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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. SERVICIO POR BÚSQUEDA Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS EXISTENTES EN LOS ARCHIVOS MUNICIPALES. LAS DISPOSICIONES QUE NO ESTÁN VINCULADAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NO DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, SINO A LA DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. IV. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. LA SOLICITUD Y EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES IMPLICA PARA LA AUTORIDAD LA OBLIGACIÓN CONCRETA DE EXPEDIRLAS Y CERTIFICARLAS, DE MODO QUE DICHO SERVICIO ES UN ACTO INSTANTÁNEO PORQUE SE AGOTA EN EL MISMO ACTO EN QUE SE EFECTÚA SIN PROLONGARSE EN EL TIEMPO. V. SERVICIO DE BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS Y DE EXPEDICIÓN DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. EL COBRO POR LAS COPIAS SOLICITADAS NO DEBE SER COMO EN EL DERECHO PRIVADO, PUES NO PUEDE EXISTIR UN LUCRO O UNA GANANCIA PARA EL FUNCIONARIO, SINO QUE EL MONTO DEBE GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO. VI. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA CUMPLIR CON ESTE PRINCIPIO EN LAS CONTRIBUCIONES DENOMINADAS "DERECHOS" DEBE EXISTIR CONGRUENCIA O EQUILIBRIO RAZONABLE ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA RECAUDATORIA. VII. DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LA NORMA QUE ESTABLECE UNA CUOTA POR DICHA EXPEDICIÓN CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), NO GUARDA UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA PRESTACIÓN DE ESOS SERVICIOS Y, POR ENDE, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 70, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS –POR DOCUMENTO– 0.82", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, ESTADO DE DURANGO Y EL DIVERSO 80, NUMERAL 2, LETRA A, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, ESTADO DE DURANGO, AMBAS DEL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS). VIII. DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UNA CUOTA POR DICHA EXPEDICIÓN CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), RESULTAN DESPROPORCIONALES, AL NO GUARDAR UNA RELACIÓN RAZONABLE CON EL COSTO QUE PARA EL ESTADO IMPLICA CERTIFICAR UN DOCUMENTO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 70, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS –POR DOCUMENTO– 0.82", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, ESTADO DE DURANGO Y EL DIVERSO 80, NUMERAL 2, LETRA A, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, ESTADO DE DURANGO, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS). IX. DERECHOS POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS. LAS NORMAS QUE ESTABLECEN UNA CUOTA POR DICHA EXPEDICIÓN CONFORME AL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, YA QUE NO SE ADVIERTE QUE EL SERVICIO RETRIBUIDO GUARDE RELACIÓN CON EL COSTO QUE REPRESENTA PARA EL ESTADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 70, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS –POR DOCUMENTO– 0.82", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, ESTADO DE DURANGO Y EL DIVERSO 80, NUMERAL 2, LETRA A, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, ESTADO DE DURANGO, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO LOCAL (ARTÍCULOS 70, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS POR DOCUMENTO 0.82", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, ESTADO DE DURANGO Y 80, NUMERAL 2, LETRA A, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, ESTADO DE DURANGO, AMBAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE EXHORTA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE, EN LO FUTURO, NO INCURRA EN EL MISMO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD UTILIZADO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 70, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS –POR DOCUMENTO– 0.82", DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, ESTADO DE DURANGO Y EL DIVERSO 80, NUMERAL 2, LETRA A, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, ESTADO DE DURANGO, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTITRÉS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2023. · Registro digital (IUS): 32191
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-02-23
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo I, Pág.827.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 23/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: HÉCTOR HIDALGO VICTORIA PÉREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Promovente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Norma impugnada: Se impugnan los artículos 70, párrafo primero, en su porción normativa "Expedición de copias certificadas –por documento– 0.82", de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco de Coronado, Durango y el diverso 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, ambos para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés; expedidas mediante Decretos Nos. 293 y 294 publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad, el veinte de diciembre de dos mil veintidós.

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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día siete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 23/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de los artículos 70, párrafo primero, en su porción normativa "Expedición de copias certificadas –por documento– 0.82", de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco de Coronado, Durango, y 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, ambas para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y expedidas mediante Decretos Nos. 293 y 294, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad el veinte de diciembre de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Durango.

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e hizo valer los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:

I. Los numerales combatidos transgreden el derecho de seguridad jurídica y el principio de proporcionalidad tributaria. Para ello, señala que dichos principios constitucionalmente tutelados se verán transgredidos en los siguientes supuestos:

a. Cuando la actuación por parte de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada o encauzada conforme a la Constitución o las leyes secundarias que resultan acordes a la Norma Fundamental.

b. Cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el Texto Constitucional.

c. Cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.

II. Para analizar la proporcionalidad de una disposición normativa que establece un derecho, debe tomarse en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, lo que permitirá decidir si el parámetro de medición seleccionado para cuantificar la respectiva base gravable resulta congruente con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo, ya que la cuota determinada no puede contener elementos ajenos al servicio prestado.

III. Al establecer el cobro de derechos por los servicios que presten los Municipios de Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal por la expedición de copias certificadas, el Congreso Local debió establecer tarifas acordes a las erogaciones que realmente le representa la prestación de dicho servicio, así como prever claramente los parámetros para determinar el monto de la contribución.

IV. La falta de un parámetro claro se refleja en el hecho de que las personas que reciban los servicios prestados por el Municipio duranguense de Pánuco de Coronado por la expedición de copias certificadas de documentos, por cada documento, deberán satisfacer la cantidad de $85.06 (ochenta y cinco pesos con seis centavos, 06/100 M.N.); mientras que, en el Municipio de Nuevo Ideal, las personas que reciban los servicios de cotejo o certificación de documentos deberán de pagar por foja una cantidad de entre $31.12 (treinta y un pesos con doce centavos, 12/100 M.N.) y $51.87 (cincuenta y un pesos con ochenta y siete centavos, 87/100 M.N.).

V. Las disposiciones normativas controvertidas se enmarcan en la categoría de derechos por servicios, es decir, que le corresponden contraprestaciones por los mismos; por tanto, para la determinación de las cuotas por concepto de derechos de servicios ha de tenerse en cuenta el costo que le cause al Estado la ejecución del servicio en cuestión, por lo cual, la tarifa que establezca deberá ser fija e igual para todas las personas que reciban servicios de la misma índole.

VI. Así, considera que los artículos impugnados vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones pues las cantidades no guardan relación directa con los gastos que le representan a los Municipios duranguenses de Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal sobre la prestación de los aludidos servicios.

VII. Señala que, al tratarse de derechos por la expedición de copias certificadas, el monto correspondiente debe ser acorde y proporcional al costo de los servicios prestados y ser igual para todos aquellos que reciban el mismo servicio. Además, advierte que la prestación de este servicio no puede derivar en un lucro o ganancia para el Estado.

VIII. En esa medida, insiste que las cuotas previstas en los preceptos cuestionados de las leyes de ingresos resultan desproporcionales, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio ni con el costo que implica certificar un documento.

IX. Además, considera que una de las normas, si bien establece un mínimo y un máximo, no fija parámetro alguno que permita a la autoridad graduar el monto al servicio prestado.

3. Admisión y trámite. El dos de febrero de dos mil veintitrés, la Ministra presidenta de esta Suprema Corte ordenó formar el expediente y turnarlo al Ministro Alberto Pérez Dayán para su instrucción.(1) La acción de inconstitucionalidad fue admitida el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés y el Ministro instructor ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Durango para que rindieran sus respectivos informes.(2)

4. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Durango. Mediante escrito presentado por José Durán Barrera, en su carácter de consejero general de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Durango, el Poder Ejecutivo manifestó que, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 98, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, el Poder Ejecutivo se limitó a promulgar y publicar en el periódico oficial las normas cuya invalidez se reclama.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Durango. Mediante escrito signado por Gerardo Alonso Sandoval Solano, quien ostenta el carácter de secretario de Servicios Jurídicos de la LXIX Legislatura del Congreso del Estado, el Poder Legislativo manifestó que los preceptos ahora impugnados cumplieron a cabalidad con los requisitos legales y constitucionales en su proceso de creación y publicación. Asimismo, que la creación de las normas aquí impugnadas se sujetaron a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

6. Alegatos. Por escrito recibido el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, la delegada de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló los alegatos que estimó pertinentes.

7. Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de dos de junio de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción.

I. COMPETENCIA

8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(4) toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 70, párrafo primero, en su porción normativa "Expedición de copias certificadas –por documento– 0.82", de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco de Coronado, Durango, y 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, ambas para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de diciembre de dos mil veintidós.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

9. De la lectura del escrito de demanda se desprende que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó los artículos 70, párrafo primero, en su porción normativa "Expedición de copias certificadas –por documento– 0.82", de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco de Coronado, Durango, y 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, ambas para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de diciembre de dos mil veintidós.

10. El texto de ambas disposiciones impugnadas se transcribe a continuación:

Ver disposiciones impugnadas

11. En ese entendido, la litis del presente asunto consiste en el estudio de las normas y temas siguientes:

Ver normas y temas

III. OPORTUNIDAD

12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

13. En este caso, la acción es oportuna.

14. Los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Durango el martes veinte de diciembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad trascurrió del miércoles veintiuno de diciembre de dos mil veintidós al jueves diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

15. Luego, si el escrito de demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentó el diecinueve de enero de dos mil veintitrés ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, esto es, el último día del plazo para su vencimiento, es claro que su interposición resulta oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

16. La acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue promovida por parte legitimada, toda vez que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) dicha Comisión está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos contenidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

17. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59 de la ley reglamentaria,(6) establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

18. En el caso, el escrito inicial fue suscrito por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia de la comunicación emitida por la presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el siete de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo de dos mil diecinueve a dos mil veinticuatro.

19. De lo expuesto se desprende que dicha funcionaria ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I,(7) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18(8) de su reglamento interno; y cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con la fracción XI,(9) del mismo numeral 15 la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

20. Además, en el caso se plantea la incompatibilidad de preceptos de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal, ambos del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, publicadas el martes veinte de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de dicha entidad, los cuales establecen tarifas por el cotejo o certificación de documentos; disposiciones que estima violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, así como de seguridad jurídica. Consecuentemente, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el referido artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en este supuesto y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, procede reconocerle la legitimación activa en este asunto.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

21. De los informes rendidos se advierte que los Poderes demandados no hicieron valer motivos de improcedencia. Y, toda vez que este Alto Tribunal tampoco advierte alguno de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto.

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sostiene que el artículo 70, párrafo primero, en su porción normativa "Expedición de copias certificadas –por documento– 0.82", de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco de Coronado, Durango, y el diverso 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, ambas para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, vulneran los principios de proporcionalidad tributaria y seguridad jurídica en tanto prevén el cobro de una tarifa por la expedición de documentos certificados o su cotejo, la cual, a juicio de la comisión accionante, resulta desproporcional al establecer como contraprestación, por una parte, la cantidad, en un caso, de $85.06 (ochenta y cinco pesos con seis centavos, 06/100 M.N.) por documento y, en otro caso, una cantidad de entre $31.12 (treinta y un pesos con doce centavos, 12/100 M.N.) y $51.87 (cincuenta y un pesos con ochenta y siete centavos, 87/100 M.N.) por hoja.

23. Al respecto, considera que las tarifas de mérito no guardan relación directa con los gastos que le representan a los Municipios duranguenses de Pánuco de Coronado y Nuevo Ideal la expedición de certificaciones. En otras palabras, las cantidades establecidas por el legislador no tienen en cuenta el costo que le causa a los Municipios la expedición de documentos certificados.

24. Para dar contestación a los anteriores argumentos, es preciso señalar que este Tribunal Pleno ha establecido que la constitucionalidad de las disposiciones que establecen el cobro por la certificación de documentos o su cotejo puede analizarse a la luz del principio de gratuidad, previsto en el artículo 6o. constitucional, siempre que la contribución se relacione con el derecho de acceso a la información; sin embargo, cuando el cobro impugnado no incide en ese derecho, el estudio debe emprenderse con base en los principios constitucionales que rigen la materia tributaria.(10)

25. Del análisis literal de los preceptos reclamados se desprende que éstos prevén el cobro de derechos por la expedición genérica de certificaciones, copias certificadas o el cotejo de documentos, lo que lleva a señalar que no están expresamente vinculadas a los procedimientos de acceso a la información pública, por lo que no deben analizarse a la luz del principio de gratuidad en materia de acceso a la información sino en función al principio de proporcionalidad tributaria.

26. Cuestión que se corrobora al tomar en cuenta que los numerales combatidos, en sus respectivas legislaciones, se encuentran insertos en un título o capítulo relativo al pago de derechos, específicamente en la sección denominada "De certificaciones, legalizaciones y expedición de copias certificadas".

27. Por lo anterior, es dable afirmar que de las normas y su ubicación en los cuerpos legislativos no se colige la voluntad del legislador de establecer que los preceptos que regulen la expedición de documentos certificados se vinculen con solicitudes o peticiones en materia de acceso a la información pública, aunado a que tampoco se advierte un diverso apartado dentro de las normas que nos permitan establecer con certeza que regulan una cuestión distinta.

28. En tal virtud, ante la incertidumbre causada por las propias legislaciones impugnadas por no establecer con absoluta certeza si gravan o no aspectos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, lo procedente es analizarlas a la luz de los principios tributarios y no bajo la óptica del principio de gratuidad en materia de acceso a la información.

29. Ahora bien, para determinar la regularidad constitucional de estos preceptos importa precisar que la naturaleza jurídica de los derechos tributarios ha sido definida por este Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 27/2021 y su acumulada 30/2021(11) en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, 35/2021(12) en sesión de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, 105/2020(13) en sesión de ocho de diciembre de dos mil veinte, 93/2020(14) en sesión de veintinueve de octubre de dos mil veinte, 107/2020(15) en sesión de trece de octubre de dos mil veinte y 185/2021(16) en sesión de once de octubre de dos mil veintidós. En este último precedente, en lo que respecta al presente asunto, importa reproducir las siguientes consideraciones:

"... para considerar constitucionales las normas que prevén las contribuciones denominadas derechos, las cuotas aplicables deben ser, entre otras cosas, acordes o proporcionales al costo de los servicios prestados y ser iguales para todos aquellos que reciban el mismo servicio.

"Lo anterior, porque la naturaleza de los derechos por servicios que presta el Estado es distinta a la de los impuestos, de manera que para que se respeten los principios de proporcionalidad y equidad tributarios es necesario tener en cuenta, entre otros aspectos, el costo que para el Estado implica la ejecución del servicio, pues a partir de ahí se puede determinar si la norma que prevé determinado derecho otorga o no un trato igual a los sujetos que se encuentren en igualdad de circunstancias y si es proporcional o acorde al costo que conlleva ese servicio. ...

"A consideración de este Tribunal Pleno, las cuotas previstas en las normas impugnadas resultan desproporcionales, como lo sostiene la accionante, pues no guardan una relación razonable con el costo de los materiales para la prestación del servicio, ni con el costo que implica certificar un documento.

"En el supuesto relativo a las certificaciones, el servicio que proporciona el Estado no se limita a reproducir el documento original del que se pretende obtener una certificación o constancia, sino que implica la certificación respectiva del funcionario público autorizado y la búsqueda de datos; sin embargo, la relación entablada entre las partes no es de derecho privado, de modo que no puede existir un lucro o ganancia para el Estado, sino que debe guardar

una relación razonable con el costo del servicio prestado. "Respecto a los cobros por búsqueda de documentos, este Pleno llega a la conclusión de que las cuotas previstas resultan abiertamente desproporcionales pues, como se ha sostenido, las tarifas establecidas deben guardar una relación razonable con el costo del servicio y los materiales utilizados. En ese sentido, y por mayoría de razón, la búsqueda de documentos requiere de menores recursos que la certificación de documentos o la expedición de copias simples, pues es suficiente con que el funcionario encargado realice dicha búsqueda sin generar costos adicionales para el Estado. "... también contravienen el principio de seguridad jurídica, pues de su redacción no puede desprenderse si los montos que contemplan por copia certificada de documentos, expedición de certificaciones oficiales y por búsqueda y copia simple de documentos, se cobrarán con motivo de una hoja o por un documento completo que haya sido solicitado con independencia del número de hojas, lo que genera, en realidad, una incertidumbre respecto de la cantidad que se deberá pagar, aunado a que, específicamente, en el Municipio de Tzompantepec, se establece una cuota por ‘los demás casos’ lo cual resulta ambiguo, pues se desconocen los supuestos en que se actualizará dicho cobro."

30. De igual forma, toda vez que el contenido normativo, de los preceptos aquí impugnados, es esencialmente el mismo que el de los numerales analizados al resolver las acciones de inconstitucionalidad 66/2022 y sus acumuladas 69/2022 y 71/2022,(17) importa tener en cuenta lo señalado en dicho precedente respecto a la emisión de certificaciones.

31. Al respecto, se estableció que las Salas de este Alto Tribunal han determinado que la solicitud de copias certificadas y el pago de los correspondientes derechos implica para la autoridad la concreta obligación de expedirlas y certificarlas, de modo que dicho servicio es un acto instantáneo porque se agota en el mismo acto en que se efectúa sin prolongarse en el tiempo.

32. Además, se precisó que, a diferencia de las copias simples, que son meras reproducciones de documentos que para su obtención se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado; las copias certificadas involucran la fe pública del funcionario que las expide, la cual es conferida expresamente por la ley como parte de sus atribuciones.

33. Explicó que la fe pública es la garantía que otorga el funcionario respectivo al determinar que el acto de reproducción se otorgó conforme a derecho, y que lo contenido en él es cierto, proporcionando así seguridad y certeza jurídica al interesado. Luego, las Salas concluyeron que certificar cualquier documento consiste en compararlo con su original y después de confrontarlo reiterar que son iguales, esto es, que la reproducción concuerda exactamente con su original. Así, el servicio que presta el Estado en ese supuesto se traduce en la expedición de copias que se soliciten y el correspondiente cotejo con el original que certifica el funcionario público en ejercicio de las facultades que le confiere una disposición jurídica.

34. Tales razonamientos quedaron contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 132/2011(18) de la Primera Sala, así como en la tesis 2a. XXXIII/2010(19) de la Segunda Sala, ambas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

35. De las precitadas consideraciones también se advierte que el Tribunal Pleno ha sido consistente en señalar que conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política Federal,(20) el principio de proporcionalidad tributaria aplicable a derechos por servicios se cumple cuando se guarda una congruencia o equilibrio razonable entre el costo del servicio prestado y el monto de la cuota recaudatoria.

36. Así, atendiendo a la diferencia entre la naturaleza de los impuestos y los derechos, importa tener en cuenta en estos últimos el costo que conlleva para el Estado la ejecución del servicio, pues sólo a través de ello podrá respetarse la proporcionalidad y equidad tributarias que deben guardar los derechos, ya que partiendo de esta base, podrá determinarse si la tarifa que prevé la norma es proporcional al costo que conlleva ese servicio.

37. Dicho criterio se encuentra contenido en las jurisprudencias P./J. 2/98 y P./J. 3/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS."(21) y "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA."(22)

38. Por las razones anteriores, debe estimarse que las normas impugnadas violan el principio de proporcionalidad tributaria dado que el monto que se prevé por la expedición de certificaciones no guarda relación con la actividad analizada.

39. Para llegar a dicha conclusión, debe tenerse en cuenta que los derechos establecidos por el legislador local se encuentran fijados en unidades de medida y actualización (UMA); por ende, a fin de determinar la equivalencia en moneda nacional de las tarifas combatidas, es necesario tener en cuenta que de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización,(23) así como la publicación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, se fijó el valor diario de la unidad de medida y actualización para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, en $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, 74/100 M.N.).

40. En consecuencia, al realizar la operación aritmética prevista por el diverso artículo 3 de la ley para determinar la correspondencia en pesos del valor expresado en unidad de medida y actualización,(24) se tiene que las disposiciones aquí combatidas prevén el derecho por la expedición de copias certificadas en un monto que equivale, en uno de los casos, a $85.06 (ochenta y cinco pesos con seis centavos, 6/100 M.N.) por documento y, en el otro supuesto, oscila entre los $31.12 (treinta y un pesos con doce centavos, 12/100 M.N.) y $51.87 (cincuenta y un pesos con ochenta y siete centavos, 87/100 M.N.) por hoja.(25)

41. De lo anterior se desprende que dichas cantidades resultan desproporcionales, toda vez que no guardan una relación razonable con el costo que para el Estado implica certificar un documento.

42. Esto es, a partir del análisis de razonabilidad, el cual consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, es dable establecer que las disposiciones impugnadas violan el principio de proporcionalidad tributaria aplicable a las contribuciones, en tanto no se advierte que el servicio de certificación que gravan tales preceptos guarden relación con el costo que para el Estado representa.

43. Dicha conclusión se corrobora al tener en cuenta que del proceso de creación de las mencionadas leyes de ingresos municipales no se advierte que el legislador explicara de forma alguna el por qué fijó la tarifa aplicable para esos supuestos, ni elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada. En tal virtud, se estima actualizada una disrupción en el equilibrio que debe existir entre el costo del servicio y la cuota a pagar, pues ésta no fue establecida atendiendo a criterios razonables.

44. A mayor abundamiento, debe estimarse que el artículo 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, aquí analizado, también contraviene el principio de seguridad jurídica, pues de su redacción no puede desprenderse el elemento a partir del cual se determinará la cantidad correspondiente a la certificación de cada hoja, pues la misma oscila entre 0.30 a 0.50 U.M.A,(26) lo que genera, en realidad, una incertidumbre respecto de la cantidad que se deberá pagar, pues se desconocen los elementos con base en los cuales será aplicable una tarifa en dicho rango.

45. Por lo expuesto, al actualizarse el mismo vicio de inconstitucionalidad advertido en los precedentes citados, se declara la invalidez de los artículos 70, párrafo primero, en su porción normativa "Expedición de copias certificadas por documento 0.82", de la Ley de Ingresos del Municipio de Pánuco de Coronado, Durango, y 80, numeral 2, letra a, de la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Ideal, Durango, ambas para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés y publicadas en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinte de diciembre de dos mil veintidós.

VII. EFECTOS

46. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la ley reglamentaria de la materia, señala que las sentencias deben contener sus alcances y efectos, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las cuales operen y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual producirán sus efectos.

47. Declaratoria de invalidez: Conforme a lo dispuesto por el artículo 45, párrafo primero, de la ley reglamentaria, esta sentencia y las declaratorias de invalidez decretadas surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente ejecutoria al Congreso del Estado de Durango.

48. Exhorto: Tomando en cuenta que la declaratoria de invalidez recae sobre disposiciones generales de vigencia anual, en lo futuro, el Congreso del Estado de Durango deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad, en términos de lo resuelto en el presente fallo respecto de las normas que fueron declaradas inválidas.

49. Asimismo, deberá notificarse la presente sentencia a los Municipios invo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32191-5a202259/i-accion-de-inconstitucionalidad-legitimacion-de-la-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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