IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO INTESTAMENTARIO.
AMPARO EN REVISION 619/93. JOSE DAVID FIDEL REYES JIMENEZ LOZANO Y OTRO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los agravios transcritos son inoperantes.
El Juez de Distrito, para sobreseer en el juicio de garantías, consideró que los quejosos José David Fidel Reyes Jiménez Lozano y Raymundo Jiménez Lozano, como terceros extraños al procedimiento, reclaman del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, la falta de emplazamiento en el expediente número 6/88, relativo al juicio intestamentario que se sigue a bienes de Fidel Jiménez Coyotzi, ostentándose como herederos, por ser hijos del autor de la sucesión; sin embargo, agrega el a quo, el acto reclamado no afecta su interés jurídico, pues si bien es cierto que con las copias certificadas de sus actas de nacimiento, donde consta que su padre fue Fidel Jiménez Coyotzi, pretenden justificar su entroncamiento con el autor de la sucesión, por ende, su derecho a ser declarados herederos de los bienes de aquél, dichas pruebas por el momento resultan irrelevantes, ya que no es en el juicio de amparo donde se pueda determinar, de primera intención, que una persona tenga el carácter de heredero en un juicio sucesorio, dado que esas facultades se reservan para la potestad común, y aun cuando la ley adjetiva no contempla un juicio o procedimiento especial, es factible que en la vía ordinaria o incidental promuevan su petición de herencia, que es precisamente la acción idónea para hacer la declaración de herederos respectiva, y sólo en el caso de que la autoridad común negara tal reconocimiento y una vez agotado el principio de definitividad, hasta entonces se podrá ocurrir al juicio de amparo; que en estas condiciones el presente juicio de garantías resulta improcedente, pues mientras no exista la declaración de autoridad competente de la calidad de herederos de los quejosos, no puede estimarse afectado su interés jurídico, actualizándose la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
Por su parte, los recurrentes aducen que se violan sus garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales; que solicitan se les conceda el amparo que el Juez de Distrito les niega en forma indebida, pues se hicieron valer violaciones a sus garantías y justificaron que tienen derecho en la sucesión intestamentaria de Fidel Jiménez Coyomatzi, con las copias certificadas de sus actas de nacimiento; sin embargo el Juez de lo civil omitió citarlos al juicio a pesar de que tienen derecho a suceder, y conforme al criterio constitucional de que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, se les debió citar al juicio intestamentario, pero se siguió a sus espaldas, no obstante que Hortencia Jiménez Santacruz sabía de la existencia de los hoy inconformes, y toda vez que se trata de un juicio concluido, se encuentran imposibilitados para defenderse.
Estas afirmaciones de la parte recurrente son inoperantes porque no rebate las consideraciones y fundamentos que tuvo en cuenta el Juez Federal, para sobreseer en el juicio, puesto que en el fallo recurrido se sostiene que en el juicio de amparo no se puede determinar, prima facie, que una persona tenga el carácter de heredero, por lo que es factible que en la vía ordinaria o incidental puedan promover la acción de petición de herencia, y que en estas condiciones el juicio de garantías es improcedente, pues mientras no exista declaración de la autoridad competente de la calidad de herederos de los quejosos, no puede estimarse afectado el interés jurídico de éstos, actualizándose la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; en tanto que la parte recurrente se limita a decir que se violan sus garantías individuales, que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, que solicita se le conceda la protección solicitada que el a quo le niega (siendo inexacto esto último) y en seguida alegan circunstancias relacionadas en el fondo del asunto, diciendo que justificaron tener derecho a la sucesión de Fidel Jiménez Coyomatzi, acreditándolo con las copias de sus actas de nacimiento y que el Juez natural no los citó al juicio; consecuentemente estos argumentos de la parte recurrente no evidencian la ilegalidad de la resolución recurrida.
Por otra parte, manifiestan los recurrentes que el Juez de Distrito estima que los quejosos demandaron el amparo como presuntos herederos, en su carácter de hijos del autor de la sucesión, pero que, agregan los recurrentes, esto es procedente por ostentarse como herederos estimando que la falta de emplazamiento resulta violatoria de sus garantías; que es incorrecto que el a quo estime que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de los quejosos, toda vez que sí se afecta tal interés ya que reclamaron la falta de notificación por haberse coartado el derecho que tienen para ser citados al juicio sucesorio; que también es incorrecto lo que sostiene el resolutor federal en el sentido de que con las copias certificadas (en las que consta que Fidel Jiménez Coyomatzi fue padre de los quejosos) pretendan justificar su entroncamiento con el autor de la sucesión, toda vez que no pretenden eso, sino que lo están justificando porque esos documentos públicos tienen valor probatorio pleno; que asimismo el criterio del Juez Federal, por el que sostiene que dichas pruebas por el momento resultan irrelevantes puesto que no es el juicio de amparo en donde se deba determinar, inicialmente, que una persona tenga el carácter de heredero en un juicio sucesorio, es equivocado, porque los amparistas no están reclamando la declaración de herederos sino la actividad procesal fraudulenta desarrollada en el juicio intestamentario en el cual no se les citó dejándolos en estado de indefensión, por lo que es procedente concederles la petición solicitada.
Ahora bien, de un examen comparativo entre las consideraciones y fundamentos que tuvo en cuenta el Juez de Distrito para emitir su resolución y los motivos de inconformidad de referencia que hacen valer los recurrentes, se desprende que éstos adolecen de un razonamiento jurídico y concreto para destruir aquéllas, dado que el a quo consideró que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de los quejosos, como presuntos herederos de la sucesión, pues si bien es cierto que con las copias certificadas de las actas de nacimiento, en las cuales se asienta como padre de ellos Fidel Jiménez Coyotzi, pretenden justificar su entroncamiento con el autor de la sucesión, por ende con derecho a ser declarados herederos de los bienes de aquél, dichas pruebas por el momento resultan irrelevantes, puesto que no es en el juicio de amparo donde se pueda determinar, inicialmente, el que una persona tenga el carácter de heredero en un juicio sucesorio, dado que esas facultades se reservan para la potestad común; es decir, el Juez Federal sostiene que aun cuando los quejosos pretenden justificar con las copias certificadas de sus actas de nacimiento su entroncamiento con el autor de la sucesión, por ende su derecho para ser declarados herederos de la sucesión de referencia, no es en el juicio de amparo donde se pueda determinar inicialmente que tengan el carácter de herederos, porque tales facultades están reservadas para la potestad común, de ahí que por el momento dichas pruebas, o sea, la copia certificada de las actas de nacimiento, sean irrelevantes, por ello consideró que al ocurrir como presuntos herederos de la sucesión, el acto reclamado no afecta su interés jurídico, en cambio los inconformes se limitan a decir que demandaron el amparo por ostentarse como herederos, que sí se afecta su derecho por no haber sido citados al juicio sucesorio, que no pretenden justificar su interés jurídico, sino más bien lo están justificando porque esos documentos públicos (la copia certificada de sus actas de nacimiento) tienen valor probatorio pleno y que es inexacto que dichas pruebas resultan irrelevantes porque no están reclamando la declaración de herederos sino que no se les citó al juicio sucesorio; de manera que estas afirmaciones de los inconformes sólo constituyen manifestaciones generales, imprecisas y aisladas, pues en realidad no atacan, y menos destruyen, el razonamiento esgrimido por el a quo; así que resultan inoperantes.
Por lo que hace al argumento del Juez de Distrito, de que aun cuando la ley adjetiva no contempla un juicio o procedimiento especial es factible que en la vía ordinaria o incidental los quejosos promuevan su petición de herencia, que es precisamente la acción idónea para hacer la declaración de herederos y hasta entonces se podía ocurrir al juicio de amparo, los recurrentes aducen que eso resulta contradictorio, pues no es posible promover un juicio que no esté contemplado en la ley adjetiva y tampoco se puede promover en la vía incidental, porque los incidentes deben intentarse dentro del juicio ordinario, resultando improcedente en un juicio concluido como el intestamentario de Fidel Jiménez Coyotzi, y el Juez de Distrito confunde la petición de la declaración de herederos, toda vez que el acto reclamado no consiste en la petición de declaración de herederos, pues las actas de nacimiento justifican su interés jurídico y pidieron el amparo en razón de que no fueron citados al juicio para comparecer y deducir sus derechos, aplicándose indebidamente el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; agregando que es incorrecto el sobreseimiento, porque el artículo 107, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo (sic), establece que procede el juicio de garantías contra actos que afecten a personas extrañas, y en este caso tienen interés para comparecer al juicio intestamentario y no se les citó, a pesar de que la denunciante sabía que ellos son herederos, por lo que procede corregir el criterio del Juez de Distrito y dictar otra sentencia en la que se les conceda la protección solicitada ordenando que se les notifique la existencia del juicio sucesorio y puedan deducir sus derechos, porque de no ser así se encuentran imposibilitados para defenderse y que al respecto el criterio que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el título: "SUCESIONES, RESOLUCIONES DICTADAS EN SUS DIVERSAS SECCIONES." (en la jurisprudencia que aparece publicada con el número 288, en la página 819, de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985), conduce a establecer, que es procedente el juicio de amparo.
En relación con lo anterior debe decirse que tampoco les asiste la razón a los recurrentes, pues tanto la doctrina como la jurisprudencia se han pronunciado en el sentido de que los procedimientos establecidos para transmitir los bienes de una sucesión, no son verdaderos juicios en los que la contradicción entre las partes constituya la cuestión sustancial que deba decidirse, sino sólo la ejecución de diversas formalidades establecidas en la ley, para obtener, a título de herencia, los bienes, derechos y acciones del autor de la sucesión, y es indudable que todas las leyes procesales vigentes contienen disposiciones por las que envían a los presuntos herederos a ventilar la cuestión que sobre sus respectivos derechos pretendan sustentar en un juicio contradictorio en el que debe decidirse con todas las formalidades legales; y como el derecho a la sucesión legítima se opera mediante la comprobación de las relaciones de parentesco habidas con el autor de la herencia, tal principio establece la necesidad de que quien aspira a heredar, debe comprobar su parentesco por los medios y procedimientos estatuidos por la ley, de lo que se concluye que si en los juicios sucesorios fuese impugnado el derecho de alguno de los presuntos herederos (como sucede en el caso) por el Ministerio Público o por cualquier otro pretendiente a la herencia, o se alega incapacidad de alguno de ellos, tal oposición debe definirse en el juicio contradictorio correspondiente, en términos de los artículos 1212 y 1194 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, tal como lo sostiene la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que aparece en la página 2186, Quinta Epoca, Tomo XLVIII, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HEREDEROS, OPOSICION A LA DECLARACION DE. LEGISLACION DE TLAXCALA.-El artículo 1212 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, dispone que si el Ministerio Público o cualquier pretendiente, se opone a la declaración de herederos, o alegan incapacidad de alguno de ellos, se sustanciará en el juicio correspondiente, el pleito a que la oposición diere lugar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1194 del propio ordenamiento; de lo que deduce que el estudio de tal oposición debe sustanciarse en juicio contradictorio con el albacea, y en él calificarse la oposición, dando oportunidad a las partes a que les oigan y rindan, en el mismo juicio sus pruebas y contrapruebas, sin que jurídicamente pueda aceptarse que el estudio de tal oposición deba tener verificativo en el procedimiento de los juicios sucesorios, pues aun cuando es cierto que éstos, por su propia naturaleza, tienen el carácter de juicios universales, dentro de la antigua clasificación, que reconoció esta característica a los procedimientos judiciales en los que se ejercitaban las acciones de familia ercicundae, comuni dividando y finium regundorum, en los que se perseguía además de una cuestión declarativa la determinación de los derechos en ellos ejercitados, pudiendo perseguirse ya exclusivamente el reconocimiento de un derecho de familia, ya la petición de un bien común, o el crédito sobre el deudor común exigiendo además, de las consecuencias de esos derechos, también es verdad que tanto la doctrina como la jurisprudencia se han pronunciado en el sentido de que los procedimientos establecidos para transmitir los bienes de una sucesión, no son verdaderos juicios, en los que la contradicción entre las partes constituya la cuestión sustancial que debe decidirse, sino sólo la ejecución de diversas formalidades establecidas en la ley, para obtener, a título de herencia, los bienes, derechos y acciones del autor de la sucesión, y es indudable que todas las leyes procesales vigentes, contienen disposiciones por las que envían a los presuntos herederos, a ventilar la cuestión que sobre sus respectivos derechos pretendan sustentar a un juicio contradictorio en el que debe decidirse con todas las formalidades legales; y como el derecho a la sucesión legítima, se opera mediante la comprobación de las relaciones de parentesco habidas con el autor de la herencia, tal principio establece la necesidad de que quien aspira a heredar, debe comprobar su parentesco por los medios y procedimientos estatuidos por la ley, de lo que se concluye que si dentro de los juicios sucesorios fuere impugnado el derecho de alguno de los presuntos herederos, por el Ministerio Público o por cualquier otro pretendiente a la herencia, o se alega incapacidad de alguno de ellos, tal oposición debe definirse en el juicio contradictorio correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1596 citado en relación con el 1580, puesto que es precisamente en dicho juicio en el que deba calificarse de manera definitiva, el derecho a la herencia. Nota: Los artículos citados, corresponden al 1212 y 1194 respectivamente del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala.". Así pues, al disponer el artículo 1212 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que: "Si el Ministerio Público o cualquier pretendiente se opone a la declaración de herederos o alegan incapacidad de alguno de ellos, se sustanciará en el juicio correspondiente el pleito a que la oposición diere lugar, conforme al artículo 1194.", eso quiere decir que sí se establecen en esos preceptos legales el juicio de petición de herencia, aun cuando el legislador, en tales disposiciones no lo denomine así, pues en el fondo los ahora recurrentes pretenden que se les reconozca su derecho a heredar y pretenden impugnar el derecho de los demás herederos, lo cual equivale a las circunstancias que prevé el mencionado artículo 1212, de ahí que su pretensión debe sustanciarse en el juicio correspondiente en términos del artículo 1194 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; de manera que el Juez de Distrito correctamente sostiene que es factible que los quejosos promuevan el juicio de petición de herencia, cuyo objeto, entre otros, es que se declare heredero al demandante y que se le entregue la herencia que le corresponde, por tanto, tampoco tienen razón los recurrentes al afirmar que el Juez de Distrito se confunde pues aunque los quejosos no reclamaron la declaración de herederos, sino la falta de emplazamiento en el juicio sucesorio, lo cierto es que debieron intentar el juicio de petición de herencia en contra de las irregularidades que se dice cometidas en su perjuicio en el juicio sucesorio.
Por lo demás, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio del Juez de Distrito en el sentido de que el juicio de garantías es improcedente porque los quejosos carecen de interés jurídico, por lo cual es verdad que se aplicó incorrectamente la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo; sin embargo, en la especie se actualiza la diversa causal de improcedencia del presente juicio constitucional, establecida por la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que al no causar estado las resoluciones dictadas en el juicio intestamentario, quedan a salvo los derechos de los interesados para deducirlos en la vía ordinaria, de manera que tales actos no son de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo sostiene este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo en revisión números 393/89, 191/90, 412/90 y 440/90, que dice: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. A JUICIOS INTESTAMENTARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.-El juicio de amparo resulta improcedente para combatir la falta de emplazamiento de los quejosos al procedimiento intestamentario, porque las intestamentarias constituyen juicios universales de jurisdicción mixta, en los cuales, ninguna resolución que se pronuncie en su sustanciación establece declaración de condena o absolución, siendo por ende sus resoluciones provisionales, no definitivas, de tal manera que quedan a salvo los derechos de los interesados para deducirlos en la vía ordinaria. Dicho de otra manera, las declaratorias que se efectúan en los procedimientos intestamentarios, pueden ser modificadas a través del ejercicio de la acción de petición de herencia, la cual de hacerse valer trae aparejada la nulidad de lo actuado en el intestamentario, así como su reposición. Por consiguiente, si los quejosos hacen consistir el acto reclamado en la falta de emplazamiento a un juicio sucesorio intestamentario y, como consecuencia de esa omisión, la nulidad de todo lo actuado en el mismo, así como las consecuencias derivadas de su tramitación, como es la inscripción de un bien, que perteneció al autor de la sucesión, en el Registro Público de la Propiedad, dable es concluir que tales actos no son de aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, pues, los promoventes tienen expeditos sus derechos para acudir ante la potestad común a ejercitar la acción de petición de herencia y, ante ese evento, es inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, que prevé el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.", por tanto, no tienen una razón los inconformes al sostener que es procedente el juicio conforme al artículo 107, fracción III, inciso c), constitucional, siendo inatendibles los restantes argumentos de los inconformes por referirse al fondo del asunto, e inaplicable, por las razones dadas, la jurisprudencia que invocan a su favor, así que debe confirmarse el sobreseimiento decretado por el a quo.
Por último, manifiestan los inconformes que el Juez de Distrito sostiene que no se puede examinar la constitucionalidad de los actos del diligenciario, toda vez que éste no fue señalado como autoridad responsable y se reclama la falta de emplazamiento; en relación con esto alegan los recurrentes que existe una interpretación incorrecta por parte del Juez, en razón de que promovieron el juicio de amparo contra actos del Juez natural, por no existir emplazamiento a los herederos, y si bien es cierto que no fue citado a juicio el diligenciario, también es cierto que en ningún momento se le ordenó emplazar a los hoy inconformes, la violación radica en la autoridad responsable ordenadora. Al respecto debe decirse que aun en el supuesto de que tuvieran razón los inconformes, al subsistir la diversa causal de improcedencia, a que se ha hecho referencia anteriormente, estos argumentos resultarían insuficientes para revocar el fallo recurrido.
En tales condiciones, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 89, 90, 91, de la Ley de Amparo, 43 y 44 capítulo IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por JOSE DAVID FIDEL REYES JIMENEZ LOZANO Y RAYMUNDO JIMENEZ LOZANO, contra los actos que reclamaron del Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en la ciudad de Tlaxcala y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad archívese este toca.
Así por unanimidad de votos, lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y Clementina Ramírez Moguel Goyzueta, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/2062-cdf871b4/improcedencia-del-amparo-indirecto-contra-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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