DOCUMENTO DE ELECCIÓN PREVISTO EN EL "REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCIÓN QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO", SI CARECE DE HUELLA DIGITAL DE LA PERSONA TRABAJADORA, NO DEMUESTRA SU VOLUNTAD DE EJERCER EL DERECHO DE OPCIÓN DE RÉGIMEN PENSIONARIO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 87/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 3 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ (PRESIDENTA) Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 87/2023, entre los sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad.
2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar si el "documento de elección" previsto por el "Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", que carece de huella digital de la persona trabajadora, tiene el alcance de demostrar fehacientemente su voluntad de ejercer el derecho de opción de régimen pensionario, debido a que con posterioridad aseveró haberlo firmado; o no lo tiene, porque su huella digital y su firma, junto con otros, son requisitos mínimos que debe reunir dicho documento para el referido efecto, en términos de lo que dispone el artículo 26 de aquél.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Mediante oficio 24-1-1-31736/23 de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente y el Secretario de acuerdos de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad capital, comunicaron a este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, la denuncia que el primero de ellos formuló en el acuerdo que en igual fecha dictó en el juicio contencioso administrativo 716/22-24-01-1, respecto de la posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito al dictar sentencia en el amparo directo 137/2023 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en las mismas materias y del propio circuito, al resolver el amparo directo 142/2023.
4. En proveído de treinta de octubre del año que concluyó, la Presidencia de este Pleno Regional radicó el asunto como contradicción de criterios 87/2023, admitiéndolo a trámite; solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informaran si los criterios de la posible contradicción se encuentran vigentes y que pusieran a disposición la consulta del expediente electrónico de cada uno de los asuntos involucrados, así como la de aquellos de los que éstos hayan derivado; también, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto, aunado a que se realizó el turno electrónico de éste.
5. Vía oficio 8437/2023, de ocho de noviembre del referido año, el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito hizo saber que en sesión pública celebrada el siete anterior, el referido órgano colegiado abandonó (sic) el criterio que sostuvo al dictar sentencia en el amparo directo 142/2023 de su índice y que por tal motivo, cuatro asuntos relativos a la misma temática fueron retirados para verse en sesión posterior, a fin de realizar un mayor estudio ante una nueva reflexión; asimismo, que puso las actuaciones respectivas al asunto en contienda a disposición de este Pleno Regional para su acceso electrónico por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
6. Por oficio 178/2023, de nueve de noviembre de la anualidad anterior, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito informó que el criterio que sostuvo al resolver en definitiva el amparo directo 137/2023 está vigente; también comunicó que puso los autos correspondientes a disposición de este Pleno para su acceso electrónico a través del sistema antes indicado.
7. A través del oficio DGCCST/X/968/11/2023, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el encargado del despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
8. En auto de veintisiete de noviembre de la anualidad en cita, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y el artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que se encuentran dentro de la región Centro-Sur y por cuya semiespecialización corresponde conocer a este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por quien figuró como autoridad responsable en los juicios de amparo directo 137/2023 y 142/2023, en los que se emitieron los criterios que motivaron la contradicción de criterios que nos ocupa.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es conveniente informar, en principio, las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.
12. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito conoció del amparo directo 137/2023. Los antecedentes del caso son:
13. Una persona física demandó la nulidad de la resolución emitida por la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos adscrita a la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a través de la cual declaró improcedente su solicitud de modificación de régimen pensionario en el que fue inscrita y conforme al cual se encuentra cotizando, a fin de que sea migrada del régimen pensionario de "bonos de pensión del ISSSTE en cuentas individuales" al diverso previsto en el artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
14. La Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, competente para conocer del asunto, lo radicó y tramitó como juicio contencioso administrativo 716/22-24-01-1, dictando sentencia el treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que resolvió que la parte actora no probó su pretensión y en consecuencia, reconoció la validez de la resolución impugnada debido, en lo que aquí interesa, a que "...el demandante, como ha quedado expuesto, no desconoció el documento de elección, ni negó que la firma que contiene el mismo fuera de ella (sic), sino por el contrario, admitió haberlo hecho como premisa de su pretensión de cambio de régimen pensionario; no debe obviarse que la huella digital se previó como requisito para asegurar que sea el trabajador quien en efecto manifieste su voluntad mediante el ejercicio de su derecho de opción, por tanto, ante el reconocimiento expreso que efectúa el actor, la falta de huella digital constituye una ilegalidad no invalidante, dejando con ello intocada la validez del documento de mérito."
15. Determinación contra la que se promovió el juicio de amparo directo antes citado, en el que, en sesión de veintiocho de septiembre inmediato pasado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito dictó sentencia concediendo el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, porque:
• La Sala responsable se equivocó al analizar el cuestionamiento de la parte actora, relativo a si el documento de elección contenía los elementos establecidos en el artículo 26 del "Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", específicamente el señalado en la fracción IX de ese numeral.
• El artículo 26 del mencionado reglamento tuvo como propósito establecer enunciativamente los datos que debería contener el formato de elección que serviría de medio para que la persona trabajadora manifestara su opción de régimen de pensión, y la parte actora en su demanda de nulidad expuso argumentos relacionados con dichos requisitos; situación que pasó por alto la Sala responsable, con lo cual quedó demostrada su ilegal actuación al no haber tomado en consideración los argumentos expuestos, en violación a lo establecido por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
• De los artículos 1 y 26 del reglamento aludido, se advierte que éste tuvo como finalidad facilitar a la persona trabajadora el ejercicio del derecho de comunicar su elección de régimen pensionario, así como establecer los instrumentos y procedimientos para que ejerciera su derecho de opción sobre el régimen que regiría su pensión en el futuro, de manera informada; es decir, estableció los mecanismos para facilitarle el ejercicio de su derecho de opción de régimen pensionario, sin que ello desvirtuara la naturaleza personalísima del citado derecho, ni condicionara la validez de la opción elegida a la satisfacción de determinadas fórmulas sacramentales, pues el objetivo del reglamento fue únicamente poner los medios para que ese acto de decisión se diera de manera clara, fehaciente e informada.
• La necesidad de la consignación de los datos que refiere el precitado artículo 26 obedece a la racionalidad del sistema implementado para el ejercicio del derecho de opción, y a garantizar este último de manera fehaciente e informada con el propósito de dar certeza y seguridad jurídica al acto de decisión.
• No puede dispensarse el señalamiento de alguno de los requisitos establecidos en dicho precepto; específicamente, el que debe contener el documento de elección consistente en la firma y la huella digital de la persona trabajadora, esto es, debe contener ambos. Si el legislador (sic) hubiera tenido la intención de que fuera la firma o la huella lo hubiera plasmado así optando por la conjunción "o", esto es, que fuera opcional dicho requisito de la firma o la huella; no así como lo estableció en el referido artículo 26, fracción IX, es decir, que debe ser la firma y la huella.
• Los datos relativos al espacio para la firma autógrafa y la huella digital de la persona trabajadora, establecidos en el artículo 26, fracción IX, del reglamento citado, no constituyen simples formalismos carentes de relevancia, pues la trascendencia de contar con tales datos deriva de la indicación legal y reglamentaria de que la expresión de la voluntad de las y los trabajadores debe estar plenamente demostrada, ante la trascendencia de la decisión ahí expresada para el futuro de la persona servidora pública.
• No pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 6/2021 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "RENUNCIA. CUANDO EL DOCUMENTO RESPECTIVO CONTENGA DOS ELEMENTOS DE SUSCRIPCIÓN, COMO SON LA HUELLA DACTILAR Y LA FIRMA AUTÓGRAFA, BASTA QUE SE ACREDITE LA VERACIDAD DE UNO DE ELLOS PARA DARLE PLENA EFICACIA PROBATORIA (ARTÍCULO 802 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012).", que invocó la autoridad responsable en apoyo a su decisión; sin embargo, analiza en específico el contenido del artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, vigente hasta el treinta de noviembre de dos mil doce; precepto legal que señala que se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, entendiendo por suscripción la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe y que la suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital. Supuesto distinto al analizado, porque el artículo 26 del reglamento en mención sí exige la satisfacción de ambos requisitos (firma y huella digital), de ahí que resulte inexacto que la autoridad responsable haya invocado la jurisprudencia de referencia, toda vez que en el caso es insuficiente la satisfacción de solo uno de esos elementos.
• También es inexacta la afirmación de la autoridad responsable en cuanto a que ante el reconocimiento expreso que efectúo la parte actora, la falta de huella digital constituye una ilegalidad no invalidante y deja intocada la validez del documento de mérito, porque la aseveración de la parte actora sólo implica que manifestó haberlo firmado, pero con tal afirmación de ningún modo se podría llegar a la conclusión de que ha colmado todos los requisitos mínimos que establece el artículo 26 del multicitado reglamento para sostener la validez del documento, pues dicha circunstancia no tiene el alcance necesario para convalidar la falta de huella digital, tal como lo exige el reglamento en mención.
• En conclusión, la inexistencia de la huella digital de la persona trabajadora sí invalida la decisión contenida en el documento de elección, de manera que dicho acto no puede surtir efectos jurídicos.
• Citó como apoyo la jurisprudencia V.2o.P.A. J/4 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, de rubro: "DOCUMENTO DE ELECCIÓN PREVISTO EN EL REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPCIÓN QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS QUINTO Y SÉPTIMO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 26 DE ESE ORDENAMIENTO NO SÓLO ESTABLECE LOS DATOS QUE DEBE CONTENER EL FORMATO RELATIVO, SINO TAMBIÉN AQUELLOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU LLENADO, COMO LA FECHA EN QUE LA DEPENDENCIA PATRONAL LO RECIBIÓ."
• Precisó que la jurisprudencia III.1o.A. J/6 A (11a.), integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el rubro: "ELECCIÓN DEL RÉGIMEN PENSIONARIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL DOCUMENTO DENOMINADO ‘TRANSACCIÓN DE DOCUMENTO DE ELECCIÓN’ ES INEFICAZ PARA DEMOSTRAR QUE SE OPTÓ POR EL BONO DE PENSIÓN EN CUENTA INDIVIDUAL. " es aplicable para la resolución del caso, por analogía, en cuanto a la insoslayable satisfacción de todos los requisitos establecidos en el artículo 26 del "Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado."
• Al no consignarse en el documento de elección la huella digital de la persona trabajadora, resultó desacertada la conclusión a la que arribó la autoridad responsable.
16. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito conoció del juicio de amparo directo 142/2023. Los antecedentes del caso son:
17. Una persona física demandó la nulidad de la resolución emitida por la Subdirección de Afiliación y Vigencia de Derechos adscrita a la Dirección Normativa de Inversiones y Recaudación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a través de la cual declaró improcedente su solicitud de modificación de régimen pensionario en el que fue inscrita y conforme al cual se encuentra cotizando, para el efecto de que sea migrada del régimen pensionario de "bonos de pensión del ISSSTE en cuentas individuales" al diverso previsto en el artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
18. La Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien correspondió conocer del asunto, lo radicó y tramitó como juicio contencioso administrativo 706/22-24-01-1, dictando sentencia el treinta de enero de dos mil veintitrés, en la que resolvió que la parte actora no probó su pretensión y en consecuencia, reconoció la validez de la resolución impugnada debido, en lo que aquí interesa, a que "...el demandante, como ha quedado expuesto, no desconoció el documento de elección, ni negó que la firma que contiene el mismo fuera de ella (sic), sino por el contrario, admitió haberlo hecho como premisa de su pretensión de cambio de régimen pensionario; no debe obviarse que la huella digital se previó como requisito para asegurar que sea el trabajador quien en efecto manifieste su voluntad mediante el ejercicio de su derecho de opción, por tanto, ante el reconocimiento expreso que efectúa el actor, la falta de huella digital constituye una ilegalidad no invalidante, dejando con ello intocada la validez del documento de mérito."
19. Determinación contra la que se promovió el juicio de amparo directo ya identificado, en el que, en sesión de veintisiete de septiembre de la anualidad referida, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito dictó sentencia, en la que negó el amparo y la protección de la Justicia Federal porque:
• La Sala responsable determinó que no obstante que el documento de elección carece de huella dactilar de la persona trabajadora, posee validez porque ésta no lo desconoció, ni negó que la firma que contiene fuera suya; por el contrario, admitió haberlo hecho al expresar su pretensión de cambio de régimen pensionario. De ahí que la autoridad determinara que la opción elegida no puede ser modificada, al ser definitiva e irrenunciable.
• Refirió preceptos reglamentarios que prevén el denominado documento de elección, señalando que éste constituyó el formato mediante el cual las y los trabajadores en activo al treinta y uno de marzo de dos mil siete, estuvieron en aptitud de manifestar su voluntad de ejercer el derecho a elegir entre el régimen pensionario que se estableció en el artículo décimo transitorio del decreto por el que se emitió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o por la acreditación de los bonos de pensión en sus cuentas individuales, siendo esa elección definitiva, irrenunciable e inmodificable. • En términos del artículo 26 del "Reglamento para el ejercicio del derecho de opción que tienen los trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", el documento de elección debe contener, entre otros datos, el nombre completo de la persona trabajadora; las dependencias o entidades en las que prestó sus servicios; el sueldo básico; el tiempo cotizado ante el instituto asegurador; el cálculo preliminar del bono de pensión y el derecho de opción.
• De la copia certificada del documento de elección exhibido por la parte actora, se advierte que se trata del formato autorizado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que éstos ejercieran su derecho de opción de régimen de retiro, en el cual se observa una "X" en la casilla "B. Bono de pensión en una cuenta individual", así como el nombre y la firma del trabajador; lo que revela que existió la voluntad de éste de optar por el régimen de cuentas individuales.
• De la solicitud que la parte quejosa presentó al aludido instituto el veintidós de abril de dos mil veintidós, se advierte que dicho documento contiene su reconocimiento expreso en cuanto a que suscribió el documento de elección y optó por el régimen de cuentas individuales; lo que incluso fue el motivo de la acción de nulidad, ya que en la citada petición expresó: "se me actualice el cambio de régimen pensionario de cuentas individuales a DÉCIMO TRANSITORIO". Por tanto, esa manifestación enlazada con el contenido del documento de elección demuestran que abandonó el régimen pensionario anterior a la reforma de la actual Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y eligió el bono de pensión en una cuenta individual.
• Aun cuando el documento de elección no contiene la huella dactilar de la persona trabajadora, tal circunstancia es insuficiente para restarle efectividad, pues se convalida con el reconocimiento expreso de que lo suscribió, lo que manifestó desde la solicitud presentada ante el referido instituto de seguridad social, en la demanda de nulidad y en los conceptos de violación; sin que en algún momento invocara algún vicio del consentimiento.
• Al aceptar que firmó el documento y reconocer que se trata de bono de pensión en cuentas individuales, la persona quejosa está aceptando el contenido integral del documento; de ahí que, no pueda desconocer su alcance legal.
• Para demostrar que el documento de elección del régimen de pensión no es definitivo sino que sólo constituye la fase inicial del trámite de pensión que en su momento se deberá otorgar, la parte quejosa invocó la resolución dictada en la contradicción de tesis 236/2023 (sic); sin embargo, en ese asunto se analizó un tema diverso, como lo es, si el documento de elección, por el sólo hecho de su emisión, constituye o no una resolución definitiva susceptible de impugnarse en el juicio contencioso administrativo, puesto que sólo se trata de una manifestación de la voluntad para ejercer la opción prevista en los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin otra trascendencia. No obstante, quedó definido que sí tiene como finalidad esencial, poner de manifiesto la voluntad de las y los trabajadores sobre el régimen de jubilación al que desean sujetarse.
• La citada ejecutoria no tiene el alcance pretendido, de ahí que en nada beneficie a los intereses de la parte actora, pues como bien lo estimó la Sala responsable, el documento de elección posee validez para surtir efectos legales, sin que el justiciable pueda desconocer la voluntad ahí expresada y confirmada en sus diversas manifestaciones, bajo el argumento de que carece de su huella digital, pues tal elemento sólo sería trascendente si negara haberlo firmado, lo que en la especie no aconteció.
• Respecto a la temporalidad en que se tuvo por presentado el referido documento, éste contiene como fecha de recepción el catorce de noviembre de dos mil ocho y, en términos de lo dispuesto por el artículo 36 del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento antes aludido, el plazo para que las y los trabajadores comunicaran la opción de retiro elegida, feneció el catorce de noviembre de dos mil dieciocho (sic); de ahí que tal elección se realizó dentro del referido plazo.
• El derecho a obtener una pensión así como el de reclamar sus incrementos y diferencias dentro del plazo concedido por la ley es imprescriptible; sin embargo, la figura de la prescripción no aplica al cambio del régimen de retiro, pues la normatividad aplicable estableció con toda precisión que la elección que realizaran las y los trabajadores sería definitiva, irrenunciable e inmodificable, además de que se estableció una fecha límite para el ejercicio del derecho en cuestión, sin que tales numerales hayan sido reformados o derogados. Motivo por el que debe prevaler la observancia al plazo que la ley otorgó para que las y los trabajadores manifestaran su voluntad de permanecer en el régimen anterior o el actual; máxime que el ejercicio de tal derecho no conlleva en sí un otorgamiento de pensión o reconocimiento de ésta, sino sólo la elección del régimen para disfrutar de sus beneficios, una vez que se cumplan los requisitos para adquirir el carácter de pensionado.
• En términos de lo dispuesto por el artículo 4, fracción III, inciso h), en concordancia con el diverso numeral 8, ambos del invocado reglamento, la revisión sobre el cálculo de los bonos de pensión es procedente cuando la persona trabajadora no esté de acuerdo con la fecha de nacimiento, sueldo básico y tiempo de cotización, hipótesis que no resulta aplicable al caso concreto, pues la parte quejosa pretende modificar el régimen de pensión de bono en cuentas individuales que en su oportunidad eligió.
• Es infundado que la autoridad responsable omitiera tomar en cuenta que la resolución impugnada carece de motivación y fundamentación, en virtud de que sí abordó el estudio del tema referido.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
20. El objeto de resolución de una contradicción consiste en unificar los criterios contendientes a fin de abonar en el principio de seguridad jurídica; de ahí que sea imperativo establecer si ésta se configura, en tanto que, sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo para determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer como jurisprudencia.
21. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
22. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXII, Agosto de 2010, página 7, de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32140-5b9a2142/documento-de-eleccion-previsto-en-el-reglamento-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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