USO DE DOCUMENTO FALSO Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. CASO EN EL QUE EL PRIMERO SE SUBSUME EN EL SEGUNDO.
AMPARO EN REVISION 397/94. JOSE ANTONIO MARTINEZ TINOCO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.- Sobre la base de que dado el texto de los artículos 16 y 19 constitucionales, la naturaleza de las sentencias dictadas en materia de amparo y el fin al que las mismas tienden, las autoridades encargadas de la función del control de la constitucionalidad no pueden violar las garantías de seguridad jurídica que tutelan esos numerales al dictar aquéllas, en apoyo de lo que cabe invocar la Tesis de Jurisprudencia emitida por este órgano colegiado que bajo el número VII. 2o. 5 y epígrafe "SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO. NO PUEDEN SER VIOLATORIAS DE LOS ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES", puede consultarse en la página ochenta y cinco de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 46, editada en octubre de mil novecientos noventa y uno, debe decirse que son parcialmente fundados los agravios hechos valer, en razón de lo siguiente.
En torno a lo alegado acerca de que el a quo no suplió la deficiencia de la queja, debe decirse que es claro que la obligación de suplir la queja deficiente a la que se contrae el artículo 76 bis de la Ley de Amparo se actualiza sólo cuando se surten los particulares a los que se contraen las diversas fracciones del propio numeral, lo que no ocurrió en la especie por lo que hace a los delitos de asalto, robo, fraude, falsificación de documentos y uso de documento falso, según se sostuvo por este Tribunal en la Tesis de Jurisprudencia número VII.P.J/25, que bajo el rubro "QUEJA DEFICIENTE, CUANDO SE ACTUALIZA LA OBLIGACION DE SUPLIRLA. (ARTICULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO)" aparece publicada en la página sesenta y uno de la Gaceta del aludido Semanario Judicial de la Federación número 67, editada en julio de mil novecientos noventa y tres.
Aun admitiendo que el aquí recurrente fue detenido sin orden de aprehensión emanada de autoridad competente, tal circunstancia no tiene el alcance de anular su confesión ministerial si no existen datos que llevan a la certeza de que su declaración haya sido moral o físicamente coaccionada, por lo que quedan a salvo sus derechos para ejercitar las acciones judiciales relativas ante las autoridades correspondientes.
Contra lo alegado por el recurrente, los elementos que integran el cuerpo de los delitos de asalto, robo, falsificación de documentos y fraude que se le imputan, además de otros, y su presunta responsabilidad en la comisión de los mismos, se tuvieron acertadamente por acreditados con su confesión hecha ante la representación social, con el oficio número 797/94 signado y ratificado por el Primer Comandante de la Policía Judicial del Estado Antonio Rodríguez Hodking, con la certificación que el órgano acusador público realizó sobre los vehículos afectos a la causa, así como con las declaraciones ministeriales de los coacusados José María Germán Domínguez Cervantes, Miguel Aguilar Ramírez y Fernando Morales Rubio, elementos de prueba que de su concatenamiento lógico y natural se concluye que probablemente el inconforme, en lugar desprotegido hizo uso de la violencia física o moral sobre unas personas con el propósito de obtener un lucro, que se apoderó con ánimo de dominio o de lucro de unas cosas muebles totalmente ajenas, sin consentimiento de quien podía disponer de las mismas conforme a la ley, que para obtener un beneficio propio falsificó o alteró en todo o en parte unos documentos públicos o privados, y que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se encontaba, obtuvo alguna cosa total o parcialmente ajena con ánimo de lucro. No obsta para lo anterior el hecho de que el quejoso Martínez Tinoco y sus coacusados Aguilar Ramírez y Morales Rubio no hayan ratificado en preparatoria sus declaraciones ministeriales aduciendo que fueron objeto de violencia física y moral, habida cuenta de que como bien lo dijo el juez responsable "...la coacción física y moral que dicen los activos se ejercitó en su contra al momento de declarar ante el Ministerio Público, no quedó debidamente comprobada puesto que en su contra existen los certificados médicos que les fueron practicados cuando se encontraban a disposición de esa autoridad, y además sus confesiones ministeriales aparecen todas ellas asistidas por una persona que fungió como su defensor entendiéndose de esta manera que se produjeron en forma libre y espontánea ante una autoridad legalmente constituida para investigar los delitos..."
En cambio, son fundados los motivos de inconformidad por lo que ve a los diversos delitos de asociación delictuosa y uso de documento falso, aunque para concluir así se supla la deficiencia de los mismos en cumplimiento del deber que a este Tribunal impone el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, la lectura del auto de bien preso originador del juicio al que este toca se contrae permite advertir que esa medida fue dictada en contra del quejoso por estimar que estaba plenamente comprobada la existencia del cuerpo de los antisociales en cita y la probable responsabilidad del mismo en su comisión, a virtud de que "finalmente salta a la vista que al haber actuado de manera conjunta y por un tiempo bastante prolongado hasta que fueron descubiertos por los elementos policíacos, se desprende que de manera permanente todos ellos han formado parte de una asociación compuesta por más de tres personas dedicadas a cometer ilícitos de carácter patrimonial, por lo que con ese proceder actualizan el ilícito de asociación delictuosa a que se refiere el artículo 213 del Código Penal en vigor", de que "por cuanto hace a la presunta autoría penal que les corresponde a todos los inculpados en la comisión de los delitos arriba señalados, se encuentra debidamente justificada con los mismos elementos de prueba que se tuvieron en cuenta en la configuración de los mismos, los cuales por ser comunes para este fin se tienen por reproducidos en este apartado", y de que "igualmente al haber sido utilizados éstos para justificar la propiedad de las unidades en que se hacen consistir los robos, es evidente que con su proceder deliberado al hacer uso de esa documentación, se actualizó la hipótesis dirigida contenida en el numeral 226 del código sustantivo penal que tipifica el cuerpo del delito de uso de documento falso."
Ahora bien, basta con imponerse de los elementos de prueba que sirvieron al juez natural para llegar a las conclusiones puntualizadas líneas atrás para caer en cuenta de que, por un lado, no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de asociación delictuosa, pues partiendo de la base de que los elementos constitutivos de dicho antisocial son: a).- Ser miembro o participante en una asociación o banda de tres o más personas, mínimo, incluyendo al propio agente; b).- Que en la asociación o banda medie la determinación de cometer diversos delitos; c).- El propósito de permanecer dentro de la asociación para continuar unidos sus integrantes en la comisión delictiva, y d).- La existencia de la jerarquización como forma disciplinaria del grupo, aunque no constituya éste un requisito de esencia, es de verse que en la especie no se satisfacen tales requisitos, pues de los elementos de prueba que obran en el sumario, consistentes en las declaraciones de los coacusados Fernando Morales Rubio, José María Germán Domínguez Cervantes, Francisco Gil Rodríguez, Miguel Aguilar Ramírez y en la del aquí quejoso, no se advierte que aquéllos integraran una asociación o banda con las características antes indicadas, puesto que no se demostró que entre éste y aquéllos mediara la determinación de cometer diversos delitos, ni el propósito de permanecer dentro de alguna asociación para continuar sus integrantes unidos en la comisión delictiva, así como tampoco la existencia de la jerarquización como forma disciplinaria del grupo. Al caso tiene aplicación la tesis del más alto Tribunal del país que bajo el rubro "ASOCIACION DELICTUOSA, ELEMENTOS DEL DELITO" aparece publicada en la página catorce de la Segunda Parte del Volumen 43, Séptima Epoca del Semanario Judicial de la Federación y por el otro, por lo que respecta al delito de uso de documento falso, es preciso señalar que cuando una persona falsifica un documento y lo usa a sabiendas de ello, no puede hablarse de la existencia de dos delitos autónomos, ya que en esa hipótesis el uso del documento falso se subsume en el de falsificación de documentos, lo que permite concluir que en el caso a estudio, en el que el aquí quejoso fue quien probablemente usó los documentos que él mismo falsificó o alteró en todo o en parte, para obtener un beneficio propio, el primero de dichos comportamientos se subsumió en el diverso constitutivo de falsificación de documentos. Al caso tiene aplicación la Tesis de Jurisprudencia sostenida por este Tribunal al resolver los amparos en revisión números 143/993, 300/993, 353/993, 361/993 y 446/993 interpuestos por Efraín Acosta Flogia, licenciado Rafael Urdapilleta y Martín Arteaga Maldonado, José Ramón Vázquez, Antonio Acosta Rodríguez e Hildegardo Ayala Pérez, respectivamente.
En esas condiciones, debe modificarse la sentencia de primer grado para el efecto de conceder la protección que se solicita por lo que ve a la formal prisión dictada por los delitos de asociación delictuosa y uso de documento falso y denegarla por cuanto hace a los ilícitos de asalto, robo, fraude y falsificación de documentos.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en el artículo 90 de la ley de la materia, se resuelve:
UNICO.- Se modifica la sentencia definitiva dictada el veintinueve de marzo del año recién pasado por el Juez Tercero de Distrito en la entidad en el juicio de garantías número 395/94, promovido por Francisco Gil Martínez y José Antonio Martínez Tinoco contra los actos y las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria, mediante la que negó el amparo pedido, la cual quedará como sigue:
I.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege al nombrado Martínez Tinoco contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz, y del Director del Reclusorio Regional de dicha ciudad, consistentes en el auto de formal prisión que le dictó la primera de dichas autoridades el veintitrés de febrero del año inmediato anterior en la causa penal número 148/94 como presunto responsable de los ilícitos de asalto, robo, fraude y falsificación de documentos, y en su ejecución por la segunda.
II.- La Justicia de la Unión Ampara y protege únicamente al citado quejoso Martínez Tinoco contra los actos atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia y al Director del Reclusorio Regional acabados de mencionar, consistentes en el auto de formal prisión que le dictó el primero en la aludida causa penal como probable responsable del delito de asociación delictuosa y uso de documento falso, y en su ejecución por el segundo.
NOTIFIQUESE; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados: José Pérez Troncoso, Luis Alfonso Pérez y Pérez y Gilberto González Bozziere, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, habiendo sido ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/3228-e25f671e/uso-de-documento-falso-y-falsificacion-de-documentos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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