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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO EN UNA CONTROVERSIA SEA PARTE LA FEDERACION, ENTENDIDA ESTA COMO EL ENTE JURIDICO DENOMINADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: CONFLICTO COMPETENCIAL 183/92. · Registro digital (IUS): 320
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO Y EL JUEZ NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.
Localización: Octava Época. Tercera Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Noviembre de 1992, , Pág. 81.

COMPETENCIA CIVIL 183/92. SUSCITADA ENTRE EL Juez PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO Y EL Juez NOVENO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.- Debe declararse competente al Juez Noveno de lo Civil del estado de Jalisco, con residencia en la ciudad de Guadalajara, para seguir conociendo del juicio de terminación de contrato número 37/92, promovido por José Trillo Lomelí, apoderado de Alma Gloria Fuentes Lomelí de Trillo, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En efecto, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la competencia para conocer del juicio de arrendamiento a que se ha hecho referencia, radica en un Juez del fuero común, porque en la especie no se surten ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente las previstas en las fracciones I y III, en que se apoyan los planteamientos del citado conflicto competencial, pues en primer término la controversia en que se suscita no versa sobre el cumplimiento o aplicación de leyes federales, sino de una acción personal sobre terminación de contrato de arrendamiento, en la que están en juego exclusivamente intereses particulares, y en segundo, porque la Federación, en su acepción que le ha dado esta Tercera Sala, no es parte demandada en dicho procedimiento.

Ciertamente, de las constancias que integran el juicio civil número 37/92, se desprende que la actora reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la terminación del contrato de arrendamiento celebrado el primero de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, y diversas prestaciones inherentes a ese tipo de juicios, situación que se rige por el Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en sus artículos 2401 al 2414 y del 266 al 282, respectivamente. De lo que se sigue que al no cumplir los requisitos exigidos en esta primera hipótesis del artículo 104 constitucional, la competencia para conocer del asunto radica en un Juez del fuero común.

Tampoco se actualiza en el caso la diversa hipótesis prevista en la fracción III del invocado artículo 104, por el hecho de ser parte demandada en el juicio ordinario civil del organismo descentralizado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), porque para que se dé tal supuesto; es decir, para que se considere a la Federación como parte en una controversia civil, se requiere necesariamente que, se afecten directa y exclusivamente los intereses propios de la Federación, entendida ésta como el Estado Mexicano o Nación dotado de personalidad jurídica y política propias, compuesto por una población un territorio y un poder público.

El anterior criterio encuentra apoyo en la tesis número LXV/92 sustentada por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver por unanimidad de votos la competencia civil número 31/91 suscitada entre el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Federal y la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Sesión pública de seis de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice:

"COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO EN UNA CONTROVERSIA SEA PARTE LA FEDERACION, ENTENDIDA ESTA COMO EL ENTE JURIDICO DENOMINADO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- Establece el artículo 104, fracción III, constitucional, que los Tribunales Federales conocerán de las controversias "en que la Federación fuese parte". En este precepto el término Federación no está utilizado como forma de gobierno ni como órgano federal con facultades específicas, sino como la Nación misma, es decir, como la agrupación humana que con su poder soberano se organiza jurídica y políticamente a través del derecho para dar vida a la persona moral denominada Estados Unidos Mexicanos, con todos sus elementos población, territorio y poder público, que abarca tanto al orden federal, que impera sobre todo el territorio, como a los órdenes locales, que velan sobre el territorio específico de cada Entidad Federativa. El Estado Mexicano actúa o ejerce las diversas funciones que se desarrolla el poder público a través de órganos estatales que en su conjunto constituyen el gobierno federal, con jurisdicción en todo el país, o bien los gobiernos de cada Entidad Federativa, pero es el primero el que además de ejercer las funciones que le corresponden dentro de la distribución de competencias, asume la representación de la Nación. Lo anterior no implica que se identifiquen el Estado Mexicano y el gobierno federal; éste se constituye sólo por los órganos a través de los cuales aquél, persona moral de derecho público con sustancialidad jurídica y política propias, ejercita en el ámbito federal el poder público de que está investido y aun cuando posea la representación de dicho Estado, no es el Estado mismo. Por tanto, para que se surta la competencia de los Tribunales Federales según lo dispuesto por la fracción III del artículo 104 constitucional, se requiere que sea parte en la controversia la Nación, el Estado Federal Mexicano como ente de derecho, con personalidad jurídica y política propias, que abarcan el orden total, dentro del cual se incluye el federal y los locales. No basta, por tanto, que en la controversia sea parte alguno de los Poderes de la Unión o algún órgano de los mismos con motivo del ejercicio de las facultades y atribuciones que conforme al sistema competencial establecido les corresponda, pues en este supuesto el sujeto en la controversia es el órgano de gobierno mas no la entidad Estados Unidos Mexicanos, sin que puedan identificarse. En cambio, cuando alguno de los Poderes u órganos federales intervienen en un juicio, no como tal sino como representantes de la Nación, su conocimiento compete a los Tribunales Federales porque es parte el Estado Mexicano y no el Poder u órgano que sólo lo representa."

Para la mejor comprensión de los razonamientos que sustentan los criterios sostenidos en la presente resolución, resulta pertinente examinar las leyes o decretos de creación de importantes organismos descentralizados, máxime si algunos de ellos fueron parte en los juicios en que surgieron los conflictos competenciales respecto de los cuales esta Tercera Sala estableció la jurisprudencia que lleva por rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO", misma que fue interrumpida al resolverse la competencia civil 31/91, en la que figuró como demandado el organismo descentralizado denominado Autotransportes Urbanos de Pasajeros R-100.

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece en sus artículos 4o., párrafo primero, 149, 151 y 174:

"ARTICULO 4o.- La administración de los seguros, prestaciones y servicios de que trata el artículo anterior, así como la del Fondo de la Vivienda, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México."

"ARTICULO 149.- El Instituto tendrá personalidad jurídica para celebrar toda clase de actos y contratos, así como para defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos, y para ejercitar las acciones judiciales o gestiones extrajudiciales que le competen. El Instituto deberá obtener la autorización previa del gobierno federal, por conducto de las Secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, para desistirse de las acciones intentadas o de los recursos interpuestos, así como para dejar de interponer los que las leyes le concedan, cuando se trate de asuntos que afecten al erario federal."

"ARTICULO 151.- Los órganos de gobierno del Instituto serán: I.- La Junta Directiva; II.- El Director General; III.- La Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda; y IV.- La Comisión de Vigilancia."

"ARTICULO 174.- El patrimonio del Instituto lo constituirán: I.- Sus propiedades, posesiones, derechos y obligaciones; II.- Las cuotas de los trabajadores y pensionistas, en los términos de esta Ley; III.- Las aportaciones que hagan las dependencias y entidades conforme a esta ley; IV.- El importe de los créditos e intereses a favor del Instituto y a cargo de los trabajadores o de las dependencias y entidades a que se refiere esta ley; V.- Los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que se obtengan de las inversiones que conforme a esta ley haga el Instituto; VI.- El importe de las indemnizaciones, pensiones caídas e intereses que prescriban en favor del Instituto; VII.- El producto de las sanciones pecuniarias derivadas de la aplicación de esta ley; VIII.- Las donaciones, herencias y legados a favor del Instituto; IX.- Los bienes muebles e inmuebles que las dependencias o entidades destinen y entreguen para los servicios y prestaciones que establece la presente ley, así como aquellos que adquiera el Instituto y que puedan ser destinados, a los mismos fines; y X.- Cualquiera otra percepción respecto de la cual el Instituto resulte beneficiario."

Disponen los artículos 4o., 5o., 242 y 246 de la Ley del Seguro Social:

"ARTICULO 4o.- El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos."

"ARTICULO 5o.- La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social."

"ARTICULO 242.- Constituyen los recursos del Instituto: I.- Las cuotas a cargo de los patrones, trabajadores y demás sujetos que señala la ley, así como la contribución del Estado; II.- Los intereses, alquileres, rentas, rendimientos, utilidades y frutos de cualquier clase, que produzcan sus bienes; III.- Las donaciones, herencias, legados, subsidios y adjudicaciones que se hagan a su favor; y IV.- Cualesquiera otros ingresos que le señalen las leyes y reglamentos."

"ARTICULO 246.- Los órganismos superiores del Instituto son: I.- La Asamblea General; II.- El Consejo Técnico; III.- La Comisión de Vigilancia; y IV.- La Dirección General."

La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, en sus artículos 1o. a 4o., 7o. y 17 establecen:

"ARTICULO 1o.- Petróleos Mexicanos, creado por Decreto de 7 de junio de 1938, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal."

"ARTICULO 2o.- Es objeto de Petróleos Mexicanos la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo, el gas natural y los productos que se obtengan de la refinación de éstos; la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano del gas artificial; la elaboración, el almacenamiento, el transporte, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas, es decir, todas las actividades de orden técnico, industrial y comercial que constituyen las industrias petrolera y petroquímica de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y sus Reglamentos, así como todas aquellas otras actividades que directa o indirectamente se relacionen con las mismas industrias, o sirvan para el mejor logro de los objetivos del Organismo."

"ARTICULO 3o.- El patrimonio de Petróleos Mexicanos lo constituyen los bienes y derechos que haya adquirido o que le hayan sido asignados o adjudicados; incluyendo las reservas para explotación y declinación de campos, y los que se le asignen, adjudiquen o adquiera por cualquier título jurídico; las subvenciones, subsidios y donaciones que se le otorguen y los rendimientos que obtenga por virtud de sus operaciones."

"ARTICULO 4o.- Petróleos Mexicanos será dirigido y administrado por un Consejo de Administración y un Director General."

"ARTICULO 7o.- Petróleos Mexicanos, en su organización y funcionamiento; en el manejo y explotación de sus bienes; y en el despacho de sus negocios, tendrá libertad de gestión, y las actividades necesarias para la realización de su objeto, las ejecutará de acuerdo con lo que disponen la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, sus Reglamentos y las demás disposiciones legales aplicadas. Gozará de las más amplias facultades para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con las industrias petrolera y petroquímica; podrá celebrar toda de actos, convenios y contratos; suscribir títulos y celebrar operaciones de crédito; emitir obligaciones, y llevar a cabo todos los actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de su objeto, sujetándose a las disposiciones legales aplicables. También podrá realizar actos de disposición de los bienes que integren su patrimonio, ya sea trasmitiendo la propiedad de ellos o bien afectándolos con gravámenes reales. Cuando estas últimas operaciones tengan por objeto bienes inmuebles, Petróleos Mexicanos someterá al Ejecutivo Federal, el decreto de desincorporación respectivo. En ningún caso podrá quedar comprendido en las enajenaciones, el petróleo o el gas natural contenidos en los yacimientos, ni el derecho para explotar éstos."

"ARTICULO 17.- En todos los actos, convenios y contratos en que intervenga Petróleos Mexicanos, serán aplicables las Leyes Federales, y las controversias en que sea parte, cualquiera que sea su carácter, serán de la competencia exclusiva de los Tribunales de la Federación."

Deriva de los preceptos transcritos, que las leyes o decretos que crearon al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a Petróleos Mexicanos y a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, otorgan a estos organismos descentralizados personalidad jurídica y patrimonio propios; así como órganos de gobierno dotados de facultades específicas para el logro del fin para el que fueron establecidos; asimismo, se les da libertad de gestión en su organización y funcionamiento, en el manejo y explotación de sus bienes, y capacidad para realizar toda clase de actos, convenios y contratos que requieran para su objeto, incluyendo la de disponer de los bienes que integran su patrimonio, pero quedando desde luego sujetos a la supervisión y vigilancia por parte del Ejecutivo Federal, según las disposiciones relativas de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, de Entidades Paraestatales y General de Bienes Nacionales, por lo que se refiere a su funcionamiento, actividades y operaciones relacionadas tanto con los bienes que integran su patrimonio propio como de los que siendo propiedad de la Federación administrativa y utilizan en el cumplimiento y logro del fin para el que fueron creados.

En algunas de las leyes o de los decretos de creación de los organismos descentralizados se establece que su patrimonio se integra, entre otros; con los bienes muebles e inmuebles que les destina el gobierno federal. Al respecto debe precisarse que tratándose de los inmuebles destinados debe interpretarse que se trata de recursos con los que cuentan los organismos mencionados para el cumplimiento de sus respectivos fines u objetos, mas no bienes de su propiedad, pues conforme a lo dispuesto por los artículos 2o., fracción V, 34, fracción III y 37 de la Ley General de Bienes Nacionales, tales inmuebles son del dominio público de la Federación y su destino no transmite la propiedad ni ningún otro derecho real.

Asimismo, algunas leyes o decretos de creación de los organismos descentralizados incluyen dentro de su patrimonio las aportaciones que reciben del Gobierno Federal. Ningún dispositivo de la Ley General de Bienes Nacionales establece que tales aportaciones constituyen bienes de dominio público o de dominio privado de la Federación y, por tanto, el Gobierno Federal al hacer las aportaciones respectivas transmite la propiedad de las mismas y éstas ingresan al patrimonio de los organismos descentralizados, de lo que se sigue que por el solo hecho de que dentro de este patrimonio se encuentren aportaciones realizadas por el gobierno federal no significa que la Federación tenga interés en las controversias en que puede afectarse el patrimonio de los organismos descentralizados porque tales aportaciones no son patrimonio de la Federación.

En conclusión, por el sólo hecho de que en una controversia sea parte un organismo descentralizado no se surte la competencia de los Tribunales Federales, dado que aquéllos no son la Federación, en la acepción que le otorgan los artículos 104, fracción III, constitucional y 54, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, por tanto, es necesario determinar si en el juicio se afectan o pueden llegar a afectarse bienes nacionales, distinguiéndose al respecto varias situaciones: a) si se trata de bienes inmuebles propiedad de la Federación y destinados por el Ejecutivo Federal a un organismo descentralizado, de la controversia deben conocer los Tribunales Federales según lo dispuesto por los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1o., 2o., fracción V, 7o. y 34, fracción III, de la Ley General de Bienes Nacionales; b) cuando los inmuebles adquiridos por el organismo descentralizado se afectan a infraestructura, reservas, unidades industriales, o están directamente asignados a la explotación, transformación, distribución, o se utilizan en las actividades específicas que tenga encomendadas el organismo descentralizado conforme a su objeto, relacionadas con la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios, dejan de formar parte del patrimonio de dicho organismo para incorporarse al patrimonio de la Federación por estar afectos a un servicio público y, por ende, de la controversia deben conocer los Tribunales Federales conforme a lo establecido por los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1o., 2o., fracción V, 7o., y 34, fracción VI, de la Ley General de Bienes Nacionales; c) si en la controversia se afectan o pueden llegar a afectarse las pinturas, esculturas y obras artísticas determinadas por la fracción XII del artículo 2o., de la Ley General de Bienes Nacionales, a los Tribunales Federales compete conocer del asunto según lo previsto por los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1o., 2o., fracción XII, y 7o., de la Ley General de Bienes Nacionales; y d) si, se trata de bienes inmuebles o muebles propiedad del organismo descentralizado, dentro de los cuales se incluye las aportaciones que le haga el gobierno federal, corresponderá a los tribunales locales conocer de la controversia por no ser parte la Federación ni afectarse sus intereses, siempre que no se trate de la aplicación de leyes federales, pues si el juicio versa sobre ésta existirá competencia concurrente, quedando a elección del actor el fuero al que desee someterse, según lo previsto por la fracción I del artículo 104 constitucional.

Por otro lado, debe aclararse en relación a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos respecto a que serán de la competencia exclusiva de los Tribunales Federales las controversias en que sea parte este organismo descentralizado, que en esta hipótesis se surte la competencia federal no porque sea parte la Federación, pues aquél no constituye ésta conforme a la acepción que a este concepto otorgan los artículos 104, fracción III, constitucional, y 54, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, e independientemente de que en el juicio se afecte o pueda afectarse un bien nacional, sino porque es parte en el asunto Petróleos Mexicanos, ello conforme a lo establecido por la fracción IX, de la última disposición secundaria invocada y el artículo 17 que se examina.

En la especie, como ya se dijo no se dan las hipótesis previstas por los artículos 104, fracción I, constitucional, y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues la controversia en que se suscita el presente conflicto competencial no versa sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, que, según se razonó al principio del presente considerando, constituye un requisito tanto para que se surta la competencia del fuero federal o para que exista competencia concurrente si sólo se afectan intereses particulares.

Efectivamente, en el caso se trata de la terminación de un contrato de arrendamiento respecto de un inmueble que fue arrendado al ISSSTE y, por tanto, la controversia no versa sobre el cumplimiento y aplicación de una ley federal, sino que se rige por los Códigos Civil, y de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en sus artículos 2401 al 2414 y del 266 al 282, respectivamente.

Por otro lado, es cierto que conforme al Diario Oficial de la Federación de quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, el Instituto demandado es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto entre otros, la seguridad social de los trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. y 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que por tanto, forma parte de la administración pública federal, como órgano auxiliar. Sin embargo, no puede considerarse como la federación misma, en la acepción que ha quedado determinada, a fin de que se surta la competencia federal respecto de los juicios en que sea parte, porque así como no pueden confundirse ni identificarse los Estados Unidos con ninguno de los poderes de la Unión ni con los órganos estatales de las mismas, los órganos descentralizados tampoco pueden confundirse con el Estado Mexicano, pues constituyen entidades con personalidad y patrimonio diverso del de aquél y con un objeto que no sólo le es propio sino que lo caracteriza por consistir en la protección social de todos los trabajadores al servicio del Estado.

En consecuencia, al no ser la Federación en su acepción que otorgan los artículos 104, fracción III, de la Constitución Federal y 54, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, parte en un juicio natural del que deriva el presente conflicto, ni tratarse del cumplimiento y aplicación de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, ni de ninguna otra hipótesis de las que prevé el artículo 104 invocado, no se surte la competencia de los Tribunales Federales para conocer del referido juicio de terminación de contrato de arrendamiento.

Sobre el particular resulta aplicable la tesis número LXVI/92 sustentadas por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver por unanimidad de votos la competencia civil número 31/91, suscitada entre el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Federal y la Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. Sesión de tres de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice:

"COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE SU PATRIMONIO.- Si bien conforme a lo dispuesto por los artículos 90 constitucional, 1o. y 3o., de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los organismos descentralizados forman parte de la Administración Pública Federal Paraestatal, lo cierto es que en términos de lo establecido por los artículos 45 de esta ley, 11, 14, 17, 18, 60 y demás relativas de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, constituyen entes creados por el Congreso de la Unión o el Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias, la prestación de servicios públicos o sociales o la obtención y aplicación de recursos para la asistencia y seguridad sociales, que cuentan con su propia organización y administración y gozan de autonomía de gestión, aun cuando están sujetos a la supervisión y vigilancia del Ejecutivo Federal. Por tanto, los organismos descentralizados no pueden considerarse como la Federación, en la acepción que les da el artículo 104, fracción III, constitucional, es decir, como el ente jurídico denominado Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, tanto los bienes muebles como los inmuebles patrimonio de los organismos descentralizados, incluidas las aportaciones que reciben del gobierno federal, como no están incluidos en los artículos 1o. a 3o., de la Ley General de Bienes Nacionales, ni en ningún otro dispositivo legal, como de dominio público o de dominio privado de la Federación, no constituyen bienes nacionales; por el contrario, la fracción IV del artículo 3o., antes citado dispone que son bienes de dominio privado de la Federación los que hayan formado parte del patrimonio de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que se extinga o liquiden, en la proporción que corresponda a la Federación, por lo que mientras dichos bienes sean patrimonio de dichas entidades no son bienes nacionales, pues es necesario para ello que antes dejen de ser propiedad de las entidades con motivo de su extinción o liquidación. En consecuencia, por el solo hecho de que en el juicio sea parte un organismo descentralizado y se afecte o pueda afectarse su patrimonio, no se surte la competencia de los Tribunales Federales conforme a los artículos 104, fracción III, constitucional, 54, fracciones II y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 7o., de la Ley General de Bienes Nacionales, en virtud de que no puede considerarse que la Federación sea parte ni que se afecten sus intereses. Atento a lo anterior debe interrumpirse la jurisprudencia publicada con el número 12 en el Informe de 1988, Segunda Parte, página 62 a 64, con el rubro: "ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. COMPETENCIA DEL FUERO FEDERAL PARA CONOCER DE JUICIOS EN LOS QUE INTERVENGAN, Y SE COMPROMETA SU PATRIMONIO."

Finalmente, la última fracción del artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, otorga competencia a los Jueces de Distrito en Materia Civil para conocer de "los demás asuntos de la competencia de los juzgados de Distrito, conforme a la ley, y que no estén enumerados en los tres artículos que preceden", artículos estos que establecen la competencia de los Jueces de Distrito especializados en las materias penal, administrativa y laboral. La fracción que nos ocupa hace un reenvío a aquellas leyes que otorguen competencia a los Juzgados de Distrito para el conocimiento de una cuestión específica, es decir, remite a las determinaciones del legislador ordinario que establezcan competencia a dichos Juzgados, como sucede con algunas leyes por medio de las cuales el Congreso de la Unión al crear un organismo descentralizado, sujeta a la competencia de los Tribunales Federales el conocimiento de los asuntos en que dicho organismo sea parte, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, en el caso no se presenta tal situación. En el artículo 14 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, vigente hasta el veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se otorgaba expresamente competencia a los Tribunales Federales para conocer de las controversias judiciales en las que el organismo fuese parte, así como las que surgieran con motivo de la aplicación de esa ley, al disponer:

"ARTICULO 14.- Las controversias judiciales que surjan sobre la aplicación de esta Ley, así como todas aquellas en que el Instituto tuviere el carácter de actor o demandado, serán de la competencia de los Tribunales Federales..."

Ahora bien según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, tal precepto fue reformado para quedar en los siguientes términos:

"ARTICULO 14.- Los trabajadores del Instituto quedan incorporados al régimen de la presente Ley. Las relaciones de trabajo entre el propio Instituto y su personal, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional."

Por tanto, se estima que en la especie no se está en el caso de excepción para otorgar competencia al fuero federal, es decir, que el Legislador ordinario haya establecido en disposición legal alguna, que competa a los Tribunales Federales en que sea parte el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Aunado a lo anterior debe decirse que de los propios preceptos transitorios del citado decreto se desprende que en el caso no se surte en modo alguno la competencia federal, toda vez que el segundo numeral establece que: "Los juicios en los que el Instituto sea parte, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se seguirán tramitando ante las autoridades que conozcan de los mismos, las controversias judiciales que surjan con posterioridad serán de la competencia de los Tribunales Federales o del fuero común, según corresponda". De lo que se sigue que en el caso no se está en la hipótesis prevista en la primera parte de dicho

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/320-5750f2e4/competencia-federal-se-surte-cuando-en-una-controversia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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