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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS Y 35, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE ESA ENTIDAD). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS). VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE INDICA: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES; CUMPLIENDO CON LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 55, 56 Y 58, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS."]. XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA [INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2 QUE INDICA: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, QUIEN DEBERÁ REALIZAR EL PAGO DE FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPEC

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 331/2023. · Registro digital (IUS): 32256
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-15
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.3060.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 331/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 29 DE NOVIEMBRE DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El Decreto número 865, publicado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6185 en el que se concede pensión por jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar, con cargo al Presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 331/2023, promovida por el Poder Judicial del estado de Morelos en la cual se demandó la invalidez del decreto ochocientos sesenta y cinco (865), publicado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6185, a través del cual el Poder Legislativo de dicha entidad determinó otorgar una pensión por jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar, con cargo al presupuesto del Poder Judicial mencionado, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. El veintiocho de agosto de dos mil veinte, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos remitió al ejecutivo estatal el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial de la entidad por la cantidad de $1,480,051,000.00 (mil cuatrocientos ochenta millones cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional), en el cual incluía una partida presupuestal para el pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por la cantidad de $399,409,000.00 (trescientos noventa y nueve millones cuatrocientos nueve mil pesos 00/100 moneda nacional).

2. El primero de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo del estado de Morelos remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del estado para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno.(1)

3. El quince de diciembre de dos mil veinte, el Congreso del estado de Morelos aprobó el decreto número mil ciento cinco, por el cual se autoriza el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial la cantidad de $549,034,000.00 (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), dentro de los cuales incluyó, para el pago de pensiones, jubilaciones y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia la cantidad de $75,000,000.00 (setenta y cinco millones de pesos 00/100 moneda nacional).

4. El Congreso local no aprobó en diciembre de 2021 el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, por lo que, de manera tácita se autorizó el mismo presupuesto para el ejercicio fiscal 2021.

5. El veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, el Congreso del estado de Morelos publicó el decreto número quinientos setenta y nueve, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado de Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, asignando al Poder Judicial la cantidad de $800,000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales $160,547,842.00 (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), están destinados para el pago de pensiones, jubilaciones y personal de retiro.

6. El diecinueve de abril de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6185, el decreto ochocientos sesenta y cinco, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar con cargo al presupuesto del Poder Judicial del estado de Morelos, el cual se transcribe a continuación:

"DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A CLAUDIA LORENA URQUIZA AGUILAR

"ARTÍCULO 1o. Se concede pensión por Jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: encargada de Departamento a la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, haciéndole de su conocimiento que la misma será la encargada del Departamento de Control de Asistencia.

"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 70 % del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 fracción II inciso g) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.

"ARTÍCULO 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley;

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS

"PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial –Tierra y Libertad?.

"SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 933/2022; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.

"TERCERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial –Tierra y Libertad?, órgano de difusión del Gobierno del Estado.

"Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el dieciséis de marzo del dos mil veintitrés.

"Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, secretaria. Dip. Alberto Sánchez Ortega, secretario. Rúbricas.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a los doce días del mes de abril del dos mil veintitrés.

"‘SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN’ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNO SAMUEL SOTELO SALGADO RÚBRICAS."

7. Demandad de controversia constitucional. El quince de mayo de dos mil veintitrés, el doctor Luis Jorge Gamboa Olea, en su calidad de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado de Morelos, promovió demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual planteó la invalidez del decreto ochocientos sesenta y cinco, transcrito en el punto inmediato anterior.

8. Conceptos de invalidez. En su único concepto de invalidez, el actor argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su prejuicio el principio de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, expresando, esencialmente, lo siguiente:

• El decreto impugnado contraviene los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Política del país, así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.

• Dicha autonomía de la gestión presupuestaria tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, el cual establece la garantía para una administración de justicia expedita, y en la obligación de los poderes legislativos federal y local de garantizar la independencia, lo que en el particular no ocurre, pues al emitir el decreto, el Congreso local se entromete en las decisiones financieras del poder actor.

• El Poder Legislativo dispone directamente de los recursos financieros del Poder Judicial, al conceder una pensión de jubilación, sin que el poder actor tuviera intervención en el decreto impugnado, máxime que, de manera expresa afectó la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.

• El Congreso local no contempló partida alguna para pago de decretos controvertidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la cantidad otorgada para la partida de pago de decretos para pensionados del Tribunal Superior de Justicia, resulta insuficiente para cubrir las pensiones que ya había otorgado previamente el Congreso, de ahí que no se tenga certeza que el presupuesto pueda cubrir pensiones futuras.

• Para el pago de los decretos pensionarios del ejercicio 2023, no consideraron los incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos o asuntos controvertidos, tal y como se precisó en el anteproyecto del presupuesto de egresos y programa operativo anual, es decir, el poder demandado tiene conocimiento de que no se cuenta con el recurso para el pago del Decreto impugnado.

• El Congreso del estado de Morelos contraviene en perjuicio del Poder Judicial el artículo 49 constitucional en relación con el 92-A, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, pues vulnera el principio de división de poderes en tanto acuerda cubrir una pensión con cargo a una partida presupuestal del poder judicial no programada, además de que atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el Poder Judicial, corresponde en forma exclusiva a este la planeación, programación y diseño del gasto público a través de su presupuesto de egresos, sin injerencia externa.

• Se vulnera el artículo 116 de la Constitución Política del país, ya que con el decreto impugnado se pretende que el Poder Judicial del estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso local.

• Por ello, el Congreso del estado de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial de dicha entidad, pues mediante el decreto reclamado determinó otorgar una pensión por jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar entrometiéndose en la disposición del presupuesto de la judicatura local, lo que supone de facto una relación de subordinación, aunado a que no concedió una ampliación presupuestal.

9. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrado bajo el número 331/2023 y turnarlo a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

10. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y tuvo como demandados a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del estado de Morelos, a quienes emplazó para que contestaran la demanda dentro de los treinta días hábiles siguientes.

11. Contestación del Poder Ejecutivo del estado de Morelos. El treinta y uno de julio de dos mil veintitrés el Poder Ejecutivo local dio contestación a la demanda.

• La controversia constitucional es improcedente respecto de los actos atribuidos al Poder Ejecutivo local, porque el Poder Judicial del estado de Morelos no formuló conceptos de invalidez, específicamente y por vicios, en contra de la promulgación y publicación, los cuales se realizaron en términos de los artículos 47, 70, fracción XVII, incisos a) y c) y 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

• Los actos emitidos por el Gobernador del estado de Morelos, relativos a la promulgación y publicación del decreto impugnado, se encuentran apegados al orden constitucional razón por la que la impugnación que formula el poder actor resulta notoriamente improcedente e infundada, en virtud de que bajo ninguna circunstancia dichos actos invaden el ámbito de las facultades constitucionalmente establecidas a favor del Poder Judicial local.

• El poder actor está en condiciones de cubrir la pensión, toda vez que el Congreso local le asigna una partida equivalente al 4.7 % del monto total del gasto programable del presupuesto de egresos anual, por lo que, tiene la posibilidad de cumplir con los compromisos adquiridos, así como con los venideros.

• Por otra parte, la cantidad autorizada para el Poder Judicial del estado de Morelos es integrada por los recursos necesarios, que deberán utilizarse para todas las obligaciones financieras, laborales y de seguridad social, así como las derivadas de pensiones y jubilaciones, controversias constitucionales, amparos, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, la capacitación de recursos humanos y demás obligaciones.

• Al resolver este asunto, se debe tomar en cuenta la problemática financiera que atraviesa el erario, pues es la única fuente para pagar las pensiones de los trabajadores estatales y municipales. Además, el Poder Ejecutivo no es patrón solidario o sustituto de las obligaciones del Poder Judicial con sus personas jubiladas, y considerar lo contrario implicaría vulnerar el principio de división de poderes en perjuicio del Poder Ejecutivo.

• Finalmente, el Poder actor deberá, en ejercicio de su autonomía financiera, instrumentar los mecanismos de transferencia o adecuaciones de las partidas que integran su presupuesto, para dar cumplimiento al momento de austeridad, lo anterior, ante el principio económico de escasez.

12. Contestación del Poder Legislativo del estado de Morelos. El diecisiete de julio de dos mil veintitrés el Congreso local dio contestación a la demanda.

13. En primer lugar, planteó que la controversia constitucional es improcedente de conformidad con el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, porque el Poder Judicial del estado de Morelos no cuenta con interés legítimo para acudir al presente medio de control, en tanto que el acto impugnado no genera afectación alguna en su esfera de atribuciones.

14. El Tribunal Superior de Justicia cuenta con los recursos suficientes para pagar las prestaciones de sus extrabajadores, por lo que, en caso de que dicho recurso con el transcurrir del ejercicio fiscal sea insuficiente, debe estarse a lo ordenado por las leyes de la materia y solicitar al Poder Ejecutivo del estado, la ampliación del presupuesto.

15. Por lo demás, manifestó que al haber otorgado el Poder Legislativo del estado de Morelos la partida destinada para el pago de las pensiones otorgadas controvertidas ante este alto tribunal, la emisión del Decreto impugnado no transgrede el principio de autonomía en la gestión presupuestal.

16. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejera de la Presidencia. El Fiscal General de la República y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal no emitieron opinión en el presente asunto.

17. Audiencia y cierre de la instrucción. El dieciocho de octubre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia y por acuerdo de seis de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

18. Avocamiento. En atención a la solicitud de la Ministra instructora, por acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintitrés, la Primera Sala se avocó para conocer el presente asunto.

I. COMPETENCIA

19. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h) de la Constitución Política del país(2) y 10, fracción I y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) por tratarse de una controversia entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del estado de Morelos, en el que no se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en términos de los dispuesto en los Puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General Plenario número 1/2023.(4)

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

20. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, se procede a precisar los actos y normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial señaló como normas concretas y específicamente reclamadas, las siguientes:

"IV. LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO:

"El decreto número OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’ 6185, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, por el que se concede pensión por jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2023, como más adelante se precisará."

21. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda, en específico del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del estado de Morelos, se advierte que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.

22. Tal determinación se encuentra en el artículo 2o. y no en la totalidad del Decreto número ochocientos sesenta y cinco, y es la que constituye la materia de la presente controversia constitucional, lo cual puede advertirse de la transcripción de los artículos impugnados:

"DECRETO NÚMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A CLAUDIA LORENA URQUIZA AGUILAR

"ARTÍCULO 1o. Se concede pensión por Jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar, quien ha prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: encargada de Departamento a la Jefatura de Recursos Humanos de la Dirección General de Administración del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, haciéndole de su conocimiento que la misma será la encargada del Departamento de Control de Asistencia.

"ARTÍCULO 2o. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 70 % del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 fracción II inciso g) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. "ARTÍCULO 3o. El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley;

"ARTÍCULOS TRANSITORIOS

"PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial –Tierra y Libertad?.

"SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la quejosa la presente determinación y notifíquese por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de Morelos, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada dentro del expediente número: 933/2022; ambas notificaciones por conducto de la Dirección Jurídica de este Congreso del Estado de Morelos.

"TERCERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial –Tierra y Libertad?, órgano de difusión del Gobierno del Estado.

"Poder Legislativo del Estado de Morelos, Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el dieciséis de marzo del dos mil veintitrés.

"Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega, secretaria. Dip. Alberto Sánchez Ortega, secretario. Rúbricas.

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, Palacio de Gobierno, en la ciudad de Cuernavaca, capital del estado de Morelos, a los doce días del mes de abril del dos mil veintitrés.

"‘SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN’ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO SECRETARIO DE GOBIERNO SAMUEL SOTELO SALGADO RÚBRICAS."

23. En consecuencia, se tiene al artículo 2o. del Decreto número 865, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 6185, de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, como acto impugnado, en la porción normativa que señala "... será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, quien deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones, en el Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes; cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 fracción II inciso g) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

24. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la ley reglamentaria, esta Primera Sala advierte que la existencia del Decreto 865 se encuentra acreditada, al tratarse de un decreto que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", sin que en el presente caso se requiera mayor prueba al respecto.

IV. OPORTUNIDAD

25. En términos del artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover la controversia constitucional, tratándose de actos, debe computarse a partir del día siguiente:

a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame;

b) al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, y;

c) al en que el actor se ostenta sabedor de los mismos.(5)

26. En este caso, el Poder Judicial actor impugna el Decreto número ochocientos sesenta y cinco, publicado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Este momento será tomado como fecha de conocimiento en virtud de que el actor no manifestó haber tenido conocimiento de este acto en una fecha diversa ni en el expediente existe constancia que permita llegar a una conclusión distinta.

27. Luego el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del jueves veinte de abril al viernes dos de junio de dos mil veintitrés.(6) Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el quince de mayo de dos mil veintitrés, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

28. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(7) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.

29. El Poder Judicial del estado de Morelos compareció por conducto del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia local, el doctor Luis Jorge Gamboa Olea, personalidad que se le reconoce en términos de lo dispuesto en el Acta de Sesión extraordinaria del Pleno Público solemne número 01 (uno) de ese órgano jurisdiccional, de cuatro de mayo de dos mil veintidós.(8)

30. Además, el Magistrado Presidente se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del estado de Morelos, ya que en la fracción II del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos se establece que la representación del Tribunal Superior local recae, precisamente, en quien detenta la presidencia.(9)

31. Luego, si el Poder Judicial de la entidad federativa se deposita en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con el artículo 86 de su Constitución local,(10) el Magistrado Presidente tiene facultades para promover el presente medio de control constitucional en su representación.

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

32. Por su parte, en el acuerdo de admisión de treinta de mayo de dos mil veintitrés, se reconoció como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del estado de Morelos.

33. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(11) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional. Por lo tanto, de acuerdo con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.

34. En primer lugar, en representación del Poder Ejecutivo acudió la Consejera Jurídica, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento.(12) Dicha funcionaria cuenta con facultades para ello, de conformidad con la fracción II del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(13)

35. En representación del Poder Legislativo del estado de Morelos compareció el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, quien acredita su personalidad con el acta de la Sesión Ordinaria de Pleno de catorce de septiembre de dos mil veintidós y quien cuenta con facultades para ello, con fundamento en el artículo 36, fracción XVI, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.(14)

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

36. Antes de entrar al estudio de fondo, es necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio pudiera advertir este alto tribunal.

VII.1. El poder actor carece de interés legítimo

37. El Poder Legislativo del estado de Morelos alega que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso h), constitucional porque considera que el acto impugnado no afecta el ámbito de las atribuciones del Poder Judicial local y que por ello carece de interés legítimo para acudir a la controversia constitucional.

38. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión a favor de una persona pensionada, es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando. Sirve de sustento la tesis de jurisprudencia P./J. 92/99 de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(15)

VII.2. La promulgación y publicación no se impugnaron por vicios propios

39. La Consejera Jurídica, en representación del Poder Ejecutivo del estado de Morelos, señala que debe sobreseerse la controversia constitucional porque el Poder Judicial no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.

40. Son infundados los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

VIII. ESTUDIO DE FONDO

41. Esta Primera Sala advierte que el planteamiento de invalidez desarrollado por el poder accionante es fundado, pues el hecho de que el Congreso estatal le haya ordenado el pago de una pensión por jubilación a Claudia Lorena Urquiza Aguilar, sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, vulnera su autonomía e independencia en la vertiente presupuestaria, pues constituye una forma de subordinación frente al primero de ellos, y, en consecuencia, se configura una afectación en la autonomía d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32256-db43d9fd/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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