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Modo: Corpus Pro

INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 276/95. · Registro digital (IUS): 3218
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RIGOBERTO MACIAS OLIVARES.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, , Pág. 453.

AMPARO EN REVISION 276/95. RIGOBERTO MACIAS OLIVARES.

CONSIDERANDO:

CUARTO.- Es infundado el agravio aducido por el recurrente.

En efecto, el quejoso señaló como acto reclamado el oficio 325-A-V-4-B-000097 de nueve de enero de este año, mediante el que la autoridad responsable denominada Administrador Local Jurídico de Ingresos de Querétaro, le niega la reconsideración solicitada el ocho de diciembre del año pasado, respecto de las multas impuestas en los oficios 102-A-42-04-15213, 102-A-42-04-15212 y 102-A-42-04-19505, que en su conjunto ascienden a la cantidad de doscientos ocho mil setecientos noventa y seis nuevos pesos.

Ahora bien el juez federal se encontró ante la imposibilidad jurídica de analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ni la responsable, ni el quejoso, aportaron los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo y no depende de una manifestación, bajo protesta de decir verdad, para estimar que la multa impuesta al amparista resulta violatoria de la garantía constitucional prevista en el artículo 22 de nuestra Carta Magna, pues si bien es cierto que la misma refiere a que queda prohibida la imposición de multas excesivas, también lo es que una cuestión es que la cantidad mencionada sea elevada y otra muy distinta que la misma resulte de diversas razones, por ejemplo, que hubiera omitido pagar durante varios años o bien, atendiendo a la naturaleza del negocio que maneja el quejoso, por lo que en el caso concreto era indispensable que el peticionario de garantías ofreciera en el juicio de garantías los datos, motivos o pruebas en que se hubiera fundado la imposición de la multa, para que el a quo estuviera en la posibilidad de estudiar la legalidad o ilegalidad de dicho acto reclamado, pues es evidente que la sola mención de la cantidad que arroja la suma de las multas impuestas no es suficiente para determinar que en sí misma es violatoria de la garantía constitucional en mención.

Además, cabe señalar, que en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, la omisión de las autoridades responsables de anexar pruebas con su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclamado, sólo da pauta a que se hagan merecedoras de una multa, pero tal circunstancia de ninguna manera releva al quejoso de la obligación que tiene de demostrar la inconstitucionalidad del mismo, sin que lo anterior sea obstáculo a la reforma del numeral 78 de la Ley de Amparo, que establece la obligación que tiene el juez de Distrito de recabar de oficio las pruebas que fueron rendidas ante la responsable y no obren en autos y que las considere necesarias para la resolución del asunto, pues el artículo 149 de la ley en consulta es categórico al señalar a quién corresponde la carga de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, por lo que se reitera, el quejoso estaba obligado, si así correspondía a sus intereses, a recabar y ofrecer ante el juez federal los datos, motivos o pruebas en que se funda el acto reclamado.

Apoya lo antes expuesto, la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, aprobada al resolver el amparo en revisión laboral 252/94, en sesión celebrada el primero de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, el amparo en revisión civil 340/94 y el amparo en revisión penal 367/94, en sesión de diecisiete de noviembre del año antes mencionado, así como el amparo en revisión civil 321/94, en la sesión efectuada el veintiséis de enero de mil novecientos noventa y cinco, cuyo tenor literal es el siguiente: "- La omisión de las autoridades responsables de acompañar pruebas a su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclamado, sólo da lugar a imponerles determinada multa, pero ello no releva a los quejosos de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los quejosos tienen la carga de la prueba conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el juez de Distrito, conforme lo establece el último párrafo del artículo 78 reformado de la ley antes aludida, tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y considere necesarias para la resolución del asunto, pues tal reforma alude a que el juez de amparo debe recabar de oficio `pruebas', mas no constancias, porque éstas pueden consistir en elementos diversos de aquellos que tuvo en cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas `pruebas' las que corresponde al quejoso allegar al juicio de garantías, en términos del primero de los preceptos mencionados".

A mayor abundamiento, no pasa desapercibido a este órgano colegiado, que en el amparo en revisión 175/95, resuelto en esta instancia el primero de junio del presente año, derivado del juicio de amparo 781/94-V, promovido por Jorge Luis Macías Olivares, se sostuvo un criterio distinto a la resolución de este asunto, no obstante que su origen es de naturaleza idéntica; sin embargo, no es posible, jurídicamente hablando, resolver en forma igual, pues mientras que en el otro asunto existían elementos para resolver sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado, en este caso, como bien lo afirma el juez federal, no se aportaron los datos, motivos y pruebas en que se sustentó la emisión del acto combatido, situación que, atento a la técnica jurídica que impera en materia de amparo, era indispensable que el quejoso o las responsables, aportaran al juicio, para que se estuviera ante la posibilidad de resolver sobre la legalidad o ilegalidad de dicho acto, ya que su sola existencia no puede considerarse violatorio de garantías en sí mismo.

En conclusión, ante lo infundado del agravio aducido por el revisionista, resulta procedente confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 188 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a RIGOBERTO MACIAS OLIVARES, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; anótese en el Libro de Gobierno de este Tribunal, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos naturales al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: Augusto Benito Hernández Torres, Julio César Vázquez-Mellado García y Hugo Sahuer Hernández, siendo relator el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3218-c06250e0/informe-justificado-omision-de-las-autoridades-responsables-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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