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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO (PUNTO DE ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 38, CELEBRADA EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, POR EL QUE SE AUTORIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN LA MODALIDAD DE MOTOTAXI EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ, Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN LA MODALIDAD DE MOTOTAXI, APROBADOS EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO 45 DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE Y PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL ONCE DE JULIO DEL MISMO AÑO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 140/2020. · Registro digital (IUS): 31826
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-06
Promovente: PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo III, Pág.2846.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 140/2020. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 31 DE AGOSTO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: En sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez del Estado de Colima, expidió los "Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi", a través de los cuales se creó el órgano administrativo denominado Comisión Técnica de Transporte Alternativo Municipal. Posteriormente, emitió un punto de acuerdo por el que se autorizó a una persona moral la prestación del referido servicio público. Inconforme, el Poder Legislativo Local promovió controversia constitucional demandando la invalidez de dichos actos, alegando que existió una invasión de competencias propias de la expedición de reglamentación en materia de transporte y otorgamiento de concesión del servicio.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 140/2020, promovida por el Poder Legislativo del Estado de Colima, contra el Municipio de Villa de Álvarez, Colima y del Poder Ejecutivo del mismo Estado.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda de la controversia constitucional. Por escrito recibido el cuatro de septiembre de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Toscano Reyes, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en representación del Poder Legislativo de esa entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra de las siguientes autoridades y actos impugnados:

I. La entidad, Poder u órgano demandado y su domicilio.

• El Municipio de Villa de Álvarez del Estado de Colima, con domicilio en calle J. Merced Cabrera, número 55, colonia Centro, C.P. 28970, de la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, quien puede ser representado por su síndico municipal en términos de lo que dispone el artículo 51, fracciones II y III, de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, a quien se le demanda la aprobación de los "Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi", aprobado en sesión ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" en fecha once de julio de ese año, así como el punto de acuerdo por el que se autoriza a la persona moral denominada **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de "mototaxi" aprobado en sesión ordinaria de fecha dos de marzo de dos mil veinte.

• El Poder Ejecutivo del Estado de Colima, a través del gobernador y secretario general de Gobierno, con domicilio oficial ampliamente conocido en el complejo administrativo del Gobierno del Estado de Colima, sito en 3er. Anillo Periférico esquina con Ejército Mexicano, colonia El Diezmo, C.P. 28010, de la ciudad de Colima, Colima, a quienes se les demanda la publicación y refrendo de los "Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi", aprobado por el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en sesión ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" en fecha once de julio de ese año, consintiendo de esta manera, el haber publicado dichos lineamientos sin haber verificado que en términos de constitucionalidad se vislumbra la invasión competencial que es propia del Poder Legislativo Local y de ese mismo Poder.

...

IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado:

• La aprobación de los "Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi", aprobado por el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, en sesión ordinaria de fecha veintinueve de junio de dos mil veinte y publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en fecha once de julio del mismo año, así como sus efectos y consecuencias.

• El punto de acuerdo por el que se autoriza a la persona moral denominada **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de "mototaxi", aprobado en sesión ordinaria de fecha dos de marzo de dos mil veinte, el cual no fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", así como sus efectos y consecuencias.

En consecuencia de lo anterior, la invasión de competencias, atribuciones y facultades que son propias del Poder Legislativo del Estado de Colima para expedir reglamentación en materia de transporte y del propio Ejecutivo Local para otorgar la concesión de la prestación de un servicio público.

2. Antecedentes. De la demanda de controversia constitucional, su contestación y demás constancias que integran el expediente, se advierten los siguientes hechos:

a) La persona moral denominada **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, solicitó al Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, autorización para la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi.

b) En Sesión Ordinaria de Cabildo Número 38, celebrada el dos de marzo de dos mil veinte, el presidente municipal de Villa de Álvarez, Colima, propuso un punto de acuerdo con el fin de otorgar a la persona moral antes mencionada la autorización que solicitó. Por mayoría de votos, el Cabildo autorizó la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, sin asignarlo a una empresa en específico y sin expedición de licencia alguna, hasta en tanto se expidiera la normativa en la materia.

c) Mediante acuerdo de Cabildo de veintinueve de junio de dos mil veinte, el Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez expidió los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi,(1) ahora impugnados, a través de los cuales se creó el órgano administrativo denominado Comisión Técnica de Transporte Alternativo Municipal.(2)

d) El primero de julio de dos mil veinte, la Comisión Técnica de Transporte Alternativo Municipal de Villa de Álvarez emitió dictamen en el que declaró procedente y factible el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi en favor de "**********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", por lo que ordenó turnar el dictamen a la presidencia municipal con el fin de que autorizara y expidiera, a través de la Dirección de Inspección, Licencias, Tianguis y Vía Pública, la licencia respectiva.

e) El tres de julio de dos mil veinte, la Dirección de Inspección, Licencias, Tianguis y Vía Pública del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, expidió la licencia **********, en favor de "**********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", para la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, autorizando el funcionamiento de doscientas unidades, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, sujeta a refrendo en los meses de enero y febrero de dos mil veintiuno.

f) El sábado once de julio de dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",(3) los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito de controversia el Poder Legislativo actor formuló dos conceptos de invalidez en los que, en síntesis, argumenta lo siguiente:

• En el primer concepto de invalidez, controvierte el punto de acuerdo aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo Número 38, de dos de marzo de dos mil veinte.

• Sostiene que el Ayuntamiento demandado autorizó a la persona moral denominada **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, sin tener facultades para ello.

• Que el servicio público de transporte, independientemente de la modalidad de que se trate, es un servicio público que puede otorgarse por el Ejecutivo del Estado de Colima mediante concesión a los particulares, como lo dispone el artículo 58, fracción XXXI, de la Constitución Local,(4) mas no por los Municipios.

• El artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) establece cuáles son las funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, entre los cuales no se encuentra el servicio de transporte, por lo que no puede considerarse que el Municipio cuente con facultades para autorizar la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi.

• Si bien el artículo 115, fracción V, inciso h), de la Constitución Federal,(6) otorga facultades a los Municipios para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su territorio, sin embargo, ello no los faculta para autorizar la prestación de un servicio, ni prestar dicho servicio público.

• De una interpretación sistemática de las fracciones II, III, inciso h) y V, inciso h), del artículo 115 de la Constitución Federal, se puede deducir que los Ayuntamientos cuentan con facultades para aprobar –de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las Legislaturas de los Estados– los bandos de policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, conforme a las cuales se organice la administración pública municipal y en las que se regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, pero sin facultarlos para emitir reglamentación para conceder la prestación del servicio de transporte público o privado, ni el servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi.(7)

• Los Municipios sólo tienen atribución respecto del servicio público de tránsito, mas no el de transporte, puesto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no le otorgan dicha facultad.

• En el segundo concepto de invalidez, el Poder Legislativo controvierte los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Colima el once de julio de dos mil veinte.

• Al respecto, el Poder Legislativo actor sostiene que el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, sólo puede emitir sus disposiciones reglamentarias como facultad exclusiva para regular aspectos esenciales de su propio desarrollo, pero carece de facultades para desplegar actos legislativos como lo es emitir los lineamientos de carácter general impugnados, ya que ello invade la esfera de atribuciones legislativas y ejecutivas exclusivas del Estado, como lo es legislar y/o conceder la prestación de servicios de transporte.

• El artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga facultades a los Ayuntamientos para aprobar –de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las Legislaturas de los Estados– los bandos de policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, conforme con las cuales se organice la administración pública municipal y en las que se regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, previstos a su vez en la fracción III del propio precepto constitucional,(8) entre los que no se encuentra el servicio de transporte público o privado, ni el servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi.(9)

• Si bien la Constitución Federal permite que, de manera adicional en el referido catálogo previsto en la fracción III del numeral 115, existan otros servicios públicos que se encomienden a los Municipios, atribuye a las Legislaturas de los Estados la facultad de determinar, conforme con la capacidad administrativa y financiera, así como de acuerdo con las condiciones territoriales y socio económicas de los Municipios, las funciones y servicios públicos que podrán delegárseles.

• De conformidad con el artículo 58, fracción XXXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,(10) corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto del gobernador del Estado, la facultad para otorgar a los particulares, mediante concesión, la explotación de bienes propiedad del Estado o la prestación de servicios públicos, cuando así proceda con arreglo a la legislación aplicable. Luego, no cabe duda de que corresponde al Ejecutivo del Estado la obligación de proporcionar el servicio de transporte de personas o pasajeros y bienes, así como la facultad para cumplir con dicho deber a través de terceros mediante el otorgamiento de concesiones o permisos.

• Si bien conforme con el artículo 115, fracción V, inciso h), de la Constitución Federal, los Municipios cuentan con facultades para intervenir en la formulación y elaboración de programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial, ello no implica que cuenten con atribuciones para autorizar la prestación del servicio público de transporte y emitir reglamentación o normatividad alguna en la materia, pues una cosa es intervenir y participar en la elaboración de programas y otra muy distinta es ya la expedición de normas en la que se autorice o se conceda la prestación del servicio público correspondiente.

4. Trámite de la controversia. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número 140/2020; asimismo, ordenó que se turnara el expediente a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat como instructora del procedimiento, al existir conexidad con la diversa controversia constitucional 134/2020, en la que también fue designada instructora.

5. Admisión. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió la demanda, con reserva de los motivos de improcedencia que pudieran advertirse al momento de dictar sentencia. En ese mismo proveído se tuvo como demandado al Municipio de Villa de Álvarez, al Poder Ejecutivo, así como al secretario general de Gobierno, todos del Estado de Colima, por lo que se ordenó emplazarlos para que formularan su contestación; asimismo, se les requirió para que remitieran copia certificada de todas las documentales relacionadas con los antecedentes de los actos impugnados. Finalmente, se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.

6. Contestación de demanda (secretario general de Gobierno del Estado de Colima). Mediante escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Rubén Pérez Anguiano, en su carácter de secretario general de Gobierno del Estado de Colima, formuló contestación de demanda, en la que expuso, esencialmente, lo siguiente:

• Al igual que el Poder Legislativo actor, considera que el Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez invadió la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado, al establecer disposiciones de carácter general en las que regula la prestación del servicio de transporte público en la modalidad de mototaxi.

• Los artículos 115 de la Constitución Federal; 90, fracción I y 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, no otorgan facultades al Ayuntamiento demandado para permitir, autorizar y regular el transporte de pasajeros en su territorio.

• Si bien la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal deja abierta la posibilidad para que, adicionalmente a los servicios públicos ahí previstos y expresamente encomendados a los Municipios, se les atribuyan otros por parte de las Legislaturas de cada entidad federativa; en el caso, la Constitución Local no considera como facultad municipal la regulación o prestación del servicio de transporte público, privado o alternativo.

• Por su parte, la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, en su artículo 116, faculta a los Ayuntamientos para aprobar los bandos de policía y buen gobierno, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen el gobierno y la administración pública municipal, y que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, entre las que no se encuentra la correspondiente a transporte público.

• Asimismo, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en su artículo 13, párrafo 1, fracciones XXIV y XCVI,(11) define lo que debe entenderse por servicio de transporte público y por concesión, señalando que corresponde al Poder Ejecutivo proporcionar el servicio de transporte de pasajeros o carga en todas sus modalidades, por sí o a través de terceros mediante concesiones o permisos, y ofrecerlo al público en general o a personas indeterminadas por diversos medios, de forma continua o permanente.

• Además, los numerales 267 y 269, párrafo 1, fracción II, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(12) establecen como requisito para la explotación de los servicios de transporte en la entidad, el otorgamiento de concesiones o permisos por parte del Ejecutivo del Estado.

7. Contestación de demanda (Poder Ejecutivo del Estado de Colima). Por escrito presentado el once de enero de dos mil veintiuno, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, suscrito por Luis Alberto Vuelvas Preciado, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en representación del gobernador del Estado, formuló contestación de demanda en la que expuso lo siguiente:

• La publicación de los lineamientos impugnados por parte del Ejecutivo Estatal se llevó a cabo en atención a lo dispuesto en el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,(13) y con la finalidad de no incumplir con la prohibición establecida en el numeral 59, fracción I, del mismo ordenamiento.(14)

• El Poder Ejecutivo Local tiene la facultad de otorgar a los particulares, mediante concesión, la explotación de servicios públicos, como es la prestación del servicio de transporte público, pues así lo establece el artículo 58, fracción XXXI, de la Constitución Local.(15)

8. Contestación de demanda (Municipio de Villa de Álvarez, Colima). Mediante escrito recibido el veintidós de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a través de su síndica Karina Marisol Heredia Guzmán, dio contestación a la demanda de controversia constitucional, en los siguientes términos: • En el capítulo de improcedencia y sobreseimiento sostiene que en relación con el punto de acuerdo por el que el Cabildo autorizó la prestación del servicio de mototaxi, correspondiente a la sesión ordinaria de dos de marzo de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) por extemporaneidad en la presentación de la demanda, toda vez que el referido punto de acuerdo fue aprobado desde el dos de marzo de dos mil veinte, mientras que la controversia se presentó hasta el cuatro de septiembre del mismo año, esto es, en exceso del plazo de treinta días previsto en el artículo 21 de la ley de la materia.(17)

• En el capítulo correspondiente a la afirmación o negación de los hechos expuestos en la demanda, el Municipio de Villa de Álvarez manifestó que el acuerdo de Cabildo número 38, de dos de marzo de dos mil veinte, no autoriza de manera particular a la persona moral denominada **********, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, sino que de forma general autoriza la prestación del servicio sin asignarlo a persona determinada y sin expedir licencia alguna, hasta en tanto se expidieran los lineamientos necesarios para la implementación del servicio.

• Por otra parte, manifestó que, es cierto que en sesión de Cabildo de veintinueve de junio de dos mil veinte, por mayoría de votos se aprobaron los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado once de julio de dos mil veinte.

• En el capítulo sobre razones y fundamentos para sostener la validez de la norma general impugnada, sostuvo que los argumentos expresados por el Poder Legislativo del Estado de Colima son infundados e improcedentes, toda vez que no se demuestra la supuesta invasión a las esferas competenciales previstas por la Constitución Federal.

• Aduce que conforme con el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal,(18) corresponde a los Municipios la prestación del servicio de tránsito. En ese sentido, sostiene que los lineamientos impugnados constituyen normas que, a pesar de tomar como objeto inmediato de regulación los vehículos (el transporte alternativo), lleva implícitos aspectos que inciden centralmente en la circulación, por lo que considera que las normas controvertidas se refieren a cuestiones de tránsito de vehículos y de personas.

• Considera que existe una vinculación entre la prestación del servicio de transporte público con el servicio de tránsito, ya que aquél se realiza por medio de vehículos y utilizando las vías públicas, ambos aspectos que son materia de regulación en lo que ataña al servicio público de tránsito, de manera que existe un vínculo indisoluble entre ambos servicios.

• En ese sentido, estima que conforme con el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal,(19) el Municipio cuenta con facultades para regular, dentro de su respectiva jurisdicción, la prestación del servicio público a su cargo (tránsito), lo que incluye normas relativas al sentido de la circulación en las avenidas, dispositivos de control de tránsito, seguridad vial, horario para la prestación de servicios administrativos y la distribución de facultades entre las diversas autoridades de tránsito municipales, entre otras.

• Lo anterior, pues las normas que se derivan del ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional tienen la característica de la expansión normativa, ya que permiten a los Municipios adoptar una variedad de formas adecuadas para la regulación de su régimen interior, tanto en lo que se refiere a su organización administrativa como en lo relativo a sus competencias constitucionales exclusivas, de manera que al Estado sólo le corresponde sentar las bases generales que aseguren el funcionamiento de los Municipios, mientras que a éstos les corresponde dictar sus normas específicas que regulen los servicios públicos a su cargo, por lo que en ejercicio de tal atribución pueden dictar disposiciones de carácter general que permitan satisfacer la necesidad colectiva de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y circular por ella con fluidez como peatón, o como conductor o pasajero de un vehículo, lo que incluye lo relativo al itinerario de los vehículos de transporte público y privado, sus horarios, sitios, terminales y puntos de enlace, las cuales deben ser observadas por concesionarios y permisionarios.

• Por otra parte, aduce que corresponde a los Ayuntamientos regular no sólo lo concerniente a la materia de tránsito, sino también cuestiones relacionadas con la prestación de servicios en vía pública, en términos del artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución Federal,(20) en relación con el artículo 45, fracción I, inciso m), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,(21) este último en cuanto establece como facultad exclusiva de los Ayuntamientos conceder y expedir licencias, permisos y autorizaciones municipales para el funcionamiento de empresas comerciales, industriales o de servicios.

• En ese sentido, considera que los Municipios cuentan con facultades para, además de expedir reglamentos que regulen el servicio de tránsito público, reglamentar las actividades que requieran de permiso, licencia o autorización, como lo es la prestación del servicio de transporte alternativo, que necesita de una "licencia de funcionamiento" conforme a la cual pueda realizarse la actividad correspondiente, con miras a la protección del interés público, lo que encuentra sustento además en el artículo 90, fracción V, inciso h), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,(22) en cuanto establece que los Municipios están facultados para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial.

• La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima no prevé la manera en que los Municipios pueden intervenir en la formulación y aplicación de los programas de transporte; sin embargo, ello no debe privarlos de una atribución que se encuentra otorgada a nivel constitucional, pues un ordenamiento secundario no puede estar por encima de lo dispuesto en las Constituciones Federal y Local.

• Además, conforme con los artículos 7, párrafo 1, 10, párrafo 2 y 13, párrafo 1, fracción LXV, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(23) los Municipios cuentan con total libertad para implementar políticas, programas y acciones en materia de movilidad sustentable.

9. Opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Ejecutivo Federal. El fiscal general de la República no formuló su pedimento ni el consejero jurídico del Ejecutivo Federal manifestó su opinión en el presente asunto.

10. Audiencia y cierre de instrucción. Agotado el trámite, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(24) en la que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, en relación con los alegatos, se hizo constar que las partes no los formularon, quedando el expediente en estado de resolución.

11. Sesión. El once de agosto de dos mil veintidós en la sesión del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario general de Acuerdos, dio cuenta con esta controversia constitucional 140/2020. En relación con dicho asunto la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat informó que había tenido conocimiento de un acta de Cabildo emitida por el Ayuntamiento del Municipio actor, quien en cumplimiento de una sentencia de amparo había dejado sin efectos los actos combatidos en este medio de control constitucional, por lo que solicitó retirar el asunto de la lista para que, posteriormente, presentara una propuesta modificada para el conocimiento de la Primera Sala de este Alto Tribunal.

12. El once de agosto del año en curso, la Ministra instructora Ana Margarita Ríos Farjat solicitó que se remitiera esta controversia constitucional a la Primera Sala para que se avocara a su conocimiento, en virtud de que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

I. COMPETENCIA

13. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal;(25) 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(26) vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, en términos del artículo quinto transitorio del "DECRETO por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles";(27) en relación con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(28) publicado en el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31826-e96a4e57/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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