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Modo: Corpus Pro

EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL AUTO DE DESISTIMIENTO EN EL JUICIO NATURAL, DICTADO DESPUES DE HABERSE ORDENADO EL EMPLAZAMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA.

Tipo de asunto: QUEJA 327/92. · Registro digital (IUS): 683
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RICARDO ACOSTA ALVAREZ.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, , Pág. 216.

Por acuerdo del tribunal se publican parcialmente la ejecutoria:

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este tribunal es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44, fracción IV, 45, 79, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 95, fracción V y 97, fracción II, de la Ley de Amparo; y el contenido del acuerdo emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre división de circuitos y fijación de competencia territorial, toda vez que el acto impugnado lo constituye una resolución dictada por la titular de un Juzgado de Distrito en Materia Civil de este Circuito, en un recurso de queja.

SEGUNDO.-La existencia de la resolución materia de esta queja, quedó debidamente acreditada con el informe justificado que la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal se sirvió rendir, mediante su oficio número 5203, de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos, y con las constancias que anexó al mismo.

TERCERO.-En la resolución impugnada, la Juez Federal sostiene lo siguiente: "Segundo.-De las constancias que en copia certificada remitió con su informe justificado el Juez Décimo de lo Civil del Distrito Federal, a las cuales la suscrita juzgadora les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante auto de fecha veinticuatro de marzo del año en curso dicho responsable declaró insubsistente el procedimiento seguido en contra de Ricardo Acosta Alvarez y ordenó se le emplazara en su domicilio; con lo que dio debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito; desprendiéndose asimismo, que mediante proveído de siete de abril del presente año se tuvo por desistida a la parte actora de la demanda intentada en contra de Ricardo Acosta Alvarez, lo que trajo como consecuencia que a partir de ese momento el recurrente dejó de ser parte en la contienda judicial y por tanto debe concluirse que carece de legitimación para interponer recursos respecto de un procedimiento en el que ya no tiene ninguna intervención; por lo que la queja de mérito debe declararse sin materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1032, visible a fojas 1666 y 1667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del tenor siguiente: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.-El artículo 40 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se reclama. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta al Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquier ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelvan y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquier otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto moral, cuando lesiona, directamente sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del tomo LXX del mismo Semanario Judicial.".

CUARTO.-Los agravios expresados por el recurrente, son los siguientes: "Primero.-Si bien es cierto que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se debe otorgar valor probatorio pleno a las constancias que en copia certificada remite con su informe justificado el Juez Décimo de lo Civil, también es cierto que el auto de fecha veinticuatro de marzo, dictado por el Juez natural, es indebidamente valorado por la Juez de amparo, ya que declara insubsistente el procedimiento seguido en contra de Ricardo Acosta Alvarez, como si esto fuera posible, es decir, como si el mismo juicio concluido por sentencia ejecutoria fuera válido, legal, eficaz y subsistente para unos codemandados, e inválido, ilegal, ineficaz e insubsistente, solamente para el codemandado y quejoso en este juicio, contrariando el principio de explorado derecho citado a foja 59 in fine y 60 ab initio del toca RC-1709/91 de la resolución de veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, suscrita por los CC. Magistrados que integran el H. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece que las afirmaciones contradictorias violan las reglas de la lógica, que señalan que no puede ser una cosa y dejar de ser al mismo tiempo; lo cual se presenta en el caso que nos ocupa, puesto que no existen procedimientos paralelos e independientes por parte de las sucesiones actoras y cada uno de los codemandados en el juicio natural, seguido en contra de Víctor Daniel Rivera Grijalba, Octavio A. Hernández González, Ricardo Acosta Alvarez, Rafael del Castillo Ruiz, Carlos Rodríguez Alday, Leizer, S. A., José Alvarez Amézquita, Silvia Pardo Márquez, Bulmaro Rangel Tapia, Miguel Murguía Díaz, Silvia Imelda Lomelí de Abedrop, Bernarda Raquel Muñoz Mainero, Enrich Schawarz Popper y Luis Herber Fernández V., por lo que al desistirse la parte actora de la demanda en contra de mi autorizante, es incorrecto contrariamente a lo que afirma la a quo, respecto a que se haya dado debido cumplimiento a la ejecutoria RC- 1709/91, ya que por proveído de siete de abril, se tuvo por desistida a la parte actora de dicha demanda en contra de mi representado, por lo que equivocadamente consideraron que a partir de ese momento Ricardo Acosta Alvarez, deja de ser parte en la contienda judicial, y erróneamente concluye que mi autorizante carece de legitimación de un procedimiento en el que ya no tiene ninguna intervención, por lo que declaró la queja sin materia, pretendiendo apoyar su razonamiento, en la jurisprudencia 1032 visible a fojas 1666 y 1667 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, segundo párrafo, Salas y Tesis Comunes, bajo el rubro 'INTERESES JURIDICOS EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL', que en el caso que nos ocupa, es inaplicable el recurso de queja interpuesto, puesto que el defecto en el cumplimiento de la ejecutoria perjudica a mi representado, por la razón de que las sentencias de tres instancias, lo condenan al cumplimiento de diversas prestaciones, en un juicio en que no ha sido parte, ni ha tenido la oportunidad de aportar pruebas, o de impugnar alguna resolución lesiva, para sus intereses, y donde para colmo de la violación a sus garantías, el Juez Décimo de lo Civil, claramente consiente en el desistimiento propuesto por la parte actora en el juicio natural, por lo que al tenérsele por desistida de la demanda, la Juez de Distrito incorrectamente estima que mi representado a pesar de no poder comparecer a juicio, y resultar condenado con sentencia ejecutoria, carece de legitimación para interponer recursos como el de queja, que niega por considerar que dicho procedimiento natural no le perjudica o causa agravio, y por lo tanto ya no debe tener ninguna intervención y declararse la queja sin materia. De lo anterior resulta que es clara la violación por la Juez de Distrito a lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, puesto que no se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, puesto que sigue siendo condenado como resulta del juicio natural, y responsable, tanto frente a la parte actora, como ante los codemandados que resulten sus causa-habientes, toda vez que el señor Ricardo Acosta Alvarez, es copropietario de los terrenos materia del litigio y por lo tanto responsable y obligado al saneamiento en caso de evicción, de lo cual no lo libera el desistimiento de la parte actora, puesto que ésta puede renunciar a lo que puede llegar a tener derecho, pero no puede renunciar a las facultades que sólo a los codemandados corresponden, para demandarle a mi representado el saneamiento en caso de evicción, denunciarle oportunamente el juicio, o llamarlo a juicio, para que en su oportunidad le pueda parar perjuicio o legitimarse para consolidar su derecho, respondiendo a la legitimación del título de propiedad con el cual enajena a los ahora codemandados. De otra manera, es decir, dejando insubsistente el procedimiento a partir del ilícito emplazamiento seguido en contra del quejoso y substanciar el procedimiento hasta concluirlo con sentencia ejecutoria, resulta indiscutible que en ese proceso puedan deducirse todas las actuaciones, defensas y excepciones que la ley confiere a las partes, de donde puede resultar que ambas partes en el juicio natural dejan al margen sus pretensiones en contra de Ricardo Acosta Alvarez, para los efectos legales que resultan aplicables, si así corresponde a su derecho, por lo cual deberá revocarse la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y dos, por la C. Juez Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, en el recurso de queja, interpuesto al expediente A.I.268/91 por defecto en el cumplimiento de la ejecutoria RC-1709/91, y declarar el recurso fundado y procedente para el efecto de que el C. Juez Décimo de lo Civil en el expediente 884/78, declare insubsistente todo lo actuado con anterioridad al emplazamiento del quejoso, y en mérito de haberse desistido la parte actora de la demanda seguida en contra de mi autorizante, ordenar se substancie el procedimiento natural, a partir de la fecha en que se ha tenido por desistida a la parte actora en contra de mi autorizante. Segundo.-El considerando segundo de la sentencia recurrida en la cual la a quo otorga pleno valor probatorio a las constancias que remite el Juez Décimo de lo Civil, donde por auto de veinticuatro de marzo del año en curso se declara insubsistente el procedimiento seguido en contra de Ricardo Acosta y ordenó se le emplazara en su domicilio, con lo cual considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de referencia, y que como se desprende del proveído de siete de abril de este año, se tuvo por desistida a la parte actora de la demanda en contra de mi representado, lo que la a quo considera que trajo como consecuencia que a partir de ese momento el recurrente dejó de ser parte en la contienda judicial y concluye que carece de legitimación para impugnar un procedimiento en el que ya no tiene intervención, y declara sin materia la queja, invocando al respecto la tesis jurisprudencial 1032, antes mencionada, de la cual hace una transcripción, pero sin precisar de su parte, ninguna consideración jurídica de la aplicación de la jurisprudencia, ya que ésta sólo tiene aplicación a la procedencia del juicio de amparo en cuestión ajena al recurso. Ahora bien, tenemos que en el juicio de amparo al recurrente se le otorga el amparo y protección en contra de la falta de emplazamiento que se hizo en el juicio natural, por lo que la autoridad responsable, en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debe dejar sin efectos el emplazamiento, así como, todo lo actuado con posterioridad en el juicio, incluyendo la sentencia dictada en el incidente de liquidación de la sentencia, la interlocutoria que se dictó en ese incidente, cosa que no hizo el Juez responsable, pues como dice la Juez de Distrito dictó un auto que declara insubsistente el procedimiento en contra de Ricardo Acosta, cuando en ese proceso hay otros codemandados además del agraviado en este juicio constitucional, siendo el procedimiento único y no diversos procedimientos; si hay diversos codemandados en el juicio, es innegable que el Juez responsable debió de haber dejado insubsistente el emplazamiento que se hizo al señor Ricardo Acosta, en cuanto a los demás codemandados, tenerlos por emplazados y por contestada la demanda o acusada la rebeldía, y adem-ás dejar sin efectos las actuaciones posteriores incluyendo la sentencia dictada, el incidente de ejecución de sentencia que se dictó, cosa que no hizo el Juez, ya que sólo dice que deja insubsistente el procedimiento seguido en contra de Ricardo Acosta, cuando siendo unitario como se ha indicado, no puede, sólo dejar sin efectos únicamente respecto a uno de los demandados, toda vez que si se tramitó en el proceso hay una sentencia y sería absurdo que se dictara otra sentencia únicamente a Ricardo Acosta Alvarez, en un procedimiento especial, en que la ley aplicable o el tribunal que juzga, pudieran considerarse especiales, por estar prohibidos al inicio del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de contrariarse el principio de igualdad ante la ley, que consagra como primera garantía el artículo 1 de nuestra Carta Magna. De lo anterior, tenemos que no ha habido cumplimiento a la ejecutoria RC-1709/91, toda vez que no quedó sin efectos la sentencia dictada en el juicio ni la sentencia interlocutoria dictada en el incidente de ejecución de sentencia que actualmente subsiste y en ellas se condena al recurrente, tanto expresa como tácitamente, para responder del saneamiento por evicción, cuando se debió de haber dejado sin efectos, dichas resoluciones judiciales, aun en el caso que la parte actora se haya desistido de la demanda en contra del hoy quejoso, y se dicte nueva sentencia, donde ésta sea resolutiva sólo para las partes que intervengan en ese juicio. Por lo expuesto, debemos de concluir que no ha habido un total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, ya que existe defecto en su interpretación y aplicación. Es el caso que si no ha habido cumplimiento total de la ejecutoria, lo que hay es defecto, ya que aun suponiendo sin conceder que no sea el recurrente parte del juicio donde provienen los actos reclamados, tenemos que al no existir cumplimiento sino defecto en la ejecutoria de amparo, como parte del juicio de garantías subsiste el derecho que tiene el recurrente, e interés jurídico y económico, por las consideraciones que se han expresado, al no existir un total cumplimiento de la ejecutoria que le afecta en su esfera jurídica, y debe resolverse que sí está legitimado el recurrente para promover el recurso de queja que ha interpuesto, por medio del suscrito, para que la ejecutoria de amparo quede totalmente cumplida por ser ésta una cuestión de orden público como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. Asimismo, tenemos sin perjuicio de lo expresado anteriormente que si se le niega la calidad de parte en el juicio donde provienen los actos reclamados pero como parte en el juicio de amparo, o bien como tercero también puede el recurrente de conformidad con el artículo 97 fracción III de la Ley de Amparo, promover el recurso de queja, por las consideraciones que hemos expresado ante la falta de cumplimiento total de la ejecutoria de amparo que le afecta en su esfera jurídica, al subsistir en su contra la sentencia definitiva y una sentencia interlocutoria de ejecución de sentencia, de ambas, condenatorias en su contra, por lo que el recurrente, sí está legitimado para promover el recurso de queja que intenta. Con lo expresado debemos de concluir, que el recurrente sí está legitimado para promover el recurso de queja por las consideraciones que hemos expresado y porque la tesis jurisprudencial que se invoca no tiene aplicación, por no tratarse del recurso de queja, sino respecto a la procedencia del amparo, de donde resulta innegable que no se debió de haber declarado sin materia el recurso, sino que la Juez debió de resolver cada uno de los agravios, por lo que al no haberlo hecho, la sentencia que se recurre no se dictó conforme con lo previsto por los artículos 2, 80, 95 fracción IV, 96 y 113, de la Ley de Amparo y 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino con violación a las referidas disposiciones legales que la a quo invoca en la resolución que se combate. Tercero.-En el considerando segundo de la sentencia que se impugna, al estimar la a quo que se dio debido cumplimiento a la ejecutoria dictada en el toca RC- 1709/91, al declarar insubsistente el procedimiento única y exclusivamente por lo que hace al quejoso Ricardo Acosta Alvarez, y en ese orden tener a la actora por desistida de la demanda en contra de mi autorizante, y por tanto, deducir inexactamente que tal desistimiento trajo como consecuencia que a partir de ese momento el recurrente dejó de ser parte en la contienda judicial y careciendo de legitimación para interponer recursos en un procedimiento en el que ya no tiene ninguna intervención, declarar sin materia la queja de mérito, seguramente y aun sin pretenderlo la a quo consciente (sic) en un fraude a la ejecutoria, la ley, el procedimiento y el derecho de mi representado para hacerlo valer, como enseguida se pretende demostrar: A) Resulta un fraude a la ejecutoria dictada en el toca RC-1709/91 por este H. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, porque a pesar de haberse declarado insubsistente el procedimiento seguido en contra de mi representado con todos los efectos legales que en el juicio natural implica entre los actores y mi representado; y entre los codemandados, de los cuales formó parte mi autorizante, cuando menos formalmente, ya que de ambas relaciones surgen derechos, obligaciones y cargas, de las que un cumplimiento gramaticalmente formal pero sustancialmente carente del recto criterio jurídico que se desprende de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, ya que los ahora terceros perjudicados fueron incapaces por disposición de la Ley de Amparo, para desistirse del juicio de garantías tramitado ante la a quo en el expediente A. I. 268/91, o del RC-1709/91, en el que se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin embargo, al desistirse del emplazamiento en el juicio natural, pretenden dejar subsistente todo un procedimiento en el cual participa mi autorizante, solamente como condenado en tres instancias, y sin posibilidad de comparecer a juicio para argumentar las defensas y excepciones que le pudieran corresponder, así como para aportar las pruebas que le fuesen convenientes a su derecho, por lo cual se presenta el fraude procesal que es el relativo al acto o conjunto de actos procesales realizados en forma engañosa por una o ambas partes, aun involuntariamente para perjudicar a otra persona u obtener un beneficio indebido, que no sería posible satisfacer sino mediante un procedimiento regular, como lo consigna el Diccionario Jurídico Mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; el fraude procesal en el caso que nos ocupa queda configurado aun involuntariamente para las partes y el juzgador del juicio natural, así como para la a quo, si se considera que la parte actora en su escrito inicial de demanda en la primera instancia, demandó a causantes y causa-habientes relacionados con los terrenos que dice son de su propiedad, y que aún a la fecha no se ha demostrado, por lo que los codemandados causa-habientes de mi representado, al haber observado en el expediente natural que se le emplazaba a juicio, como todo mundo lo creyó, no denunciaron el juicio a Ricardo Acosta Alvarez, ni éste pudo comparecer como tercero coadyuvante a ese procedimiento, ni tampoco oponer defensa y excepciones, ni tampoco reconvenir a la contraparte actora, de donde resulta que por su aparente emplazamiento y condena, se encuentra obligado a responder ante sus causa-habientes y codemandados por el saneamiento por evicción, sin haber tenido la más mínima oportunidad de defensa; de donde resulta que al desistirse la parte actora de la demanda en su contra, el fraude procesal se actualiza al quedar condenado tanto directamente como puede leerse en la resolución de seis de febrero de mil novecientos ochenta y siete dictada en el toca 5/86 por la Segunda Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, como por la interlocutoria de ejecución de sentencia, dictada posteriormente, de donde le resulta a mi representado la responsabilidad al saneamiento por evicción, de la condena que pesa en su contra. B). Resulta un fraude a la ley, toda vez que con el resultado obtenido se incumple con la tesis de jurisprudencia número 138, publicada en las páginas 413 siguiente, de la Cuarta Parte, Tercera Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1985, que es del rubro "EMPLAZAMIENTO LUGAR PARA EFECTUARLO" y que se consideró aplicable por analogía de la materia mercantil a la civil, y que en el caso de la ejecutoria dictada en el RC-1709/91 de referencia se menciona en las páginas 55 y 56, con la cual se incumple y que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta obligatoria para el Juzgado de Distrito de referencia, ya que se evade su esencia, y se cambia al lado opuesto su sentido, puesto que no se restituye al agraviado en el goce de la garantía violada, puesto que queda subsistente todo un procedimiento que culmina en sentencia ejecutoria y del cual le resulta responsabilidad a mi autorizante, por haber sido condenado, por lo cual sí le para perjuicio la consideración que de la a quo se impugna en este procedimiento constitucional. C) Los actos que del Juez Décimo de lo Civil convalida la a quo en su considerando segundo de la sentencia que se impugna, constituyen un fraude al procedimiento, ya que el juzgador de primera instancia estima que pueden existir dos procedimientos paralelos, por lo que considera un juicio seguido por las sucesiones acumuladas que constituyen la parte actora vs. únicamente mi representado Ricardo Acosta Alvarez, y otro juicio relativo a las mismas sucesiones acumuladas que constituyen la parte actora, en contra de todos los demás codemandados, donde consiente la contradicción al principio de lógica antes mencionado que señala que las afirmaciones contradictorias violan las reglas generales de la lógica y que no puede ser una cosa y dejar de ser al mismo tiempo, lo cual contradice la a quo al convalidar el defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, al considerar que el procedimiento de primera instancia puede ser válido para los actores contra los codemandados, salvo mi autorizante, y el mismo procedimiento es inválido o ilícito e ineficaz, en el mismo tiempo y lugar, en la misma vía y forma, por los mismos actores, pero esta vez en contra de Ricardo Acosta Alvarez, por lo que si se desisten de la demanda en contra de este último, ya convalidan o dejan subsistente todo lo demás actuado, no obstante que mi representado resulte condenado tanto en la ejecutoria que originalmente concluye dicho procedimiento, como en las obligaciones que le resultan a mi autorizante en la ejecución de sentencia. El criterio adoptado resulta absurdo si se consideran dos procedimientos paralelos, ya que por ser codemandado mi representado, y contar con causa- habientes de los terrenos de los que originalmente fue copropietario y ahora son propietarios los diversos codemandados que con él aparecen sentenciados en el juicio natural, es claro que quien está obligado al saneamiento en caso de evicción cumple con su obligación si se legitima en el procedimiento judicial, para consolidar la titularidad de lo que enajenó por lo cual las excepciones y defensas o acciones reconvencionales que tenga en contra de la parte actora, benefician a los demás codemandados que resulten sus causa-habientes, por lo cual al no declararse insubsistente todo el procedimiento que debe ser considerado en su unicidad (sic) de juicio, para que a partir del ilícito emplazamiento, y ahora del desistimiento de la parte actora en contra de mi representado, se sustancie el procedimiento que deberá culminar con sentencia definitiva en la que no se le pare perjuicio a mi autorizante, ya que un solo proveído del Juez natural, en el caso que nos ocupa resulta contrario a la ley e insuficiente para revocar una sentencia de primera instancia donde resulta condenado mi representado, un toca de segunda instancia que lo confirma, y un amparo directo, del cual forma parte como tercero perjudicado una persona que nunca fue emplazada a juicio, lo cual sí puede y debe restablecerse en cumplimiento analógico de la ejecutoria dictada en el RC-1709/91, donde tiene aplicabilidad la tesis de jurisprudencia 196, publicada en la página 589 y siguiente, de la Cuarta Parte, Tercera Sala, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1985, que es del rubro: 'NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, SOLO PROCEDE RESPECTO DEL PROCESO FRAUDULENTO'. En principio no procede la nulidad de un juicio mediante la tramitación de un segundo juicio, por respeto a la autoridad de la cosa juzgada; pero cuando el primer proceso fue fraudulento, entonces su procedencia es manifiesta y el tercero puede también excepcionarse contra una sentencia firme, pero no contra la que recayó en juicio de estado civil, a menos que alegue colusión de los litigantes para perjudicarlo. Quinta Epoca: Suplemento de 1956, página 333, A.D. 4232/53. José Guadalupe Razo. Cinco votos. Sexta Epoca, Cuarta Parte: Vol. XXVI, página 155. A.D. 7641/58. Manuel Hernández. Cinco votos. Vol. XXXIV. Página 114. A.D. 6942/56. Felipe R. Hernández y coags. Unanimidad de cuatro votos. Vol. LXI, página 189. A.D. 2626/61. Arnulfo Hermida Rivas. Cinco votos. Vol. LXXI. Página 63. A.D. 6809/61. Alfonso Chanona López, suc. Unanimidad de votos. C). Con el considerando segundo de la sentencia que se impugna, la a quo omite observar que el consentir el supuesto cumplimiento a la ejecutoria de amparo que en realidad resulta un cumplimiento defectuoso, por tergiversar el contenido jurídico, y por ende el alcance procesal de la ejecutoria dictada en el RC-1709/91, ya que debió declararse insubsistente todo el procedimiento, a partir del ilícito emplazamiento a mi representado, para que las partes ya emplazadas, y aun desistiéndose la actora del emplazamiento en contra de mi representado, hicieran valer los derechos que les confieren los artículos 2140 fracción V y 2124 del Código Civil, en relación con los artículos 1, 21, 22, 92 y 657 del Código de Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos para el Distrito Federal, por lo que en su oportunidad deberá declararse procedente y fundado el presente recurso y revocar la resolución recurrida, para el efecto de que se sustancie el procedimiento a partir del momento procesal en que las sucesiones actoras, se desisten de la demanda en contra de mi representado en el juicio natural, tramitado en el expediente 884/78 ante el C. Juez Décimo de lo Civil del Distrito Federal". Quinto.-Los conceptos de agravio transcritos anteriormente, cuyo estudio se hará en su conjunto por su estrecha vinculación, son infundados en parte e inatendibles por otra. En efecto, conviene al caso concreto, para un mejor entendimiento de la problemática planteada en los agravios de referencia, señalar que el juicio de garantías en que se dictó la sentencia recurrida en esta queja que hoy se resuelve, fue promovido por el quejoso contra actos del Juez Décimo de lo Civil de esta ciudad, reclamando el ilegal emplazamiento que se le hizo en el juicio ordinario civil 884/78, seguido por las sucesiones acumuladas de Alfonso Barragán Morfín y María Luisa Gortazar de Barragán, en contra de Víctor Daniel Rivera Grijalba y otros codemandados, entre ellos el hoy recurrente, Ricardo Acosta Alvarez, así como todo lo actuado en dicho procedimiento, incluyendo la sentencia definitiva que se hubiera dictado y las demás actuaciones subsecuentes, como son "los recursos que la ley confiere" y que se hubieran promovido por las partes en el juicio ante la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, inclusive la sentencia que al efecto se hubiere dictado, así como las consecuencias legales que se derivan de tal resolución (foja 2 del cuaderno de amparo indirecto). Con fecha diez de octubre de mil novecientos noventa y uno y una vez seguido el juicio por sus trámites, la Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, dictó sentencia constitucional en la que negó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado (fojas 1040 a 1044 del citado cuad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/683-348bb8ed/ejecucion-de-sentencias-de-amparo-indirecto-queja-infundada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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