PENSIÓN POR VEJEZ DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD. SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AL ESTABLECER LA LEY QUE REGULA EL INSTITUTO CORRESPONDIENTE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS JUDICIALES QUE SURJAN CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.
Nota: La siguiente ejecutoria aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 12.
AMPARO EN REVISIÓN 336/95. MARCO ANTONIO RENTERÍA CANTÚ Y COAGS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Con objeto de examinar los agravios propuestos, en primer lugar, conviene resumir las consideraciones expuestas por el a quo para sobreseer en el juicio, mismas que son las siguientes:
a) Con relación a los artículos 1o. a 6o., 38, 39, 81, 113, 123, 128, transitorios segundo, décimo quinto, décimo séptimo y décimo octavo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, y al artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, determinó que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no formuló conceptos de violación para demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados.
b) Por lo que hace a los artículos 20, 51, 52, 67, 69, 88, 93, 95, 96, 100, transitorios cuarto, sexto y décimo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, concluyó que toda vez que los quejosos son trabajadores en activo que prestan sus servicios en las escuelas de la entidad, sin que hubiesen acreditado ningún acto de aplicación que los ubique dentro de las hipótesis normativas previstas en los relacionados numerales, carecen de interés jurídico para reclamarlos a través del juicio de garantías, sobreseyendo con apoyo en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
c) Respecto del artículo 15 de la ley citada en el párrafo precedente, el a quo sostuvo que dicho numeral contiene en esencia los mismos elementos normativos que el precepto correlativo que modifica, destacando que como en el decreto legislativo reclamado no se reformó el diverso artículo 21, que es el precepto que establece la obligación a cargo de los trabajadores de cubrir una cuota del 12.25% de su salario base de cotización, así como la forma de aplicación de dicho descuento, y dado que los quejosos reconocen que reclamaron los mencionados artículos contenidos en el anterior decreto publicado el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, en diversos juicios de garantías tramitados ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Nuevo León, estimó que es operante la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo.
d) Asimismo, determinó que el juicio es extemporáneo, toda vez que el acto consistente en el descuento del 12.25% del salario de los quejosos no constituye aplicación del precepto reclamado, sino del diverso artículo 21, publicado en el Periódico Oficial de trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, y no en el decreto publicado en dicho medio informativo el veinticuatro de diciembre del citado año, que fue el que se impugnó en este juicio de amparo.
Sobre el particular, la parte recurrente sostiene que la sentencia del a quo es ilegal por las siguientes razones:
a) Porque la aplicación de los artículos 20, 51, 52, 67, 69, 88, 93, 95, 96, 100, transitorios cuarto, sexto y décimo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, quedó demostrada con los recibos de febrero y marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en que aparece la deducción del 12.25% de sus sueldos, con motivo de la aportación que conforme al decreto reclamado debe realizar todo servidor público de la entidad, para la organización y administración de los seguros y prestaciones de la ley reclamada, situación corroborada con el informe del secretario de Finanzas y tesorero de la entidad, que reconoce haber efectuado dicha deducción, momento desde el cual se les priva tanto a los quejosos como a sus beneficiarios de los derechos relativos a la seguridad social, constituyendo la susodicha deducción una aplicación integral del decreto reclamado, sin que deba esperarse, para analizar su constitucionalidad, a que cada trabajador o beneficiario actualicen los supuestos jurídicos de cada artículo que contiene el decreto reclamado, en virtud de que la sola deducción los coloca como sujetos afectados por las normas.
b) Con relación al artículo 15 de la ley de seguridad social reclamada, porque en los diversos juicios de garantías donde los quejosos pretendieron integrar la impugnación del citado artículo conjuntamente con las reformas publicadas en octubre de mil novecientos noventa y tres, se estableció que no procedía la solicitud dado que se trataba de actos diferentes, debiendo resolverse por separado, siendo que lo reclamado en la especie es la forma de integración actual del salario, al omitir contemplar el legislador prestaciones como alimentación y habitación, mas no la deducción del 12.25% de sus percepciones, razón por la que la introducción del artículo 21 como materia de controversia se encuentra fuera de lugar.
En relación con lo anterior, en primer lugar se debe precisar que aun cuando se advierte que la parte recurrente no combate de modo operante las consideraciones que sustentan el sobreseimiento por extemporaneidad del juicio, pues sus argumentos no se dirigen a demostrar la oportunidad de la presentación de la demanda, ni tampoco aduce agravio alguno respecto de la improcedencia determinada por falta de conceptos de violación respecto de diversos preceptos legales; sin embargo, tal deficiencia en la exposición de agravios no debe conducir a desestimar el recurso de revisión que se analiza, por las siguientes razones:
El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, precepto que contempla la figura de la suplencia de la queja deficiente, en la parte que interesa a este estudio, textualmente dice:
"Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:
"...
"IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador."
Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 51/94, sentó jurisprudencia en el sentido de que, en tratándose de la parte trabajadora, la suplencia de la queja opera no solamente ante la deficiente exposición de agravios, sino también en ausencia de ellos. El criterio relativo se publicó en las páginas 333 y 334 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y cinco, Tomo II, Novena Época, que textualmente es como sigue:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. La jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATÁNDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA.’, establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones."
En las citadas condiciones, como el presente recurso de revisión fue interpuesto por la parte trabajadora, existe la obligación a cargo de este tribunal de ocuparse, supliendo las omisiones en la exposición de los agravios formulados, del examen de la legalidad de las consideraciones que sustentan el fallo recurrido.
SÉPTIMO. Los razonamientos expuestos en el considerando anterior, son aptos para levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito con relación a los artículos 1o. a 6o., 38, 39, 81, 113, 123, 128, transitorios segundo, décimo quinto, décimo séptimo y décimo octavo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, y al artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, bajo la consideración de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no formuló los conceptos de violación relativos para demostrar su inconstitucionalidad.
Lo anterior porque si, de conformidad con la tesis antes transcrita, ante la ausencia de conceptos de violación en las demandas de amparo en materia laboral promovidas por la parte trabajadora, el juzgador debe suplir tal deficiencia y examinar la constitucionalidad del acto reclamado, es evidente que el a quo no se encontraba en posibilidad jurídica de decretar el sobreseimiento por la falta de dichos razonamientos de inconstitucionalidad, al no constituir un requisito necesario en esta clase de amparos, razón por la que procede levantar el sobreseimiento decretado sobre el particular.
Sin embargo, procede confirmar parcialmente el sobreseimiento respectivo al actualizarse diversa causal de improcedencia, para lo cual, en primer lugar, cabe transcribir el texto de los artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, a los que se refiere el sobreseimiento mencionado:
"Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto el establecimiento de un régimen de seguridad social con el propósito de proteger la salud y el bienestar económico de los servidores públicos, jubilados, pensionados del Estado de Nuevo León y sus beneficiarios."
"Artículo 2o. La organización y administración de los seguros y prestaciones que esta ley establece en favor de los servidores públicos, jubilados, pensionistas y beneficiarios, estará a cargo del organismo público descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, cuyas siglas son Isssteleón con personalidad jurídica, patrimonio y órganos de gobierno propios y con domicilio en la ciudad de Monterrey, capital del Estado."
"Artículo 3o. Son sujetos de esta ley, con los derechos que otorga y con las obligaciones que la misma propone: I. El Estado de Nuevo León, y sus organismos paraestatales, en los términos de los convenios de incorporación que éstos celebren con el instituto; II. Los Municipios y sus organismos descentralizados en los términos de los convenios de incorporación que celebren con el instituto; III. Los servidores públicos que laboren al servicio de los sujetos señalados en las fracciones I y II de este artículo mediante nombramiento o que figuren en lista de raya, cuya remuneración se establezca en las respectivas partidas presupuestales; IV. derogada. V. Las personas que conforme a lo previsto en esta ley adquieran el carácter de pensionistas o jubilados, y VI. Los beneficiarios de los servidores públicos, pensionistas y jubilados que se encuentren en los supuestos que esta ley establece."
"Artículo 4o. No se considerarán sujetos de incorporación al régimen que establece esta ley los servidores públicos que: I. Presten sus servicios por honorarios o mediante contrato sujeto a la legislación común; II. Estén sujetos a contratos eventuales con vigencia inferior a seis meses, en cuyo caso sólo tendrán derecho al seguro establecido en el título segundo de esta ley, debiendo enterar las cuotas respectivas; III. Presten sus servicios por un tiempo menor a diez horas semana-mes; IV. Al ingresar por primera vez al servicio hayan cumplido cincuenta años de edad; y V. Por resultado del examen médico practicado por el instituto se determine su no incorporación."
"Artículo 5o. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Instituto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; II. Entidades públicas, el Gobierno del Estado de Nuevo León, el propio instituto, los Ayuntamientos y los organismos paraestatales que hayan celebrado convenio con el instituto; III. Servidores públicos, los trabajadores que presten sus servicios en las entidades públicas, con excepción de los señalados en el artículo anterior; IV. Pensionistas, a las personas que esta ley les reconozca tal carácter; V. Jubilados, a quienes tengan derecho a una renta mensual vitalicia o a los recursos percibidos mediante retiros programados, en los términos del título cuarto de esta ley, y VI. Beneficiarios, a: a) La esposa o, a falta de ésta, la mujer con quien el servidor público, pensionista o jubilado ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores o con la que tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio, debiendo comprobar, esta última, que depende del servidor público, pensionista o jubilado. Si el servidor público, pensionista o jubilado tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá el carácter de beneficiario; b) Los hijos del servidor público, pensionista o jubilado, menores de dieciocho años, que dependan económicamente de éstos, siempre que no hayan contraído matrimonio, no vivan en concubinato o no tuvieren a su vez hijos; c) Los hijos del servidor público, pensionista o jubilado, mayores de dieciocho años y hasta la edad de veinticinco que, además de cumplir con los requisitos establecidos en el inciso anterior, continúen cursando estudios de nivel medio superior o superior; d) Los hijos mayores de dieciocho años con incapacidad total permanente, que dependan económicamente del servidor público, pensionista o jubilado; e) Los hijos adoptivos que se encuentren en cualquiera de los supuestos previstos en los incisos b, c y d cuando el acto de adopción se haya efectuado por el servidor público, pensionista o jubilado de conformidad con lo establecido por las disposiciones civiles vigentes; f) El esposo o a falta de éste, el varón con quien la servidora pública, pensionista o jubilada ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores, o con el que tuviese hijos, siempre que permanezcan libres de matrimonio, debiendo contar aquél con sesenta años de edad como mínimo o estar incapacitado total y permanentemente para trabajar, así como comprobar que depende económicamente de la servidora pública, pensionista o jubilada, y g) Los padres del servidor público, pensionista o jubilado, siempre que vivan en el domicilio de éste, y dependan económicamente de él."
"Artículo 6o. Los beneficiarios que se mencionan en el artículo anterior, no podrán ejercer los derechos que esta ley otorga al darse cualquiera de los supuestos siguientes: I. Que el servidor público interrumpa su cotización por un periodo mayor a dos meses, ya sea por el disfrute de una licencia sin goce de sueldo o por sufrir una suspensión temporal de los efectos de su nombramiento, reanudándose el goce de tales derechos en cuanto reinicie el servicio y se regularice el pago de las cuotas y aportaciones al instituto; II. No reunir las condiciones y requisitos que en cada caso se señalan o utilizar datos o documentos falsos para legitimar su derecho."
"Artículo 38. En caso de enfermedad, el servidor público tendrá derecho a la asistencia médica, clínica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación que sea necesaria desde el inicio de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas consecutivas para la misma enfermedad. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta por veintiséis semanas consecutivas más por prescripción del médico tratante. Si al concluir el plazo continúa enfermo, se procederá como corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 88 y demás relativos del capítulo I del título quinto de la presente ley. En el caso de enfermos ambulatorios, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, y en el de pensionistas, jubilados y beneficiarios, el tratamiento médico de una misma enfermedad se continuará mientras lo requieran."
"Artículo 39. La servidora pública, pensionista, jubilada y la esposa del servidor público, pensionista o jubilado, o en su caso, la concubina de uno u otro, tendrán derecho a lo siguiente: I. Asistencia obstétrica en el instituto o las unidades médicas subrogadas, y II. Ayuda para la lactancia cuando, según el dictamen médico, exista incapacidad física para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso de seis meses posteriores a la fecha del nacimiento."
"Artículo 81. Al jubilado que reingrese a cualquier entidad pública para desempeñar algún empleo que implique la incorporación al régimen de cotización de esta ley, se le suspenderá el pago de su renta mensual vitalicia o retiro programado de recursos, con excepción de los que reingresen en cualquiera de las condiciones establecidas en las fracciones I, II o III del artículo 4o. de la presente ley."
"Artículo 113. El importe de la prima a pagar por cada servidor público se determinará por las cuotas previstas en el artículo 21, fracción IV."
"Artículo 123. El consejo directivo se compondrá de once miembros: el secretario de Finanzas y tesorero general del Estado, el secretario de Desarrollo Social del Estado, el secretario del Trabajo del Estado, el coordinador de Administración del Estado, el director general del instituto, dos representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, un representante del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, y un representante de los trabajadores de los organismos paraestatales afiliados. Participarán también en el consejo directivo dos representantes uno del Poder Judicial y otro del Poder Legislativo, quienes tendrán voz pero no voto en las decisiones del consejo. En el caso de cambio de nombre de alguna de las dependencias representadas en el consejo directivo en virtud de cambios en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, la nueva dependencia entrará en su sustitución. La presidencia del consejo directivo corresponderá al secretario de Finanzas y tesorero general del Estado. La secretaría recaerá sobre el director general del instituto."
"Artículo 128. Corresponde al consejo directivo: I. Planear las operaciones y servicios del instituto; II. Examinar para su aprobación, el programa institucional y los programas operativos anuales, así como los estados financieros del instituto; III. Autorizar los gastos extraordinarios del instituto; IV. Decidir sobre las inversiones del instituto y determinar las reservas actuariales y financieras que deban constituirse para asegurar el otorgamiento de los seguros y las prestaciones que establece esta ley; V. Determinar los elementos de los seguros y prestaciones que se sujeten a cálculos actuariales; VI. Conocer y aprobar en su caso, en el mes de enero de cada año, el informe pormenorizado del estado que guarde la administración del instituto; VII. Aprobar y poner en vigor los reglamentos interiores y de servicios del instituto; VIII. Establecer o suprimir delegaciones del instituto en el Estado; IX. Autorizar al director general para celebrar convenios de incorporación con los organismos paraestatales del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y sus organismos paraestatales, a fin de que sus servidores públicos y familiares disfruten de los seguros y prestaciones que comprende el régimen de esta ley y en general todo tipo de convenios que conlleven al fortalecimiento funcional y financiero del instituto; X. Dictar los acuerdos y resoluciones que se estimen necesarios para el cumplimiento de los fines del instituto; XI. Conceder, negar, suspender, modificar y revocar las jubilaciones, pensiones, rentas vitalicias y retiros programados de recursos del sistema certificado para jubilación, en los términos previstos en esta ley; XII. Nombrar y remover al personal de confianza del primer nivel del instituto, a propuesta del director general, sin perjuicio de las facultades que al efecto delegue; XIII. Conferir poderes generales o especiales, de acuerdo con el director general; XIV. Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de reformas a esta ley; XV. Establecer las comisiones y subcomisiones de apoyo que estime necesarias para el auxilio en el cumplimiento de sus funciones, mismas que serán definidas por el reglamento respectivo; XVI. Revisar periódicamente el esquema de seguros y prestaciones con base en estudios actuariales-financieros para, en su caso, mejorarlo o fortalecerlo; XVII. Aumentar el monto de los préstamos a corto plazo cuando, previos estudios actuariales y de acuerdo a lo establecido en el artículo 117 de la presente ley, el estado financiero del fondo correspondiente lo permita; y XVIII. En general, realizar todos aquellos actos y operaciones autorizados por esta ley, y los que fuesen necesarios para la mejor administración y gobierno del instituto."
Transitorios
"Segundo. Se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, contenida en el Decreto Número 62 de fecha 21 de enero de 1983. Los activos pertenecientes al instituto que creó la ley que se abroga pasarán a formar parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, referido en el artículo 2o. de esta ley."
"Décimo quinto. El Gobierno del Estado, mediante partida presupuestal anual previamente autorizada, entregará al instituto las cantidades suficientes para cubrir las pensiones y jubilaciones en curso de pago a la entrada en vigor de la presente ley y las correspondientes a los casos previstos en el artículo décimo tercero transitorio de la misma. Igualmente, estas partidas contemplarán las cantidades que se requieran para cumplir con lo previsto en el artículo cuarto transitorio, segundo párrafo, de la presente ley."
"Décimo séptimo. Cuando las proyecciones financieras revelen insuficiencia justificada de los recursos propios del instituto para el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas con los derechohabientes que ya tenían este carácter al entrar en vigor la presente ley y sus beneficiarios, previa solicitud del consejo directivo, el Gobierno del Estado promoverá la autorización de la partida presupuestal correspondiente para otorgar los recursos financieros requeridos."
"Décimo octavo. En el caso de los servidores públicos sujetos al régimen de cotización de la ley abrogada y que continúen sujetos al régimen de cotización de la presente, las cuotas y aportaciones previstas en el artículo 21, fracción II y el artículo 25, fracción III, respectivamente, de esta ley, serán patrimonio del instituto y se destinarán en su oportunidad para el pago de las pensiones jubilatorias."
Por su parte, el texto del artículo octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León es el siguiente:
"Artículo octavo. Los trabajadores sujetos al régimen de cotización de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promulgada el día 22 de enero de 1983, que continúen laborando después de haber cumplido treinta años de antigüedad en el servicio y veintiocho años, en el caso de las mujeres, se harán acreedores anualmente a un bono cuyo valor será equivalente al cinco por ciento de su salario base de cotización. Este beneficio se entregará en forma sucesiva y acumulativa, por cada año de antigüedad hasta un máximo del valor que represente el 50% de su salario. No se tendrá este derecho si el servidor público hace uso de la opción que en su favor establece el artículo décimo tercero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León."
Según se advierte de los artículos transcritos, los numerales 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 123, 128, segundo, décimo quinto y décimo séptimo, estos tres últimos transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, esencialmente se refieren al objeto, sujetos y beneficiarios de dicha ley, a la organización, activos y administración del citado instituto, a la composición y funciones de su consejo directivo, así como a la obligación del Gobierno Estatal de asignar una partida presupuestal para el cumplimiento de las obligaciones que contraiga.
Por lo tanto, procede decretar el sobreseimiento respecto de tales preceptos con fundamento en el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la ley de la materia, en virtud de que las hipótesis normativas contempladas en dichos numerales no afectan el interés jurídico de los quejosos, al no imponerles obligación alguna ni privarlos de los derechos laborales que defienden.
En este orden de ideas, al no surtirse la causal de improcedencia invocada por el Juez a quo basada en la falta de expresión de conceptos de violación por los quejosos, procede levantar el sobreseimiento decretado, respecto de los artículos 38, 39, 81, 113 y décimo octavo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León; así como en relación con el octavo transitorio de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.
OCTAVO. A continuación se examina la consideración en que el a quo sostiene la operancia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que el descuento efectuado en el salario de los quejosos no constituye aplicación del artículo 15 del Decreto 241 publicado en el Periódico Oficial de la entidad de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y tres, sino del diverso numeral 21, que se publicó en dicho diario el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres.
Con objeto de determinar la legalidad o ilegalidad de tal consideración, se atiende al contenido de los artículos 15 y 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Nuevo León, publicada el trece de octubre de mil novecientos noventa y tres, que en lo conducente establecen:
"Artículo 15. La cuantía de las percepciones o pensiones otorgadas en los términos de los títulos tercero y quinto de esta ley, se actualizará en el mes de enero de cada año aplicándole el factor que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior, entre el citado índice correspondiente al mes de diciembre del segundo año inmediato anterior a aquel en el que se efectúe el ajuste."
"Artículo 21. Todo servidor público comprendido en el artículo 3o. de esta ley, deberá cubrir al instituto una cuota obligatoria del 12.25% sobre el total del salario base de cotización a que se refiere el artículo anterior. Dicha cuota se aplicará en la siguiente forma:
"I. 4% para el seguro señalado en la fracción I del artículo 7o.;
"II. 6% para la prestación señalada en la fracción III del artículo 7o.;
"III. 1.50% para las prestaciones señaladas en las fracciones IV y V del artículo 7o.;
"IV. 0.50% para el seguro que se menciona en la fracción VI del artículo 7o., y
"V. 0.25% para la prestación que se menciona en la fracción VII del artículo 7o. ..."
El artículo 15 antes transcrito se modificó mediante reforma publicada el veinticuatro de diciembre del citado año, vigente desde el día siguiente, de conformidad con el artículo único transitorio del decreto legislativo correspondiente, quedando en los siguientes términos:
"Artículo 15. La cuantía de las pensiones otorgadas en los términos de los títulos tercero y quinto de esta ley, será dinámica y se incrementará en el mes de enero de cada año de acuerdo al porcentaje de la inflación anual.
"La cuantía se incrementará al multiplicarla por el factor que se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior, entre el citado índice correspondiente al mes de diciembre del segundo año inmediato anterior a aquel en que se efectúe el ajuste."
Ahora bien, los quejosos promovieron el juicio con motivo del descuento de 12.25% de su salario, que manifestaron haber conocido el quince de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por estimar que con dicho descuento se acredita la aplicación tanto del artículo 15 como de los demás preceptos que fueron reformados mediante los Decret
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5110-1c202a2c/pension-por-vejez-de-los-trabajadores-al-servicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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