Corpus
Modo: Corpus Pro

COSTAS JUDICIALES. PROCEDENCIA DE LA CONDENA DESPUES DE PRACTICADO EL EMBARGO, CUANDO AVANZADO EL JUICIO SE HACE PAGA LLANA DE LO RECLAMADO (INTELECCION DEL ARTICULO 1084, EN RELACION CON EL 1396 DEL CODIGO DE COMERCIO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 4350/95. · Registro digital (IUS): 3205
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CAMSA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, , Pág. 533.

Por acuerdo del tribunal se publica parcialmente la ejecutoria:

CONSIDERANDO:

QUINTO. Se estudian conjuntamente ambos conceptos de violación por la relación que guardan, los cuales son substancialmente fundados, por los motivos que a continuación se expresan.

En efecto, como lo alega el apoderado de la empresa quejosa, la Sala responsable indebidamente dejó de aplicar el artículo 1396 del Código de Comercio, que es explícito al disponer que después de hecho el embargo el deudor queda obligado a comparecer ante el juez que lo emplazó dentro del término de cinco días a efectuar paga llana del adeudo reclamado y las costas, o a oponer excepciones si las tuviera; pues de las constancias procesales que obran en el sumario aparece que la demandada ahora tercera perjudicada, no efectuó el pago de las prestaciones reclamadas en lo que toca al principal e intereses dentro del término legal mencionado, y aun cuando es cierto que durante la tramitación del juicio natural pagó la suerte principal, intereses moratorios y el impuesto al valor agregado sobre estos intereses, omitió pagar también las costas judiciales; por lo tanto, es evidente que no cumplió cabalmente con lo dispuesto por el citado artículo 1396 del Código de Comercio, al no efectuar el pago de tales prestaciones reclamadas, pues atendiendo a la lógica jurídica, es indiscutible que si el numeral que se cuestiona explícitamente establece un término de cinco días para que el deudor haga paga llana, además del adeudo reclamado, de las costas, la obligación de pago por este concepto subsiste por "mayoría de razón" si una vez extinguido ese término legal, el deudor embargado, continúa renuente a hacer la paga llana de las cantidades reclamadas. De ahí que fuera correcto el proceder del juez natural al condenar a la demandada hoy tercera perjudicada al pago de las costas causadas en esa primera instancia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la ejecutoria que aparece publicada en la página 4, del Informe de 1973, que dice: "AUTO DE EXEQUENDO. COMPRENDE EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS Y GASTOS JUDICIALES. Lo dispuesto por el artículo 1396 del Código de Comercio, en el sentido de que hecho el embargo se notificará al deudor o a la persona con quien se haya practicado la diligencia, que dentro de tres días comparezca a hacer paga llana de la cantidad demandada y de las costas, comprende también el pago de los intereses moratorios y gastos judiciales, ya que conforme al artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, tratándose del ejercicio de la acción cambiaria, el último tenedor de la letra puede reclamar el importe del documento, los intereses moratorios al tipo legal desde el día del vencimiento, los gastos del protesto y los demás gastos legítimos. Por tanto, el demandado que no haya pagado también los intereses y gastos judiciales, no puede obtener el levantamiento del embargo."

En otro aspecto, es igualmente fundado el alegato del apoderado de la empresa quejosa, en el sentido de que la Sala realizó una incorrecta interpretación y aplicación del diverso artículo 1084 del Código de Comercio, al absolver al demandado del pago de las costas judiciales con base en lo dispuesto por la fracción III de dicho dispositivo legal; pues ciertamente el ad quem no tomó en cuenta que el primer párrafo de este numeral expresamente dispone que la condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley; por lo tanto, partiendo de la premisa de que como la propia ley mercantil previene en su artículo 1396, que el deudor debe pagar las costas dentro del término de cinco días después de practicado el embargo, aun cuando haga paga llana de lo reclamado, debe concluirse por lógica jurídica, que la obligación de pago de las costas subsiste por "mayoría de razón" una vez extinguido ese término legal, si continúa en mora el demandado embargado y sólo hasta avanzado el trámite del juicio natural hace el pago de las cantidades reclamadas; ya que lo que en realidad sanciona con el pago de las costas judiciales dicho precepto, es la renuencia del demandado embargado, teniendo el término de cinco días referido, sólo el carácter de una prerrogativa que el legislador concede en favor del demandado para que efectúe el pago de las prestaciones reclamadas, sin sufrir sanción de costas por la morosidad en que incurrió hasta ese momento. En esa virtud, es evidente que la Sala responsable no debió revocar la condena en costas judicialmente decretada en la primera instancia, al apoyarse de manera incorrecta en la fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, pues al respecto, cabe señalar, que el citado artículo 1084, del Código de Comercio, previene tres supuestos diferentes para la procedencia de la condenación en costas; el primero, en que tal condenación se hará cuando así lo prevenga algún dispositivo legal; segundo, cuando a juicio del juzgador se haya procedido con temeridad o mala fe; y, tercero, siempre que se dé alguno de los casos que contemplan las cuatro fracciones del numeral mencionado, independientemente de que también se actualice alguno de los dos primeros supuestos en comento. Consecuentemente, es indiscutible que en el caso, se da el primer supuesto mencionado, ya que la condenación en costas se encuentra prevista por "mayoría de razón" en el artículo 1396 del mismo ordenamiento legal. No está por demás dejar patente, que en la especie la mayoría de los magistrados integrantes de este cuerpo colegiado no finca la condena en costas en un caso de excepción a la norma general, como inadecuadamente pudiera afirmarse, apartándose del criterio que con toda claridad se expone en el presente estudio; pues ante todo debe insistirse en que la referida integración de magistrados en ningún momento pretende aplicar por "analogía" los artículos en comento, pues el presente silogismo se efectúa relacionando al primer supuesto que se contempla o prevé expresamente en el artículo 1084 del código mercantil, lo también expresamente previsto por el artículo 1396 del propio Código, aplicándolo al caso por "mayoría de razón", ya que, se repite, este precepto lo que en realidad sanciona con el pago de las multirreferidas costas, es la mora en que incurre el deudor cuando hace paga llana de lo reclamado, después de practicado el embargo, actitud sagaz por la que el tribunal de alzada no tuvo otra alternativa que dejar intocada la declaración que hizo el juez a quo en la sentencia apelada, en el sentido de que "la parte actora probó su acción".

Por último, es fundado el alegato que se hace respecto a que la sentencia reclamada no se encuentra legalmente fundada y motivada, pues según quedó establecido en párrafos anteriores la Sala responsable procedió incorrectamente al absolver a la demandada ahora tercera perjudicada del pago de costas causadas en la primera instancia, así como al no haber aplicado el artículo 1396 del Código de Comercio, e interpretar y aplicar indebidamente el diverso artículo 1084 del mismo ordenamiento legal.

Por otro lado, se reitera que el criterio de mayoría de los magistrados integrantes de este Tribunal Colegiado no se emite acudiendo al principio de analogía, como por error pudiera pensarse, sino que ajustándose estrictamente al primer supuesto del artículo 1084 del Código de Comercio, aplican por "mayoría de razón" el artículo 1396 del propio Código, lo cual no choca contra el sentido común ni la lógica jurídica. Finalmente, es pertinente decirle al quejoso que carece de razón al pretender la condena al pago de las costas en segunda instancia, puesto que ésta sólo es procedente cuando existen dos sentencias condenatorias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas, conforme a lo expresamente estipulado en la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio. Lo anterior encuentra su apoyo en lo conducente en la tesis de ejecutoria que a continuación se transcribe: "COSTAS, CONDENA A, EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. En su primer párrafo el artículo 1084 del Código de Comercio, establece la condena en costas en función de la temeridad o de la mala fe, a continuación señala casos específicos de forzosa condenación con independencia de que la parte condenada hubiera procedido con temeridad o mala fe. Si el caso está comprendido de acuerdo con la fracción III del artículo 1084 entre aquellos en que la condenación en costas es forzosa, puesto que se trata de un `juicio ejecutivo', por esta razón cabe estimar que la responsable no estuvo en lo justo al invocar, como fundamento de su decisión de revocar la condena que por este concepto se hizo en la primera instancia, el primer párrafo del artículo 1084, que contiene la regla referida a la temeridad y a la mala fe. La fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, establece la forzosa condenación solamente para la primera instancia, y determina que en la segunda deberá observarse lo dispuesto en la fracción IV, que está redactada así: `IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.' Ahora bien, si las dos sentencias coinciden en la condena en contra de los demandados pero difieren en cuanto a la comprobación de la acción y de las excepciones, puesto que, mientras que la primera declara probadas las acciones y no probadas las excepciones, la segunda, por el contrario, declara procedente la excepción de pago opuesta, las sentencias no son, en consecuencia, conformes de toda conformidad en su parte resolutiva y no se está, por tanto, dentro de lo dispuesto por la fracción IV en examen. No siendo forzosa la condenación en costas en la segunda instancia y no habiendo demostrado el actor que sea incorrecta la apreciación de la responsable en el sentido de que los demandados no incurrieron en temeridad o mala fe, debe concluirse que su resolución de absolver del pago de las costas de segunda instancia al apelante no es violatoria de ley." Sexta Epoca, Cuarta Parte, Volumen L, del Semanario Judicial de la Federación, A.D. 5831/60. Francisco Solorio. Unanimidad de 4 votos.

En esas condiciones, al ser substancialmente fundados los conceptos de violación que se analizan, procede conceder a la empresa quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, una vez hecho lo anterior, dicte otro fallo en el que siguiendo los lineamientos antes expuestos, condene a la apelada ahora tercero perjudicada al pago de las costas causadas en la primera instancia.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3205-6ebfc2f9/costas-judiciales-procedencia-de-la-condena-despues-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.