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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO, CONFLICTOS LABORALES DE LOS. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ESTATAL, MIENTRAS LA LEGISLATURA EXPIDE LA LEY ESPECIFICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 37/93. · Registro digital (IUS): 1102
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSE ANTONIO REYES LOZANO.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Noviembre de 1993, , Pág. 265.

AMPARO EN REVISION 37/93. JOSE ANTONIO REYES LOZANO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son infundados los agravios formulados por la autoridad responsable recurrente.

Previo al análisis de los agravios, este tribunal considera conveniente señalar, que si bien para cumplir con la debida fundamentación y motivación, en el acto reclamado, la responsable debió señalar el tribunal laboral, en funciones, que estimaba competente para conocer de la controversia sometida a su consideración, ello en observancia del artículo 17, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango, que establece la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo y de que en ésta, a su vez, en su artículo 701, se precisa el imperativo para las Juntas laborales de sólo emitir su incompetencia a través de la declinatoria en favor de determinada Junta, la cual si la rechaza podría originar el conflicto competencial previsto en la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, cabe precisar que es criterio reiterado de este cuerpo colegiado que es improcedente el amparo indirecto que se promueva contra el auto del tribunal laboral donde declina la competencia en favor de otro, ya que esta determinación no ocasiona un daño irreparable, pues pudiera no aceptar la competencia el tribunal en favor de quien se declinó. Sin embargo, en la especie, el a quo correctamente entró al conocimiento de la materia del amparo, en atención a lo que se desprende del escrito de alegatos formulado por los delegados de la autoridad responsable (fojas 135 y 136 del anexo), quienes afirmaron textualmente: "En el caso particular no existe una ley que establezca los tribunales competentes para resolver las diferencias que surjan en relación al Municipio y a sus trabajadores, ni mucho menos existe un procedimiento conforme al cual se deba tramitar y dirimir una controversia de orden laboral, entre tanto no se legisle al respecto, este Tribunal de Conciliación y Arbitraje está impedido para conocer, tramitar y resolver las controversias o conflictos laborales que se presenten entre el Municipio y sus trabajadores". En estos términos, al no declinarse la competencia en favor de un tribunal determinado, sino en uno inexistente, según afirma, el acto reclamado sí reúne los requisitos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, es decir, sí es de los que causan un daño irreparable en forma inmediata al quejoso, máxime que es inconstitucional en sí mismo, por los siguientes motivos.

En primer término, la responsable, sostiene: Que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje fue creado para conocer de las controversias, exclusivamente surgidas entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores, mas no para intervenir en los conflictos laborales entre el Municipio y sus trabajadores; que el artículo 115, fracción VIII, constitucional, no dispone lo que a través de su interpretación dijo el Juez, por lo que dicha interpretación rebasa los principios básicos de la interpretación legal, ya que el Poder Judicial no tiene facultad de crear el derecho; que se realizó una interpretación incorrecta del artículo 115, fracción VIII, constitucional, ya que se le da una interpretación equivocada del artículo 115, fracción VIII, de la Carta Magna, que cita el Juez de Distrito, ocasionaría que se transgrediera la garantía del artículo 14 constitucional, ya que no hay autoridad competente ni procedimiento legal en el que la Junta pueda fundar y motivar, en la especie, sus actos; que se violaría también el artículo 14 de la Ley Suprema, puesto que no se podrá seguir un juicio porque no existen los tribunales previamente establecidos para resolver las controversias que surjan entre el Municipio y sus trabajadores y que la autoridad no tiene más facultades ni atribuciones que las que la ley le confiera y todo acto de autoridad que no se constriña a un estricto marco legal sería inconstitucional en sí mismo y; que también, con la interpretación del a quo del artículo en comento, se inobserva el principio de relatividad, ya que implícitamente se está haciendo un pronunciamiento general, y se está dando una competencia a un tribunal, que no la tiene.

Son infundados los agravios antes mencionados por los siguientes motivos.

El párrafo séptimo del artículo 94 constitucional, textualmente dice: "La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su interrupción y modificación".

De la transcripción que antecede, podemos concluir que, en el derecho constitucional mexicano, el intérprete máximo de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a través de su jurisprudencia da el significado obligatorio de los preceptos constitucionales, de acuerdo con los artículos 192 al 194, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Así, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por el Pleno, o por alguna Sala, es obligatoria para la propia sustentante, los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

Ahora, si bien es cierto que la tesis que citó en su sentencia el a quo de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA, CONFLICTOS LABORALES DE LOS. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE ESTATAL, MIENTRAS LA LEGISLATURA EXPIDE LA LEY ESPECIFICA."; es una ejecutoria que aún no integra jurisprudencia, también es cierto que el criterio contenido en dicha tesis, relativo a la interpretación del artículo 115, fracción VIII, constitucional, respecto a reconocer competencia al Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal, para conocer de las controversias que se susciten entre el Municipio y los trabajadores a su servicio, mientras no se establezcan los tribunales específicos ordenados en el mandamiento constitucional, sí es obligatorio para el a quo observarlo, así como para la responsable cumplirlo, en atención a que la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en tal sentido, tal como aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo VIII, correspondiente al mes de octubre de 1991, página 29, que textualmente dice:"COMPETENCIA. TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA. SUS DEMANDAS LABORALES DEBEN SER RESUELTAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESTATAL, MIENTRAS LA LEGISLATURA EXPIDE LA LEY ESPECIFICA. Como el Congreso del Estado de Puebla no ha cumplido cabalmente con el mandato establecido en el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Federal y segundo transitorio del decreto de reformas a dicha Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete, pues a pesar de que ha transcurrido más de un año desde que entró en vigor la reforma al mencionado artículo 115, fracción VIII y con excepción del Ayuntamiento de Puebla, no ha expedido leyes que regulen las relaciones laborales entre los municipios y sus servidores, debe establecerse que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es el facultado legalmente para conocer de las peticiones y demandas que formulen los empleados municipales, en términos de lo dispuesto por el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal de la propia entidad federativa, que establece que los Municipios observarán, por lo que se refiere a sus trabajadores, las disposiciones que rijan las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, en todo aquello que sea conducente, precepto que se encuentra relacionado con los artículos 76 y 82 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.".

En estos términos, son infundados los agravios formulados contra la supuesta incorrecta interpretación de un artículo constitucional, según afirma el recurrente, cuando dicha interpretación deriva de una tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya observancia es de carácter obligatorio; independientemente de la opinión de quien no tiene la facultad interpretativa de la Constitución.

También son infundados el resto de los agravios formulados por la recurrente, por los motivos siguientes. Dice la responsable, que se infringió el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, porque no se citó el fundamento de la sentencia que ahora se revisa. Lo anterior es infundado ya que, de acuerdo con dicho dispositivo citado, por fundamento legal debe entenderse la disposición jurídica aplicable al caso concreto, en la especie debe considerarse satisfecho cuando el a quo citó una tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que se interpreta un artículo constitucional, que dilucidó directamente la controversia que constituyó la materia del juicio de amparo, tesis que precisamente constituye el fundamento legal de la sentencia.

También es infundado que el Juez Segundo de Distrito, en el Estado de Durango, no haya dicho en la sentencia constitucional, porque se transgredieron los artículos 14 y 16 constitucionales. En efecto, el a quo señaló claramente que dichos dispositivos se transgredieron porque se inobservaron los artículos 17 y 133 constitucionales, respecto a los cuales se incumplieron en atención a que un tribunal laboral se negaba a resolver una controversia sometida a su competencia, no obstante que existe criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que sí tiene facultad para conocer y resolver respecto de dicha controversia; además del artículo décimo primero transitorio de dicho ordenamiento legal, en cuanto que establece que las autoridades del país, deben expedir las leyes necesarias para que existan tribunales competentes a los que acudan las personas para solicitar justicia o formular peticiones derivadas de derechos tutelados por la Constitución.

Por otro lado, carece de sustento legal la afirmación de la recurrente, respecto a que el a quo incumplió lo previsto en el artículo 80, de la Ley de Amparo, porque no señaló los efectos de la sentencia de amparo. De acuerdo con el artículo 77, del mismo ordenamiento legal citado, no se exige como requisito que deba contener la sentencia constitucional, el que se precisen los efectos de la concesión de amparo, los cuales la autoridad responsable debe cumplir de acuerdo con los razonamientos jurídicos y rectores que en la sentencia exponga el órgano de control constitucional.

Es aplicable la tesis de ejecutoria sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Epoca, Tomo V, Enero-Junio de 1990, Primera Parte, página 51, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO, EN RIGOR TECNICO NO EXISTE OBLIGACION DE SEÑALAR EL EFECTO DE LA CONCESION DEL AMPARO. Es inexacto que los fallos dictados en el juicio de amparo por los cuales se concede la protección de la Justicia Federal deban señalar, necesariamente, el efecto para el que se otorga, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 76 y 77, fracción III, de la Ley de Amparo, en esa hipótesis la sentencia de amparo se debe ocupar de la persona que promueva el juicio, precisando claramente los actos y las autoridades respecto de los cuales se otorga la protección constitucional, pero no establecen la obligación de señalar el efecto que deba tener; lo que puede hacerse cuando sea conveniente para la correcta interpretación de la ejecutoria.".

Por último, es infundado que la tesis que citó el a quo no sea aplicable en la especie, porque se refiera a trabajadores al servicio de los Municipios del Estado de Coahuila. Tanto la tesis de ejecutoria que citó el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, en la especie, así como la jurisprudencia que se transcribió en párrafos precedentes, sí son aplicables en la especie, en atención a que tratan el mismo problema jurídico e interpretación del precepto constitucional, común a los casos que se observaron en las tesis y el que se estudia en la especie; quién debe conocer de la controversia laboral que se suscite entre los Municipios y los trabajadores a su servicio, cuando las Legislaturas de los Estados no han dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Federal, respecto a crear tribunales específicos para tales contiendas.

Por lo anterior, el acto reclamado sí es violatorio de las garantías constitucionales del quejoso, en especial las contenidas en los artículos 14 y 16, de la Carta Magna, al fundamentar indebidamente su auto reclamado e inobservancia del principio de legalidad y lo procedente es declarar infundados los agravios, confirmar la sentencia revisada y conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso.

Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además en los artículos 76, 77 y 83, fracción IV, 91 y 190, de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia revisada.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Antonio Reyes Lozano, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Durango, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Enrique Rodríguez Olmedo, Pablo Camacho Reyes y Sergio Novales Castro, siendo ponente el segundo de los mencionados, quienes firman en unión de la secretaria de Acuerdos del mismo, que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1102-0a8af8ac/trabajadores-al-servicio-de-los-municipios-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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