trata de un derecho que supone la concurrencia de dos premisas fundamentales: una potestad de exigir y una obligación correlativa, traducida en el deber jurídico de cumplir con dicha exigencia.

Bajo esa lógica, sólo puede estarse frente a un derecho subjetivo cuando la facultad regulada en la norma se encuentra revestida de un poder de exigencia imperativa, lo que permite diferenciarlo tanto de la regulación normativa de las meras actuaciones particulares, como de aquellos supuestos en que la norma no establece en favor de una persona determinada la facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación que puede aprovechar un sujeto o que puede ser benéfica para éste, pero cuya observancia no es susceptible de reclamarse por el beneficiado (interés simple).

Ahora bien, además de la existencia de un derecho subjetivo, quien promueve debe alegar que el acto reclamado transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica de forma directa, a efecto de poder acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de la transgresión.

De esa forma, dado que el amparo únicamente protege bienes jurídicos reales y objetivos cuando se alegue su vulneración directa, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Consecuentemente, deben acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.

Por tanto, el interés jurídico se encuentra sujeto a que concurran dos elementos: (i) que quien promueve sea titular de un derecho subjetivo; y, (ii) que alegue que el acto de autoridad viola sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica.

En el caso concreto, el punto central es determinar si el segundo de los elementos citados, es decir, si el acto reclamado por un tercero extraño que acude al juicio de amparo viola sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica de manera directa, no si dicho tercero que acude al amparo es efectivamente el titular del derecho subjetivo consignado que deriva del instrumento notarial exhibido, relativo a la titularidad del inmueble ahí consignado, ya que para efectos de la acción constitucional ese documento resulta suficiente, sin que lo relativo a quién tiene mejor derecho de propiedad o posesión incida en la acreditación del interés jurídico de un tercero extraño, ya que si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho de propiedad, en cuanto derecho humano y subjetivo, es susceptible de ser protegido a través del juicio de amparo contra actos de autoridad que lo vulneren con motivo de un procedimiento seguido ante un tribunal, respecto del cual, la parte quejosa es tercero extraña, no menos cierto es que ese Máximo Tribunal de la Nación también ha precisado que a través de este medio extraordinario de defensa, no se puede resolver como tema destacado o principal una cuestión de índole sustantiva sobre la propiedad o posesión que ostenta quien promueve, ya que ello, en todo caso, debe ser dilucidado ante la jurisdicción común.

En ese contexto, si se acredita el derecho subjetivo que tiene en su favor un tercero extraño, sólo bastaría, para satisfacer los requisitos del presupuesto procesal de referencia, que se alegue que el acto reclamado transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica de manera directa. Esto último porque, conforme a los preceptos legales transcritos, la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto jurisdiccional o la ley que se reclame, entendiéndose como perjuicio la afectación, por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, configurando el interés jurídico que la Ley de Amparo establece para la procedencia del juicio constitucional.

En el caso, contrariamente a lo aducido por la recurrente, debe decirse que el hecho de que tenga el carácter de persona extraña y de que aportó pruebas del derecho de propiedad que tiene respecto del inmueble señalado en la escritura que exhibió, no significa que por esa sola circunstancia se encuentra en aptitud de acudir a esta instancia constitucional a solicitar se le emplace al juicio generador a fin de hacer valer ese derecho, pues si bien es cierto que con la documental respectiva aportada y con la pericial ofrecida se acreditaría la titularidad del derecho subjetivo tutelado por los derechos fundamentales protegidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como la identidad del bien que se señala en dicha escritura con el que es materia del juicio de origen, no menos cierto es que, en la especie, no se encuentra justificado que lo determinado en ese juicio vulnere esos derechos y afecte su esfera jurídica de manera directa.

Para así considerarlo, conviene realizar algunas precisiones en relación con la acción de cumplimiento de contrato privado de compraventa y otorgamiento de escritura pública, también conocida como acción proforma, promovida por el tercero interesado **********.

En efecto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/93, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, sostuvo, entre otras cuestiones, las siguientes consideraciones:

"... Efectivamente, la acción de otorgamiento de escrituras, que es de carácter personal, tiene como finalidad lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley. Es una acción pues, (sic) que la ley directamente concede al interesado a pesar de que el contrato no tenga validez. En el caso el contrato informal de compraventa de inmueble.—De esta forma, los hechos constitutivos de la acción que nos ocupa, los cuales se traducen, como ya se aclaró con antelación, en la causa eficiente que le sirve de fundamento, son la celebración del contrato informal de compraventa, y el cumplimiento de las obligaciones impuestas al actor en el propio acuerdo de voluntades, así, por lo general, tratándose del comprador, la satisfacción del precio convenido, y del vendedor, la entrega de la cosa.—Y es que se trata de las condiciones singulares de la relación en que se fundamenta la acción de otorgamiento de escrituras, de tal manera, que con su acreditamiento el actor demuestra la existencia de la obligación y su exigibilidad, circunstancias por las que le corresponde el ejercicio de la acción en examen.—En cambio, la propiedad del inmueble objeto del contrato de que se trata, no es un hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de escrituras, toda vez que constituye una condición genérica, normal y constante en todo negocio jurídico, consistente en la licitud del objeto del contrato, condición de validez, cuya falta debe ser probada por quien tenga interés en afirmarla, como lo es el tercero que, en su caso se ostentara como dueño. ... De las tesis supratranscritas, se deriva que los elementos constitutivos de la acción de otorgamiento de contrato son la existencia de la relación jurídica que da nacimiento a la obligación cuyo cumplimiento se demanda, y su exigibilidad, mas no así las condiciones normales, comunes, respecto de las cuales corresponde la prueba a quien tenga interés en afirmar su ausencia. ... En otro orden de ideas, y a mayor abundamiento, debemos señalar, que teniendo en cuenta el elemento de la acción de que se viene hablando, consistente en su objeto mediato, es decir, la pretensión concreta perseguida por quien la hace valer, resulta inadmisible el que al actor corresponda probar la propiedad del bien materia del contrato.—Efectivamente, la finalidad de la acción de otorgamiento de escrituras, es únicamente el dar a un contrato la forma exigida por la ley, lo que implica su existencia previa, de tal suerte que, el demandante no persigue cuestionar su validez por la concurrencia de algún vicio, sino por el contrario, pretende exclusivamente colmar un requisito legal para que el contrato, ya existente, adquiera plena validez.—En este sentido, si bien es cierto que la legislación sustantiva de la materia establece la nulidad de la venta de cosa ajena, no menos lo es que, al exigir al actor la demostración de la propiedad del bien objeto de la compraventa cuya escrituración demanda, se le priva sin más de la protección jurídica, ya que se está justipreciando oficiosamente el valor intrínseco del negocio jurídico sin que la parte interesada hubiera hecho valer algún cuestionamiento al respecto de esta condición de la relación jurídica invocada, lo que además conlleva una alteración de la litis planteada ..."

De la contradicción de tesis en cita, emanó la jurisprudencia 3a./J. 33/93, emitida por dicha Tercera Sala del Más Alto Tribunal del País, visible en la página 41 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, diciembre de 1993, Octava Época, con número de registro digital: 206663, que dice: "ACCIÓN DE OTORGAMIENTO DE ESCRITURA DE COMPRAVENTA. EL DERECHO DE PROPIEDAD DEL VENDEDOR RESPECTO DEL BIEN OBJETO MATERIA DEL CONTRATO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO QUE DEBA PROBARSE POR EL ACTOR.—El derecho de propiedad del vendedor respecto del bien objeto materia del contrato informal de compraventa, no es un hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de escritura que deba probar el actor, pues se trata de una condición de validez normal y constante en esa clase de negocio jurídico cuya ausencia es excepcional y por lo tanto constituye un hecho impeditivo que debe ser afirmado y probado por quien tenga interés en ello. Al demandante únicamente le corresponde demostrar la existencia de la obligación y su exigibilidad, que son los hechos en que se funda esta acción."

De lo anterior, se obtiene que la acción de otorgamiento de escritura o proforma, es de carácter personal, en la cual, no está en juicio el derecho de propiedad del vendedor respecto del bien objeto materia del contrato informal de compraventa, pues los hechos constitutivos de esa acción son la celebración de ese contrato y el cumplimiento de las obligaciones impuestas, de tal manera que con su acreditación el actor demuestra la existencia de la obligación y su exigibilidad.

En cambio, la propiedad del inmueble, objeto del contrato de que se trata, no es un hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de escritura, ya que al actor no se le exige probar la propiedad del bien materia del contrato, por lo que resulta inadmisible permitir la incursión en ese juicio de un tercero que aduzca mejor derecho de propiedad que el vendedor en el contrato privado; pues hacerlo conllevaría una alteración de la litis concebida para ese tipo de juicios, cuya única finalidad es dar a un contrato la forma exigida por la ley.

Ello es así, por una parte, porque los elementos de la acción proforma, únicamente son: a) La existencia del contrato de compraventa; b) El pago total del precio pactado en dicho contrato; y, c) Que el vendedor se rehúse a otorgar la escritura pública correspondiente, de conformidad con la tesis aislada VI.2o.C.215 C, emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 1153, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 188559, que dice: "OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PÚBLICA. LA DIVISIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO Y EL CONSENTIMIENTO DE LOS COPROPIETARIOS NO SON ELEMENTOS NI CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—De la recta interpretación de los artículos 2121, 2122, 2123 y 2153, fracción III, del Código Civil para el Estado de Puebla, así como 208 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad federativa, se deduce que los elementos de la acción de otorgamiento de escritura pública derivada de un contrato de compraventa son los siguientes: a) La existencia del contrato de compraventa; b) El pago total del precio pactado en dicho contrato; y, c) Que el vendedor se rehúse a otorgar la escritura pública correspondiente; por tanto, no constituye un elemento de la acción ni es requisito indispensable para su ejercicio la demostración del cumplimiento de condición alguna, como la división del inmueble controvertido y el consentimiento de los copropietarios para la venta del mismo, ya que la pretensión de otorgamiento de escritura se refiere únicamente a que el contrato se eleve a la categoría de escritura pública y, por ende, al actor sólo le corresponde demostrar la existencia del contrato previo y que cumplió con las obligaciones a las que se comprometió."

Y, por otro lado, porque, se insiste, esa acción únicamente tiene como finalidad lograr que se obligue al demandado a otorgar un contrato que aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley.

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas I.8o.C.68 C y VI.2o.C.228 C, sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por este órgano jurisdiccional, consultables en las páginas 443 y 1199, Tomos V, enero de 1997 y XV, abril de 2002, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros digitales: 199603 y 187344, que son del siguiente tenor: "COMPRAVENTA. PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA, NO ES INDISPENSABLE QUE SE ACREDITE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE.—La acción de otorgamiento de escritura, que es de carácter personal, tiene como finalidad lograr que se obligue al demandado a otorgar formalmente el contrato de compraventa que con anterioridad se había celebrado sin las formalidades que establece la ley. De esta forma, los hechos constitutivos de la acción de otorgamiento y firma de escritura, los cuales se traducen en la causa eficiente que le sirve de fundamento, son la celebración del contrato informal de compraventa y el cumplimiento de las obligaciones impuestas en el propio acuerdo de voluntades; así, por lo general, tratándose del comprador, la satisfacción del precio convenido, y del vendedor, la entrega de la cosa. Se trata de las condiciones esenciales de la relación en que se fundamenta la acción de otorgamiento de escritura, de tal manera que con su acreditamiento el actor demuestra la existencia de la obligación y su exigibilidad, circunstancias por las que le corresponde el ejercicio de la acción en examen. En cambio, la propiedad del inmueble objeto del contrato de que se trata, no es un hecho constitutivo de la acción de otorgamiento de escritura, toda vez que representa una condición genérica, normal y constante en todo negocio jurídico, consistente en la licitud del objeto del contrato, condición de validez, cuya falta debe ser probada por quien tenga interés en afirmarla, como lo es el tercero que, en su caso, se ostentara como dueño." y "ACCIÓN PRO FORMA. SUS DIFERENCIAS CON LA DE NULIDAD DE CONTRATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—De conformidad con los artículos 1920, fracciones I, II y III, 1921, 1923, 1924, fracciones I, II, III, IV y V, 1925, 1926, 1927, 1929 y 1931 que obran en la sección primera, capítulo décimo octavo, del libro cuarto del Código Civil para el Estado de Puebla, bajo el rubro: ‘Inexistencia y nulidad de los actos jurídicos’, se advierte que tratándose de un juicio de nulidad contractual entre particulares, la causa litigiosa la puede representar, entre otros hechos, la falta de forma establecida por la ley; sin embargo, cuando se demanda la nulidad de un contrato por otros motivos, claramente ello excluye la posibilidad de que dicha acción tenga como finalidad y menos aún como materia, precisamente la forma omitida; en tanto que la acción de otorgamiento de contrato o acción pro forma únicamente persigue la exteriorización material de un acto que por su naturaleza y características la ley le impone una determinada formalidad. Por tanto, entre la acción de nulidad contractual y la llamada acción pro forma no existe identidad de causas, pues en lo que la primera busca la anulación de un acto jurídico, la segunda persigue exclusivamente la formalización de determinado acuerdo de voluntades."

Por consiguiente, si en el juicio generador no fue materia de análisis el derecho de propiedad de la vendedora respecto del bien objeto materia del contrato informal de compraventa, ni en ese procedimiento se prejuzga sobre el mejor derecho de ésta o de un tercero, sobre el mismo inmueble, dado que, como se ha visto, ésa no es la naturaleza de la acción proforma, es inconcuso que, contrario a lo alegado por la recurrente, lo determinado en ese juicio no afecta a su esfera jurídica, precisamente, porque en él no se decidió sobre derecho de propiedad alguno pues, se insiste, la naturaleza de la acción promovida por uno de los terceros interesados, únicamente tiene como finalidad obligar a la demandada a otorgar un contrato que ya existe pero adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley.

La determinación anterior no implica el desconocimiento de derecho alguno que la inconforme pudiera acreditar en la instancia correspondiente pues, en caso de que la compraventa de referencia afecte algún derecho sustantivo de ésta, ello únicamente da origen a las acciones civiles respectivas, por ejemplo, la de nulidad contractual.

Cabe precisar que la orden de escriturar en favor del actor en el juicio generador una fracción de la totalidad del inmueble que la quejosa afirma es de su propiedad, por sí sola, no afecta ese derecho, pues esto sucedería, en todo caso, si se llegara a ordenar la anulación de su título o se le desposeyera del bien que defiende, ya que en ese escenario sí se podría hablar de una afectación a esos derechos, consideración ésta que también se corrobora con el criterio emitido en la ejecutoria de contradicción de tesis 11/95, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 6/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más adelante se transcribe, en donde se consideró, entre otras cosas, que la persona extraña sólo será afectada por el mandamiento de ejecución si en éste se ordena ejecutar sobre sus bienes, a pesar de que la sentencia no dispuso de ellos; y que si los derechos de que es titular la persona extraña, pese a no ser tocados en el procedimiento, ni en la sentencia, ni en el mandamiento de ejecución, son lesionados por el ejecutor, será esta actuación y no las anteriores la que lo afecten.

La citada jurisprudencia P./J. 6/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra visible en la página 95, Tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el registro digital: 196930, y es del siguiente tenor: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI).—Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución."

Así, tal como lo resolvió el Juez de Distrito a quo, la aquí recurrente carece de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ********** del índice del Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, pues en tal procedimiento únicamente se resolvió sobre la obligación de ********** para con ********** de otorgar el contrato de compraventa que celebraron; sin que se prejuzgara sobre el derecho de propiedad de esa persona o de algún tercero, ni se emitiera mandamiento alguno que incida directamente en la esfera jurídica de la quejosa tendente a privarla o afectarla en el ejercicio de ese derecho respecto del predio materia del contrato fundatorio de la acción en el juicio generador, porque, como ya se dijo, ésta es de carácter personal y lo ahí determinado sólo surte efectos entre las partes del mismo, máxime que la impetrante de amparo no reclamó acto específico de privación o desposesión dictado en su contra en dicho juicio.

Inclusive, las prestaciones reclamadas en el juicio de origen fueron: "a) El cumplimiento de contrato de compraventa por escrito que celebré con la ahora demandada en fecha dos de abril del año dos mil uno, respecto del inmueble identificado como lote ********** de los que segregaron del rancho ********** en Cuautlancingo, Puebla, actualmente perteneciente a la Junta Auxiliar de ********** de esta ciudad.—b) La elevación a escritura pública ante notario de dicho contrato de compraventa celebrado entre los ahora demandados y el suscrito actor y en caso de rebeldía, otorgarlo por su Señoría.—c) El pago de daños y perjuicios que se me hayan ocasionado y que se me ocasionen en el futuro con motivo de la falta de otorgamiento de escritura pública, en que ha incurrido el vendedor; y, d) El pago de gastos y costas que se causen con motivo de la tramitación del presente juicio." (foja 2 del anexo I del expediente de amparo)

De lo que se advierte que el actor no reclamó ninguna prestación que incida en los derechos de la parte quejosa.

En resumen, la recurrente carece de interés jurídico (entendido como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa afectación cese) para reclamar la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato privado de compraventa y otorgamiento de escritura pública ante notario, pues aun cuando se ostenta como propietaria del bien inmueble que fue materia de ese procedimiento, el efecto de lo ahí determinado, por la propia naturaleza de la acción proforma, no la priva de derecho de propiedad o posesión alguno, pues su única finalidad es lograr que se obligue a la demandada a otorgar un contrato que aunque existente, adolece del vicio de falta de la forma exigida por la ley, sin prejuzgar sobre el mejor derecho de propiedad de la vendedora (demandada en el juicio natural) o de algún tercero; de ahí lo infundado de sus agravios.

Por lo anterior, son plenamente aplicables las tesis aisladas (V Región)5o.10 C (10a.) y XV.1o.26 C, que al respecto invocó el Juez Federal, de rubros: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO EN MATERIA CIVIL. CARECE DE ÉSTE EL QUEJOSO QUE, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO, RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A UN JUICIO SUMARIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA (ACCIÓN PRO FORMA)." y "GARANTÍA DE AUDIENCIA. NO ES NECESARIO OTORGARLA A TERCEROS RESPECTO DE LOS JUICIOS QUE VERSEN SOBRE ACCIONES PERSONALES."

Por otra parte, en contra de lo alegado por la recurrente, debe decirse que en el fallo impugnado se decretó el sobreseimiento al advertir el Juez Federal una causa de improcedencia del juicio constitucional, y por ese motivo fue correcto que no estudiara los conceptos de violación aducidos y las pruebas ofrecidas para tal efecto, concretamente la pericial en agrimensura a que se refiere la inconforme y menos aún cuestiones relativas al fondo del asunto, dado que la improcedencia constituye un impedimento legal para ello.

Es aplicable al caso la jurisprudencia VI.2o. J/3, con registro digital: 230809, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, visible en la página 688, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.—No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."

En vista de lo anterior, ante lo infundado de los agravios aducidos, lo conducente es confirmar el fallo recurrido, dejando firme el punto VI, apartado 55, rector del punto resolutivo segundo del mismo, relacionado con la devolución del expediente de amparo y el envío

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28258-7e70f1b5/accion-proforma-y-nulidad-de-contrato-sus-diferencias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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