JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA DEMANDA PRESENTADA VÍA TRIBUNAL VIRTUAL, QUE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 716/2022. 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. AUSENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: GREGORIO DELFINO CASTILLO PORRAS.
ÍNDICE TEMÁTICO
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de reclamación 716/2022, interpuesto por ********** **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acuerdo dictado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la legalidad del acuerdo recurrido.
ANTECEDENTES DEL RECURSO
1. Juicio oral mercantil.(1) ********** ********** **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su apoderado general para pleitos y cobranzas, demandó en la vía oral mercantil a ********** **********, Sociedad Anónima de Capital Variable. La demandada formuló excepciones y defensas.
a. Agotadas las etapas procesales correspondientes, la Juez de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León dictó sentencia el treinta de agosto de dos mil veintiuno en el sentido de declarar la rescisión del contrato marco de prestación de servicios de logística celebrado entre las partes y, en vía de consecuencia, condenar a la demandada al pago de diversas cantidades monetarias por concepto de entrega con demora de los contenedores objeto del contrato e intereses moratorios. Asimismo, se determinó absolver a la demandada del pago de daños y perjuicios, y se declaró que cada una de las partes debía soportar los gastos y costas erogados.
b. Por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno se aclaró la sentencia en comento, a fin de precisar que las cantidades monetarias que debía cubrir la demandada debían ser pagadas en moneda nacional y no en dólares.
2. Demanda de amparo. La parte demandada, por medio de ********** ********** ********** ********** –en calidad de apoderado general para pleitos y cobranzas–, presentó un escrito vía electrónica, promoviendo amparo directo contra la resolución dictada dentro del juicio oral mercantil de origen.
3. Acuerdo recurrido. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito desechó el amparo.
4. Recurso de reclamación. Inconforme con el acuerdo que desechó la demanda de amparo, la quejosa interpuso recurso de reclamación. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito admitió el recurso y lo registró con el número de expediente **********.
5. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 27/2022. La recurrente solicitó la suspensión del procedimiento y pidió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera facultad de atracción. El Órgano Colegiado remitió el recurso de reclamación a este Alto Tribunal. Ante la falta de legitimación de la solicitante, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo suya la solicitud formulada. La Primera Sala determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso, con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran existir.(2)
6. Admisión y avocamiento del recurso de reclamación. Consecuencia de la determinación anterior, la presidencia de este Alto Tribunal turnó el recurso de reclamación al Ministro ponente,(3) quien se avocó al conocimiento de dicha impugnación.(4)
I. COMPETENCIA
7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el recurso de reclamación, de conformidad con los artículos 104 de la Ley de Amparo; 11, fracción VIII, y 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto primero, párrafos primero y segundo, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no es un asunto de los que corresponda al Pleno o sea necesaria la intervención de éste.
8. No es óbice a lo anterior que el recurso de reclamación se hubiere interpuesto contra el acuerdo que desecha la demanda de amparo, dictado por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.
9. Tal como sostuvo esta Primera Sala al resolver la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 27/2022 de la que deriva el medio de impugnación que ahora se analiza, esta Primera Sala, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están facultadas para atraer los asuntos que considere trascendentes –aun cuando sean competencia de otro órgano del Poder Judicial de la Federación– y, en consecuencia, puedan sentar precedentes relevantes para la resolución de casos futuros.
10. Lo anterior, aunado a que esta Primera Sala advirtió como nota de interés que el órgano colegiado involucrado "ha resuelto diversos recursos de reclamación en los cuales se han impugnado acuerdos de desechamiento bajo las mismas razones que recurre el solicitante, y de los cuales se ha generado un criterio respecto al no reconocimiento de la firma electrónica cuando ésta es generada por el sistema virtual de los tribunales locales en Nuevo León; no obstante que existe certificación de la autoridad responsable".(5)
II. LEGITIMACIÓN
11. El recurso de reclamación fue interpuesto por parte legitimada, toda vez que fue presentado por ********** ********** ********** **********, apoderado general para pleitos y cobranzas de ********** **********, Sociedad Anónima de Capital Variable –parte quejosa–, carácter que le fue reconocido en el juicio de amparo de origen. Lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 104, en relación con el diverso 6o. de la Ley de Amparo vigente.
III. PROCEDENCIA Y OPORTUNIDAD
12. El recurso de reclamación fue interpuesto oportunamente, pues su presentación se realizó incluso antes de que iniciara el cómputo respectivo y, si bien conforme al artículo 104 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación deberá interponerse dentro del término de tres días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo reclamado, ello no impide que pueda presentarse antes de que inicie el término referido.(6)
13. Ello, pues, en primer lugar, del sistema integral de seguimiento de expedientes se advierte que el acuerdo recurrido fue notificado por lista –al ahora recurrente– el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
14. En segundo lugar, del sello estampado en la primera hoja del recurso,(7) se observa que el escrito de reclamación fue presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Cuarto Circuito.
15. Ello, no obstante que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, recibiera el escrito de reclamación hasta el tres de noviembre siguiente, ya que la presentación ante la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece el órgano colegiado que dictó el acuerdo impugnado, interrumpe el plazo para su interposición.
16. Por otro lado, esta Primera Sala advierte que el recurso de reclamación es procedente, en términos del párrafo primero del artículo 104 de la Ley de Amparo, en tanto la reclamación se interpone contra un acuerdo de trámite, en que se desechó por improcedente el juicio de amparo directo promovido por el ahora recurrente a través de representante legal.
17. No pasa inadvertido para esta Primera Sala que el acuerdo de trámite impugnado fue dictado por el Magistrado presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito y no por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal como fue señalado previamente, esta Primera Sala estima procedente el medio de impugnación intentado en los términos advertidos dentro de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 27/2022 –a saber, (i) que la Primera Sala está facultada para atraer asuntos que estime trascendentes y que puedan sentar precedentes relevantes, aun cuando sean competencia de otro órgano del Poder Judicial de la Federación; y, (ii) es una nota de interés que el Tribunal Colegiado involucrado ha resuelto diversas reclamaciones con temática similar, sentando criterio al respecto–.
IV. ESTUDIO DE FONDO
Cuestiones necesarias para resolver el asunto
18. Acuerdo recurrido. El Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito desechó la demanda de amparo bajo las siguientes consideraciones:
a. Si bien la demanda de amparo se presentó en el Tribunal Virtual –a través de la plataforma de trámites en línea por medio del usuario a nombre de ********** ********** ********** **********, en la calidad de apoderado general de la demandada–, ésta no contiene firma electrónica ni autógrafa, o firma original del promovente, sino una reproducción digital de escaneo.
b. Es cierto que, con la implementación del sistema de procesamiento de información, electrónico o virtual, del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, los asuntos jurisdiccionales pueden sustanciarse por tal vía, previa solicitud expresa –por sí o por persona autorizada– para acceder a la página electrónica destinada para tal efecto.
c. No obstante, para presentar cualquier tipo de promoción –en el Tribunal Virtual– se debe presentar escrito de autorización que señale el nombre del usuario previamente registrado y utilizar la tecnología de la firma electrónica.
d. La firma electrónica produce los mismos efectos que la firma autógrafa, otorga validez a la promoción electrónica y sin ella no se aprecia la voluntad del promovente en el documento electrónico.
e. Las promociones y firma electrónicas se regulan por los lineamientos de operación del Tribunal Virtual, contenidos en los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 70, 71, 72, 73 y 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.(8)
f. Ahora bien, el Colegiado advierte que el envío y presentación de la demanda se realizaron a través del Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado de Nuevo León con la clave de usuario correspondiente a ********** ********** ********** **********, en su calidad de apoderado general de la quejosa-demandada.
g. Sin embargo, también estima que aun cuando la promoción electrónica enviada por el Tribunal Virtual se atribuye a la autoría del apoderado de la quejosa, no aparece asociada o consignada en ese documento, firma electrónica que identifique al firmante, aun cuando aparezca una firma impresa en el documento aparentemente del quejoso, pues ésta no es original.
h. Así, toda vez que en la promoción electrónica de la demanda de amparo no aparece firma electrónica asociada con el documento, la acción no se ejerció por quien está legitimado para hacerlo y, por tanto, el quejoso no exteriorizó la voluntad de intentar el juicio constitucional.(9)
i. Toda vez que la firma es una formalidad indispensable para dar curso a cualquier promoción judicial. De ahí que admitir y tramitar una promoción electrónica carente de firma electrónica, permitiría la practica viciosa de que con la clave de usuario del abogado autorizado se envíe promoción electrónica de la demanda de amparo, sin la firma electrónica del quejoso. La simplificación y modernización de la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales no implica soslayar el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, constitucional y, 6o. de la Ley de Amparo.
j. En consecuencia, toda vez que no existe instancia de parte agraviada, al no haberse exteriorizado la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6o., ambos de la Ley de Amparo y, por ende, se desecha la demanda de amparo promovida con la clave de usuario del apoderado general de la demandada.
19. Recurso de reclamación. El recurrente planteó los agravios siguientes:
a. En el primer agravio adujo, que el acuerdo recurrido transgrede los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo sí contiene firma electrónica del apoderado legal de la persona moral quejosa, en los términos definidos y requisitados por el Código de Procedimientos Civiles –en lo respectivo al Sistema Tribunal Virtual–.
b. Señaló que se violenta el artículo 217 de la Ley de Amparo, con motivo de la inobservancia de las jurisprudencias 2a./J. 32/2011 (10a.) y 2a./J. 19/2018 (10a.). Esto, pues lo cierto es que existía la presunción de que la demanda de amparo contaba con firma suficiente a la presentación, los Órganos Colegiados no cuentan con facultades para cuestionar la veracidad o autenticación de las firmas electrónicas que han sido certificadas por las autoridades responsables, y la firma digital del promovente –a través de la cual se presentó la demanda de amparo– está inscrita y vigente –independientemente de si el Órgano Colegiado considera o no fiable la forma de registro de usuarios del Tribunal Virtual–.
c. Transcribió, en lo que estimó conducente, el contenido de diversos preceptos de la Ley de Amparo; de la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, de quince de febrero de dos mil once; del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y el expediente electrónico; del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones.
d. De la transcripción concluyó que, la intención del legislador fue trasladar al juicio de amparo las experiencias positivas del uso de las tecnologías de la información al ámbito de impartición de la justicia constitucional, así como simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales que se realicen por medio –entre otros– de la firma electrónica.
e. Señaló que, conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, se pueden presentar escritos, optativamente, en forma impresa o electrónica. Esta última, mediante el uso de la forma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal, respecto a la cual se han celebrado convenios con el Alto Tribunal, mismos que sientan las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica a través de la celebración de convenios de coordinación con la unidad del Poder Judicial de la Federación para el reconocimiento de certificados digitales homologados emitidos por otros órganos del Estado.
f. Advirtió que, la fiabilidad en la creación de la firma electrónica, en general, otorga certeza a la persona que la utiliza de que sólo ella la conoce, por lo que se constituye en una fuente válida y cierta de obligaciones.
g. Así, arguyó que el derecho de acceso a la justicia no puede verse disminuido como consecuencia de la falta de definición de los parámetros para el cumplimiento de su ejercicio. Esto, pues el legislador cuenta con potestad para establecer términos para acceder al sistema de justicia, tal como se hizo respecto a la firma electrónica dentro de la Ley de Amparo.(10) De modo que el derecho de acceso a la justicia no es absoluto ni irrestricto, sino que se ejerce dentro de los límites impuestos por el legislador.
h. En este sentido, continuó exponiendo que, conforme a la Ley de Amparo, se puede promover juicio de amparo mediante el uso de medios electrónicos, y que persiste la obligación de presentar la demanda de amparo por conducto de la autoridad responsable –aun cuando se presente en línea–.
i. De ahí que, a criterio del recurrente, si bien la administración de justicia puede sujetarse al cumplimiento de requisitos normativamente establecidos, no se puede justificar la falta de validez de la demanda de amparo promovida vía electrónica –al hacer uso de la firma electrónica–, porque los tribunales ordinarios no celebraron convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales o firmas electrónicas homologadas con el Poder Judicial de la Federación, que permite tener por autorizada o reconocida la firma electrónica del quejoso. Esto, pues basta que el tribunal responsable autentifique –a través de una certificación– que la firma del quejoso está inscrita ante él, es vigente y que cumple con los requisitos legales para que sea válida, toda vez que la certificación es una etapa procesal previa a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo.
j. En consecuencia, el Tribunal Colegiado estará facultado a solicitar la certificación de la firma electrónica que ostenta el escrito inicial cuando el tribunal ordinario omita determinar la autenticidad de la firma electrónica. Sin embargo, la omisión de generar condiciones para el reconocimiento de la firma electrónica es insuficiente para restar valor a la firma digital reconocida por el órgano colegiado, pues la autentificación es suficiente para reconocerle valor jurídico. Razón por la cual es válido que el promovente presente vía electrónica la demanda de amparo aun cuando no exista convenio de coordinación entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales ordinarios.
k. En esta línea de ideas, al retomar la definición genérica de firma electrónica simple, contenida en los artículos 89 del Código de Comercio y 48 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, indica que cualquier conjunto de datos, asociados a un mensaje, que permita identificar al emisor, se considera técnicamente una firma electrónica, y es diferente a la fiabilidad del método que la genera.
l. El cifrado electrónico asociado al escrito de demanda de amparo directo fue colocado por el propio Sistema Tribunal Virtual, al momento de realizar el envío de la promoción desde el usuario registrado a nombre del apoderado de la quejosa. De modo que, contrario al dicho del Tribunal Colegiado, la demanda de amparo sí cuenta con una firma digital, máxime que fue el secretario adscrito al juzgado de oralidad mercantil quien al final de la propia demanda insertó una certificación indicando que fue presentada en el Tribunal Virtual mediante el usuario del representante legal de la quejosa.
m. Insistió en que no corresponde al Tribunal Colegiado calificar la idoneidad de los procesos de validación de firmas y usuarios de los sistemas tecnológicos de los Poderes Judiciales Locales por no equipararse a los sistemas informativos que se solicitan para el trámite de la FIREL. La promoción electrónica se ciñe a los requisitos previstos en la normatividad común.
n. Adujo que el acuerdo recurrido es incongruente. Por un lado, el Colegiado carece de los conocimientos informativos técnicos necesarios para establecer la existencia de una firma electrónica asociada a un mensaje de datos o documento digital, al deber distinguir entre firma electrónica y evidencia criptográfica de la misma. Por otro, es falso que la representación impresa carezca de firma electrónica. o. Expresa que el acuerdo impugnado es ilegal, toda vez que en un auto previo –de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno– se reconoció al apoderado legal de la quejosa, tal carácter y se tuvo por presentada la demanda a nombre de la quejosa. De modo que, al haber sido reconocida la personalidad del promovente –previo a la presentación de demanda de amparo– se surtieron todos los efectos legales necesarios y la manifestación de la voluntad de su representada. De ahí que, a su criterio, la demanda de amparo fue realizada ante la responsable con todas las formalidades de ley y contenía, según las normas que imperan ante el Juez Natural, los elementos necesarios de expresión del consentimiento, cobrando aplicación la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE FIRMARLA SE SUBSANA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ESCRITO CON EL QUE SE PRESENTA LA MISMA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE."(11)
p. En la misma tesitura, estimó que se transgrede la tesis 1a./J. 33/2002, pues el consentimiento y la manifestación de la voluntad que fue válido para la responsable para apersonar al suscrito, también debía ser válido y suficiente para el Órgano Colegiado y subsanar cualquier omisión considerada en la demanda de amparo.
q. Afirmó que, el desconocimiento de la firma electrónica plasmada en una demanda de amparo presentada a través del Tribunal Virtual del Estado de Nuevo León, no sólo es un despropósito, sino también un actuar ilegal de la autoridad ante la situación de contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2- COVID19 (sic), vigente en el país.
r. Ahora bien, en el segundo agravio señaló que, se transgreden los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo desechada gozaba de la presunción de contener firma autógrafa, en términos de la tesis 2a./J. 32/2011 (10a.), misma que es obligatoria para los Tribunales Colegiados. En dicha tesis jurisprudencial se indica que si la persona encargada de recibir los documentos en un órgano jurisdiccional, al recibir la promoción, en el acuso o razón, no asienta que ésta carecía de firma autógrafa, se presumía que se exhibió en original y cumplimentando con el requisito de signatura. Esto, máxime que la recepción y tramite de la demanda de amparo es un momento previo a la admisión. De modo que debía tenerse la grafía que calza en la demanda de amparo por autógrafa y admitirse la demanda de amparo a trámite, derivado de la falta de certificación al momento de la recepción sobre la ausencia.
20. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Ahora bien, esta Primera Sala resolvió ejercer la facultad de atracción en tanto el asunto está relacionado con cuestiones trascendentales respecto al uso y alcance de la firma electrónica para la promoción del juicio de amparo, con relación al derecho de acceso a la justicia. Esto, particularmente cuando los tribunales locales se encuentran con situaciones en que se utiliza la firma electrónica para la sustanciación de un juicio de amparo, y emiten pronunciamientos que parecieran no privilegiar el avance y la nueva forma de tramitación, con desconocimiento de los criterios emitidos por la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.
21. Ello, aunado a que el órgano colegiado involucrado ha resuelto diversos recursos de reclamación en los cuales se han impugnado acuerdos de desechamiento bajo las mismas razones que recurre el solicitante, y de los cuales se ha generado un criterio respecto al no reconocimiento de la firma electrónica cuando ésta es generada por el sistema virtual de los tribunales locales en Nuevo León; no obstante que existe certificación de la autoridad responsable.
22. Problemática anterior que, si bien ha sido abordada por este Alto Tribunal, resulta de necesaria atracción. Ello, toda vez que, bajo el nuevo sistema de precedentes, el eventual pronunciamiento de esta Primera Sala puede ir dirigido a afianzar los criterios de la Primera y la Segunda Salas, respecto a la validación de la firma electrónica cuando no existan convenios de colaboración, así como evitar que en las entidades federativas –como Nuevo León– persistan pronunciamientos reiterados sobre los desechamientos de demandas de amparo cuando éstas contengan un modelo de firma electrónica distinto a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL).
23. Ello, además de que el posible análisis de la problemática jurídica planteada conllevaría un pronunciamiento respecto a los casos en que la demanda de amparo también cuenta con la certificación de la autoridad responsable.
24. Lo anterior resulta mayormente relevante, al advertirse que tal circunstancia aconteció en el contexto de la pandemia del SARS-CoV-2, en el que se han presentado diversas dificultades para la promoción de escritos ante Tribunales del Poder Judicial Local.
25. Problemática jurídica por resolver. La materia del presente asunto consiste en verificar si los agravios desvirtúan el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito.
26. Como se precisa en párrafos anteriores, en el acuerdo recurrido la presidencia del Órgano Colegiado desechó la demanda de amparo promovida vía electrónica por el representante legal de la demandada en el juicio de origen, esencialmente por dos razones, a saber: (i) que la demanda de amparo no cuenta con firma autógrafa ni electrónica o firma original del promovente, sino una reproducción digital de la demanda y, en consecuencia, no se apreciaba la voluntad del promovente; y, (ii) que en la promoción electrónica enviada por el Tribunal Virtual no aparece asociada o consignada en el documento firma electrónica que identifique al firmante pues no es original la firma impresa obrante. Circunstancias anteriores que llevaron a tener por actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo.
27. Asimismo, se advierte que el recurrente se duele del desechamiento de su demanda de amparo directo promovida a través de la plataforma digital del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, esencialmente, por las razones siguientes: (i) la demanda de amparo sí contiene firma electrónica del apoderado legal de la quejosa; (ii) la firma electrónica del apoderado cumple con los términos y requisitos definidos en el Código de Procedimientos Civiles Local; (iii) la demanda de amparo goza de la presunción de contar con firma suficiente para su presentación, pues los Colegiados no tienen facultades para cuestionar la veracidad y autenticación de firmas electrónicas vigentes; (iv) el derecho de acceso a la justicia no puede verse disminuido como consecuencia de la falta de limitación de los parámetros de cumplimiento, pese a que no es un derecho absoluto e irrestricto; (v) la ausencia de convenios de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales o firmas electrónicas homologadas con el Poder Judicial de la Federación, no quita validez de la demanda de amparo promovida vía electrónica; (vi) la demanda de amparo cuenta con cifrado electrónico –insertado por el sistema virtual del tribunal– y certificación –por el secretario adscrito al juzgado de origen–; (vii) en un auto previo se reconoció al apoderado legal de la quejosa, tal carácter y se tuvo por presentada la demanda; (viii) el consentimiento de la quejosa también debió validarse por el órgano colegiado; (ix) el desconocimiento de la firma electrónica es un despropósito por la situación especial de contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2, vigente en el país; y, (x) la demanda de amparo goza de presunción de contener firma autógrafa, en términos de la tesis 2a./J. 32/2011 (10a.), derivado de la falta de certificación –al momento de la recepción de la demanda– sobre la ausencia de la firma.
28. A efecto de resolver los agravios propuestos por la parte recurrente, esta Primera Sala recuerda su criterio al resolver el recurso de reclamación 804/2022,(12) en que se analizó la misma temática que ahora nos ocupa. Esto es, la legalidad de un acuerdo que desecha la demanda de amparo directo, promovida vía electrónica en uso de la firma electrónica autorizada en el sistema del Tribunal Virtual del Estado de Nuevo León. Ello, con la finalidad de preservar el principio de certeza jurídica, evitando la emisión de decisiones contradictorias sobre una misma temática jurídica.
29. De ahí que el asunto se analiza en el siguiente orden: (i) la regulación de la promoción electrónica del juicio de amparo directo; (ii) las consideraciones expuestas por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 565/2016; (iii) el funcionamiento del Tribunal Virtual, plataforma en la que el representante de la persona moral demandada presentó la demanda de amparo; y, finalmente, (iv) el caso concreto.
(i) Regulación de la promoción electrónica del juicio de amparo directo
30. En términos del artículo 176 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo directo se presenta por conducto de la autoridad responsable.(13) Los avances tecnológicos han permitido su presentación a través de los sistemas electrónicos de los Poderes Judiciales Locales. Esta circunstancia amerita analizar cómo se ha regulado la coordinación entre el Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales Locales para el trámite electrónico de las demandas de amparo directo.
31. El diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones se publicó en el Diario Oficial de la Federación.(14)
32. Tratándose del trámite del amparo directo, este acuerdo regula el funcionamiento de los servicios de interconexión, que son mecanismos que permiten el intercambio de documentos electrónicos entre los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de l
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31885-20ae42a7/juicio-de-amparo-directo-la-demanda-presentada-via · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DEMANDAS DE AMPARO PRESENTADAS A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE NUEVO LEÓN. SATISFACEN EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA AUN CUANDO NO CUENTEN CON (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL TRIBUNAL ELECTRÓNICO PARA LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA (TEJA) DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO SIN FIRMA (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SU PRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA DEL TRIBUNAL VIRTUAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR MEDIO DE USUARIO Y CONTRASEÑA DE LA PERSONA AFE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LA DEMANDA PRESENTADA VÍA TRIBUNAL VIRTUAL, QUE CUENTA CON LA CERTIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE (1a./J. 156/2023 (11a.))
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ELECTRÓNICAMENTE. ES OPORTUNA, SI SE HIZO DENTRO DEL PLAZO LEGAL ANTE LA OFICINA VIRTUAL DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL COR (I.14o.T.1 K (10a.))
- DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ANEXA DIGITALIZADA CON FIRMA AU (V.3o.C.T.4 K (11a.))
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN LÍNEA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA FECHA A LA QUE DEBE ATENDERSE PARA ANALIZAR SU OP (VI.1o.A.12 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis