OMISIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE ARMONIZAR LA LEGISLACIÓN QUE CORRESPONDA A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA QUE PERMITA OBTENER LA DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA. PARA REMEDIARLA DEBE APLICARSE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. OMISIÓN LEGISLATIVA DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA DISPOSICIÓN CONVENCIONAL O INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. ES RECLAMABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. OMISIÓN LEGISLATIVA DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA DISPOSICIÓN CONVENCIONAL O INTERNACIONAL. ES POSIBLE QUE SE CONFIGURE DESDE UN MANDATO INDIRECTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. OMISIÓN LEGISLATIVA DE CUMPLIR CON OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA DISPOSICIÓN CONVENCIONAL O INTERNACIONAL. SE CONFIGURA CUANDO EXISTA UN MANDATO CONSTITUCIONAL DERIVADO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ADQUIRIDOS POR EL ESTADO MEXICANO QUE OBLIGUEN A LOS PODERES DEL ESTADO MEXICANO A ADECUAR SU NORMATIVA INTERNA. OMISIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA. SE ACTUALIZA CUANDO EL ESTADO MEXICANO INCUMPLE CON SUS DEBERES ADOPTADOS EN SEDE INTERNACIONAL, AL NO EMITIR LAS LEYES QUE REGULEN ESTA MATERIA. PERSONAS DESAPARECIDAS Y DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO MEXICANO EN ESA MATERIA.
AMPARO EN REVISIÓN 439/2023. 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: PABLO FRANCISCO MUÑOZ DÍAZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Varias personas físicas –en su calidad de víctimas indirectas y representantes de una víctima directa del delito de desaparición cometida por particular– promovieron demanda de amparo indirecto en contra del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, de quien reclamaron la omisión legislativa absoluta de armonizar y expedir la ley en materia de Declaración Especial de Ausencia para dicha entidad.
El Juez de Distrito resolvió sobreseer el juicio. Lo anterior, al haber considerado –en esencia– que ante la falta de un mandato constitucional expreso al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en el sentido pretendido por la quejosa, no existía la omisión legislativa absoluta que se le atribuía.
Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revisión y, posteriormente, solicitó a este Alto Tribunal su atracción. Esta Primera Sala decidió atraer el recurso de revisión, mismo que ahora es materia de estudio en la presente ejecutoria.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión correspondiente al seis de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 439/2023, interpuesto por ********** y **********, apoderados de la parte quejosa,(1) en contra de la resolución dictada el trece de diciembre de dos mil veintidós por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en el juicio de amparo indirecto **********.
El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar, en primer lugar, si resultan fundados los argumentos propuestos por la quejosa-recurrente a efecto de revocar el sobreseimiento decretado en la sentencia reclamada.
Asimismo, en su caso, esta Sala deberá analizar si la omisión señalada como acto reclamado viola derechos fundamentales de la parte quejosa –omisión de expedir y armonizar la legislación en materia de Declaración Especial de Ausencia para el Estado de Michoacán de Ocampo–.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Marco contextual(2) y antecedentes legislativos relevantes En marzo del año dos mil once, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) realizó una visita(3) a México con la finalidad de conocer los esfuerzos que hasta entonces había realizado el Estado Mexicano en el tratamiento de las desapariciones forzadas. En particular, la visita tuvo como objetivo examinar: (i) el estado de las investigaciones sobre diversos casos de desaparición forzada acontecidos en el país; (ii) las medidas adoptadas para prevenir y erradicar este delito, así como para combatir la impunidad; y (iii) otros aspectos vinculados con la problemática, entre ellos, temas relativos al derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
2. Al finalizar dicha visita, el GTDFI emitió diversas recomendaciones preliminares al Estado Mexicano. Entre ellas, la relativa a "Garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los Códigos Penales de todas las entidades federativas y que a la brevedad se apruebe una Ley General sobre las desapariciones forzadas o involuntarias. La Ley General debería ... permitir la declaración de ausencia como consecuencia de la desaparición forzada. Finalmente, la Ley General debería ser una herramienta jurídica para la plena protección y apoyo de los familiares de las personas desaparecidas y de los testigos, así como para garantizar el derecho a la reparación integral."(4)
3. Bajo ese contexto, ante la grave violación a derechos humanos que implica la desaparición de personas y el incremento de casos en el país, a partir de abril de dos mil once, diversos legisladores presentaron múltiples iniciativas con el objeto de reformar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas.
4. Finalmente, el diez de julio de dos mil quince, culminó el proceso legislativo en comento con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Decreto por el que se reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución. Con motivo de la reforma, dicha disposición quedó en los siguientes términos:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXI. Para expedir:
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JULIO DE 2015)
"a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral."
5. En el artículo segundo transitorio de esta reforma constitucional se estableció que:
"SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del mismo.
"La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas."
6. En concordancia con lo anterior, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, el Congreso de la Unión expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
7. En el título cuarto "De los Derechos de las Víctimas", capítulo tercero de dicha ley, se establecieron diversas disposiciones en torno a la Declaración Especial de Ausencia y el procedimiento respectivo para su emisión.
8. Asimismo, en el artículo noveno transitorio de la ley general en comento se estableció que:
"Noveno. El Congreso de la Unión deberá legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente decreto.
"Las entidades federativas deberán emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente decreto.
"En aquellas entidades federativas en las que no se haya llevado a cabo la armonización prevista en el capítulo tercero del título cuarto de esta ley, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, resultarán aplicables las disposiciones del referido capítulo no obstante lo previsto en la legislación local aplicable."
9. Hechos que antecedieron al juicio de amparo indirecto. De lo manifestado por la parte quejosa, así como de los documentos exhibidos como anexos de la demanda de amparo se desprende que:
(i) El cuatro de junio de dos mil veinte, ante la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de Michoacán de Ocampo, ************ presentó formal denuncia por la desaparición –cometida por particular– de su hermana **************. Ilícito que, conforme a lo manifestado por la denunciante, ocurrió el treinta y uno de mayo del dos mil veinte.(5)
(ii) En el contexto de los hechos referidos en el párrafo anterior, ********** –madre de la persona desaparecida– demandó la guarda y custodia de los menores de iniciales **********, ********** y **********. Al respecto, por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán determinó que, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso, resultaba procedente que los menores continuaran bajo el cuidado de su abuela materna.(6)
10. Demanda de amparo. Por escrito presentado electrónicamente el trece de octubre de dos mil veintidós, ***********, en su carácter de apoderado legal de ********** y ********** (víctimas indirectas de la desaparición de su hija ***********) promovió demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que más adelante se precisan.
11. Asimismo, en la demanda se destacó que ésta también se promovía en representación de *********** (víctima directa) y de sus hijos menores de edad, de iniciales **********, ********** y **********. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 137, último párrafo, de la Ley General de Víctimas (sic), así como 15 y 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo.
12. Por un lado, la parte quejosa señaló como responsable al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, autoridad a quien atribuyó los siguientes actos reclamados:
1. La omisión legislativa absoluta, en competencias de ejercicio obligatorio, de legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas y No localizadas.
2. La omisión legislativa absoluta, en competencias de ejercicio obligatorio, de armonizar la legislación que corresponda en materia de Declaración Especial de Ausencia de Personas Desparecidas y No Localizadas.
13. Asimismo, señaló como responsables a las siguientes autoridades (todas pertenecientes al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo):
a) Mesa Directiva;
b) Junta de Coordinación Política;
c) Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos;
d) Comisión de Justicia;
e) Comisión de Seguridad; y,
f) Comisión de Gobernación.
14. Respecto de las autoridades referidas en el párrafo anterior, identificadas con los incisos a)-f), la quejosa reclamó lo siguiente:
3. La paralización del proceso legislativo respecto a la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se crea la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo", publicada en la Gaceta Parlamentaria el 24 de febrero de 2022.
15. Prevención. Por auto de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán ordenó registrar la demanda bajo el número de expediente ********** y reconoció a ********** el carácter de apoderado de ********** y ********** (víctimas indirectas), así como de la víctima directa **********. Por otro lado, previno al promovente a efecto de que acreditara la representación de los menores de edad señalados en la demanda de amparo.(7)
16. Una vez desahogada dicha prevención,(8) por auto de veinte de octubre de dos mil veintidós, el Juez de Distrito admitió a trámite la demanda, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado.
17. Seguidos los trámites de ley,(9) se llevó a cabo la audiencia constitucional(10) que culminó con el dictado de la sentencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, en la que el juzgador determinó sobreseer el juicio. Lo anterior, al haber considerado –en esencia– que ante la falta de un mandato constitucional expreso respecto a lo argumentado por la quejosa, no existía la omisión legislativa absoluta atribuida al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
18. Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.(11) Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en donde se registró bajo el número **********.
19. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Mediante escrito presentado electrónicamente el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el apoderado legal de la parte quejosa solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer del amparo en revisión aludido. Dicha solicitud se registró en esta Primera Sala bajo el número 54/2023. Ante la falta de legitimación del signante, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo decidió hacer suyo el escrito de solicitud, por lo que se requirieron los autos del amparo en revisión al tribunal de conocimiento.
20. En sesión del día veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por unanimidad de cinco votos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ejercer su facultad de atracción para conocer y resolver el amparo en revisión **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.
21. Trámite del amparo en revisión en este Alto Tribunal. Por acuerdo del veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que ésta asumía su competencia originaria para conocer del recurso de revisión y ordenó su registro bajo el número 439/2023. Asimismo, turnó el asunto para su estudio al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y ordenó enviar el expediente a la Primera Sala.
22. Manifestaciones de la parte quejosa-recurrente. Mediante escrito presentado electrónicamente el nueve de junio de dos mil veintitrés, el apoderado legal de la quejosa formuló manifestaciones en torno a la probable actualización de una causal de improcedencia. A dicho escrito recayó el acuerdo de presidencia de catorce de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvieron por realizadas las manifestaciones en comento.
23. Avocamiento. Por auto del veintinueve de junio de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de la Primera Sala determinó que ésta se avocaría al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos al Ministro designado como ponente.
I. COMPETENCIA
24. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo previsto en los puntos primero, segundo, fracción III, inciso A), y tercero del Acuerdo General Número 1/2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(12) publicado el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo del diez de abril de dos mil veintitrés.(13)
25. Lo anterior, al tratarse de un recurso de revisión respecto del cual esta Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción. Sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
26. Tal como se advierte de las constancias que obran en autos –en específico del acuse de recepción de notificación– la sentencia reclamada se notificó electrónicamente el catorce de diciembre de dos mil veintidós a *********, representante legal de la parte quejosa; y surtió efectos desde ese mismo día. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 31, fracción III,(14) de la Ley de Amparo.
27. Por tanto, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del quince al veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, por ser días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 74 de la Ley Federal del Trabajo.
28. De ahí que, si el escrito de agravios se presentó electrónicamente el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se concluye que la interposición del recurso fue oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
29. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que ********** y ********** cuentan con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues tienen reconocido el carácter de apoderados de la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto ********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán.
IV. PROCEDENCIA DEL RECURSO
30. El recurso de revisión se estima procedente, pues se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la que se decretó el sobreseimiento de un juicio de amparo indirecto al considerarlo improcedente. Asimismo, se trata de un recurso de revisión respecto del cual esta Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción.
V. CUESTIONES PREVIAS
31. Para una mejor comprensión de la problemática jurídica que será analizada en el presente asunto, se considera necesario sintetizar los argumentos planteados en la demanda de amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios hechos valer en el recurso de revisión.
32. Demanda de amparo. Como preámbulo de lo expuesto en los conceptos de violación, la quejosa señaló que la autoridad responsable ha omitido cumplir con la obligación que le fue impuesta en el artículo noveno transitorio del Decreto por el que se publicó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas(15) (en adelante Ley General en Materia de Desaparición).
33. La parte quejosa destacó que –con motivo de la desaparición de su familiar y en su calidad de víctimas– se encuentran interesadas en tramitar la Declaración Especial de Ausencia ante las autoridades locales del Estado de Michoacán de Ocampo. Sin embargo, como consecuencia de la omisión legislativa reclamada, ello no se ha podido materializar; situación que estima violatoria de los artículos 1o., 4o., 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1.1, 2, 8.1, 11.1, 24, 25.1, 25.2 y 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
34. En sus conceptos de violación la quejosa argumentó, en esencia, lo siguiente:
(i) Primero. Violación al derecho a la seguridad jurídica. En su opinión, las omisiones reclamadas al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo vulneran los derechos previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y tienen el carácter de una omisión legislativa absoluta, pues la responsable se ha abstenido de ejercer su competencia de ejercicio obligatorio para legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia.
(ii) En ese sentido, afirmó que –conforme a lo dispuesto en el artículo noveno transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General en Materia de Desaparición– existe un mandato expreso para que la autoridad responsable armonice las normas que resulten necesarias(16) y expida la legislación en comento; mandato que se encontraba obligada a cumplir dentro del plazo de ciento ochenta días establecido en el propio transitorio.
(iii) Asimismo, considera que se encuentra acreditado el interés legítimo para reclamar la omisión legislativa planteada, pues quienes integran la parte quejosa son habitantes del Estado de Michoacán y, además, cuentan con la calidad de víctimas (directas e indirectas) del delito de desaparición cometida por un particular. En su opinión, lo anterior las coloca en una especial situación frente al orden jurídico por ser destinatarios directos del procedimiento de Declaración Especial de Ausencia.
(iv) En cuanto a la paralización del proceso legislativo señalada como acto reclamado, la quejosa afirma que la mera presentación de la iniciativa y su envío para trámite a comisiones no es suficiente para estimar que no existen las omisiones legislativas reclamadas. Además, argumenta que las responsables no han cumplido con los plazos y términos establecidos en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. (v) Al respecto, destaca que de conformidad con el artículo 243 de la ley orgánica citada, las comisiones a las que se turnen iniciativas de ley se encuentran obligadas a rendir su dictamen dentro de los noventa días hábiles siguientes a su recepción. En el caso, la iniciativa de ley se turnó a comisiones el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, los dictámenes respectivos debieron emitirse a más tardar el cuatro de julio de dos mil veintidós.
(vi) Segundo. Violación al derecho de las víctimas a acceder a un procedimiento expedito acorde al principio pro persona. En opinión de la quejosa, los actos reclamados violan lo dispuesto por los artículos 1o., 4o., 17, 20 y 133 de la Constitución, pues vulneran su derecho a acceder –en igualdad de circunstancias respecto al resto de los mexicanos– al procedimiento de Declaración Especial de Ausencia.
(vii) En ese sentido, expone que los parámetros fijados en la Ley General en Materia de Desaparición establecen objetivos, principios y alcances que –en comparación con los previstos por la actual legislación civil y familiar en el Estado de Michoacán de Ocampo– resultan más benéficos para las víctimas.
(viii) Considera que las disposiciones vigentes en el Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo no reúnen los parámetros mínimos y objetivos buscados por la ley general. Lo anterior dado que entre otras cuestiones:
• La legislación local no distingue entre personas ausentes por cualquier causa y personas ausentes por desaparición forzada o cometida por particulares;
• Mientras que la ley general establece un plazo máximo de seis meses para que concluya el procedimiento, la legislación local no establece un plazo determinado para tal efecto.
• La legislación local no establece reglas de competencia expresa ligadas a las particularidades de la desaparición.
• La ley general establece la incompatibilidad de la Declaración Especial de Ausencia con la declaración de ausencia vigente en las legislaciones de las entidades.
• Los efectos de la Declaración Especial de Ausencia establecidos en la ley general no son posibles ni se encuentran previstos en su totalidad en la legislación de la entidad.
• En términos de la ley general, si la persona desaparecida es localizada con vida, ésta puede solicitar la recuperación de sus bienes. La legislación vigente en el Estado de Michoacán no establece dicho supuesto.
• La legislación del Estado de Michoacán establece que la patria potestad se suspende por la declaratoria de ausencia de la persona que la ejerce, determinación que en primer lugar, vulnera la dignidad y derechos de las víctimas de desaparición. Asimismo, resulta incompatible con los objetivos y alcances establecidos en la ley general.
(ix) En opinión de la quejosa, todo lo anterior genera una situación de desigualdad ya que las víctimas de delitos de desaparición en el Estado de Michoacán no pueden verse beneficiadas de los parámetros establecidos en la ley general.
35. Sentencia reclamada. Tal como se adelantó al relatar los antecedentes del asunto, el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio. Lo anterior, conforme a las siguientes consideraciones:
• En primer lugar, el Juez señaló que únicamente se debía tener como acto reclamado "... la omisión absoluta de legislar en materia de ‘Declaración Especial de Ausencia de Personas Desaparecidas y no Localizadas’, así como su armonización con las legislaciones locales aplicables en Michoacán."
• Lo anterior, a pesar de que la quejosa también hubiera señalado como un diverso acto reclamado la paralización del proceso legislativo de la iniciativa presentada en el Congreso de Michoacán de Ocampo en febrero de dos mil veintidós, pues lo cierto era que dicha paralización se traducía en la omisión por parte de las autoridades responsables de legislar sobre la materia.
• Posteriormente, el Juez señaló que si bien al rendir su informe justificado las autoridades negaron la existencia de la omisión legislativa reclamada; ésta se debía tener por cierta ya que las señaladas como responsables eran las autoridades idóneas para la creación, modificación o derogación de las normas locales.
• A efecto de pronunciarse sobre la procedencia del juicio de amparo, el Juez hizo referencia al criterio sustentado por esta Primera Sala al resolver el amparo en revisión 1359/2015 en torno al concepto de omisión legislativa para efectos del juicio de amparo.
• En ese sentido, entre otros de los aspectos que fueron abordados por esta Primera Sala en dicho precedente, el Juez destacó que sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente.
• Asimismo, recordó que en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo. También destacó que si bien la Primera Sala ha reconocido que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas, también señaló que en ciertos casos podría resultar improcedente en relación con el principio de división de poderes, cuando no se trate de una omisión legislativa absoluta.
• Lo anterior, dado que los tribunales de amparo no tienen facultades para obligar al Poder Legislativo a legislar ya que conforme al artículo 49 constitucional, los órganos de gobierno sólo pueden ejercer las competencias y funciones que les son otorgadas.
• A partir de lo anterior, el Juez de Distrito concluyó que el juicio de amparo indirecto procederá contra omisiones legislativas, siempre y cuando sean de las clasificadas como absolutas, es decir que exista previamente un mandato expreso de la Constitución para legislar en determinado sentido, y que éste haya sido desatendido total o parcialmente por el legislador.
• Bajo ese contexto, el Juez estimó que el juicio de amparo resultaba improcedente ya que la omisión reclamada por la quejosa no podía calificarse como una omisión legislativa absoluta. Ello, en virtud de que no se acredita alguna obligación constitucional expresa impuesta al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para legislar en determinado sentido y que ésta haya sido desatendida.
• El Juez consideró que en el caso, la quejosa refirió que en el artículo noveno transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley General en Materia de Desaparición se estableció que las entidades federativas deberían emitir la legislación en materia de Declaración Especial de Ausencia y armonizar la legislación local correspondiente. De ahí que al tratarse de un decreto de expedición de una ley general, tal disposición no es un mandato constitucional expreso y, en consecuencia, el juicio no era procedente.
• En opinión del Juez, para poder estimar que existe una omisión legislativa absoluta, la orden para el legislador debe provenir directamente de la Constitución; situación que no acontece en el caso.
• En ese contexto, el juzgador destacó que si bien el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución establece la facultad del Congreso para expedir las leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de secuestro, desaparición forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley; lo cierto era que la norma constitucional no establece que los Congresos Estatales sean los que deban expedir las leyes locales en dicha materia, ni realizar las adecuaciones en las diversas legislaciones civil y familiar sobre el tema.
• Por lo anterior, el Juez concluyó que ante la falta de un mandato constitucional expreso que establezca de manera precisa el deber de legislar en el sentido pretendido por la parte quejosa, resulta claro que no existe la omisión legislativa absoluta de competencia de ejercicio obligatorio reclamada.
• En consecuencia, determinó sobreseer en el juicio, pues consideró que al no existir la omisión legislativa absoluta, el Juez no tiene facultades para obligar al Congreso Local del Estado de Michoacán de Ocampo a legislar sobre la materia en comento.
36. Recurso de revisión. La quejosa-recurrente argumenta, en esencia, lo siguiente:
(i) Primero. Existencia de un mandato constitucional para legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia. Considera que fue incorrecta y restrictiva la interpretación realizada por el Juez de Distrito que lo llevó a concluir que, en el caso, no existe un mandato constitucional para legislar en materia de Declaración Especial de Ausencia de personas desaparecidas.
(ii) En opinión de la recurrente, lo errado de la interpretación del Juez radica en considerar que para estimar procedente el juicio de amparo en contra de una omisión legislativa absoluta, el mandato constitucional relativo debe ser de naturaleza "expresa".
(iii) Afirma que tal conclusión deriva de una interpretación literal y restrictiva de los artículos 49, 103 y 107 de la Constitución en torno a la procedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas. Interpretación que, además, es contraria al criterio establecido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(iv) En ese sentido, señala que conforme a lo determinado al resolver el amparo directo en revisión 1359/2015, la Corte ha establecido que el mandato constitucional debe ser "preciso" o "con toda claridad". De ahí que al analizar el acto reclamado, el estándar que debió utilizar el Juez de Distrito para considerar la existencia de una omisión legislativa absoluta era que el mandato pueda desprenderse de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
(v) La recurrente considera que dicha interpretación se justifica conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 de la Constitución, en lo relativo al principio pro persona y al bloque d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31889-8d8e52dc/omision-del-estado-de-michoacan-de-ocampo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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