DERECHO A LA EXCLUSIÓN DE PRUEBA ILÍCITA. CUANDO EL QUEJOSO ALEGA QUE LA DECLARACIÓN INCRIMINATORIA DE SU COIMPUTADO FUE OBTENIDA COMO CONSECUENCIA DE QUE ÉSTE PADECIÓ UNA DETENCIÓN ARBITRARIA, PROCEDE ANALIZAR ESE ARGUMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO Y, EN CASO DE RESULTAR FUNDADO, EXCLUIR LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITAMENTE OBTENIDA. FLAGRANCIA EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 144, PÁRRAFO TERCERO, INCISO C), DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA VULNERA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006).
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1375/2022. 4 DE OCTUBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: PATRICIA DEL ARENAL URUETA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El quince de marzo de dos mil seis, la víctima, ********** conducía su vehículo, cuando en el cruce de las calles ********** y **********, en el estado de **********, fue colisionada por otro vehículo. Al descender para apreciar los daños, la víctima fue amagada con un arma de fuego y, posteriormente, privada de su libertad con la participación de diversas personas.
Durante el tiempo en que la víctima estuvo privada de su libertad, el esposo recibió una serie de llamadas para exigirle el pago de un monto de dinero a cambio de la liberación de su esposa. El veintidós de marzo de dos mil seis, luego que el esposo pagó el rescate, la víctima fue liberada en un centro comercial. Por la comisión de este delito, hubo varios sentenciados, entre ellos el recurrente en este asunto.
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de octubre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 1375/2022, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del diecisiete de febrero de dos mil veintidós por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en el juicio de amparo directo penal 69/2021.
El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en analizar la validez constitucional del artículo 144, párrafo tercero, inciso c) del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente en marzo de dos mil seis),(1) que prevé la figura de flagrancia equiparada. Esta pregunta a su vez requiere analizar si el Tribunal Colegiado se condujo de conformidad con la doctrina constitucional sobre el derecho a no ser juzgado con base en pruebas obtenidas de manera ilícita; en particular, ante la emisión de declaraciones ministeriales por parte de los coimputados del quejoso, que –en los hechos– fueron obtenidas a partir de una detención llevada a cabo con fundamento en esa norma y bajo la figura de "flagrancia equiparada".
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. El quince de marzo de dos mil seis, la víctima, **********, conducía su vehículo, cuando en el cruce de las calles ********** y **********, en el estado de Chihuahua, fue colisionada por otro vehículo. Al descender para apreciar los daños, la víctima fue amagada con un arma de fuego y, posteriormente, privada de su libertad con la participación de diversas personas.(2)
2. Durante el tiempo en que la víctima estuvo privada de su libertad, el esposo, **********, recibió una serie de llamadas para exigirle el pago de un monto de dinero a cambio de la liberación de su esposa. El veintidós de marzo de dos mil seis, luego que el esposo pagó el rescate, la víctima fue liberada en un centro comercial.(3)
3. Posteriormente, la víctima proporcionó información a la representación social acerca del domicilio en el que estuvo cautiva, el cual se encontraba en la calle ********** número ********** de la Colonia **********. Según se dijo, la víctima lo pudo constatar con un recibo de agua que uno de los responsables le mostró.(4)
4. Detención del quejoso y de sus cosentenciados. A las cuatro horas del veintitrés de marzo de dos mil seis, elementos ministeriales se trasladaron a dicho domicilio y advirtieron que un vehículo se estacionó en el exterior del inmueble. De éste descendieron dos personas que aparentemente buscaban ingresar al inmueble, pero después intentaron huir y ahí fueron abordados y detenidos por los agentes ministeriales. Una de esas personas era ********** (cosentenciado del ahora quejoso).(5)
5. A las diecisiete horas con diez minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, el agente del Ministerio Público adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua ordenó la detención "en flagrancia" de **********, con fundamento en el artículo 144 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Se argumentó que en su poder se encontró dinero que le había sido entregado por el rescate de la víctima.(6)
6. Ese mismo día, veintitrés de marzo de dos mil seis, ********** emitió su declaración ministerial en presencia de su defensor de oficio. En esa ocasión, él manifestó que conocía a ********** desde hace ocho años porque este último tenía un negocio de fajitas y barbacoa; que alrededor de un mes y medio antes (del día que él declaraba), ********** le marcó por teléfono y le propuso secuestrar a la víctima. También dijo que ********** fue quien planeó la ejecución del delito,(7) rentó la vivienda en la que mantuvieron cautiva a la víctima y propuso que secuestraran a una vecina suya. ********** también informó que en estos hechos participaron otras dos personas que se conocen bajo los apodos ********** y **********.(8)
7. Por otro lado, ese mismo día, a las veinte horas con treinta minutos, ********** (apodado ********** y cosentenciado del quejoso) fue detenido en la intersección de las calles ********** y ********** de la colonia ********** de **********. Al detenerlo, encontraron algunos billetes en su poder, que, según se acusó, provenían del rescate.(9)
8. Al día siguiente, ********** rindió su declaración ministerial en presencia de su defensora de oficio. Ahí manifestó que conocía previamente a **********, ya que trabajó con él, y que fue él quien lo invitó a participar en la privación de la libertad de una mujer.(10)
9. Por otro lado, el veintitrés de marzo del mismo año, el agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Investigaciones Especiales y Antisecuestros solicitó al Juez de lo penal en turno del Distrito Judicial Bravos que librara orden de cateo para buscar a ********** (quejoso) en los domicilios ubicados en la calle ********** no. **********, calle ********** no. ********** del ********** y calle **********, ya que se encontraban dentro del término previsto por el artículo 144 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua para efectuar una detención bajo la figura de flagrancia equiparada. En ese mismo acto, también solicitó que se concediera la orden para buscar evidencia relacionada con los hechos denunciados.(11)
10. Al día siguiente, veinticuatro de marzo de dos mil seis, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos dictó una orden de cateo de los domicilios solicitados por el Ministerio Público con el objetivo de la búsqueda y detención de **********. Sin embargo, negó la orden de cateo para la búsqueda de evidencia relacionada con los hechos delictivos.(12)
11. Según el parte informativo emitido ese mismo día por los agentes de la policía ministerial investigadora comisionados al grupo de investigaciones especiales y antisecuestros, se montó un operativo en compañía del agente del Ministerio Público adscrito al Grupo Especial Antisecuestro en el domicilio ubicado en la calle ********** no. **********.(13)
12. Según relatan los policías, al llegar a este domicilio se identificaron y después mostraron a ********** la orden de cateo. Luego le solicitaron el acceso al domicilio. Los policías refirieron que ella les permitió el acceso de manera voluntaria y les informó que su hijo ********** se encontraba en su cuarto.
13. Ahí localizaron a ********** acostado en la cama, pero no respondió a su llamado. Según narraron los policías, a un costado encontraron dos cajas de medicamento vacías (clonazepam, butilhiogina y cryopina). Solicitaron una ambulancia por medio del radio operador en turno. La ambulancia llegó al domicilio y lo trasladaron a la Cruz Roja Mexicana. Después, por petición del médico,(14) lo trasladaron al **********, ubicado en la calle ********** número **********, esquina con ********** en la colonia **********.(15)
14. En dicho hospital establecieron una guardia y lo mantuvieron en calidad de detenido; lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Antisecuestros.(16) Los policías fundamentaron la detención de ********** con base en el artículo 16 constitucional, 144 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, en relación con el artículo 229 del Código Penal del Estado de Chihuahua, pues se consideró que fue detenido en flagrancia, en posesión de la cantidad de cien dólares.(17)
15. Por acuerdo del mismo día, veinticuatro de marzo de dos mil seis, el agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Investigaciones Especiales y Antisecuestros ratificó la detención de ********** con fundamento, entre otros artículos, en el 144, inciso c) del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.(18)
16. Procedimiento penal. El veinticinco de marzo de dos mil seis, el agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Investigaciones Especiales y Antisecuestros del Estado de Chihuahua, consignó ante el Juez Penal del Distrito Judicial Bravos, en el estado de Chihuahua, la averiguación previa **********. Señaló a ********** (alias **********), a **********, **********, a una persona apodada ********** y a ********** (el hoy recurrente), como presuntos responsables del delito de secuestro, cometido en perjuicio de **********.(19)
17. Dicha averiguación previa se radicó bajo el número de expediente ********** ante el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.(20)
18. La jueza calificó la legalidad de las detenciones de **********, ********** y **********, mismas que –consideró– se habían realizado en alegada flagrancia, en términos del artículo 144, inciso c) del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, debido a la naturaleza permanente del delito de secuestro.(21) Por último, la jueza ordenó escuchar a los indiciados en declaración preparatoria.(22)
19. El veintiséis de marzo de dos mil seis, ********** y ********** designaron respectivamente a sus defensores de oficio y ambos ratificaron sus declaraciones ministeriales.(23)
20. El treinta y uno de marzo de dos mil seis, se dictó auto de formal prisión en contra de **********, ********** y **********, como probables responsables del delito de secuestro, cometido en perjuicio de **********.(24)
21. El ocho de enero de dos mil siete, se desahogó el careo entre ********** y **********. Ahí, ********** preguntó a su careado el motivo por el que antes, en su declaración ministerial, había manifestado que él organizó el secuestro de **********.
22. ********** contestó que fue porque ********** se lo pidió por los problemas que él tenía con **********. También agregó que no conocía a ********** hasta que los detuvieron.(25)
23. Ese mismo día se efectuó el careo entre ********** y **********. ********** también le preguntó a ********** por qué había dicho que él había organizado el secuestro de **********. A esta pregunta ********** respondió que por "broncas" que tenían entre los dos. Asimismo, añadió que lo conocía previamente porque trabajó para él.(26)
24. Seguido el proceso penal en todas sus etapas, el veinticinco de febrero de dos mil once, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos dictó sentencia en contra de ********** y **********, a quienes consideró penalmente responsables del delito de secuestro, previsto y sancionado en el artículo 229, fracción I, relacionado con el numeral 229 bis, fracciones II, IV y VI, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua (vigente al momento de los hechos), cometido en perjuicio de **********. En cambio, absolvió a **********,(27) pues consideró que no se tenía por comprobada la autoría intelectual del acusado, así como la coautoría material en la privación de la libertad de **********.(28)
25. En específico, en cuanto a **********, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos señaló que si bien ********** y ********** habían incriminado al quejoso en sus declaraciones ministeriales, lo cierto era que, durante los careos, estos coinculpados se retractaron. Además, el Juez señaló que la víctima únicamente identificó plenamente a ********** y **********; sin embargo, no quedó demostrada plenamente la identidad de ********** como autor material e intelectual del delito. Tampoco quedó demostrada que ********** fuera el propietario de una ********** de color **********, marca **********, cabina sencilla, con matrícula de circulación **********.(29)
26. Además, el Juez consideró que no se demostró la manera en la que ********** convenció a ********** y ********** de cometer el delito. En particular, señaló que no observaba cómo es que ********** ejerció presión contra ellos para cometer el delito. Inclusive, el Juez consideró que existía duda sobre el reconocimiento que hicieron los coinculpados y testigos de ********** sobre su constitución física.(30)
27. Por lo anterior, el Juez de Distrito determinó que, del caudal probatorio, no se acreditó plenamente la responsabilidad penal de ********** en la comisión del delito de secuestro. Así, emitió un fallo absolutorio en su favor.(31)
28. Toca de apelación penal.(32) Inconformes **********, ********** y la agente del Ministerio Público, adscrita al juzgado de proceso, interpusieron recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (toca **********).
29. El treinta y uno de octubre de dos mil once, la Sala Penal resolvió en el sentido de ordenar la reposición del procedimiento, en virtud de que los acusados no fueron informados sobre el derecho de responder (o no) a los cuestionamientos del Ministerio Público durante su declaración preparatoria. En cuanto a **********, la Sala Penal consideró que no se le hizo saber que tenía derecho a ser careado con las personas que declararon en su contra, además de que él no había estado presente en la audiencia final.(33)
30. Para dar cumplimiento a lo anterior, el Juez del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, Chihuahua, giró citatorio a ********** y su defensor particular para que comparecieran el diez de noviembre de dos mil doce y se enteraran del estado de los autos. También solicitó que excarcelaran a ********** y ********** para hacerles saber a ellos y a su defensor de oficio sobre el toca penal **********.(34)
31. Sin embargo, no se localizó a **********, por lo que no se logró su comparecencia.(35) Por ello, el Juez del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos se limitó a mandar a excarcelar a ********** y ********** para que manifestaran si deseaban ser careados con algunas de las personas que los señalaron como probables responsables del delito que se les reprochó.(36)
32. El dos de diciembre de dos mil once **********, **********, el defensor de oficio de ambos y el defensor particular de ********** comparecieron ante el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos. A los dos primeros se les preguntó si era su deseo ser careados con algunas de las personas que declararon en su contra.(37) Ambos solicitaron que se desahogara un careo supletorio con la víctima ********** y **********.(38)
33. Por auto de ese mismo día, el Juez del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos citó a las partes para celebrar la diligencia de careos supletorios entre ********** y ********** con la víctima y **********.(39)
34. Durante ese mismo día, el defensor particular de ********** manifestó que, según constaba en autos, los careos entre los procesados y ********** ya se habían celebrado, por lo que solicitó que no se realizaran nuevamente.(40)
35. El cinco de abril de dos mil doce, el oficial notificador adscrito al Juzgado penal trató de notificar a ********** (víctima) en su domicilio; sin embargo, lo encontró deshabitado.(41) El nueve de abril de dos mil doce, el secretario de acuerdos del Juzgado certificó que, a pesar de que se le giró cita, la víctima ********** no compareció el día y hora fijados por el Juez para celebrar los careos supletorios entre ella y los dos coinculpados.(42)
36. El diecisiete de abril de dos mil doce, se notificó a ********** y ********** sobre el proveído de nueve de abril de dos mil doce. Al momento de notificárseles, ambos plasmaron sus firmas y la leyenda: "Unicamente solisito [sic] el careo supletorio con la ofendida".(43)
37. Por acuerdo de ese mismo día, se certificó que el tribunal agotó todos los medios para la localización de la ofendida **********. Asimismo, fijó las diez horas del veinte de abril de dos mil doce para la celebración de las diligencias de los careos supletorios entre ********** y ********** con **********.(44)
38. El veinte de abril de dos mil doce, se llevaron a cabo los careos supletorios entre la víctima (ausente) y ********** y **********.(45) Durante la diligencia, ********** señaló que ratificaba cada una de sus declaraciones que obraban en autos, pero agregó que no estaba de acuerdo con las manifestaciones de la víctima y, además, dijo lo siguiente: "quiero manifestar que el único [sic] intelectual es ********** y que insisto en que yo nunca supe que ********** estuviera secuestrada por **********".(46)
39. Igualmente, ********** ratificó todas sus declaraciones previas y dijo no estar de acuerdo con la acusación de la víctima. Con respecto a lo manifestado por la víctima, ********** dijo no estar de acuerdo con ella y señaló al quejoso como el autor intelectual del delito.(47)
40. El veinticuatro de abril de dos mil doce, se tuvo a ********** y ********** por desistidos de las pruebas pendientes por desahogar.(48)
41. El veinticinco de abril de dos mil doce, se giró orden de aprehensión en contra de **********, la cual se dio cumplimiento el doce de mayo siguiente. En diligencia de dieciocho de mayo de dos mil doce, ********** manifestó que si existiera alguna prueba por desahogar se desistía de ella. El dos de julio de dos mil doce, se verificó la audiencia final de juicio en el que las partes ratificaron sus conclusiones previamente presentadas.
42. El trece de julio del dos mil doce, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, dictó una segunda sentencia en contra de ********** y **********, a quienes consideró penalmente responsables del delito de secuestro previsto y sancionado en el artículo 229, fracción I, y numeral 229 bis, fracciones II, IV y VI, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua, cometido en prejuicio de **********. El Juez de Distrito impuso a cada uno veinticuatro años con seis meses de prisión y multa de veintiséis mil setecientos sesenta y ocho pesos. En esta sentencia nuevamente se absolvió a **********, por las mismas razones sostenidas en el fallo absolutorio del veinticinco de febrero de dos mil once.(49)
43. Inconforme, la agente del Ministerio Público, adscrita al juzgado de proceso, interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer a la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (toca **********).
44. Con respecto a **********, el veinticuatro de enero de dos mil trece, la Sala Penal revocó la sentencia pronunciada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial Bravos y lo consideró penalmente responsable en la comisión del delito de secuestro, previsto en el artículo 229, fracción I del Código Penal del Estado de Chihuahua (vigente al momento de los hechos), en calidad de autor intelectual. En consecuencia, le impuso la pena de veinticuatro años y seis meses de prisión y multa de veintiséis mil setecientos sesenta y ocho pesos.(50)
45. Demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veintiuno ante la Primera Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Chihuahua, **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo directo en contra de la resolución dictada el veinticuatro de enero de dos mil trece por la Primera Sala Penal Regional del Supremo Tribunal del Estado de Chihuahua.(51) Mediante acuerdo dictado el quince de febrero de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito admitió la demanda de amparo directo y lo registró bajo el número 69/2021.(52) 46. En la demanda de amparo, el quejoso estimó vulnerados los derechos contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En síntesis, señaló los siguientes conceptos de violación:
• El artículo 144, párrafo tercero, inciso c) del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente en la época de los hechos), que contempla la figura de "flagrancia equiparada", es contrario al artículo 16 constitucional.
• Esta figura de flagrancia equiparada sirvió de sustento para declarar legal la detención de los coprocesados ********** y **********. Además, debido a esta detención, se efectuaron diversas diligencias en sede ministerial en las que los coprocesados realizaron señalamientos en contra del quejoso.
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha interpretado el artículo 16 constitucional, en concordancia con el 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En específico, se ha pronunciado en relación con la protección del derecho humano a la libertad personal y los supuestos constitucionalmente que justifican la afectación a este derecho –orden de aprehensión, flagrancia y caso urgente–. Por regla general, la detención de una persona debe estar precedida por una orden de aprehensión. Sin embargo, los supuestos de excepción justifican la afectación al derecho a la libertad personal.
• Una detención en flagrancia se actualiza cuando el indiciado es detenido por cualquier persona o agentes de alguna autoridad del Estado: en el momento en que se está cometiendo el delito (1) o inmediatamente después de haberlo cometido (2).
• Para la procedencia de la detención por caso urgente se requiere que: a) el Ministerio Público emita la orden de detención en la que funde y exprese los indicios que motiven su proceder; b) el mandato se refiera a un delito grave así calificado por la ley; c) exista el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y d) no se pueda acudir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.
• En la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, el legislador constitucional permanente introdujo, por primera ocasión, una definición del concepto jurídico de flagrancia. El cambio constitucional obedeció a la intención expresa del órgano legislativo de delimitar un concepto de flagrancia para erradicar la posibilidad de que en la legislación secundaria se introdujera la flagrancia equiparada y, con ello, evitar abusos contra la libertad personal deambulatoria de los individuos. Así, se incluyó la descripción de la flagrancia hoy contenida en el quinto párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal. A partir de esta reforma, la norma constitucional incorpora la calificación de inmediatez para efectos de la detención en flagrancia. Por ello, la Primera Sala ha entendido un delito flagrante es aquél que brilla a todas luces.
• La Primera Sala ha sido enfática en precisar que la flagrancia siempre es una condición que se configura al momento en que se realiza la detención. La policía no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito o que estuviera por cometerlo. Tampoco puede detenerlo para investigar.
• La expresión "inmediatamente después de haberlo cometido" se actualiza cuando el indiciado es perseguido físicamente después de haber cometido el delito. En otras palabras, la inmediatez se refiere a una actuación continua, sin dilación o interrupción por parte de quien realiza la detención. Va desde el momento en que se perpetra el delito hasta que el indiciado es capturado.
• Por consiguiente, se calificará como ilegal y arbitraria cualquier detención que no cumple con las condiciones establecidas por el artículo 16, párrafo quinto, de la Constitución, cuya interpretación y alcance ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación como parámetro mínimo de actuación del Estado, en términos de lo dispuesto por los artículos 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 7, puntos 1 a 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Resulta aplicable la tesis aislada 1a. CC/2014 (10a.)(53) de la Primera Sala de esta Suprema Corte.
• En el caso concreto, los cosentenciados ********** y **********, así como el quejoso fueron detenidos fuera del marco constitucional establecido por la Primera Sala.
• Ambos cosentenciados fueron objeto de una aprehensión simulada. Por un lado, ********** fue presentado a las cuatro horas del veintitrés de marzo del año dos mil seis ante el agente del Ministerio Público, derivado de un oficio de investigación genérico dictada previamente por la representación social. Por otro lado, ********** fue detenido a las veinte horas con treinta minutos del veintitrés de marzo de dos mil seis, por parte de los agentes investigadores ministeriales del Estado de Chihuahua ante el agente del ministerio público, derivado también de diverso oficio de investigación genérica dictado previamente por el citado representante social.(54)
• Una vez presentados ante el agente del Ministerio Público, éste determinó que la detención del segundo de los cosentenciados se efectuó de conformidad con el inciso c), del párrafo tercero, del artículo 144 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua. Dicha porción normativa impugnada amplía a setenta y dos horas el periodo en el que se puede considerar que se está en presencia de una detención en flagrancia, lo cual es contrario al artículo 16 constitucional.
• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en el mismo sentido, por ejemplo, en relación con el artículo 106, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California. Resulta aplicable la tesis aislada 1a. CCLXXIX/2012 (10a.)(55) de rubro: "FLAGRANCIA. EL ARTÍCULO 106, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, PÁRRAFO TERCERO, POSTERIOR A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008."
• Por lo anterior, el quejoso solicitó al Tribunal Colegiado que realizara un control concentrado de la Constitución y que declarara inconstitucional el inciso c) del párrafo tercero del artículo 144 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua.
• Al considerar inconstitucional esta porción normativa, el efecto es que se declare ilícita la declaración inicial que se realizó ante el Ministerio Público.
• En palabras del quejoso: "la convalidación de la detención de una persona bajo el supuesto de flagrancia equiparada, es constitutiva de una violación de carácter constitucional que torna ilícita la declaración inicial que se realice ante el Ministerio Público. Ello, al tener como base la retención ilegal de la persona, por encontrarse fuera de los supuestos de excepción previstos en la Constitución Federal. Afirmación que se sustenta en la configuración de la figura jurídica de notable trascendencia en el tema que se analiza: el carácter ilícito de un medio de prueba."(56)
• También agregó lo siguiente: "el concepto de prueba ilícita se ha asignado a aquellos elementos de convicción que, eventualmente, serán aportados en algún procedimiento jurisdiccional, y que han sido generados u obtenidos de manera irregular, esto es, al margen o en franca contradicción con los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en las normas de la materia de fuente internacional."(57)
• Por consiguiente, las pruebas obtenidas directa o indirectamente a partir de la violación de derechos humanos no deben tener efecto alguno en los procesos judiciales.
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la invalidez no sólo afecta aquellas pruebas obtenidas directamente con motivo de un acto que provocó la violación a los derechos humanos, sino de todas aquellas que tengan un vínculo directo con la violación.
• Esta regla de exclusión es, a su vez, un derecho humano en su vertiente de garantía que le asiste a todo inculpado durante el proceso penal y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales. Lo anterior tiene fundamento en los artículos 14, 17 y 20 constitucionales.
• La Primera Sala ha sostenido que la regla de exclusión se encuentra implícitamente previsto en el orden constitucional. Además, encuentra respaldo en lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Por lo tanto, el quejoso solicitó que se declaren ilícitas todas y cada una de las probanzas en las que los cosentenciados realizaron imputaciones en contra del quejoso, así como todas aquellas cuya obtención no fuese posible si se hubiese obrado de conformidad con el orden constitucional y si no hubieran sido empleadas para el dictado del acto reclamado. Para reforzar sus argumentos, citó las tesis aisladas 1a. CCCLXXIV/2015 (10a.),(58) 1a. CCI/2014 (10a.)(59) y 1a. CC/2014 (10a.).(60)
• No es obstáculo de lo anterior que los criterios citados se refieran a legislaciones de otras entidades, pues existe semejanza sustancial entre los artículos analizados por la Suprema Corte y el artículo ahora impugnad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32230-5b23dbef/derecho-a-la-exclusion-de-prueba-ilicita-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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