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Modo: Corpus Pro

PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL AUTO QUE, SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO, RESERVA ACORDAR SU ADMISIÓN Y SU EVENTUAL DESAHOGO, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/98. · Registro digital (IUS): 6996
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Febrero de 2001, , Pág. 251.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los antecedentes que se derivan del juicio de amparo en revisión RT. 536/97, interpuesto por el quejoso José Abarca Munguía, del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, son los siguientes:

a) José Abarca Munguía presentó demanda de amparo, de la que correspondió conocer a la Juez Primero de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, señalando como actos reclamados dos acuerdos dictados por la Junta Especial Número Catorce Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente laboral 190/96 y su acumulado 115/96, proveídos que se refirieron a que la Junta responsable no tuvo por admitidos los hechos a los demandados, sin tomar en cuenta que no se suscitó controversia y, por tanto, en opinión del actor, la Junta no debió admitir las pruebas ofrecidas por la parte demandada.

b) La Juez de Distrito desechó de plano la demanda de garantías y contra ese proveído el promovente interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer y resolver, por razón de turno, al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en cuya ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada el tres de julio de mil novecientos noventa y siete, determinó:

"... En otro orden de ideas, el segundo agravio es fundado pero inoperante, pues aun cuando es cierto que en el amparo indirecto que promovió ante la Juez de Distrito, también señaló como acto reclamado el acuerdo dictado por la Junta responsable en la audiencia de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y siete, en el cual reserva el acuerdo sobre la admisión de pruebas y su desahogo, calificándolo el quejoso de ilegal por infringir el principio de inmediatez y de economía procesal; y que de tal acto la Juez de Distrito omitió hacer pronunciamiento, de donde deviene lo fundado del agravio; sin embargo, el mismo es inoperante, habida cuenta que también es improcedente el juicio de amparo indirecto por lo que hace al acto que reclama el quejoso, consistente en la reserva decretada por la Junta responsable de acordar sobre la admisión y desahogo de pruebas, por caer en la hipótesis normativa prevista en el artículo 159, fracción III, que prevé que pueden reclamarse en amparo directo las violaciones relacionadas con el ofrecimiento de pruebas, en relación con la fracción XI de dicho numeral del dispositivo legal en cita, según la cual se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso en los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de los Tribunales de Circuito; de lo que se sigue que la reserva de acordar sobre la admisión y desahogo de pruebas, constituye una violación procesal que puede afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y evidentemente que tiene analogía con lo previsto en las fracciones del artículo 159 en comento, concretamente las marcadas con los numerales III y XI de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 73, fracción XVIII, del mismo ordenamiento legal.-Por las consideraciones anteriores, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis visible en la página 318, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1, que textualmente dice: ‘OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA JUNTA SE RESERVA ACORDAR SOBRE LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.-Si al concluir la etapa de ofrecimiento de pruebas de la audiencia a que se refiere el artículo 875 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta responsable se reserva el acuerdo sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, ello constituye un acto de imposible reparación susceptible de ser reclamado en amparo indirecto, al tenor de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que tal proceder de la autoridad jurisdiccional laboral responsable, contraviene lo establecido por el artículo 880, fracción IV, de la ley en comento, que obliga a las Juntas a resolver inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche, al concluir el ofrecimiento de pruebas, y pugna así mismo, con los principios procesales establecidos en el artículo 685 de la invocada ley, consistentes en la obligación que tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, violándose en consecuencia en perjuicio de cualquiera de las partes en el juicio laboral, la garantía individual consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, de obtener una justicia pronta y expedita.’; pues considera este tribunal que la reserva decretada por la autoridad responsable para proveer sobre la admisión y desahogo de pruebas, no se trata del acto a que se refiere el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación y, por el contrario, tal acto es impugnable en amparo directo por referirse precisamente a puntos relacionados con la admisión o desechamiento de pruebas, lo que sitúa al acto dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, así como del 161 de la misma; por tanto, con apoyo en el artículo 196, fracción III, de la Ley de Amparo y ante la posible contradicción de criterios, remítanse en su oportunidad los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos correspondientes.-En consecuencia, procede confirmar el acuerdo que se revisa, aunque por razones diversas, en esta resolución."

II. Del toca relativo al amparo en revisión 147/90 hecho valer por el quejoso, Mario Castillo Hernández, contra la sentencia pronunciada por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, que negó el amparo respecto de los actos reclamados, consistentes en los acuerdos emitidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esa misma entidad federativa durante las etapas procesales correspondientes a la audiencia trifásica del juicio laboral 759/89/1, celebrada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa, a propósito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito resolvió, durante la sesión celebrada el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa, en lo conducente:

"... En cambio, como lo aduce el recurrente, el hecho de que la Junta responsable se haya reservado, al concluir la audiencia celebrada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa, el acuerdo sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, sí constituye un acto de imposible reparación susceptible de ser reclamado en amparo indirecto, al tenor de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, contra lo estimado por la Juez a quo en el fallo sujeto a revisión, toda vez que tal proceder de la autoridad jurisdiccional laboral responsable, contraviene lo establecido en el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las Juntas a resolver inmediatamente sobre las pruebas que admitan y las que desechen, al concluir el ofrecimiento de pruebas, y pugna asimismo, con los principios procesales establecidos en el artículo 685 de la ley en comento, consistentes en la obligación que tienen las Juntas de Conciliación y Arbitraje de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, violándose en consecuencia en perjuicio del quejoso, la garantía individual consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, de obtener una justicia pronta y expedita; siendo inexacto que esa omisión sólo sea impugnable a través del juicio de amparo directo, en caso de que las defensas de la quejosa se vean afectadas con la determinación de la autoridad responsable, al tenor de lo dispuesto por los artículos 158 y 159, fracciones III y XI de la Ley de Amparo, ya que en la especie no se está reclamando la no admisión de las pruebas ofrecidas por el actor, sino exclusivamente la falta de acuerdo sobre el particular.-En consecuencia, procede modificar la sentencia que se revisa y conceder el amparo solicitado, para el único efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el acuerdo dictado al concluir la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas de la audiencia celebrada el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa, en la parte en que se reservó acordar sobre la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes, y en su lugar dicte otro en el que resuelva inmediatamente lo que en derecho proceda sobre las pruebas ofrecidas y continúe el procedimiento por sus trámites legales."

III. Del expediente relativo a la improcedencia laboral 262/90, se desprenden los datos que a continuación se destacan:

a) Juan Rojas Ramírez acudió al juicio de amparo para impugnar los acuerdos dictados por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, durante la celebración de la audiencia de ley llevada a cabo el veintidós de junio de mil novecientos noventa, en los autos del expediente laboral 170/90/3, por virtud del cual, entre otras providencias, la Junta se reservó la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes.

b) De ese juicio de amparo correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí quien desechó de plano la demanda respectiva. Contra ese proveído el promovente interpuso recurso de revisión, radicado en el Primer Tribunal Colegiado con residencia en esa localidad, resuelto durante la sesión efectuada el treinta de agosto de mil novecientos noventa, de acuerdo con los términos siguientes, en lo que interesa:

"TERCERO.-Dada la estrecha relación que existe entre los argumentos que se contienen en los distintos apartados de agravios, se procederá al estudio conjunto de los mismos, los cuales resultan fundados.-En efecto, según se advierte del capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama el acuerdo dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí del veintidós de junio del año en curso, dentro del expediente laboral 170/90/3, mediante el cual dicho tribunal de trabajo se reservó la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes.-Ahora bien, el Juez a quo consideró que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo y desechó de plano la demanda de garantías, estimando que el quejoso reclama que la autoridad responsable no recibió conforme a la ley las pruebas que ofreció y que esto constituye una violación al procedimiento que sólo podrá reclamarse a través de un juicio de amparo directo en contra del laudo respectivo, en los términos de los artículos 159, fracción III y 161 de la propia ley de la materia.-En opinión de este Primer Tribunal Colegiado, no es correcta la consideración del Juez de Distrito, pues el quejoso no reclama que la autoridad responsable no le recibiera conforme a la ley las pruebas que ofreció, sino la circunstancia de que dicha Junta responsable no acordó inmediatamente sobre la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes, reservándose hacerlo en su oportunidad y no en la audiencia en que las mismas pruebas se ofrecieron.-En esta virtud, es evidente que no se está en el caso de violación de procedimiento que contempla el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no se está impugnando la indebida recepción de las pruebas sino, como ya se dijo, la falta de acuerdo inmediato sobre la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes en la controversia del que deriva el acto reclamado, surtiéndose la hipótesis del artículo 114, fracción IV, de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, conforme al cual, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.-En este orden de ideas, debe concluirse en el sentido de que es el caso de revocar la resolución recurrida y ordenar al Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, que admita a trámite la demanda de amparo promovida por Juan Rojas Ramírez por conducto de Celso R. R. Hernández, en su carácter de apoderado, sin perjuicio, desde luego, de su facultad para desecharla por diverso motivo notorio e indudable de improcedencia."

CUARTO.-Para que se dé la contradicción de tesis es necesario que dos o más Tribunales Colegiados de Circuito examinen un mismo problema y sostengan criterios divergentes, tal como se explica en la tesis del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 69, Tomo II, correspondiente a agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS OPUESTOS.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado, por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, y datos de identificación del asunto en donde se sostuvo, ni menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria, en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria en alguno de sus preceptos, establecen esos requisitos. Por lo tanto para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

QUINTO.-Del análisis de las ejecutorias de los Tribunales Colegiados de Circuito, esta Segunda Sala determina que sí existe la contradicción de tesis denunciada, para lo cual es menester precisar sus elementos esenciales.

En efecto, el punto a dilucidar estriba en determinar si, como lo sostiene el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el acuerdo mediante el cual la Junta responsable reserva acordar sobre la admisión de las pruebas y su desahogo es impugnable a través del juicio de amparo directo, al encuadrar en las hipótesis a que se refiere el artículo 159, fracciones III y XI, de la Ley de Amparo, como una violación al procedimiento que trasciende al resultado del fallo, condicionado a que resulte adverso a los intereses del quejoso; o bien, como lo estima el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, contra ese tipo de proveídos procede el amparo indirecto o biinstancial, habida cuenta que ocasiona un perjuicio de imposible reparación que vulnera derechos sustantivos del gobernado, en particular, la garantía de obtener una administración de justicia pronta, completa e imparcial establecida por el numeral 17 constitucional, además de contravenir los principios tutelados por el precepto 685 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto a la obligación de la Junta de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez en el proceso, con independencia del imperativo a que se contrae la fracción IV del numeral 880 del propio código obrero, por cuanto a que concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben resolver inmediatamente acerca de las pruebas ofrecidas por las partes; en atención a ello, concluye que se satisface el extremo previsto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, para dar lugar a la promoción del amparo indirecto contra los acuerdos de reserva en cuestión.

De lo anterior se advierte que los órganos colegiados contendientes se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, esto es, la procedencia de la vía de amparo tratándose del acuerdo que reserva acerca de la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, pues mientras uno afirma que es materia del juicio de garantías directo o uniinstancial, otro sostiene lo contrario, que es el indirecto o biinstancial; por lo cual es evidente que arribaron a conclusiones jurídicas discrepantes.

Al igual se actualiza el otro requisito orientado a que la diferencia de los criterios se refleja en las consideraciones que rigen las ejecutorias respectivas, tan es así que uno de ellos considera que el acto reclamado constituye una violación procesal que, en caso de trascender al resultado del fallo, hará nacer el derecho a ejercitar la vía extraordinaria de impugnación, conforme lo dispone el artículo 158 de la Ley de Amparo; en contraste, el otro órgano participante determinó que la afectación de garantías acusada se torna, en esos casos, como de imposible reparación; por tanto, ello hace procedente el amparo indirecto conforme a la fracción IV del numeral 114 del mismo ordenamiento en consulta.

Asimismo, la disparidad de criterios se hace manifiesta más aún, porque ambos tribunales parten del análisis de los mismos elementos, es decir, acerca de calificar al acto reclamado que reserva acordar sobre la admisión de las pruebas aportadas por las partes y su eventual desahogo, como de imposible reparación o no, sobre la base de la interpretación de diversos preceptos de la Ley de Amparo, para de ello depender la procedencia de la vía extraordinaria de impugnación.

Por tanto, habrá de definir entonces si las determinaciones de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que aparecen señaladas como autoridades responsables en los juicios de amparo de los cuales derivaron las ejecutorias discrepantes que se analizan, constituyen violaciones de procedimiento que hacen procedente el juicio de amparo directo, o si lo conducente contra tales determinaciones es ocurrir al juicio constitucional a través de la vía indirecta.

SEXTO.-Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, en esencia, coincide con el criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

En efecto, el auto donde se reserva acordar sobre la admisión de pruebas, es un acto dentro de juicio impugnable en amparo directo como violación procesal, en su caso.

La anterior aseveración obedece a que el auto donde se reserva acordar sobre la admisión de pruebas constituye un acto intraprocesal, esto es, un acto dentro de juicio.

El juicio para efectos del amparo inicia con la presentación de la demanda y termina con la sentencia definitiva ejecutoriada o ejecutoria, de manera que todos los actos procesales verificados en el periodo comprendido entre esas dos actuaciones deben considerarse como "actos dentro de juicio".

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, incisos a), b) y c), constitucional, 44, 46, 114, fracciones IV y V, 158 y 159 de la Ley de Amparo, se concluye que, por regla general, los "actos dentro de juicio" o "intraprocesales" son materia, en su caso, del amparo directo.

Los citados preceptos son los siguientes:

Artículo constitucional.

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio."

Ley de Amparo.

"Artículo 44. El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 168 y 169 de esta ley."

"Artículo 46. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.

"También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.

"Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;

"V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería."

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio."

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:

"I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

"II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;

"III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;

"IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;

"V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

"VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;

"VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;

"VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;

"IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

"X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;

"XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."

De los preceptos transcritos se desprende que, por regla general, la vía de amparo directo es la idónea para impugnar violaciones al procedimiento cometidas por tribunales del trabajo, entre otros, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo.

Desde diverso aspecto, como una excepción a lo anterior, existen actos intraprocesales que son reclamables en amparo indirecto.

En efecto, cabe recordar que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos dentro de juicio con ejecución de imposible reparación para los efectos de la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, sólo se presentan cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, tal y como se advierte de la jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta 56, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente:

"EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio."

En la jurisprudencia anterior se advierte que el Tribunal Pleno ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario pues, como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses.

Del mismo modo el citado Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que los actos intraprocesales pueden generar una ejecución de imposible reparación que amerita su impugnación mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, cuando la afectación es de extrema gravedad y posee una trascendencia específica apreciable a través de los posibles alcances vinculatorios que se derivan del dictado de una sentencia que llegara a conceder el amparo.

Esto es, si el acto intraprocesal provoca una ejecución de imposible reparación en la persona, o en sus cosas, el amparo ante Juez de Distrito debe proceder de inmediato y no es necesario esperar a reclamar dicho acto como una violación procesal hasta que se reclame la sentencia definitiva en amparo directo.

Otro punto que debe ser considerado, es el efecto vinculatorio de la sentencia de amparo.

Esto es, por regla general en las violaciones de procedimiento reclamables en amparo directo, la consecuencia de una sentencia que concede la protección es que se reponga el procedimiento a partir del momento en que se incurrió en el vicio; sin embargo, hay casos como el de la excepci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6996-d3b0b9b2/pruebas-en-el-procedimiento-laboral-el-auto-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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