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BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR, OBTENER, CONSERVAR Y PROPORCIONAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA INFORMACIÓN FIDEDIGNA, COMPLETA Y ACTUALIZADA RELACIONADA CON AQUÉLLOS, AL ESTABLECER A QUIÉNES LES RECAE TAL CARÁCTER Y EMPLEAR LA EXPRESIÓN "CUALQUIER OTRA FIGURA JURÍDICA", NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022). BENEFICIARIOS CONTROLADORES. EL SISTEMA NORMATIVO INTEGRADO POR LOS ARTÍCULOS 32-B TER, 32-B QUÁTER Y 32-B QUINQUIES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO POR LAS REGLAS 2.1.47, FRACCIÓN XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 Y 2.8.1.22 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022, QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE OBTENER Y CONSERVAR, COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, Y DE PROPORCIONAR AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUANDO ASÍ LO REQUIERA, LA INFORMACIÓN FIDEDIGNA, COMPLETA Y ACTUALIZADA RELACIONADA CON AQUÉLLOS, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2022).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 109/2023. · Registro digital (IUS): 31756
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-22
Promovente: CASTILLO BORBOLLA Y ASESORES, SOCIEDAD CIVIL Y OTRAS.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo III, Pág.2385.

AMPARO EN REVISIÓN 109/2023. CASTILLO BORBOLLA Y ASESORES, S.C. Y OTRAS. 14 DE JUNIO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: LUIS ENRIQUE GARCÍA DE LA MORA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al catorce de junio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 109/2023, interpuesto por Castillo Borbolla y Asesores, Sociedad Civil y otras, contra la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en el juicio de amparo indirecto 167/2022.

El problema jurídico que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.1.47, fracción XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 y 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES

1. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós,(1) Castillo Borbolla y Asesores, Sociedad Civil y otras,(2) promovieron juicio de amparo indirecto contra las autoridades y respecto de los actos siguientes:

• Del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, reclamaron la aprobación y expedición del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado el doce de noviembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; en específico, los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación.

• Del presidente de la República reclamaron la promulgación del citado decreto; concretamente, las porciones normativas recién mencionadas.

• De la jefa del Servicio de Administración Tributaria reclamaron la ejecución de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación; así como la expedición de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.1.47, fracción XXI, de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación.

2. Las quejosas señalaron como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narraron los principales antecedentes del caso e hicieron valer los conceptos de violación que estimaron pertinentes.

3. También precisaron que las normas reclamadas fueron impugnadas como parte de un sistema normativo en torno a la obligación de identificar, obtener, conservar y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información de los beneficiaros controladores en la forma y términos que dicha autoridad determine mediante reglas de carácter general, así como las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

4. Admisión y trámite. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, donde se registró con el número 167/2022 y se admitió a trámite.(3)

5. Sentencia de amparo. Seguidos los trámites legales conducentes, el dieciocho de abril de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional y, el diecinueve de mayo de ese mismo año, el juzgador dictó sentencia en la que resolvió sobreseer en el juicio con base en las consideraciones siguientes:

• En el considerando tercero, precisó que la jefa del Servicio de Administración Tributaria negó la existencia del acto consistente en la aplicación de los artículos impugnados y, en vista de que dicha negativa no fue desvirtuada por las quejosas, sobreseyó en el juicio en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.

• En el considerando cuarto, reconoció la existencia de los actos atribuidos al Congreso de la Unión y al presidente de la República consistentes en la discusión, aprobación y promulgación, en el ámbito de sus respectivas competencias, de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter, 32-B Quinquies, 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación.

• También tuvo por cierto el acto atribuido a la jefa de Administración Tributaria consistente en la expedición de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.1.47, fracción XXI, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

• En el considerando quinto, analizó la procedencia del juicio y respecto a los actos consistentes en la expedición y promulgación de los preceptos legales reclamados, estimó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ante la falta de conceptos de violación enderezados en su contra.

• Y en cuanto a las normas generales reclamadas, concluyó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo porque, en su opinión, si bien las normas obligan a las personas morales a recabar, mantener y actualizar la información relativa a sus beneficiarios controladores como parte de su contabilidad, lo cierto es que son de naturaleza heteroaplicativa porque no causaron una afectación en las esferas jurídicas de las quejosas con motivo de su entrada en vigor, ya que requieren de un acto concreto de aplicación para su individualización, a saber: que el Servicio de Administración Tributaria les solicite la presentación de la información de sus beneficiarios controladores; o bien, la imposición de la sanción respectiva en caso de incumplimiento.

6. Con motivo de lo anterior, el juzgador sobreseyó en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

7. Recurso de revisión. Inconforme con la sentencia recién mencionada, mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós,(4) las quejosas interpusieron recurso de revisión.

8. Admisión y trámite. Por cuestión de turno, correspondió conocer del recurso al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito,(5) el que lo registró con el número 304/2022 y lo admitió a trámite.

9. También tuvo por admitidos(6) los recursos de revisión adhesiva interpuestos por la jefa del Servicio de Administración Tributaria(7) y el presidente de la República.(8)

10. Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. En sesión de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó resolución en la que resolvió lo siguiente:

• En el considerando sexto, dejó firme el sobreseimiento decretado respecto del acto atribuido a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (aplicación de los artículos impugnados), así como los actos consistentes en la expedición y promulgación de los preceptos legales reclamados, ante su falta de impugnación.

• En el considerando séptimo, confirmó el sobreseimiento decretado en relación con los artículos 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación por su naturaleza heteroaplicativa, dado que es indispensable que exista un acto de aplicación en el que la autoridad fiscal determine que: (I) la existencia de una conducta por parte del contribuyente contraria a sus obligaciones en materia de beneficiarios controladores; (II) que esa conducta sea calificada como infracción en los términos ahí previstos; y, (III) que se imponga la multa correspondiente.

• De ahí que estimó que los artículos 84-M y 84-N del Código Fiscal de la Federación no pueden ser considerados como parte del sistema normativo impugnado, en tanto que sólo establecen las infracciones y las sanciones respectivas en caso de incumplimiento de la obligación controvertida en materia de beneficiarios controladores.

• En otro segmento del mismo punto considerativo, calificó fundados los agravios propuestos en la revisión principal en torno a la procedencia del juicio respecto de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.1.47, fracción XXI, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, e infundados los planteamientos formulados en las revisiones adhesivas sobre dicho aspecto.

• Para justificar su decisión, en primer lugar, expuso que el sistema normativo impugnado impone a las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios en caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes tratándose de cualquier otra figura jurídica, la obligación de obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores.

• Es decir, que la obligación impuesta a partir de las adiciones a la legislación tributaria no se limita a "proporcionar" la información relacionada con los beneficiarios controladores, sino que también implica "obtener y conservar" dicha información.

• Por tales motivos, sostuvo que desde el inicio de la vigencia de las normas reclamadas, las personas morales deben llevar a cabo las acciones que estimen pertinentes para cumplir con la obligación controvertida, a través de las cuales recaben la información relacionada con los beneficiarios controladores, con el fin de prevenir un posible requerimiento de información por parte del Servicio de Administración Tributaria.

• Máxime que en las reglas impugnadas se detallan precisamente los mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre los beneficiarios controladores, esto es, las acciones que deben ser implementadas por los destinatarios de las normas.

• De ahí que, a su consideración, resulta válido concluir que la sola entrada en vigor de las disposiciones reclamadas ha introducido de manera inmediata obligaciones contables a cargo de los contribuyentes respecto de las cuales no pueden excusarse, en tanto que existe la posibilidad de que la información relacionada con sus beneficiarios controladores sea requerida por la autoridad fiscal en cualquier momento.

• Por lo que levantó el sobreseimiento decretado en relación con el sistema normativo impugnado, dada la naturaleza autoaplicativa de las normas generales que lo conforman.

• Finalmente, en el considerando noveno, el Tribunal Colegiado del conocimiento reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del problema de constitucionalidad subsistente en torno a los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.1.47, fracción XXI, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

• Y precisó que, si bien respecto de estas últimas se actualiza su competencia delegada para conocer de los planteamientos formulados en su contra, lo cierto es que por haber sido impugnadas como parte de un sistema normativo resulta necesario analizar previamente los argumentos propuestos por las quejosas en la demanda de amparo contra los preceptos legales reclamados.

11. Con los argumentos en alusión, el órgano jurisdiccional modificó la sentencia que sobreseyó en el juicio y, parcialmente revocó el sobreseimiento decretado; asimismo, remitió los autos a este Máximo Tribunal para conocer del problema de constitucionalidad subsistente en torno a los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.8.1.20, 2.8.1.21, 2.8.1.22 y 2.1.47, fracción XXI, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

12. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta asumió competencia originaria para conocer del asunto, registró los recursos de revisión principal y adhesivas con el número 109/2023 y los admitió a trámite, turnó el expediente a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para su estudio y ordenó su radicación en la Segunda Sala.

13. Avocamiento. En proveído de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el presidente de esta Segunda Sala instruyó el avocamiento del asunto y, una vez debidamente integrado el expediente, se remitieron los autos a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución.

14. Publicación. El proyecto de resolución de esta sentencia fue publicado oportunamente en términos de lo dispuesto por los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(9) 83 de la Ley de Amparo;(10) 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(11) en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 1/2023.(12)

16. Ello es así por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa competencia de esta Sala, cuya resolución no amerita la intervención del Tribunal Pleno.

17. Es necesario tener en cuenta que en el asunto que nos ocupa, esta Segunda Sala es legalmente competente para conocer de la constitucionalidad de las reglas 2.1.47, fracción XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 y 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós, toda vez que dichas normas generales se controvierten como un sistema normativo en relación con los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación.

18. En efecto, pues el texto de las normas generales reclamadas versa sobre la facultad que se le otorga al Servicio de Administración Tributaria para recabar información relacionada con los beneficiarios controladores de los sujetos obligados.(13)

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN

Y PROCEDENCIA

20. Es innecesario verificar la oportunidad en la presentación de los recursos y la legitimación de los respectivos promoventes, así como la procedencia de las revisiones principal y adhesivas, toda vez que dichos presupuestos procesales ya han sido analizados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.(14)

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

21. No existen causas de improcedencia pendientes de estudio, ni se advierte de oficio alguna diversa a las ya analizadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.(15)

22. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidente Alberto Pérez Dayán.

IV. PRECISIÓN DE LA LITIS

23. La materia del presente recurso consiste en analizar la regularidad constitucional de los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas 2.1.47, fracción XXI, 2.8.1.20, 2.8.1.21 y 2.8.1.22 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.

24. Cabe destacar que, en ciertos segmentos, su análisis se llevará a cabo de manera conjunta, ya que la peticionaria de amparo lo combate como un sistema normativo.

25. A continuación, se citan las normas generales reclamadas:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

"Artículo 32-B Ter. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, están obligadas a obtener y conservar, como parte de su contabilidad, y a proporcionar al Servicio de Administración Tributaria, cuando dicha autoridad así lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general. Esta información podrá suministrarse a las autoridades fiscales extranjeras, previa solicitud y al amparo de un tratado internacional en vigor del que México sea parte, que contenga disposiciones de intercambio recíproco de información, en términos del artículo 69, sexto párrafo del presente Código.

"El Servicio de Administración Tributaria notificará a las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; así como, a terceros con ellos relacionados, la solicitud de información de sus beneficiarios controladores de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del presente ordenamiento. Dicha información deberá ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud. Este plazo se podrá ampliar por las autoridades fiscales por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

"Los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de los contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, así como las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero para fines de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tratándose de la información relativa a cuentas financieras, estarán obligados con motivo de su intervención a obtener la información para identificar a los beneficiarios controladores y a adoptar las medidas razonables a fin de comprobar su identidad, para proporcionarla al Servicio de Administración Tributaria cuando dicha autoridad así lo requiera, en la forma y términos que dicho órgano desconcentrado determine mediante reglas de carácter general.

"Cuando el Servicio de Administración Tributaria requiera a los sujetos referidos en el párrafo anterior la información relativa a los beneficiarios controladores, el plazo para proporcionarla será el establecido en el segundo párrafo de este artículo. Este plazo se podrá ampliar por la autoridad fiscal por diez días más, siempre y cuando medie solicitud de prórroga debidamente justificada y ésta se presente previo al cumplimiento del plazo anteriormente mencionado.

"Los registros públicos en la Ciudad de México y en los Estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el Servicio de Administración Tributaria, a través de la celebración de convenios de colaboración o de intercambio de información y en cualquiera otra forma que autoricen las disposiciones aplicables, para corroborar la exactitud y veracidad de la información que sea proporcionada por las personas morales; fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de los fideicomisos; a las partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica obligada; terceros con ellos relacionados; personas que intervengan en la celebración de contratos o actos jurídicos, así como entidades financieras e integrantes del sistema financiero relativa a beneficiarios controladores." "Artículo 32-B Quáter. Para efectos de este Código se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que:

"I. Directamente o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente.

"II. Directa, indirectamente o de forma contingente, ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

"Se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, puede o pueden:

"a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes.

"b) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15 % del capital social o bien.

"c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.

"Tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerza, en última instancia, el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo.

"Para la interpretación de lo dispuesto en este artículo serán aplicables las Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional y por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, acorde a los estándares internacionales de los que México forma parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas."

"Artículo 32-B Quinquies. Las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán mantener actualizada la información referente a los beneficiarios controladores a que se refiere el artículo 32-B Ter de este Código. Cuando haya modificaciones en la identidad o participación de los beneficiarios controladores, las personas morales; las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos; así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, deberán actualizar dicha información dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya suscitado la modificación de que se trate.

"El Servicio de Administración Tributaria podrá emitir reglas de carácter general para la aplicación de este artículo."

Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós

Opción para presentar consultas sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales

"2.1.47. Para los efectos del artículo 34 del CFF, el SAT podrá resolver las consultas sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales que formulen los interesados, relacionadas con situaciones concretas que aún no se han realizado, siempre que se presenten de conformidad con la ficha de trámite 261/CFF ‘Consultas en línea sobre la interpretación o aplicación de disposiciones fiscales’, contenida en el Anexo 1-A.

"No podrán ser objeto de la facilidad prevista en esta regla las consultas que versen sobre los siguientes sujetos y materias:

"...

"XXI. Disposiciones en materia de beneficiario controlador a que se refieren los artículos 32-B Ter, 32-B Quáter y 32-B Quinquies del CFF, así como las infracciones y sanciones que establecen los artículos 84-M y 84-N del propio ordenamiento. ..."

Criterios para la determinación de la condición de beneficiario controlador de las personas morales

"2.8.1.20. Para los efectos del artículo 32-B Ter del CFF, en la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, deberán aplicar lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter, fracciones I y II, incisos a), b) y c) de forma sucesiva, como criterios para su determinación, de tal modo que cuando lo previsto en la fracción I del artículo 32-B Quáter del CFF ha sido aplicado, pero no ha resultado en la identificación del beneficiario controlador, se deberá aplicar lo previsto en la fracción II, incisos a), b) y c) de dicha disposición.

"Para efectos de la obtención de la información a que se refiere el artículo 32-B Ter del CFF, las personas morales deberán identificar, verificar y validar la información sobre los beneficiarios controladores, indicando los porcentajes de participación en el capital de la persona moral, incluyendo la información relativa a la cadena de titularidad, en los casos en que el beneficiario controlador lo sea indirectamente. Se entiende por cadena de titularidad el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta, a través de otras personas morales. Asimismo, las personas morales también deberán identificar, verificar y validar la información relativa a la cadena de control, en los casos en los que el beneficiario controlador lo sea por medios distintos a la propiedad. Se entiende por cadena de control el supuesto en que se ostente el control indirectamente, a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica.

"Cuando no se identifique a persona física alguna bajo los criterios establecidos en esta regla, en relación con el artículo 32-B Quáter del CFF, se considerará como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, cada miembro de dicho consejo se considerará como beneficiario controlador de la persona moral."

Mecanismos para identificar, obtener y conservar la información actualizada sobre el beneficiario controlador

"2.8.1.21. Para los efectos del artículo 32-B Ter, primer y tercer párrafos del CFF, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica, deberán implementar procedimientos de control internos debidamente documentados. Estos procedimientos serán todos aquellos que sean razonables y necesarios para obtener y conservar la información sobre la identificación de los beneficiarios controladores y se considerarán parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir.

"Para efectos de lo establecido en los artículos 32-B Ter y 32-B Quinquies del CFF, a efecto de obtener y conservar información sobre la identificación de los beneficiarios controladores, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, los notarios, corredores y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de dichas personas o celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica deberán cuando menos:

"I. Identificar, verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador de las personas morales, los fideicomisos y de cualquier otra figura jurídica.

"Para efectos de lo anterior, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, requerirán de la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse como beneficiario(s) controlador(es), conforme a lo dispuesto en el artículo 32-B Quáter del CFF, para que revelen su identidad, y proporcionen la información que se detalla en la regla 2.8.1.22.

"II. Obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada acerca de los datos de la identidad del beneficiario controlador y demás datos que se establecen en la regla 2.8.1.22., para lo cual, las personas morales, las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, en el caso de fideicomisos, así como las partes contratantes o integrantes, en el caso de cualquier otra figura jurídica, según corresponda, deben establecer procedimientos para que la(s) persona(s) que pueda(n) considerarse beneficiario(s) controlador(es) les proporcionen información actualizada de su condición como tales, así como que les informen de cualquier cambio en su condición, para estar en aptitud de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 32-B Quinquies, primer párrafo, del CFF.

"III. Conservar la información del beneficiario controlador, de la cadena de titularidad y de la cadena de control, la documentación que sirva de sustento para ello, así como la documentación comprobatoria de los procedimientos de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31756-d2e06194/beneficiarios-controladores-el-sistema-normativo-integrado-por-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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