I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA CONSEJERÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DE ÉSTE (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; 12 Y 38, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; 24 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO EL "ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA Y AUTORIZA A LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EJERCER LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE REQUIERAN DEL PREVIO ACUERDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN XVI, Y 38 DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. AUTONOMÍA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA CUOTA MENSUAL DE LA PENSIÓN "... POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ÓRGANO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES."). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO AL PENSIONADO Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA CUOTA MENSUAL DE LA PENSIÓN "... POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ÓRGANO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES."). VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL QUE VINCULA AL CONGRESO LOCAL PARA QUE ESTABLEZCA SI SERÁ EL PROPIO CONGRESO QUIEN HARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA CON CARGO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO O, EN CASO DE CONSIDERAR QUE DEBE SER ALGÚN OTRO PODER O ENTIDAD QUIEN DEBA REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LA PENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE DICHO ENTE PUEDA SATISFACER ESA OBLIGACIÓN (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PARTE DEL ARTÍCULO 2 EN DONDE SE INDICA QUE LA CUOTA MENSUAL DE LA PENSIÓN "... POR EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ÓRGANO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PAGO EN FORMA MENSUAL, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA PENSIONES.").
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 390/2023. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 22 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Acto impugnado:
El decreto número 995 (novecientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6199, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual el Poder Legislativo del Estado de Morelos, concedió una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 390/2023, promovida por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo ambos del mismo Estado.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Mediante escrito recibido el doce de julio de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del mismo Estado.
2. En su demanda solicitó la declaración de invalidez del Decreto número 995 (novecientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6199, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a Víctor Manuel Jiménez Benítez, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.
3. En este sentido, la parte demandante expuso los siguientes conceptos de invalidez:
a. Que el decreto impugnado invade la independencia y la autonomía de gestión presupuestal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, reconocidas en los artículos 14, 16, 17, 116, fracción IV, 123, apartado B, fracción XI, inciso a), 126 y 127, de la Constitución Federal, ya que el Poder Legislativo demandado determinó de manera unilateral conceder la pensión con cargo al presupuesto del Instituto Morelense, sin transferir efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica el decreto jubilatorio.
b. En concreto, la parte actora refiere que en el artículo 2 del decreto impugnado –en el que se determinó que la pensión debe cubrirse a razón del 80% del último salario del solicitante y será cubierta por el Instituto Morelense–, el Poder Legislativo no ha otorgado los montos necesarios y suficientes para cubrir el pago del decreto pensionario, ni tampoco el Poder Ejecutivo de Morelos ha realizado acción alguna tendente a la observación del artículo 70, fracción XVII de la Constitución del Estado.
c. Indica que la decisión del Congreso local de exigir al Instituto realizar el pago de la pensión por jubilación a favor de determinada persona, con cargo al presupuesto del propio organismo, se traduce en una disposición arbitraria en contra del patrimonio de dicho Instituto.
d. El poder demandado dispone directamente de los recursos del ahora actor, al conceder una pensión por jubilación, sin determinar la partida para el pago de la misma, violando con ello el artículo 126 de la Constitución Política del país, así como el 131 de la Constitución local, pues se le obliga al poder actor a derogar un recurso que no se encontraba previsto.
e. En síntesis, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana impugna el decreto número 995 (novecientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6199, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por considerar que ese decreto vulnera la autonomía financiera del Instituto, al tratarse de una pensión en la que otro poder (Congreso del Estado) determina que debe ser cubierta con cargo al presupuesto del Instituto, sin determinar la partida para el pago de la misma, violando con ello el artículo 126 de la Constitución Política del país.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número 390/2023; asimismo, turnó y designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.
5. Posteriormente, en proveído del día trece de julio siguiente, el Ministro Instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados y ordenó emplazar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos; finalmente ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su representación correspondiera.
6. Contestación a la demanda de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Mediante escritos recibidos los días ocho y veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la Consejera Jurídica en representación del Poder Ejecutivo y el Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso en representación del Poder Legislativo ambos del Estado de Morelos, respectivamente, dieron contestación a la demanda. Expusieron argumentos para sostener la validez del decreto impugnado, los cuales no se transcriben ni se resumen en atención al sentido que regirá en el presente fallo; además, acompañaron copia certificada de diversas documentales públicas y ofrecieron la presuncional e instrumental de actuaciones.
7. De la Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No emitieron opinión en el presente asunto.
8. Alegatos. No se formularon.
9. Cierre de la instrucción. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria, en ella se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas. Posteriormente se determinó el cierre de la instrucción y se puso el expediente en estado de resolución.
10. Avocamiento. Previo dictamen del Ministro instructor, en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó remitir el expediente a la Segunda Sala de este Alto Tribunal para su radicación y resolución, por lo que en proveído de diecisiete siguiente, el Presidente de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
I. COMPETENCIA
11. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(1) en relación con los Puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés y modificado mediante instrumento normativo de diez de abril siguiente, ya que no se impugnan normas de carácter general, sino que se plantea un conflicto entre un organismo constitucional autónomo y los Poderes Ejecutivo y Legislativo todos del Estado de Morelos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
12. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS
13. Con fundamento en el artículo 41, fracción I de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) se precisa que en el presente caso se demandó la invalidez de:
14. El Decreto número 995 (novecientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6199, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos, determinó otorgar pensión por jubilación a Víctor Manuel Jiménez Benítez.
15. En consecuencia, se tiene como acto impugnado el artículo 2(3) del decreto número 995 (novecientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 6199, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en que se dispone la cuota mensual de la pensión a cubrir, la forma y la autoridad obligada a pagarla, con cargo a la partida destinada para pensiones.
16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO
17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria, esta Segunda Sala estima que el decreto número 995 (novecientos noventa y cinco), del que se ha tenido por impugnado su artículo 2, se encuentra plenamente acreditado en autos.
18. Cierto, obra en autos copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Morelos de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se publicó un extracto del decreto número 995 (novecientos noventa y cinco), de ahí que efectivamente está acreditada la existencia del acto impugnado.
19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
IV. OPORTUNIDAD
20. Conforme al artículo 21, fracción I,(4) de la Ley Reglamentaria de la Materia, tratándose de actos, el plazo para promover controversia constitucional es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de dichos actos.
21. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna, para el cómputo del plazo se tomará como fecha de conocimiento la de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", esto es, el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en virtud de que el Instituto actor no manifestó haber tenido conocimiento de tal acto en fecha diversa.
22. En este orden de ideas, el plazo de treinta días para presentar la demanda transcurrió del jueves uno de junio hasta el miércoles doce de julio de dos mil veintitrés.(5) De ahí que, si la demanda se presentó el último día del plazo su presentación resulta oportuna.
23. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
V. LEGITIMACIÓN ACTIVA
24. La demanda fue presentada por parte legítima.
25. Conforme al artículo 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de la Materia, el actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos y, en todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.
26. El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana compareció en su carácter de organismo público autónomo,(6) por conducto de la Consejera Presidenta, Mireya Gally Jordá,(7) quien está legitimada para promover la presente controversia constitucional en representación del Instituto, de conformidad con la fracción I del artículo 79 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, que establece que la representación del Instituto Electoral local recae precisamente en quien ostente el cargo de Consejero Presidente.(8)
27. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
VI. LEGITIMACIÓN PASIVA
28. Los órganos demandados tienen legitimación pasiva, es decir, tienen carácter de autoridades demandadas en este procedimiento constitucional en términos de lo dispuesto por los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero de la Ley Reglamentaria, de los cuales se advierte que tendrá el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos.
29. En representación del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, acudió al juicio Dulce Marlene Reynoso Santibáñez, Consejera Jurídica y representante legal del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; quien acreditó su personalidad con copia certificada del Periódico Oficial del Estado de cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se publicó su nombramiento y cuyas atribuciones para representar al Poder Ejecutivo de la entidad se prevén en el artículo 38, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos,(9) en relación con los numerales 74 de la Constitución Política, 12 de la citada Ley Orgánica y 24 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica, todos del Estado de Morelos, así como con el "Acuerdo por el que se delega y autoriza a la persona titular de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal para ejercer las facultades y atribuciones que requieran del previo acuerdo del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos", publicado en el Periódico Oficial de la entidad el dieciséis de abril de dos mil diecinueve.
30. A nombre del Poder Legislativo del Estado de Morelos, suscribe la contestación de demanda el diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso, quien asumió las funciones de la presidencia y, por tanto, la atribución de representar legalmente al Congreso, en términos del artículo 38,(10) en relación con el diverso 36, fracción XVI,(11) ambos de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado.
31. Lo anterior, según la copia certificada del acta de la sesión ordinaria de catorce de septiembre de dos mil veintidós, en la cual fue designado Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.
32. Conforme a lo anterior, los citados funcionarios tienen legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que cuentan con facultades para representar a dichos poderes y órganos.
33. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
34. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento y esta Segunda Sala tampoco advierte que se actualice alguna en forma oficiosa, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
35. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
VIII. ESTUDIO DE FONDO
36. Criterio jurídico o ratio decidendi. El decreto del Congreso del Estado de Morelos, por el que concedió una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, es inconstitucional por vulnerar el principio de autonomía de gestión presupuestal de éste, como a continuación se explica.
37. En su único concepto de invalidez, el Instituto actor sostiene que el decreto impugnado viola la autonomía de gestión y la congruencia presupuestal consagrados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que el citado acto constituye una intromisión indebida del Congreso estatal en las decisiones presupuestales del Instituto Morelense.
38. Ello, aunado a que el Poder Legislativo, en todo caso, es quien debe otorgar los recursos necesarios para que se pague la pensión respectiva, y en el presente caso no sucedió así.
39. Es decir, el actor manifiesta que la Legislatura del Estado de Morelos transgrede el principio constitucional de autonomía en la gestión presupuestal consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que emitió el Decreto mediante el cual se autoriza el pago de una pensión con cargo al presupuesto del actor.
40. La determinación del Poder Legislativo en el Decreto novecientos noventa y cinco (995) en tanto ordena al Instituto actor que pague en forma mensual la pensión por jubilación a una persona con cargo a su partida presupuestal constituye una violación a la independencia financiera del Instituto y, por consecuencia, al principio de autonomía que expresamente se encuentra previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal.
41. Se trata de una subordinación del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana ante el Congreso del Estado, pues, además de que el actor no puede disponer autónomamente de sus recursos económicos, implica que está sometido a la voluntad del poder subordinante, es decir, el Poder Legislativo Local no permite al Instituto actor un curso de acción distinto al que le ordena en el Decreto, esto es, pagar una pensión por jubilación a un exservidor público.
42. Lo anterior se afirma pues, si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores y sus beneficiarios a obtener este tipo de pensiones; los requisitos que deben cubrirse; la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante Decreto; así como que la legislación vigente faculta al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales, por ese motivo, el hecho de que cualquier otro poder público pretenda tener injerencia en ello representa una violación a lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Política del país.
43. Además, la Ley no define cómo deben financiarse esas pensiones, ni en su caso, cómo se distribuirán las cargas respectivas, incluso, en caso de que en algún momento las personas servidoras públicas hayan laborado para alguna otra dependencia del Gobierno del Estado, para que sean cubiertas aquéllas a los servidores públicos al momento de generar el derecho a recibir su pensión.
44. Por su parte, la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece que las prestaciones, los seguros y los servicios que reconoce estarán a cargo de las respectivas instituciones obligadas estatales o municipales, y se cubrirán de manera directa cuando así proceda y no sea con base en aportaciones de los sujetos de la ley.
45. En ese sentido, esta Segunda Sala considera que es precisamente tal indefinición lo que torna al decreto aquí impugnado inconstitucional. Máxime que de conformidad con los artículos 32 de la Constitución Política del Estado de Morelos y 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado,(12) el Congreso estatal es el órgano encargado de revisar, modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, y por ende correspondería a dicha legislatura establecer y autorizar las partidas presupuestarias correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, así como de distribuir las cargas financieras dependiendo de qué poder o poderes fueron patrones del pensionista y por cuánto tiempo, pues es el propio Congreso quien cuenta con la información necesaria para ello en términos de la Ley del Servicio Civil.
46. Por lo expuesto, es fundado el concepto de invalidez hecho valer al respecto por la parte actora y, en consecuencia, se declara la invalidez parcial del Decreto novecientos noventa y cinco (995), por el que se concede pensión por jubilación, exclusivamente en la porción del artículo 2 el cual establece que la pensión deberá cubrirse: "... por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, órgano que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones ...".
47. En consecuencia, y como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en reiteradas ocasiones, al haberse alcanzado la pretensión de la parte actora, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos hechos valer.(13)
48. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
IX. EFECTOS
49. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, señalan que las sentencias deben contener los alcances y efectos de éstas, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirla, las normas generales respecto de las cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual la sentencia producirá sus efectos.
50. Declaratoria de invalidez parcial: En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara:
a. La invalidez parcial del Decreto número novecientos noventa y cinco (995), por el que se concede pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial" Tierra y Libertad" 6199 del Estado de Morelos el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, únicamente en la porción del artículo 2 que indica: "... será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, órgano que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones".
51. Otros lineamientos: El efecto de la invalidez parcial decretada no puede causar afectación alguna a los derechos que ya se habían otorgado al beneficiario y que no son materia de la invalidez determinada, por lo que, al igual que esta Segunda Sala lo ha sostenido al resolver las controversias constitucionales 168/2020,(14) 201/2020(15) y 10/2021,(16) el Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá:
a. Modificar el decreto impugnado únicamente en la parte materia de la invalidez, y
b. A fin de no lesionar la independencia del Instituto actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, deberá establecer de manera puntual:
- Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado.
- En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien deba realizar los pagos correspondientes a la pensión, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión.
52. Lo anterior, dentro del plazo máximo de sesenta días naturales siguientes a que le sea notificada la presente resolución.
Notificaciones: Deberá notificarse esta sentencia, por oficio, al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (parte actora), a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, ambos del Estado de Morelos.
Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
X. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
PRIMERO.—Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional.
SEGUNDO.—Se declara la invalidez parcial del Decreto número novecientos noventa y cinco (995), publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para los efectos precisados en la parte final del apartado IX de esta sentencia.
Notifíquese; mediante oficio a las partes y devuélvase el expediente a la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán (ponente).
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y Ponente, con la Secretaria de Acuerdos que autoriza y da fe.
________________
1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:
"...
"k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, ..."
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:
"I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
"Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones: ...
"VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; ..."
2. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; ..."
3. "Artículo 2. La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 80% del último salario mensual del solicitante a partir del día siguiente a aquél en que se separe de sus labores y será cubierta por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, órgano que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58, fracción I, inciso e) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos."
4. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; ..."
5. De conformidad con los artículos 2 y 3, fracción II de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, en relación con el numeral 139 y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el punto primero, incisos a), b), g) y h) del Acuerdo General 18/2013 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cómputo citado deben descontarse los siguientes días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho veinticuatro y veinticinco de junio, así como uno, dos ocho y nueve de julio, todos de dos mil veintitrés, por ser sábados y domingos.
6. Conforme al artículo 23 fracción V, párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
"Artículo 23. Los procesos electorales y de participación ciudadana del Estado, se efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las Leyes de la materia y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género.
"...
"V. La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Las elecciones locales estarán a cargo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y podrá delegarla al Instituto Nacional Electoral en los términos de esta Constitución y la Ley en la materia.
"El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32258-36af8361/i-controversia-constitucional-la-persona-que-presida-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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