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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. PROCEDE TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS MERCANTILES (ARTÍCULO 737 A DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 103/2023. · Registro digital (IUS): 32273
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-03-22
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo V, Pág.4359.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 103/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE ENERO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO Y DE LOS MAGISTRADOS HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES Y CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA. PONENTE: MAGISTRADA MARTHA LETICIA MURO ARELLANO. SECRETARIOS: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO Y JOSÉ LUIS VÁZQUEZ LÓPEZ.

PRIMERO.—Competencia del Pleno.

5. Este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios. El fundamento es lo previsto en los artículos: 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 2 del Acuerdo General 108/2022; 8 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 [Anexo 1]. Su motivación se da en razón de que se trata de una contradicción de criterios entre tribunales colegiados en materia civil. Especialidad del órgano resolutor y pertenecen a la región en la que este Pleno Regional ejerce jurisdicción [Anexo 2].

Ver legislación

Ver regiones

SEGUNDO.—Legitimación del denunciante.

6. La denuncia proviene de parte legítima. Fue planteada por las Magistradas y el Magistrado integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México. Facultad que le confieren los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo [Anexo 3].

Ver legitimación

TERCERO.—Requisitos para la existencia de contradicción de criterios.

7. Se destacan los presupuestos de existencia de contradicción de criterios, en base a la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal. Son los siguientes requisitos y/o lineamientos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que en esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de conexión, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea sobre el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; habiéndose resuelto en forma discrepante.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(4)

d) Que no es necesario que las cuestiones fácticas que rodean los casos de los que emanan los criterios contendientes sean exactamente iguales, ya que las particularidades de cada asunto no siempre resultan relevantes y pueden ser sólo adyacentes, debiéndose privilegiar en tal supuesto, la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.(5)

e) Que para el análisis de las ejecutorias y la consecuente determinación sobre la existencia de la contradicción, no es indispensable ni exigible que los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada.(6)

CUARTO.—Criterios denunciados.

8. Los tribunales contendientes emitieron criterios en los que adoptaron las posturas siguientes:

Primera postura.

A. Del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 286/2023.

Antecedentes.

A.1. Juicio ordinario civil. Una persona física demandó a una persona jurídica y a una física, entre otros sujetos enjuiciados, "la declaración de nulidad absoluta del juicio ejecutivo mercantil, que esta persona moral inició en contra de esta persona física". De los hechos narrados en la demanda inicial, como causa de pedir, fundamentalmente se expresó:

"... que el codemandado ... simuló dichos actos jurídicos con el propósito de aparentar insolvencia frente a sus acreedores alimentarios con motivo de la disolución de su vínculo matrimonial, con lo cual la demandante –afirma– resultó afectada porque el inmueble que dice haber adquirido mediante contrato privado de compraventa ya estaba hipotecado cuando adquirió y en el juicio ejecutivo mercantil fue embargado, circunstancia que a la vez constituye un obstáculo para la protocolización de su compraventa."

A.2. El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Quincuagésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, quien previos avatares(7) procesales la admitió. Seguidos los trámites, se dictó la sentencia en la que declaró la improcedencia de la acción.

A.3. Recurso de apelación. Inconforme con esa sentencia la enjuiciante planteó recurso de apelación. Lo resolvió la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Declaró la nulidad absoluta de los actos jurídicos impugnados; juicio ejecutivo mercantil de origen; orden de cancelación de inscripciones registrales y pago de costas de primera instancia.

A.4. Amparo directo. No conforme, la persona jurídica codemandada –por conducto de su representación–, promovió juicio de amparo directo. Por razón de turno le correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el número de expediente 286/2023. Se negó la protección constitucional solicitada. En torno a las acciones ejercidas, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

a) La norma impugnada –artículo 737 A, fracción VII, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México–. No transgrede el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada. Los respeta al otorgar acción a una persona que no participó en un juicio cuyos efectos le perjudiquen, dar certeza y seguridad jurídica de que ese juicio no haya sido fraudulento.

b) El tribunal explicó la diferencia entre "acción" y "vía".(8) Sostuvo que el derecho a la tutela judicial efectiva implica que, una vez ejercida la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse a través de un proceso, en el que se deben respetar ciertas formalidades, que se desarrollan en etapas que la ley detalla, a fin de llevar en cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una sentencia. A ese proceso se le conoce como vía. Y por tanto: "la acción de nulidad de juicio concluido se somete a las reglas de la vía civil, en aplicación del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México o la legislación adjetiva civil local respectiva."

c) El tribunal dijo que la naturaleza de la acción de nulidad de juicio concluido es civil. No es un recurso o medio de defensa para las partes dentro de un procedimiento mercantil, que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar la sentencia que se dicte. Se trata de un medio extraordinario de defensa independiente y autónomo.(9) Tiene como finalidad nulificar las actuaciones de otro. No se rige por la regulación aplicable al procedimiento tildado de nulo.

d) La acción se ubica fuera del procedimiento natural y se combaten circunstancias que no pueden ser impugnadas dentro del propio procedimiento. No se revisa nuevamente la litis del juicio impugnado. Se examina si se actualiza o no la causa que se invoca como motivo de nulidad.(10)

e) Se hace innecesario verificar si el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México –que prevé la acción de nulidad de juicio concluido–, puede o no aplicarse de forma supletoria al Código de Comercio. La acción se rige por el ordenamiento adjetivo y no por el mercantil, conforme al cual se tramitó el procedimiento jurisdiccional impugnado.

f) Añadió que el artículo 10(11) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a indemnización por condena basada en error judicial. La nulidad de juicio concluido en materia mercantil constituye una garantía para satisfacer esos extremos convencionales. Esto lo analizó la Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 3079/2013.

g) Que el hecho de que el Código de Comercio no prevea la acción de nulidad de juicio concluido. No constituye una razón constitucionalmente válida para declarar improcedente, la intentada en la vía civil respecto de un juicio ejecutivo mercantil. El Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que sí contempla dicha acción, rige el juicio de nulidad. Pero no la legislación mercantil.

Segunda postura.

B. Del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 163/2017.

Antecedentes.

B.1. Juicio de amparo indirecto. Una persona física (demandada en el juicio de nulidad de origen). Reclamó en amparo indirecto la inconstitucionalidad de diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), que regulan la acción de nulidad de juicio concluido, y otros actos atribuidos a autoridades jurisdiccionales.

B.2. El Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que conoció de ese caso a lo último dictó sentencia. Sobreseyó en el juicio de amparo, en cuanto a los actos legislativos reclamados a la Asamblea Legislativa y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, negó el amparo por otras porciones legislativas y lo concedió contra la resolución de la Sala.

B.3. Amparo en revisión. No conforme. La tercera interesada –actora en el juicio de origen– interpuso recurso de revisión respecto de esa última parte. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conoció del caso bajó el número de toca 163/2017. Confirmó la sentencia recurrida en la parte en que se otorgó la protección constitucional. Al efecto consideró:

1) Calificó de legal la protección constitucional para que la Sala responsable emitiera otra resolución en que, al resolver los recursos de apelación, revisara los autos y desechara la demanda de juicio concluido. Porque fue correcta la estimativa del juez de distrito, en cuanto a que el Código de Comercio no prevé la acción de nulidad de juicio concluido. Ni alguna similar mediante la cual se pueda dejar insubsistente lo resuelto en un proceso anterior. Y no cabe la supletoriedad del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), que sí regula esa acción.

2) Se trata de un silencio legislativo en torno a dicha acción. El creador de la norma no quiso establecerla en el sistema normativo que regula la materia mercantil.

3) Para acudir supletoriamente al Código Civil Federal, al Código Federal de Procedimientos Civiles, o al Código de Procedimientos del Distrito Federal. Es condición indispensable que la supletoriedad esté prevista expresamente en relación con la materia en la que verse el asunto; o que se trate de una institución procesal inherente a la función jurisdiccional, sin la cual no sea posible decidir la cuestión planteada, salvo que ésta resulte evidentemente contraria a las normas por suplir o que sean inaplicables. De ser así, se incorporaría una materia que el legislador no ha regulado pudiendo hacerlo. Dicha omisión no permite crear una acción que no ha sido incluida expresamente en el ordenamiento procesal mercantil.

4) Es condición básica de supletoriedad que no se introduzca en la ley suplida una figura jurídica que no fue prevista expresamente y que resulte contraria a normas de la ley suplida.(12) Si además se atiende al principio general que rige en la nulidad de los actos jurídicos en general. Específicamente la nulidad absoluta, que debe estar expresamente establecida por la ley.

5) Concluyó que si en el Código de Comercio no se establece respecto de un proceso mercantil. No puede invalidarse con base en disposiciones de un diverso código procesal civil local, porque la regulación de la materia mercantil está reservada al Congreso de la Unión, conforme al artículo 73, fracción X,(13) de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; por lo que la acción de nulidad de juicio concluido no puede introducirse a la materia mercantil que tiene su propia regulación completa en cuanto a los tipos de juicios en materia mercantil y como sistema no regula de manera deficiente el tipo de juicios en esa materia. No cabe supletoriedad para declarar procedente una acción especial creada por un legislador local.

6) Aludió a la regla general, según la cual, "los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas e imperativas, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario", contenida en el Código Civil Federal, artículo 8o.. Reprodujo los numerales 2180 al 2184 del mismo orden jurídico que prevén la figura de simulación de los actos jurídicos y la posibilidad de demandar su nulidad y acotó que esos preceptos no se refieren a juicios concluidos en los que a voluntad de una de las partes interviene la autoridad judicial para resolver una controversia.

7) Lo previsto en el Código Civil Federal, relativo a la acción de nulidad de actos simulados, no puede ser aplicable a la nulidad de un juicio en la materia mercantil por interpretación extensiva o por analogía, puesto que el Código de Comercio no prevé la figura de la nulidad de un juicio concluido, y es un vacío legislativo que no admite supletoriedad, no fue voluntad del legislador hacer excepciones a la cosa juzgada en materia mercantil.(14)

QUINTO.—Existencia de la contradicción de criterios.

9. Del examen comparativo de los datos que informan el caso con los requisitos de existencia de la contradicción de criterios se observa lo siguiente:

a) Primer requisito. Ejercicio interpretativo de la norma o de una figura jurídica. Se cumple, porque ambos tribunales colegiados discrepantes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial mediante la interpretación que hicieron al tema de determinar la procedencia o no de la acción de nulidad de juicio concluido respecto de un procedimiento mercantil regulado en el Código de Comercio. Llegaron a una solución determinada en los casos sometidos a su decisión.

10. Los citados órganos federales ejercieron arbitrio en un tema convergente. El Tercer Tribunal Colegiado consideró procedente la acción de nulidad de un juicio mercantil ejecutivo concluido, en términos del artículo 737 A del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México; mientras que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado estimó improcedente esa acción.

b) Segundo requisito. Punto de toque y diferendo de criterios. También se actualiza este presupuesto. Dado que los órganos de control constitucional participantes arribaron a posicionamientos disímbolos, en torno al mismo cuestionamiento jurídico: Procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, tratándose de procedimientos mercantiles. En sus respectivas soluciones –uno la estimó procedente y el otro improcedente–, se basaron en razonamientos jurídicos diametralmente opuestos.

11. En los ejercicios interpretativos en torno a un mismo problema jurídico –ejercicio de la acción de nulidad de juicio de naturaleza mercantil concluido–, se resolvió de manera discrepante. El Tercer Tribunal Colegiado, estimó procedente la acción de nulidad de juicio concluido, acorde al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), e innecesario analizar si podía aplicarse o no de forma supletoria al Código de Comercio, a fin de determinar la procedencia de la referida acción de nulidad, ya que ésta se rige por dicho ordenamiento adjetivo local y no por el mercantil. Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado determinó que era inaplicable la referida legislación de la ciudad de México; sino la mercantil, y que no cabe la supletoriedad de la codificación adjetiva a la comercial –ni aún por interpretación extensiva o analógica–. Ello, en función de que el Código de Comercio no prevé la acción de nulidad de juicio concluido, ni alguna similar que pueda dejar insubsistente lo resuelto en un proceso anterior. Se explica gráficamente:

Ver criterios

c) Tercer requisito. Pregunta que detona la existencia de la contradicción de tesis.

12. Ante la divergencia precisada, el tema a dilucidar en la presente contradicción de criterios parte del siguiente cuestionamiento:

13. ¿Procede la acción de nulidad de juicio concluido prevista en el artículo 737 A del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México enderezada en contra de un procedimiento ejecutivo mercantil?

14. No se opone a lo anterior, que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado, de manera implícita, asumió que las normas aplicables son las de carácter mercantil y que al respecto, el Código de Comercio es el aplicable; asimismo, que era inaplicable la legislación de la Ciudad de México, sin hacer referencia precisa al artículo 737 A de su código adjetivo civil. Ello, en la medida en la que sí sostuvo expresamente que la legislación mercantil no prevé la acción de nulidad relativa, dado el silencio del legislador, y que no cabía la supletoriedad de ese ordenamiento local, en alusión tácita al indicado precepto 737 A.

d) Cuarto requisito. No es necesario que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, pueden ser adyacentes, y debe privilegiarse la función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional. El Tribunal observa que los procesos constitucionales participantes en esta contradicción, no provienen de cuestiones exactamente iguales. Un caso deriva de una demanda de amparo directo contra la sentencia de alzada que revocó la de primer grado, para que en su lugar se declare la nulidad de todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil concluido. Mientras que en el otro asunto trata de un amparo indirecto en el que se reclamó la resolución que admitió a trámite la acción de nulidad de un juicio concluido, también mercantil. Lo relevante es que se converge en un punto de toque relacionado con la procedencia de la referida acción de nulidad de juicio concluido. Un tribunal sostiene lo que el otro niega.(15)

e) Quinto requisito. La existencia de la contradicción, no se encuentra supeditada a que los criterios sustentados por los tribunales colegiados contendientes constituyan jurisprudencia debidamente integrada. En el caso solo el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (AR 163/2017) generó la tesis aislada I.12o.C.114 C (10a.). Registro digital: 2019020. Título y subtítulo: "NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. ES IMPROCEDENTE DICHA ACCIÓN EN MATERIA MERCANTIL."

SEXTO.—Consideraciones previas.

15. Primera. El Pleno Regional resolvió la contradicción de criterios 30/2023(16) de la propia estadística. El tema que se analizó en ese caso fue, cómo se configuran los plazos prescriptivos previstos en el artículo 737 D del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Determinó que son excluyentes, se refieren a hipótesis diferentes, y se pueden presentar dependiendo de si ha transcurrido un año de haber causado cosa juzgada o si quien pretende esa acción conoció o debió conocer en un momento determinado los motivos en que se fundare la misma, de tal manera que en lo que hace a la cuestión a determinar, el segundo plazo no está supeditado al primero, sino que tienen formas de actualizarse distintas, en cuyo caso, es el operador jurídico el que deberá definir si está en presencia de una u otra.(17)

16. El Tribunal Regional considera que la temática es distinta al problema jurídico que aquí se plantea, nada se dijo en torno a la procedencia de la acción relativa prevista en el diverso 737 A del propio ordenamiento legal. Lo que permite abordar el examen de ese numeral en función de otro enfoque. 17. Es importante además, tener en cuenta la línea jurisprudencial robusta que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto al normativo que aquí se cuestiona por su aplicación a un juicio de nulidad con relación a un contradictorio de distinta materia. Esto, al resolver el amparo directo 37/2014 y los amparos directos en revisión 3982/2014, 2917/2013 y 716/2020. Por su importancia se enuncian.

• En el amparo directo en revisión 3982/2014(18) se sometió al escrutinio de la Suprema Corte si el artículo referido viola el derecho a la seguridad jurídica al permitir diversas interpretaciones;

• En el amparo directo en revisión 2917/2013(19) se puso bajo su examen si el precepto de referencia viola los derechos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva por no establecer plazos objetivos ni razonables;

• En el amparo directo 37/2014(20) se puso a su consideración si dicha norma viola los derechos de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica por restringir el ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido a plazos muy cortos en comparación con el genérico de diez años que dispone el artículo 1159 del Código Civil para el Distrito Federal; y

• En el amparo directo en revisión 716/2020(21) se sometió a su escrutinio si el artículo de referencia viola los derechos al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la igualdad, porque los plazos de prescripción que establece son más breves que los previstos para otras acciones, así como si esos plazos son razonables.

18. Tampoco escapa a la revisión del caso, lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004, sobre el escrutinio de las disposiciones involucradas, que adelante se examina.

19. Segunda. Según interpretación del artículo 226(22) de la Ley de Amparo por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los asuntos de contradicción de criterios se faculta al órgano encargado de dilucidarla, para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la divergencia.(23)

20. Dicho en otras palabras, el resolutor no se encuentra constreñido a resolver el asunto en los términos planteados, en la denuncia relativa. Por seguridad jurídica es factible fijar una postura diversa a la denunciada o a la establecida por los órganos contendientes.

SÉPTIMO.—Estudio de fondo.

21. Criterio. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur.

22. Justificación. Por razones metodológicas, el caso amerita examinar temas específicos: I) La tutela jurisdiccional efectiva frente a la cosa juzgada. II) La naturaleza de la acción de nulidad de juicio concluido. III) Conclusiones.

I. TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA FRENTE A LA COSA JUZGADA.

23. Sobre lo primero, es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la tutela jurisdiccional efectiva puede segmentarse en tres etapas, cada una de contenido propio: "(i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas." Es decir, de su ejecutoriedad.(24)

24. Respecto a la primera vertiente, el acceso a la jurisdicción se enmarca en el pensamiento del constituyente permanente, quien delega en los órganos legislativos, la facultad de disponer las condiciones para el acceso a los tribunales. Establecer vías y procedimientos, a los que habrán de ajustarse las partes en un litigio determinado, incluido el juez a quien no le es dado modificar esas vías procesales. En cada una de ellas se desentrañan distintos requisitos de procedencia que se deberán cumplir para justificar el accionar del aparato jurisdiccional.

25. Esa libertad de configuración reconoce un límite razonable en la propia Carta Magna. Se busca hacer compatibles los requisitos mínimos. Por ejemplo, de la procedencia de la acción, de la vía en la cual se ejerce, a fin de lograr satisfacer la realización de la jurisdicción.(25)

26. Una directriz es que el acceso a la jurisdicción sea "dentro de los plazos y términos que fijen las leyes", implica una garantía fundamental para los justiciables, que de ajustarse a esos requisitos legales, los jueces obligadamente deben conocer del caso sometido a su jurisdicción. Por su parte las personas juzgadoras, si bien tienen la facultad y obligación de interpretar los diversos requisitos establecidos por el legislador; esto para que, en caso de que el juicio prospere, se llegue a la esperada solución de un problema jurídico. De ninguna manera pueden erigir nuevas condicionantes impeditivas que obstaculicen la solución del caso. En eso se involucra el principio de legalidad centrada en el estatuto superior, porque el texto de la ley es su límite y presupuesto necesario (aunque no suficiente)(26) para actuar.

27. Del derecho a la tutela jurisdiccional se desprenden dos instituciones distintas, que ameritan su mención. La acción, que en general puede concebirse como un derecho subjetivo, público y autónomo, mediante el cual se requiere la necesaria intervención del Estado para la protección de una pretensión jurídica que deriva de ser titular de un derecho tutelado por el derecho objetivo. La vía que es el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional, esto es, la forma o el camino a través del cual se desarrolla el proceso para resolver la pretensión planteada. El mismo derecho a la tutela judicial efectiva implica que una vez ejercitada la acción, el planteamiento realizado debe desarrollarse a través de un proceso, en el que se deben respetar ciertas formalidades, que se desarrollan a través de varias etapas que la ley detalla, a fin de llevar en cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una sentencia, es decir, la decisión sobre la pretensión planteada.(27)

28. En el amparo directo en revisión 3685/2014 la Primera Sala sostuvo que la garantía de tutela judicial efectiva puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa de quienes intervienen en el proceso y, en su caso, se ejecute esa decisión.(28)

29. En especial, la acción, también implica un interés en el obrar el planteamiento de una pretensión jurídica, sea porque un derecho les fue desconocido o se desea preservarlo, o que le sea reconocido, deriva de ser titular de un derecho que requiere del Estado para su ejercicio y resolución.

30. Por otro lado, el mismo derecho a la tutela judicial efectiva conlleva que una vez ejercitada la acción, el planteamiento transite a través de un proceso, que respete formalidades esenciales: La notificación de inicio de procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; y la oportunidad de alegar y de recurrir. De no respetar estos principios, se dejaría de cumplir con el fin del derecho de audiencia. Éstas se desarrollan a través de varias etapas que la ley detalla, a fin de llevar en cada una de ellas diversas actuaciones procesales que culminan con una decisión sobre la pretensión, denominada sentencia.(29) A ese proceso se le conoce como la vía, la cual se puede concebir como el esquema del ejercicio de la potestad jurisdiccional. La Superioridad aclaró:

"... la forma o el camino a través del cual se desarrolla el proceso puede no ser único. La tutela judicial efectiva puede presentarse por medio de un único proceso previsto para que, a través de éste, conozcan los órganos jurisdiccionales de todas las pretensiones sin limitación alguna, o el legislador puede establecer diversas vías."

31. De la cosa juzgada, la jurisprudencia del tema, sostiene que en el sistema jurídico mexicano es válido que las leyes federales y locales establezcan los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones (tercera etapa de la tutela judicial efectiva). Esto se instituye como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, sino de ejecutarse. Se asegura así que el sistema jurídico funcione para resolver el problema sometido a examen. De esa forma se brinda seguridad jurídica y acceso a la justicia previstos en los artículos 14 segundo párrafo y 17 tercer párrafo, ambos de la Constitución Federal.(30) Porque el ciudadano tiene un derecho formalmente establecido y solo resta materializar la ejecución.

32. La cosa juzgada definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(31) Se refiere a la inmutabilidad de la decisión por haberse resuelto la cuestión litigiosa de manera definitiva en sede jurisdiccional.

33. La cosa juzgada sobre determinada cuestión no solamente extingue la facultad de las partes de hacer valer las mismas pretensiones en un juicio posterior. Existe ya un pronunciamiento sobre dichas pretensiones, que debe considerarse la verdad legal.(32) De causar ejecutoria la sentencia, no debe existir, en principio, ningún motivo jurídico para destruir sus efectos, salvo la hipótesis de que se demuestre su nulidad o su inconstitucionalidad, que es el supuesto legal a que se refiere el precepto que se interpreta(33).

34. Dicho de otro modo, la existencia de la cosa juzgada obliga a cualquier órgano jurisdiccional a no tramitar un nuevo juicio en el que se intente hacer valer las mismas pretensiones, p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32273-665b3927/accion-de-nulidad-de-juicio-concluido-procede-tratandose · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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