JUBILACION DINAMICA DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEON ESTABLECIDA EN 1986. EL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DE 13 DE OCTUBRE DE 1993, AL DEJAR SIN EFECTOS AQUELLA, VIOLA LA GARANTIA DE IRRETROACTIVIDAD.
AMPARO EN REVISION 1318/94. JOSE JESUS LIMON RODRIGUEZ Y OTROS.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Como se ve de la transcripción de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito sobreseyó, entre otros actos, por lo que ve a los artículos 14, 20, 24 al 29, 35, 38, 39, 44, 51, 52, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 70 al 79, 81 al 88, 95 al 97, 104, 109, 111 y 116 al 119 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; sus transitorios 2o., 6o. y 13; y el transitorio 8o. de la Ley del Servicio Civil reclamada. Asimismo, por los actos que se reclamaron del secretario de Desarrollo Social, del secretario de Educación, del secretario de Finanzas y tesorero general responsables.
Ahora bien, la minuciosa lectura del escrito a través del cual se interpuso el presente recurso de revisión permite advertir que en contra de esos sobreseimientos no se expresaron agravios. Por consiguiente, procede confirmar el sobreseimiento decretado respecto de tales artículos y actos.
No pasa inadvertido que al final de la parte considerativa de la sentencia recurrida se habla de negar el amparo, entre otros artículos, por los siguientes: 68, 71, 73, 74, 75 y 77 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, lo cual constituye incongruencia con lo determinado en el segundo de los considerandos de dicha resolución, respecto a sobreseer por esos y otros preceptos; sin embargo, esa incongruencia no trascendió al resultado del fallo, pues no se reflejó en los puntos resolutivos.
QUINTO. De igual manera, el Juez Federal decretó sobreseimiento respecto de los artículos 15, 69, 93 y 113 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, así como de su artículo 4o. transitorio, por advertir que se emitió nuevo decreto que modificó los textos de dichos artículos.
Esa decisión produjo inconformidad en los recurrentes, quienes aducen en el segundo de sus agravios, estudiado en primer término por razones de técnica, "... que las modificaciones fueron sólo parciales, manteniéndose prescripciones que continúan afectando situaciones jurídicas que antes favorecían a los quejosos...", pues el sentido y contenido del concepto "dinámica" es diametralmente distinto al que fue derogado por los decretos impugnados, y que se mantuvo el factor relacionado con el Indice Nacional de Precios al Consumidor.
Dichos agravios son inoperantes de acuerdo con lo que se explica en seguida:
Examinado el cuaderno de amparo, aparece que el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, el representante común de los quejosos presentó escrito a través del cual solicitó se tuvieran por adicionados, en tiempo y forma, los conceptos de violación, con los que en el propio escrito formuló en relación con los artículos 15, 69, 93, 113 y con el 4o. transitorio, y otros, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, reformados mediante Decreto 241, de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres.
El Juez de Distrito dictó auto de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro, a través del cual determinó que no había lugar a tener por adicionados los conceptos de violación de la demanda de amparo, "porque los hace valer a partir de un nuevo acto de autoridad que no es materia de la litis de este asunto."
Contra esa decisión se interpuso recurso de queja, que resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, el seis de abril de mil novecientos noventa y cuatro, declarándola infundada, en base a los argumentos siguientes:
"... si inicialmente la acción constitucional se enderezó contra los Decretos 201 y 202 emitidos por la Legislatura Local, que a decir de los recurrentes contienen la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Nuevo León y adiciones al apartado correspondiente a los artículos transitorios (séptimo y octavo) de la Ley del Servicio Civil, respectivamente, es obvio que no puede tener cabida jurídica la petición de los quejosos de ampliar los conceptos de violación dirigidos a impugnar los Decretos 241 y 242 que reforma (sic), adicionan y derogan diversos preceptos de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (Decreto 201) y de la Ley del Servicio Civil (Decreto 202), pues como acertadamente lo estimó el Juez de Distrito, tales mandamientos (Decretos 241 y 242) no están señalados como actos reclamados en la demanda de amparo...
"Igualmente el argumento del inciso c) relativo a que la resolución impugnada atenta contra los principios de concentración y seguridad del juicio de garantías, ya que el texto original y las modificaciones corresponden a una misma legislación, es de desestimarse, en cuanto a (sic) dicha circunstancia no puede tener por efecto que los multirreferidos Decretos 201, 202, 241 y 242 sean un solo acto reclamado, puesto que, se insiste, la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Nuevo León y de los artículos 7o. y 8o. transitorios de la Ley del Servicio Civil (Decretos 201 y 202) son actos distintos e independientes de los Decretos 241 y 242 que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las mencionadas legislaciones, y por ende, son susceptibles de impugnarse en juicios de amparo diferentes, sin que ello ocasione perjuicios irreparables a los solicitantes de garantías, como se aduce en el inciso d), pues debe (sic) obtener la Protección Constitucional se les restituiría en el goce de los derechos transgredidos, y en cambio, de admitir la petición de los recurrentes se dejaría sin audiencia a las autoridades responsables, respecto de los multicitados Decretos 241 y 242..."
Por consiguiente, como el Tribunal Colegiado estableció que son actos legislativos diferentes la discusión, aprobación, promulgación, publicación y refrendo de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Nuevo León y de los artículos 7o. y 8o. transitorios de la Ley del Servicio Civil (Decretos 201 y 202), respecto de los Decretos 241 y 242 que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las mencionadas legislaciones, y que por lo mismo son susceptibles de impugnación en juicios de amparo diferentes, los quejosos, ahora recurrentes, debieron reclamar en su oportunidad los Decretos 241 y 242, a través de la ampliación de la demanda de garantías, no en cuanto a los conceptos de violación, como lo hicieron, sino respecto del capítulo de actos reclamados o mediante la promoción de un diverso juicio de garantías (lo cual se ignora si lo hayan hecho).
Consecuentemente, no procede examinar, conforme a sus textos vigentes, la constitucionalidad de los artículos 15, 69, 93, 113 y 4o. transitorio, por razón de lo establecido por el Tribunal Colegiado de Circuito de que se trata, que constituye una resolución definitiva no modificable por este alto tribunal. Menos aún procede examinar la constitucionalidad de dichos artículos conforme a los textos anteriores, porque no son autoaplicativos y se impugnaron sin que existiera acto concreto de aplicación, de tal suerte que, al quedar sustituidos por nuevos textos, ya no podrán ser aplicados a los quejosos conforme a sus textos originales.
Luego, debe confirmarse el sobreseimiento de que trata este apartado.
SEXTO. Este alto tribunal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en cuanto no quedó demostrada la afectación del interés jurídico de los quejosos por cuanto ve a los artículos 7o., fracción VI, 31, 94 y 108 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, que respectivamente dicen:
"ARTICULO 7o. Se establecen con carácter obligatorio los seguros y prestaciones que a continuación se expresan...
"FRACCION VI. Seguro de vida, y..."
"ARTICULO 31. El Instituto no estará obligado a pagar los seguros y prestaciones fuera del territorio nacional. Para el caso de los pensionistas o jubilados que cambien su lugar de residencia al extranjero, ya sea temporal o definitivamente, el pago se realizará a quien ostente la representación por medio de una carta poder certificada por quien resulte competente en el lugar en donde se encuentren los que en ella intervengan, la cual tendrá una vigencia máxima de seis meses."
"ARTICULO 94. La muerte del servidor público por causas ajenas al trabajo, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere cotizado al Instituto por un mínimo de cinco años, así como la de un pensionista, dará origen a la pensión por causa de muerte."
"ARTICULO 108. Con el objeto de establecer un seguro de vida que cubra el riesgo de fallecimiento de los servidores públicos, el Instituto fungirá como representante de la colectividad susceptible de aseguramiento, para celebrar los convenios respectivos con la institución de seguros debidamente autorizada que ofrezca las mejores condiciones para el cumplimiento de los lineamientos que se indican en este Título."
Como se ve, el artículo 7o., lejos de causar un perjuicio establece un beneficio en favor de los quejosos, pues previene el establecimiento de un seguro de vida, lo cual por sí mismo no les afecta. No pasa inadvertido, por otra parte, que la ley abrogada también lo establecía (artículo 6o., fracción VI).
En lo concerniente al artículo 31, ninguno de los quejosos manifestó, mucho menos acreditó, que esté en el caso de recibir el pago de un seguro o prestación fuera del territorio nacional.
Respecto del artículo 94, es claro que la afectación se producirá, en todo supuesto, cuando fallecido el trabajador su viuda e hijos reclamasen la respectiva pensión de viudez y orfandad, y el Instituto, con aplicación del artículo de que se trata, se niegue a cubrir esa prestación.
Finalmente, en lo que atañe al artículo 108, como el beneficio o perjuicio para los quejosos depende de la concertación de los convenios a que en éste se hace referencia, primordialmente del monto de la suma asegurada que en tales convenios se establezca, y como no se demostró que al momento de la promoción del presente juicio de amparo ya se hubieran celebrado dichos convenios, no puede afirmarse que los impetrantes hubiesen resentido una afectación a su interés jurídico.
De ahí que respecto de dichos artículos se actualice la causa de improcedencia prevista en el numeral 73, fracción V, de la Ley de Amparo; por ende, con fundamento en el artículo 74, fracción III, del ordenamiento invocado, deberá sobreseerse respecto de aquellas disposiciones.
SEPTIMO. En cuanto al fondo, el Juez de Distrito, al hacerse cargo de los motivos de inconformidad vertidos en los puntos 2, 3, 4, 5, 7 y 10 de la demanda de garantías, consideró que éstos no constituyen conceptos de violación en términos de las tesis con rubros: "CONCEPTO DE VIOLACION, CONTENIDO DEL" y "CONCEPTOS DE VIOLACION, REQUISITOS LOGICOS Y JURIDICOS QUE DEBEN REUNIR", transcritas en la sentencia recurrida. Cabe aclarar que, no obstante, estudió el fondo del motivo de inconformidad planteado en el punto 10.
Los quejosos rebaten dicha consideración, pues aducen que el Juez de Distrito debió examinar en su conjunto los motivos de inconformidad; que la demanda sí contiene la referencia a los preceptos constitucionales que se estiman violados, los artículos que se impugnan de los decretos reclamados y la exposición de la situación en que se encontraban los quejosos, así como la fuente de los derechos que estiman vulnerados; que en caso de existir la deficiencia apuntada por el Juez de Distrito, éste debió hacer la prevención prevista por el artículo 146 de la Ley de Amparo; y, que en el último de los casos debió suplir la queja deficiente, pues trátase de un asunto donde se reclaman derechos de trabajadores.
Pues bien, asiste razón a los quejosos al señalar que la demanda de garantías contiene conceptos de violación y no simples motivos de desacuerdo.
En efecto, técnicamente es adecuado que los elementos necesarios para considerar que existe formulado un verdadero concepto de violación, a saber: el precepto constitucional violado (la premisa mayor), la ley o acto reclamado (la premisa menor) y el razonamiento que demuestre la contrariedad entre tales premisas (la conclusión), se expresen en el capítulo apropiado de la demanda de garantías, juntos y en el mencionado orden; sin embargo, lo verdaderamente importante no es el cumplimiento a esa formalidad impuesta por la técnica, sino que no falten dichos elementos, aunque tenga que acudirse a un apartado de la demanda diverso al de conceptos de violación, pues la impartición de justicia debe efectuarse por encima de cualquier cuestión meramente formal. Por consiguiente, si se toma en cuenta que la demanda de amparo conforma un todo, resulta incuestionable que el Juez de Distrito estaba obligado a examinarla en su integridad.
En la especie, los quejosos precisaron como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 3o., 13, 14, 16, 22 y 123; tacharon de inconstitucionales los artículos 7o., fracción VI, 14, 15, 20, 21, 24 al 29, 31, 35, 38, 39, 43, 44, 51, 52, 57 al 88, 93 al 97, 103 al 105, 108, 109, 111, 113, 116 al 119, 122, 135 al 139 y los transitorios 1o. al 14 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, así como los transitorios 7o. y 8o. de la Ley del Servicio Civil del mismo Estado, y en los puntos 2 al 5, 7 y 10 de su demanda expusieron que la Ley reclamada viola garantías al privarlos de derechos que estiman haber adquirido por convenio y ley anterior, tales como los siguientes: 1) el derecho a jubilarse sin satisfacer más requisito que el haber cumplido veintiocho años de servicio las mujeres y treinta años de servicio los varones; 2) el derecho a jubilarse al tener cuando menos quince años de servicio y sesenta años de edad, aunque el monto de su pensión disminuya; 3) el derecho de los jubilados a que el incremento de sus pensiones se haga en la misma proporción y fecha en que se incrementase el sueldo a los trabajadores en activo; 4) el derecho del servidor público que sin tener derecho a pensión deja el servicio por cualquier causa, a que le regresen sus aportaciones del 6%, dentro de los treinta días siguientes a la recepción por el Instituto de la solicitud respectiva; 5) el derecho del servidor público que se separa del cargo y tiene cuando menos quince años de servicio, a dejar en el Instituto el total de sus aportaciones para que al cumplir sesenta años de edad se le regresen de acuerdo con el último sueldo base nominal y a su situación en el tabulador; 6) el derecho de los beneficiarios del servidor público que muere antes de cumplir sesenta años, a que les sea entregada la pensión correspondiente; 7) el derecho al seguro de vida, establecido en la suma de treinta y siete mil nuevos pesos, cuya estructura modifica la nueva ley.
Asimismo, adujeron que sufren un incremento de 3.25% en las cuotas que antes aportaban y que ésta se determina mediante un factor más amplio que el establecido por la ley anterior, y todo ello sin que se les dé a conocer la causa, motivo o fundamento.
Igualmente, se dolieron de trato diferente preferencial en favor de una de las destinatarias de la ley, la entidad estatal, pues mencionan que el trabajador aporta un 48.97% de la cuota del sistema certificado para la jubilación, mientras aquélla únicamente aporta el 43.63%.
Luego, existen conceptos de violación. Por no advertirlo así el Juez de Distrito y negar el amparo en el juicio, pasando por alto que la demanda de garantías debe estudiarse en su integridad, por constituir un todo, aplicó incorrectamente lo dispuesto por el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y las relativas tesis que invocó.
En relación a este tema, este alto tribunal comparte, en lo conducente, el criterio sustentado por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte, cuyo texto se transcribe:
"DEMANDA DE AMPARO, INTERPRETACION DE LA . En los amparos administrativos, el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda, para determinar con exactitud la intención del promovente, pues el obstáculo que opone el principio de que no corresponde al Juez corregir los errores de las partes, es sólo aparente, ya que en la interpretación no se va a perfeccionar la demanda en su contenido material, cosa que ya no sería meramente interpretativa, sino nada más a armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos de la misma demanda. Este criterio no pugna con el primer párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo que dice: 'La Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda'. La comprensión correcta de una demanda en cuanto a su forma, no implica ni alteración de los hechos, ni una modificación de los conceptos de violación; el juzgador pues, debe atender preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, ya que solamente en esta forma, se puede compaginar una recta administración de justicia al no aceptar la relación obscura, deficiente o equivocada como la expresión exacta del pensamiento del autor de la demanda, sobre todo si su verdadero sentido se desprende fácilmente, relacionando los elementos de la misma demanda. Así, pues, si en su demanda algún quejoso, no pretendió reclamar determinados actos que aparecen en la misma demanda y el Juez Federal se da cuenta, por la interpretación que haga de la misma, de que en realidad los actos que se pretenden combatir son otros, el juzgador obra correctamente al hacer dicha interpretación."
Por consiguiente, procede que este alto tribunal, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, en su oportunidad se haga cargo de los conceptos de violación cuyo fondo no examinó el Juez de Distrito.
OCTAVO. Para negar el amparo por lo que ve a los artículos 7o., fracción VI, 31, 94 y 108 (por los que procede sobreseer, según se dijo antes), 21, 43, 57, 58, 60, 61, 64, 66, 80, 103, 105, 122, 135 al 139, y transitorios 1o., 3o., 5o., 7o. al 12 y 14 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, y 7o. transitorio de la Ley del Servicio Civil, el Juez de Distrito consideró, en síntesis, lo siguiente:
1.1- Que no se produce violación a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal, en cuanto establece la garantía de fundamentación y motivación, pues cuando se trata de la expedición de una ley, tal garantía se colma si el Congreso que la emite se encuentra constitucionalmente facultado para ello y cuando la ley que se emite se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.
1.2- Que tampoco se viola la garantía de audiencia con la expedición de la Ley reclamada, porque el Poder Legislativo no está constreñido a escuchar en defensa a los gobernados antes de expedirla, pues la participación de éstos es indirecta, a través de sus representantes en las Cámaras Legislativas.
1.3- Que no se produce violación a lo dispuesto por el artículo 5o. constitucional, conforme al cual nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento, pues el hecho de que la Ley reclamada establezca mayor número de años en la prestación del servicio para obtener el derecho a la jubilación, no significa que se obligue a los servidores públicos a continuar laborando, ya que éstos podrán optar por dejar de laborar sin alcanzar la jubilación o continuar sus servicios hasta obtenerla.
1.4- Que los artículos transitorios 13 y 16 de la Ley del Instituto y 7o. transitorio de la Ley del Servicio Civil prevén, respectivamente, para el servidor público que tenga derecho a la jubilación conforme a la ley abrogada, la opción de solicitarla en el término de un año o sujetarse a los términos de la Ley que se combate, y para los servidores públicos cuyo ingreso al servicio se haya verificado antes del veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y tres, la opción de devolver el certificado de reconocimiento de derechos, solicitando su indemnización en los términos del artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil.
1.5- Que las disposiciones de la Ley impugnada no violan la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, pues, opuestamente a lo aducido por los quejosos, existe sistema de defensa contra las resoluciones que en materia de seguridad social pudieran afectarlos, toda vez que el artículo 18 dispone que las controversias judiciales surgidas con motivo de su aplicación serán de la competencia de los tribunales del Estado y por su parte el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado dispone que el citado tribunal conocerá de los juicios que se inicien en contra de actos, resoluciones o derechos definitivos (sic) dictados por autoridades administrativas o fiscales u organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal o Municipal del Estado de Nuevo León, y como el mencionado Instituto es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado, sus determinaciones podrán ser objeto de impugnación ante el citado tribunal.
1.6- Que la Ley reclamada no viola lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, en lo referente a la aplicación retroactiva de la ley, porque no obliga a los quejosos a abonar la diferencia existente entre las cuotas que pagaron conforme a la ley abrogada y las que se establecen conforme a la nueva ley, y porque respecto a la jubilación, la posibilidad de jubilarse conforme a la ley abrogada, por ejemplo, dentro de dos años, no es un derecho adquirido sino sólo una expectativa de derecho cuya modificación no lesiona el principio de irretroactividad.
1.7- Que de igual manera, los acuerdos, convenios y resoluciones que la nueva ley deja sin efectos, tampoco son derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho.
Por su parte, los recurrentes argumentan:
2.1- Que justamente en referencia a las relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas es donde se produce afectación a las garantías de los quejosos, pues éstos afirmaron haber obtenido derechos, prerrogativas y situaciones derivadas de actos concretos (convenios y resoluciones), de los que se derivaron condiciones en su calidad de asegurados para la obtención de jubilaciones y pensiones que mejoraban su situación laboral y de seguridad social. Que por ello, la autoridad responsable no debió incidir en su esfera jurídica.
2.2- Que de lo que realmente se dolieron los quejosos fue, no de que no se les hubiera convocado para oírlos antes de expedir la Ley reclamada sino de que en ésta no se consigna un procedimiento que internamente, de manera administrativa, les permitiera oponerse a los abusos cometidos en los actos de aplicación; que no se estableció recurso como en cambio, por ejemplo, se establece en la Ley Federal del Seguro Social; y, que no satisface lo exigido por la garantía de audiencia, el que las decisiones del Instituto puedan impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, porque la intervención de éste sería a través de normas previamente establecidas para juicios.
2.3- Que es incorrecta la interpretación que el Juez Federal hace del artículo 14 constitucional, cuando establece que los derechos de los servidores públicos quejosos pueden ser modificados sin que ello los agravie, pues dicho artículo prohíbe se dé efecto retroactivo a cualquier ley en perjuicio de alguien.
2.4- Que el Juez de Distrito olvida que inicialmente habló de los "derechos de los servidores públicos quejosos", pues luego menciona que sólo son "expectativas de derechos".
2.5- Que el Juez de Distrito se apoyó en premisas falsas, pues pasó por alto establecer la diferencia entre "situación jurídica" y "acto jurídico", lo cual era necesario para diferenciar las expectativas de derecho, de los derechos adquiridos; y que tampoco diferenció lo que es una ley particular o individualizada de lo que es una ley general.
2.6- Que opuestamente a lo considerado por el Juez de Distrito, no es verdad que tengan simples expectativas de derechos, pues debe ponderarse el que lo suprimido son acuerdos y convenios celebrados por el Gobierno del Estado de Nuevo León con la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en una relación de patrón a trabajador, donde se protegieron garantías de seguridad social, y donde surgieron derechos y obligaciones para laspartes.
2.7- Que el derecho implicaba el beneficio de que a más años de servicio (de los 15 como mínimo hasta los 28 y 30 años) se iba ganando un porcentaje mayor de la jubilación hasta llegar a un cien por ciento, pues a los quince años de servicio ya tenían la posibilidad de "concretizar" su derecho adquirido, pero que la ley les permitía la opción de tomarlo en ese momento o para fechas posteriores, lo cual ya no era una expectativa.
2.8- Que tampoco era una expectativa antes de ese término de 15 años, porque el derecho nació de la celebración de los pactos referidos.
2.9- Que dichos derechos entraron al patrimonio de los quejosos equiparándose a los derechos conocidos como de tracto sucesivo, que día a día se van acumulando al acervo patrimonial del gobernado.
Como los agravios no insisten en la inicialmente alegada inconstitucionalidad de la Ley reclamada en relación con los artículos 1o., 3o., 13, 22 y 123 de la Constitución Federal, el estudio de los conceptos de violación únicamente se hará con relación a los artículos 14 y 16 de ese Ordenamiento Supremo.
NOVENO. Como se ve, la afirmación del Juez de Distrito de que, tratándose de la expedición de una ley, la garantía de fundamentación y motivación prevista por el artículo 16 constitucional se colma si el Congreso que la emite se encuentra constitucionalmente facultado para ello y si la ley que se emite se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, seguida de la conclusión de que en la especie no existió violación a dicha garantía, conlleva la consideración: que las relaciones existentes entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, el Gobierno del Estado y los ahora quejosos necesitaban ser jurídicamente reguladas. No convienen en ello los peticionarios de amparo, por cuanto estiman haber adquirido, a través de convenios, derechos que mejoraron su situación laboral y de seguridad social.
Este Pleno estima necesario señalar que las relaciones jurídicas existentes entre el Estado de Nuevo León y sus servidores públicos, como son los quejosos, no son de carácter estrictamente laboral, sino asimilada a esta materia, lo cual se deduce de los artículos 116, fracción V y 123, apartado "B", de la Constitución Federal, así como de la interpretación jurisprudencial establecida a propósito de diversas situaciones jurídicas similares, entre las cuales cabe citar las siguientes:
"POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les corresponda y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."
Como corolario de lo anterior, deberá convenirse en que los ordenamientos federales que pudieran ser paralelos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León fundamentalmente impugnada, son la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero no la Ley Federal del Trabajo, porque no regula relaciones jurídicas entre el Estado y sus servidores, sino las relaciones laborales que existen entre particulares, como son patronos y obreros.
Pues bien, las relaciones jurídicas de los sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, establecen normas que deben ser observadas tanto por el Estado como por sus servidores públicos y que desde luego determinan derechos y obligaciones para ambas partes.
La queja de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4000-97811c4c/jubilacion-dinamica-de-los-trabajadores-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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