Corpus
Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA LABORAL. NO SE SURTE EN FAVOR DE LA AUTORIDAD FEDERAL CUANDO SÓLO SE RECLAMA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS ESTATUTOS DE UN SINDICATO NACIONAL, AL NO ACTUALIZARSE EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 527 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 1 DE MAYO DE 2019.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 206/2023. · Registro digital (IUS): 32092
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-26
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo III, Pág.2993.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 206/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO Y, EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

El problema jurídico por resolver consiste en determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, el criterio que con carácter de jurisprudencia debe prevalecer.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE:

1. Denuncia de la contradicción. Por escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos Alberto López del Río, Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre ese órgano jurisdiccional, al resolver el conflicto competencial laboral 36/2023, en contra de lo sostenido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 9/2009, que dio origen a la tesis I.13o.T.240 L, de rubro: "SINDICATOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, DEBE DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CUANDO SU ESTATUTO RIJA EN MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA."(1)

2. Lo anterior refiere, porque ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron de manera distinta sobre el alcance del artículo 527, in fine, de la Ley Federal del Trabajo, para resolver la cuestión competencial relacionada con conflictos entre un sindicato nacional que rige en más de una Entidad Federativa y sus miembros, y llegaron a conclusiones distintas sobre la solución aplicable.

3. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el expediente con el número 206/2023 y lo admitió a trámite; además, proveyó lo necesario para la integración del asunto y ordenó su turno al Ministro Alberto Pérez Dayán.

4. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil veintitrés, el Presidente de la Segunda Sala determinó que ésta se avoca al conocimiento del asunto y se tuvo por recibido el oficio por el que el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, remitió copia certificada de la resolución relativa al conflicto competencial 9/2009 del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

5. En auto de veintitrés de agosto siguiente, el Presidente de la Segunda Sala tuvo por recibido el oficio del Órgano Colegiado del Primer Circuito, donde informó que el criterio sostenido, al resolver el conflicto competencial 9/2009 se encuentra vigente. En esos términos, el expediente se encontraba debidamente integrado, por lo cual ordenó la remisión a su ponencia para la elaboración del proyecto respectivo.

I. COMPETENCIA

6. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(2) de la Constitución Federal; 226, fracción II,(3) de la Ley de Amparo, y 21, fracción VII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero(5) del Acuerdo General Plenario Número 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, y el Transitorio Segundo del instrumento normativo que los modifica, de diez de abril del mismo año,(6) toda vez que la contradicción se da entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos y Regiones, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. LEGITIMACIÓN

7. La contradicción de criterios fue denunciada por parte legitimada para ello, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227,(7) fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Presidente del Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, órgano jurisdiccional de donde derivó una de las ejecutorias contendientes.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

8. El Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito conoció del conflicto competencial 36/2023, que derivó de los hechos siguientes:

8.1 Gualberto García Pecina, demandó del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XII de Coahuila, la cancelación, nulidad o revocación de las sanciones consistentes en "I) La destitución del cargo sindical que venía desempeñando mi representado Gualberto García Pecina como Primer Secretario de la Comisión de Honor y Justicia Sección XII de Coahuila; y, II) La suspensión de los derechos sindicales de mi representado Gualberto García Pecina por 1270 días. B) Por consiguiente, solicito la reinstalación en el cargo sindical que venía desempeñando mi representado Gualberto García Pecina como Primer Secretario de la Comisión de Honor y Justicia Sección XII de Coahuila, con todos los beneficios y derechos inherentes a dicho cargo y en los mismos términos que lo venía desempeñando, C) El pago de todos los beneficios que deje de percibir mi representado Gualberto García Pecina como Primer Secretario de la Comisión de Honor y Justicia Sección XII de Coahuila, desde la fecha de la resolución que se impugna, hasta que se lleve a cabo la reinstalación, reincorporación o reintegración de mi representado Gualberto García Pecina en el encargo de Primer Secretario de la Comisión de Honor y Justicia Sección XII de Coahuila."

8.2 El conocimiento de la demanda correspondió a la Junta Especial Número Veinticinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Saltillo, que por auto de tres de enero de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente para conocer de ella al considerar que las prestaciones reclamadas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XII de Coahuila, no encuadran en ninguno de los supuestos del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que rige la esfera de competencia en razón de la materia de las autoridades federales del trabajo. Por lo que ordenó remitir el expediente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la misma ciudad.

8.3 En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; en diligencia de once de enero de dos mil veintitrés, el apoderado del sindicato demandado promovió incidente de competencia, al considerar que el conocimiento del asunto correspondía al fuero federal; y mediante resolución de uno de febrero siguiente, determinó que al ser la parte demandada un sindicato de carácter nacional, que se rige dentro de la jurisdicción federal por el apartado A, del artículo 123 constitucional, era incompetente para conocer del asunto, por lo que ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito.

8.4 Al resolver el conflicto competencial en sesión de nueve de junio de dos mil veintitrés, el Órgano Colegiado de Circuito determinó que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila, era la competente para conocer del asunto conforme a las consideraciones siguientes:

• Las prestaciones reclamadas se enderezaron contra el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XII, Coahuila, que se hicieron consistir en aspectos estrictamente intersindicales, a saber, la destitución del cargo que venía desempeñando, la suspensión de los derechos sindicales y la reinstalación del cargo.

• Del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Federal, en relación con los diversos 527, 528, 529 y 698 de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene que la aplicación de las leyes de trabajo y resolución de controversias laborales corresponde, por regla general, a las autoridades de las entidades federativas y, sólo por excepción, al ámbito federal.

• Entonces, para fijar la competencia en favor de las Juntas Federales, debe quedar plenamente acreditada la actualización del supuesto de excepción previsto por la norma.

• En el caso no se actualiza ninguno de los supuestos legales establecidos para la competencia federal, porque la parte actora no enderezó en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social acción alguna, sino que su reclamo versó sobre cuestiones estrictamente intersindicales.

• De la normativa referida no se advierte como supuesto de excepción para fincar la competencia en favor de la autoridad federal, el hecho de que se reclamen prestaciones intersindicales, a una organización sindical perteneciente a un organismo cuya competencia, en algunos casos, corresponde a la autoridad federal, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• No se comparte la tesis I.13o.T.240 L emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "SINDICATOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES PLANTEADOS POR MIEMBROS DE SU DIRECTIVA, DEBE DIRIMIRSE ANTE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CUANDO SU ESTATUTO RIJA EN MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA.", en la que se estimó que el último párrafo del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, cobra aplicación en supuestos como el de la especie por identidad jurídica, porque en su opinión, el conflicto de origen derivó de la interpretación y cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional que rige en más de una Entidad Federativa, por lo que, la competencia para conocer de los conflictos intersindicales de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se surte en favor de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.

• Postura que no se comparte porque en el caso no se advierte que se esté reclamando alguna cuestión relacionada con el contrato colectivo aplicable al Instituto Mexicano del Seguro Social; y de estimar que cuando el conflicto de origen deriva de la interpretación y cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional, como aquí acontece, resulta aplicable el precepto citado, implicaría la creación de un supuesto no establecido por el legislador, en tanto, los estatutos sindicales no forman parte del contrato colectivo de trabajo, por lo que no se puede hacer extensiva la hipótesis de referencia.

• Lo anterior sin soslayar la jurisprudencia 2a./J. 15/2023 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA LABORAL. SE SURTE A FAVOR DE LA AUTORIDAD FEDERAL, CUANDO SE RECLAMA EL PAGO DE LA AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN DE UN TRABAJADOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AFILIADO A SU SINDICATO NACIONAL.", donde para concluir que la competencia es federal cuando se reclama el pago de ayuda sindical por defunción de un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social afiliado a su sindicato nacional, se tomó en consideración que la prestación reclamada involucraba la aplicación del contrato colectivo de trabajo que rige en el citado instituto, el cual es obligatorio en más de una Entidad Federativa.

• Lo que deja claro que el supuesto de competencia federal se surtió porque se está en presencia de la aplicación del contrato colectivo, supuesto que no puede hacerse extensivo cuando se trata de los estatutos de un sindicato nacional, pues éstos, no forman parte del pacto colectivo.

9. Por otra parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito conoció del conflicto competencial 9/2009, que deriva de los hechos siguientes:

9.1 José Saúl Alvarado López, demandó, entre otros, al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como a su Sección V, Estado de México-Oriente, y a la Comisión de Honor y Justicia del sindicato y sección referidos, las prestaciones consistentes en: "1. El cumplimiento del Contrato Colectivo y, como consecuencia la reinstalación en el puesto que venía desempeñando en los mismos términos y condiciones en que lo venía haciendo, más las mejoras, incrementos y beneficios que tuviere su salario en el momento de su legal reinstalación. 2. El pago de salarios caídos. Se reclama dicha prestación con fundamento en el artículo 50, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, como consecuencia del despido injustificado que sufrió el actor, los cuales deberán cuantificarse desde la fecha del injustificado despido y de los que sigan venciendo por causas imputables a los demandados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 84 y 89 de la ley laboral, y con todos los incrementos salariales legales y contractuales que se generen hasta la conclusión del presente conflicto ... 3. La invalidez y revocación del dictamen de 7 de octubre de 2004, en el cual destituye al actor de su cargo de Secretario del Interior y Propaganda, y como consecuencia de la nulidad de dicho dictamen se le restituyan sus derechos. 4. El pago de bono o aguinaldo, consistente en tres meses de sueldo correspondiente al año 2004, en su parte proporcional. 5. El pago de vacaciones, prima vacacional por todo el tiempo laborado y que los demandados se abstuvieron de cubrirle al actor. 6. El pago de premios por festejo o reconocimiento anual que se otorga conforme a mi categoría, conforme lo (sic) estipula la cláusula 78 bis del Contrato Colectivo de Trabajo. 7. El pago de gastos de representación y viáticos, que asciende a la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, contados a partir del 15 de octubre de 2004, fecha en que se omitió entregar al suscrito dichos gastos y viáticos, más las que se sigan venciendo hasta la total solución de este conflicto. 8. El pago de todas y cada una de las prestaciones que con motivo del cargo se hayan generado y sean otorgadas por la sección sindical correspondiente, mismas que se justificarán con pruebas que se aporten en el sumario. 9. La publicación en los medios electrónicos, escritos y demás medios de publicidad en la cual se dé a conocer la revocación o invalidez del dictamen de destitución que impugno en esta demanda, a cargo de los demandados, en virtud de haberse publicado la misma, sin tener aval del congreso o consejo más próximo. 10. La determinación de esta Junta laboral, en el sentido de que por no haber sido presentado a la asamblea, congreso o consejo más próximo, el dictamen de destitución del cargo que combato ya no se puede presentar a ningún otro consejo o congreso siguiente, en virtud de que el dictamen es de 7 de octubre de 2004, y el congreso nacional número XLIII, que fue el más próximo y se celebró el 11 de octubre del mismo año, pero no fue así, y por ello se perdió ese derecho y ante ello y en cumplimiento al artículo 139, fracción segunda, ya no se podrá presentar en uno posterior. 11. El pago de las cantidades que resulten de los perjuicios ocasionados al suscrito por la resolución y actos inherentes a la misma, que impugno, y a cargo de los demandados, sin perjuicio de su actuar conforme a los estatutos. 12. El pago de horas extras por concepto de tiempo laborado en forma extraordinaria y que se vio obligado el actor a desarrollar y desempeñar a favor de los demandados, debido al cargo de Secretario del Interior y Propaganda, por lo que el pago de dicho tiempo extra, deberá ser calculado al 200 % del salario normal, por lo que hace a las primeras 9 horas extras semanales, con fundamento en lo previsto por el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo, durante todo el tiempo en que duró la relación laboral."

9.2 Por razón de turno la demanda se envió a la Junta Especial Número Dieciséis de la Local de Conciliación y Arbitraje del entonces Distrito Federal, que el dieciocho de junio de dos mil siete, al resolver el incidente de incompetencia hecho valer por el sindicato demandado y su Comisión Nacional de Honor, determinó que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje era competente para conocer del asunto en razón de lo siguiente:

• De conformidad con lo dispuesto en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocer de las controversias que se susciten sólo entre trabajadores, tal como sucedía en el caso, ya que el conflicto es entre exmiembros de una directiva sindical con el propio sindicato y una de sus secciones.

• De la interpretación de los artículos 365 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, se deduce que el registro de los sindicatos constituye un factor determinante para decidir la competencia local o federal, por lo que para fijar la competencia en todos los casos en que un sindicato aparezca como demandado principal, debe atenderse a la regla que dé la pauta a su registro, así como a la naturaleza de la acción ejercitada y el carácter con que se funja.

• En ese sentido, al estar registrado el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por tratarse de un conflicto individual planteado por un ex miembro de la directiva del sindicato, corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocer del asunto.

9.3 Por acuerdo de doce de marzo de dos mil ocho, la Junta Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, negó aceptar la competencia declinada dado que de la demanda no advirtió alguna prestación reclamada al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que la prestación principal reclamada por el actor iba dirigida al Sindicato Nacional de Trabajadores de ese Instituto, por lo que, por razón de materia, correspondía conocer a la Junta Local, y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en turno.

9.4 El Órgano Colegiado del conocimiento, al resolver el conflicto competencial en sesión de once de junio de dos mil nueve, determinó que la Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, era la competente para conocer del asunto conforme a las consideraciones siguientes:

• Del contenido del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que a la Junta Federal le corresponde conocer de aquellos conflictos laborales en empresas o industrias de carácter federal, así como empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, que actúen por un contrato o concesión federal y las industrias que le sean conexas, o ejecuten trabajos en zonas federales, aguas territoriales o comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación, así como en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas, contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa, obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo, por lo que lo no incluido en ese precepto es competencia local.

• Del precepto referido no se advierte que corresponda a las autoridades federales la competencia para conocer de conflictos contra un sindicato.

• El hecho de que el sindicato tenga celebrado un contrato colectivo con una empresa que es administrada por el Gobierno Federal, no puede definir la competencia federal, porque la norma constitucional no privilegia la relación entre sindicato y la empresa. • Cuando se demande únicamente al sindicato, aunque tenga la titularidad del contrato colectivo que rige las relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa, no es suficiente para que se determine la competencia federal, pues no se encuentra en alguna de las hipótesis expresamente previstas en la norma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 4a./J. 1/91, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA LOCAL. SINDICATOS OBREROS DEMANDADOS COMO PATRONES."

• La regla general admite excepciones, entre las que se encuentran las previstas en el último párrafo del invocado artículo 527, esto es, la autoridad federal será competente para conocer de la aplicación de las normas de trabajo en asuntos: a) Relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; b) Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; y, c) Obligaciones patronales en las materias de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

• Así, aun cuando la regla general establece que no puede considerarse que la competencia para conocer de un conflicto laboral se surte en favor de las autoridades federales, en los casos en que la parte actora demande a un sindicato; la hipótesis prevista en el inciso b), se configura cuando se demandan prestaciones cuyo otorgamiento o denegación, involucran la aplicación de un contrato colectivo obligatorio en más de una Entidad Federativa, pese a que el demandado sea una organización obrera.

• Consideraciones que se apoyan en la tesis 4a. XXVI/92, aprobada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE CUANDO SE DEMANDE A UN SINDICATO OBRERO, SI LAS PRESTACIONES RECLAMADAS INVOLUCRAN LA APLICACIÓN DE UN CONTRATO OBLIGATORIO EN MÁS DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA."

• En el caso, se actualiza, por identidad de razón, la hipótesis de competencia prevista en el inciso b).

• Lo que queda evidenciado de las prestaciones demandadas por el actor, entre las que se encuentran, el cumplimiento del contrato colectivo y la reinstalación en el puesto que venía desempeñando, en los mismos términos y condiciones en que lo venía haciendo.

• Sin que lo anterior, prejuzgue sobre la procedencia de las prestaciones reclamadas por el actor, pues el Órgano Colegiado advierte que el conflicto laboral de origen constituye, esencialmente, un conflicto intersindical, configurado entre el sindicato demandado y uno de los miembros de su directiva (Secretario del Interior y Propaganda de la Sección V, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social) es decir, una controversia entre trabajadores y no derivada de una relación laboral, entre trabajador y patrón.

• La interpretación sistemática de los artículos 356, 357, 359, 360, 371, 373, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, permite establecer que los sindicatos de trabajadores son personas morales constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus asociados que, para la consecución de sus fines, requieren de una directiva que los represente y administre, según lo establecido en sus estatutos.

• Los miembros electos del comité ejecutivo de una organización sindical son los encargados de la representación y administración, por tanto, el vínculo entre la referida persona moral y los integrantes de su directiva, resulta ser de naturaleza meramente intersindical, esto es, entre trabajadores, no obrero-patronal, ya que las actividades que realizan no reúnen las características de una relación laboral en términos de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, la prestación de un servicio personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

• Lo anterior, en virtud de que la representación que ostentan respecto del sindicato es para la consecución de sus fines, sin que esté sujeta a una relación de mando-obediencia, aun cuando se asignan determinados ingresos con motivo de esa función, pues éstos, en su caso, se traducen en compensaciones económicas que no revisten el concepto de salario en términos de lo que dispone el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, por tanto, resulta inexistente un vínculo laboral entre el sindicato de trabajadores y los socios miembros de su directiva.

• Cuando un integrante de la directiva del sindicato demanda su destitución, se actualiza otro caso de excepción a la regla general para determinar la competencia tratándose de conflictos entre trabajadores, puesto que, aun cuando aquélla apunta a que los conflictos entre el sindicato y sus agremiados son competencia de las autoridades laborales locales; en el caso, por identidad jurídica, cobra aplicación la segunda hipótesis prevista en el artículo 527, in fine, de la Ley Federal del Trabajo, puesto que si bien las prestaciones reclamadas no derivan de la aplicación de un contrato colectivo obligatorio en más de una Entidad Federativa, no menos verídico resulta que el conflicto de origen deriva de la interpretación y cumplimiento de los estatutos de un sindicato nacional, que rige en más de una entidad de la Federación.

• Por tanto, la competencia para conocer de los conflictos intersindicales de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se surte en favor de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje, puesto que lo que se reclama es la aplicación de los estatutos de esa organización sindical que establecen las bases orgánicas para la administración y funcionamiento de ese gremio, cuya obligatoriedad rige en todo el país.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

10. Acorde con el discernimiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios se actualiza cuando las Salas de este Alto Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias fácticas sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.

11. Lo expuesto se corrobora con la jurisprudencia y la tesis, cuyos rubros son: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(8) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(9)

12. De lo anterior deriva que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por el Tribunal Colegiado de Circuito, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

13. En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

14. De manera que, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción debe declararse inexistente.

15. Acorde con lo hasta aquí expuesto, esta Segunda Sala concluye que en el caso particular sí existe la contradicción de criterios denunciada, entre lo sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, porque al pronunciarse sobre un mismo punto jurídico, relativo a determinar la competencia del órgano que debe conocer de la demanda promovida por un exmiembro de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, donde se reclama a ese sindicato la destitución y reinstalación en el puesto, así como el pago de diversas prestaciones, los órganos Colegiados de Circuito arribaron a consideraciones opuestas.

16. Se afirma lo anterior porque el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, conoció de un conflicto competencial suscitado entre una Junta Federal y una Junta Local, ambas de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Saltillo, Coahuila, para conocer de la demanda promovida por un exmiembro de la directiva sindical, que reclamó del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XII de Coahuila, la cancelación, nulidad o revocación de las sanciones consistentes en: 1) La destitución del cargo sindical que venía desempeñando como Primer Secretario de la Comisión de Honor y Justicia, Sección XII de Coahuila; y, 2) La suspensión de los derechos sindicales por 1270 días; solicitando la reinstalación en el cargo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32092-8f433dda/competencia-laboral-no-se-surte-en-favor-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.