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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN UN JUICIO DE AMPARO (LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO EN LA MODALIDAD DE MOTOTAXI, APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ÁLVAREZ EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VENTE, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EL ONCE DE JULIO DEL MISMO AÑO).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 134/2020. · Registro digital (IUS): 31435
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-05-12
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Mayo de 2023, Tomo II, Pág.1785.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 134/2020. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA. 31 DE AGOSTO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 134/2020, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en la que demandó la invalidez de los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi, expedidos por el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Colima el once de julio de dos mil veinte,

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda de la controversia constitucional. Por escrito recibido el veintisiete de agosto de dos mil veinte en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ignacio Peralta Sánchez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, titular del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, promovió controversia constitucional en contra del Municipio de Villa de Álvarez de ese mismo Estado, solicitando la invalidez de los siguientes actos:

I. Los actos cuya invalidez se demanda y el medio en que se ha materializado.

• El texto íntegro de los "Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi", aprobados por mayoría de los integrantes del Cabildo del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, mediante sesión ordinaria de fecha 29 de junio de 2020, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el tomo 105, número 47, página 2, de la edición correspondiente al once de julio de dos mil veinte (se anexa un ejemplar).

• Todas las consecuencias y actos posteriores que se deriven de la aplicación del referido reglamento y lineamientos.

2. Antecedentes. De la demanda de controversia constitucional, su contestación y demás constancias que integran el expediente, se advierten los siguientes hechos:

a) La persona moral denominada Cooperativa de Mototransportistas Unidos de Colima, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, solicitó al Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, autorización para la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi.

b) En sesión ordinaria de Cabildo Número 38, celebrada el dos de marzo de dos mil veinte, el presidente municipal de Villa de Álvarez, Colima, propuso un punto de acuerdo a fin de otorgar a la persona moral antes mencionada la autorización que solicitó. Por mayoría de votos, el Cabildo autorizó la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, sin asignarlo a una empresa en específico y sin expedición de licencia alguna, hasta en tanto se expidiera la normativa en la materia.

c) Mediante acuerdo de Cabildo de veintinueve de junio de dos mil veinte, el Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez expidió los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi,(1) ahora impugnados, a través de los cuales se creó el órgano administrativo denominado Comisión Técnica de Transporte Alternativo Municipal.(2)

d) El primero de julio de dos mil veinte, la Comisión Técnica de Transporte Alternativo Municipal de Villa de Álvarez emitió dictamen en el que declaró procedente y factible el otorgamiento de licencia para la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi en favor de "Cooperativa de Mototransportistas Unidos de Colima, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", por lo que ordenó turnar el dictamen a la presidencia municipal a fin de que autorizara y expidiera, a través de la Dirección de Inspección, Licencias, Tianguis y Vía Pública, la licencia respectiva.

e) El tres de julio de dos mil veinte, la Dirección de Inspección, Licencias, Tianguis y Vía Pública del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, expidió la licencia C-000014, en favor de "Cooperativa de Mototransportistas Unidos de Colima, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", para la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, autorizando el funcionamiento de doscientas unidades, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, sujeta a refrendo en los meses de enero y febrero de dos mil veintiuno.

f) El sábado once de julio de dos mil veinte, se publicaron en el Periódico Oficial "El Estado de Colima",(3) los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito de controversia, la entidad federativa actora formula, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

• El Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, carece de facultades para permitir, autorizar y regular el transporte de pasajeros en dicho Municipio, por lo que los lineamientos de carácter general impugnados carecen de debida fundamentación, ya que vulneran la esfera de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado.

• El artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga facultades a los Ayuntamientos para aprobar –de acuerdo con las leyes en materia municipal que expidan las Legislaturas de los Estados– los bandos de policía y buen gobierno, así como los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, conforme con las cuales se organice la administración pública municipal y en las que se regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, previstos a su vez en la fracción III del propio precepto constitucional,(4) entre los que no se encuentra el servicio de transporte público o privado, ni el servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi.(5)

• Si bien la Constitución Federal permite que, de manera adicional al referido catálogo previsto en la fracción III del numeral 115, existan otros servicios públicos que se encomienden a los Municipios, atribuye a las Legislaturas de los Estados la facultad de determinar, conforme con su capacidad administrativa y financiera, así como de acuerdo con las condiciones territoriales y socio económicas de los Municipios, las funciones y servicios públicos que podrán delegárseles.

• Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima no establece como facultad municipal la regulación o prestación del servicio de transporte público, privado o alternativo, pues su artículo 90, fracción III,(6) que regula las funciones y servicios públicos a cargo de los Municipios, no prevé tal atribución.

• Por su parte, el artículo 116 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,(7) sólo faculta a los Ayuntamientos para aprobar los bandos de policía y gobierno, así como los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general conforme con los cuales se organicen el gobierno y la administración pública municipal, en la que se regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, entre las que no se encuentra la materia de transporte público de pasajeros.

• Asimismo, la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, en su artículo 13, párrafo 1, fracciones XXIV y XCVI,(8) define lo que debe entenderse por servicio de transporte público y por concesión, señalando que corresponde al Poder Ejecutivo proporcionar el servicio de transporte de pasajeros o carga en todas sus modalidades, por sí o a través de terceros mediante concesiones o permisos, y ofrecerlo al público en general o a personas indeterminadas por diversos medios, de forma continua o permanente.

• Los lineamientos generales impugnados contravienen lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(9) en cuanto dispone que las condiciones del servicio público-privado para la operación del transporte público terrestre en el Estado y sus Municipios, así como las condiciones de operación, vehículos, estándares de servicio y demás disposiciones aplicables para cada modalidad, se deben ajustar a lo previsto en el título IV de ese ordenamiento, sin que se prevea la modalidad de servicio alternativo de mototaxi a que se refieren las disposiciones controvertidas.

• Además, los numerales 267 y 269, punto 1, fracción II, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(10) establecen como requisito para la explotación de los servicios de transporte en la entidad, el otorgamiento de concesiones o permisos por parte del Ejecutivo del Estado.

• De la misma manera, la prestación del servicio de transporte de pasajeros autorizado por el Ayuntamiento de Villa de Álvarez mediante la expedición de los lineamientos impugnados, contraviene lo previsto en los artículos 121 y 240 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(11) que establecen las modalidades y características de los vehículos a utilizar para la prestación del servicio de transporte público individual motorizado (taxi), ya que no contempla la modalidad de mototaxi.

• De conformidad con el artículo 58, fracción XXXI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,(12) corresponde al Poder Ejecutivo, por conducto del gobernador del Estado, la facultad para otorgar a los particulares, mediante concesión, la explotación de bienes propiedad del Estado o la prestación de servicios públicos, cuando así proceda con arreglo a la legislación aplicable; por su parte, el artículo 1, párrafo 2, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(13) señala que la prestación del servicio de transporte público de personas y bienes se considera una actividad de utilidad pública cuya obligación de proporcionar corresponde originalmente al Ejecutivo del Estado, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados, o bien, por conducto de personas físicas o morales a quienes mediante concesiones, permisos o autorizaciones se les encomiende la realización de tales actividades. Luego, no cabe lugar a duda de que corresponde al Ejecutivo del Estado la obligación de proporcionar el servicio de transporte de personas o pasajeros y bienes, así como la facultad para cumplir con dicho deber a través de terceros mediante el otorgamiento de concesiones o permisos.

• El artículo 16, punto 1, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(14) reconoce como facultad originaria del Ejecutivo del Estado regular el servicio de transporte en general, ya sea público o privado o de cualquier otro tipo o modalidad, lo que no deja lugar a dudas de que, con independencia de la modalidad en que se preste el servicio de transporte de personas o de bienes, tal atribución le corresponde al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Movilidad, quienes pueden delegarla mediante la expedición de concesiones o permisos, sin que los Municipios o sus Ayuntamientos cuenten con facultades para otorgar autorizaciones a fin de explotar dicho servicio, en ninguna modalidad.

• La propia Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima establece en su artículo 22 las atribuciones de los Ayuntamientos en la materia, entre las cuales no se encuentra ninguna relacionada con la prestación del servicio de transporte público; por el contrario, la fracción XXIV de dicho numeral(15) expresamente excluye del ámbito de atribuciones de los Ayuntamientos la aplicación de sanciones para el transporte público y sus modalidades.

• La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima es clara al referirse al servicio de transporte, de bienes o de personas, sin distinguir si se trata de transporte público o privado o de cualquier otro tipo o denominación que se le pretenda dar. Luego, aun cuando a la prestación de dicho servicio el Ayuntamiento de Villa de Álvarez le pretende dar la denominación de "transporte alternativo" por el hecho de utilizar mototaxis o motocarros para llevarlo a cabo, lo cierto es que se trata de una modalidad de transporte público cuya atribución originaria para llevarla a cabo por sí o mediante concesiones corresponde al Poder Ejecutivo del Estado.

4. Trámite de la controversia. Por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veinte, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional con el número 134/2020; asimismo, ordenó que se turnara el expediente a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat como instructora del procedimiento, de conformidad con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.

5. Admisión. Mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil veinte, la Ministra instructora admitió la demanda, con reserva de los motivos de improcedencia que se pudieran advertir al momento de dictar sentencia. En ese mismo proveído se tuvo como demandado al Municipio de Villa de Álvarez, Colima, por lo que se ordenó emplazarlo para que formulara su respectiva contestación. Asimismo, se requirió al Municipio para que remitiera copia certificada de todas las documentales relacionadas con los antecedentes de los actos impugnados. También se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que manifestara lo que a su representación correspondiera

6. Contestación de demanda. Mediante escrito recibido el veintidós de enero de dos mil veintiuno en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el Municipio de Villa de Álvarez, Colima, a través de su síndica Karina Marisol Heredia Guzmán, formuló su contestación de demanda, en la que expuso lo siguiente:

• En el capítulo de improcedencia y sobreseimiento sostiene que en relación con el punto de acuerdo por el que el Cabildo autorizó la prestación del servicio de mototaxi, correspondiente a la sesión ordinaria de dos de marzo de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) por extemporaneidad en la presentación de la demanda, toda vez que el referido punto de acuerdo fue aprobado desde el dos de marzo de dos mil veinte, mientras que la controversia se presentó hasta el veintisiete de agosto del mismo año, esto es, en exceso del plazo de treinta días previsto en el artículo 21 de la ley de la materia.(17)

• En el capítulo correspondiente a la afirmación o negación de los hechos expuestos en la demanda, el Municipio de Villa de Álvarez manifestó que el acuerdo de Cabildo número 38, de dos de marzo de dos mil veinte, no autoriza de manera particular a la persona moral denominada Cooperativa de Mototransportistas Unidos de Colima, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, sino que de forma general autoriza la prestación del servicio sin asignarlo a persona determinada y sin expedir licencia alguna, hasta en tanto se expidieran los lineamientos necesarios para la implementación del servicio.

• Por otra parte, manifestó cierto que en sesión de Cabildo de veintinueve de junio de dos mil veinte se aprobó por mayoría la emisión de los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el sábado once de julio de dos mil veinte.

• En el capítulo correspondiente a las razones y fundamentos para sostener la validez de la norma general impugnada, sostiene que los argumentos expresados por el Poder Ejecutivo del Estado de Colima son infundados e improcedentes, toda vez que con los mismos no se demuestra la supuesta invasión a las esferas competenciales previstas por la Constitución Federal.

• Aduce que conforme con el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Federal,(18) corresponde a los Municipios la prestación del servicio de tránsito. En ese sentido, sostiene que los lineamientos impugnados constituyen normas que, a pesar de tomar como objeto inmediato de regulación los vehículos (el transporte alternativo), llevan implícitos aspectos que inciden centralmente en la circulación, por lo que considera que las normas controvertidas se refieren a cuestiones de tránsito de vehículos y de personas.

• Considera que existe una vinculación entre la prestación del servicio de transporte público con el servicio de tránsito, ya que aquél se realiza por medio de vehículos y utilizando las vías públicas, de manera que existe un vínculo indisoluble entre ambos servicios.

• En ese sentido, estima que conforme con el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Federal,(19) el Municipio cuenta con facultades para regular, dentro de su respectiva jurisdicción, la prestación del servicio público a su cargo (tránsito), lo que incluye normas relativas al sentido de la circulación en las avenidas, dispositivos de control de tránsito, seguridad vial, horario para la prestación de servicios administrativos y la distribución de facultades entre las diversas autoridades de tránsito municipales, entre otras.

• Lo anterior, pues las normas que se derivan del ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 constitucional, tienen la característica de la expansión normativa, ya que permiten a los Municipios adoptar una variedad de formas adecuadas para la regulación de su régimen interior, tanto en lo que se refiere a su organización administrativa como en lo relativo a sus competencias constitucionales exclusivas, de manera que al Estado sólo le corresponde sentar las bases generales que aseguren el funcionamiento de los Municipios, mientras que a éstos les corresponde dictar sus normas específicas que regulen los servicios públicos a su cargo, por lo que en ejercicio de tal atribución pueden dictar disposiciones de carácter general que permitan satisfacer la necesidad colectiva de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y circular por ella con fluidez como peatón, o como conductor o pasajero de un vehículo, lo que incluye lo relativo al itinerario de los vehículos de transporte público y privado, sus horarios, sitios, terminales y puntos de enlace, las cuales deben ser observadas por concesionarios y permisionarios.

• Por otra parte, aduce que corresponde a los Ayuntamientos regular no sólo lo concerniente a la materia de tránsito, sino también cuestiones relacionadas con la prestación de servicios en vía pública, en términos de los artículos 115, fracción III, inciso i) de la Constitución Federal,(20) en relación con el artículo 45, fracción I, inciso m), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,(21) este último en cuanto establece como facultad exclusiva de los Ayuntamientos conceder y expedir licencias, permisos y autorizaciones municipales para el funcionamiento de empresas comerciales, industriales o de servicios.

• En ese sentido, considera que los Municipios cuentan con facultades para, además de expedir reglamentos que regulen el servicio de tránsito público, reglamentar las actividades que requieran de permiso, licencia o autorización, como lo es la prestación del servicio de transporte alternativo, que necesita de una "licencia de funcionamiento" conforme a la cual pueda realizarse la actividad correspondiente, con miras a la protección del interés público, lo que encuentra sustento además en el artículo 90, fracción V, inciso h), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,(22) en cuanto establece que los Municipios están facultados para intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial. • La Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima no prevé la manera en que los Municipios pueden intervenir en la formulación y aplicación de los programas de transporte; sin embargo, ello no debe privarlos de una atribución que se encuentra otorgada a nivel constitucional, pues un ordenamiento secundario no puede estar por encima de lo dispuesto en las Constituciones Federal y Local.

• Además, conforme con los artículos 7, párrafo 1, 10, párrafo 2 y 13, párrafo 1, fracción LXV, de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima,(23) los Municipios cuentan con total libertad para implementar políticas, programas y acciones en materia de movilidad sustentable.

7. Opinión del fiscal general de la República y del consejero jurídico del Ejecutivo Federal. El fiscal general de la República y el consejero jurídico del Ejecutivo Federal se abstuvieron de formular pedimento.

8. Audiencia. Agotado el trámite respectivo, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(24) en la que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 34 del propio ordenamiento, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas documentales ofrecidas por las partes y, en relación con los alegatos, se hizo constar que las partes no los formularon.

9. Cierre de instrucción. Mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Ministra instructora ordenó que se agregara al expediente el acta relativa a la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos celebrada el veintiuno de mayo de la misma anualidad, y en consecuencia, ordenó el cierre de instrucción para la elaboración del proyecto de sentencia.

10. Envío de asunto. Por acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de esta Suprema Corte, ordenó enviar la presente controversia constitucional a la Primera Sala a la que se encuentra adscrita la Ministra instructora.

11. Avocamiento. Mediante acuerdo de trece de octubre de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por recibidos los autos del presente asunto y dictó su avocamiento a la Primera Sala para su conocimiento y para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

12. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente controversia constitucional, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución Política del país;(25) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente hasta el siete de junio de dos mil veintiuno, en términos del artículo quinto transitorio del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles";(26) y los puntos segundo, fracción I, párrafo primero, y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, al resultar innecesaria la intervención del Tribunal Pleno dado el sentido de la resolución.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

13. El acto impugnado en la presente controversia constitucional lo constituyen los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi, aprobados por el Ayuntamiento de Villa de Álvarez el veintinueve de junio de dos mil veinte, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", el once de julio de la misma anualidad.

14. Lo anterior, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(27) y la tesis aislada del Tribunal Pleno P./J. 98/2009, del tenor siguiente:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA. El artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las sentencias deberán contener la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, apreciación que deberá realizar sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad en virtud de que tales aspectos son materia de los conceptos de invalidez. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente y ante tal situación deben armonizarse, además, los datos que sobre los reclamos emanen del escrito inicial, interpretándolos en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, de una manera tal que la fijación de las normas o actos en la resolución sea razonable y apegada a la litis del juicio constitucional, para lo cual debe atenderse preferentemente a la intención del promovente y descartando manifestaciones o imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Tribunal Constitucional deberá atender a lo que quiso decir la parte promovente de la controversia y no a lo que ésta dijo en apariencia, pues sólo de este modo podrá lograrse congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."(28)

III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS

15. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, en el caso quedó demostrada la existencia del acto impugnado, pues las demandadas al contestar la demanda reconocieron la existencia del acto.

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

16. Resulta innecesario el estudio de las cuestiones relativas a la oportunidad de la demanda y legitimación de las partes, en virtud de que procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto de conformidad con el artículo 20, fracción II, en relación con el 19, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cesación de efectos del acto impugnado,(29) en virtud de que en un juicio de amparo se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso para que se dejara sin efectos los mismos actos impugnados en esta controversia.

17. Al respecto, esta Primera Sala advierte como un hecho notorio, en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(30) de aplicación supletoria de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición expresa del numera 1o.,(31) la sentencia de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, quien resolvió el amparo en revisión 18/2021, derivado del juicio de amparo promovido por Benjamín Martínez Gálvez en contra de diversas autoridades del Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, Colima. En dicho juicio se señalaron como actos reclamados: a) la autorización para la prestación de servicio de transporte alternativo, en modalidad de mototaxi, que se otorgó en la sesión del Cabildo de dos de marzo de dos mil veinte; y, b) los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi.(32)

18. Así, para resolver este asunto se invoca como hecho notorio, la sentencia del Tribunal Colegiado citado, toda vez que consta agregada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, en términos de lo establecido en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)."(33)

19. En dicha sentencia que se invoca como hecho notorio, el Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, y en consecuencia, al resolver el fondo del asunto, concedió el amparo al señor Benjamín Martínez Gálvez, para que el Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Villa de Álvarez, Colima, dejara sin efectos el Acuerdo por el que autorizó la prestación del servicio de transporte alternativo en la modalidad de mototaxi, y los Lineamientos Generales para la Expedición de la Licencia de Prestación de Servicio de Transporte Alternativo en la Modalidad de Mototaxi, así

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31435-8513c31b/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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