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Modo: Corpus Pro

ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE ÉSTA Y EL MEDIO EN EL CUAL EL TRABAJADOR PRESTE O HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS, NO REQUIERE NECESARIAMENTE DE LA PRESENCIA DEL PERITO MÉDICO EN EL LUGAR, EMPRESA O ESTABLECIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/97. · Registro digital (IUS): 4869
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, , Pág. 402.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.-La posible contradicción de criterios que fue denunciada proviene de parte legítima, porque los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, de la Ley de Amparo, establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pueden denunciar la contradicción, entre otros, los Magistrados que los integren, como aconteció en la especie.

TERCERO.-I.1. El juicio de amparo directo 4736/95, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito tiene como antecedentes los que a continuación se enuncian:

a) María Elena Santander Reyes demandó, tanto de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, como del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reconocimiento de la demanda como aviso para calificar la enfermedad profesional que padecía conforme al artículo 58, de la Ley del Seguro Social, a la primera; y al segundo, que tal riesgo le provocó bronquitis química secundaria a la aspiración de polvo y pelusa valuada con una incapacidad parcial permanente de un diez por ciento de la total orgánico-funcional; como consecuencia, reclamó el otorgamiento y pago de una indemnización global, así como sus incrementos.

b) Expresó como hechos de su libelo reclamatorio que se encontraba inscrita en el régimen de seguridad social; que laboraba como costurera de máquina sencilla en una fábrica de ropa; precisó las condiciones generales de trabajo; y, además, que en la citada factoría estaba expuesta a ruido intenso, aspiración de polvos que sueltan las telas, pelusa y agentes mecánicos.

c) El instituto demandado negó acción y derecho de la actora y, en su caso, manifestó que el cálculo de la pensión procedería conforme al artículo 65, fracción II, de la Ley del Seguro Social y no acorde con el diverso 484, de la Ley Federal del Trabajo.

d) Precisó que la institución atendió a la actora habiéndole diagnosticado el padecimiento como enfermedad de orden general, amén de que las enfermedades que dijo sufría no se encuentran previstas como de carácter profesional. Agregó que los diagnósticos ajenos al instituto demandado no debían ser tomados en cuenta. Opuso como excepciones y defensas, entre otras, la de falta de acción y derecho; la de oscuridad y defecto legal de la demanda y la de prescripción.

e) Seguido el juicio laboral por sus trámites, la Junta del conocimiento dictó laudo condenatorio, en los términos en que la actora planteó su demanda.

f) Inconforme el instituto demandado promovió juicio de amparo directo, en cuya resolución el mismo Tribunal Colegiado concedió la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Junta analizara íntegramente los dictámenes rendidos por los peritos de las partes, así como el relativo al tercero en discordia y, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo conducente.

g) En cumplimiento a dicha ejecutoria, la autoridad de trabajo dictó un nuevo laudo, en el cual absolvió al instituto demandado.

h) La actora al estimar que dicha resolución definitiva lesionó su esfera jurídica de intereses, promovió juicio de garantías en la vía directa, el que fue resuelto por el propio Tribunal Colegiado durante la sesión celebrada el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en el sentido de conceder a la quejosa la protección de la Justicia de la Unión solicitada, con base en las consideraciones que, en lo que interesa, enseguida se reproducen a la letra:

"CUARTO.-Este tribunal estima que son sustancialmente fundados los argumentos que expresa la quejosa en el sentido de que la Junta no analizó correctamente el contenido de los dictámenes periciales del perito que actuó para la actora y del tercero en discordia ya que de dichos dictámenes sí se desprenden los antecedentes laborales, así como las razones que tomaron en cuenta para determinar que la patología de la actora es de origen profesional; se desprende también el nexo de causa-efecto que determinó la profesionalidad del padecimiento. En efecto, le asiste razón a la quejosa, en virtud de que la Junta inexactamente afirmó: que los peritos (el de la actora y el tercero en discordia) omitieron exponer razones para considerar el padecimiento como de origen profesional; que no explicaron cuál es la relación de causa-efecto; y que fueron dogmáticos en sus consideraciones. Dicha apreciación de la responsable es inexacta, en virtud de que se desprende del dictamen del perito que actuó para la hoy quejosa que tomó en cuenta: ‘Antecedentes laborales: inició a la edad de diecinueve años en fábrica de vasos desechables como empacadora, un año, después ingresó a «Confecciones Ciko» revisando cuello durante dos años; después como costurera hasta la actualidad. Antigüedad en la empresa dieciocho años. Expuesta a aspiración de polvos de origen de algodón y sintéticas, así como fibras de los mismos.’. (f. 35); tomando en cuenta la sintomatología del padecimiento, el perito diagnosticó: ‘bronquitis crónica industrial secundaria a aspiración de polvos y fibras de algodón, sintéticas.’ (f. 36), por lo que el perito concluyó que el padecimiento es ‘de origen profesional, por guardar relación de causa efecto con sus actividades laborales.’, de ahí que con fundamento en los artículos 473, 475 y 513, estableció que se trata de una enfermedad broncopulmonar producida por aspiración de polvos ... que le condiciona una incapacidad parcial permanente valuada en un 10% (f. 36). Por lo que hace al perito tercero en discordia, se desprende de su dictamen que éste tomó en cuenta, entre otros elementos, los antecedentes laborales, destacando el hecho de que la actora ‘estuvo expuesta a ... la aspiración de fibras sintéticas y algodón ...’ (f. 42). Los estudios complementarios que le practicó reportaron ‘aumento de la trama broncovascular y ... obstrucción de los bronquios de mediano y pequeño calibre’ (f. 43), diagnosticando: ‘bronquitis crónica industrial, por lo que concluyó que el padecimiento es de origen profesional con relación de causa-efecto con sus labores ... que le produce lesiones parciales y permanentes ... valuadas en un 10% de disminución orgánico funcional.’ (f. 43). Conforme a lo anterior, este tribunal considera que fue incorrecta la apreciación que la responsable hizo de los dictámenes periciales, pues como se desprende de su contenido sí expusieron las razones para considerar la patología como de origen profesional, sí precisaron el nexo que determinó la profesionalidad del padecimiento, de ahí que contrario a lo que adujo la Junta, no fueron dogmáticos en sus consideraciones. Además, aunque la Junta argumentó que ninguno de los peritos se constituyó en el centro de trabajo para verificar el ambiente, tal circunstancia no resta valor a su peritaje porque el perito no necesariamente tiene que constituirse en el lugar, ya que siendo experto en las cuestiones que analiza, en la especie, puede dictaminar sin necesidad de concurrir a inspeccionar el lugar de trabajo. Es aplicable al respecto, la tesis 052 LAB, sostenida por este tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver el DT-636/89 promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA. PARA CALIFICAR UNA ENFERMEDAD DE TRABAJO, EL MÉDICO PUEDE HACERLO SIN CONSTITUIRSE EN EL LUGAR DE TRABAJO.-El perito médico que atiende o analiza a un paciente con determinadas afecciones, conociendo la índole de su trabajo y el ambiente material donde labora, durante un tiempo más o menos prolongado, no necesariamente tiene que constituirse en el lugar de trabajo para establecer la relación causa-efecto, pues ésta es la consecuencia de un sencillo silogismo: un trabajador que maneja determinados materiales en un ambiente dado, presenta tal cuadro clínico, luego éste deriva de aquellas condiciones de trabajo.’. En las relacionadas condiciones, procede otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que considere que los peritos, de la actora y el tercero en discordia, sí expusieron sus razones para considerar el padecimiento de la actora como de origen profesional, sí precisaron la causa-efecto que determinó su calificación, y conforme a ello resuelva la controversia como corresponda, dando razón fundada de sus conclusiones."

2. Respecto al diverso juicio de amparo directo 9966/95, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, radicado en el Sexto Tribunal Colegiado de referencia, se contrae a los antecedentes que a continuación se precisan.

a) Antonio Bustos Gervacio demandó de Ferrocarriles Nacionales de México, la jubilación en términos del artículo 382, fracción III del contrato colectivo de trabajo y el pago de la pensión respectiva. Del Instituto Mexicano del Seguro Social demandó el seguro de riesgo de trabajo por incapacidad parcial permanente, de acuerdo con los artículos 48 y 65, de la Ley del Seguro Social.

b) Como hechos narró que la incapacidad apuntada obedeció a que en el ambiente laboral donde se provocaba ruido intenso le ocasionó la enfermedad conocida como hipoacusia bilateral con trauma acústico en ambos oídos al desempeñarse como reparador de vía.

c) El instituto demandado al contestar la demanda negó acción y derecho al actor, pues no cumplió con darle aviso del riesgo de trabajo que dijo sufrió y opuso la excepción de prescripción.

d) Continuada la secuela procesal, la Junta del conocimiento condenó a Ferrocarriles Nacionales de México y absolvió al instituto demandado de todas las prestaciones demandadas.

e) En virtud de sendos juicios de amparo directo promovidos por las partes contendientes, la Junta emitió un nuevo laudo, en acatamiento a la ejecutoria que concedió el amparo a la empresa ferrocarrilera demandada y, en lo conducente, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar al actor el seguro de riesgo de trabajo e invalidez y sus pensiones.

f) De nueva cuenta, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió demanda de amparo directo de la que conoció y resolvió el Sexto Tribunal Colegiado de que se trata y en sesión de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco, determinó conceder el amparo, pero respecto al seguro de riesgo de trabajo, expuso los razonamientos siguientes:

"El segundo concepto de violación es infundado, pues contrario a lo aducido por el quejoso, la Junta sí fundó y motivó la condena a pagar la pensión por invalidez, pues como se desprende del laudo reclamado (f. 211) la Junta se apoyó en el dictamen del perito tercero en discordia, quien al referirse al segundo diagnóstico que es de orden general, dijo que: ‘el segundo diagnóstico corresponde al orden de enfermedad general ... pero que dicho padecimiento le produce estado de invalidez conforme al artículo 128 de la Ley del Seguro Social ...’ (f. 155), de ahí que la Junta concluyó que: ‘... por lo que respecta al IMSS se le condena a que haga pago al actor del seguro de riesgo de trabajo e invalidez, y sus pensiones correspondientes en términos de los artículos 48, 65 fracciones III y IV, 128 y 167 de la Ley del Seguro Social.’, de lo cual se desprende que tal consideración sí está fundada y motivada. Además, aunque no conste en el dictamen del perito tercero en discordia que hubiese inspeccionado el centro de trabajo del actor, ello no le resta valor probatorio a su dictamen, pues el médico, conociendo la naturaleza del trabajo y el ambiente material donde laboró el actor, puede llegar a concluir que los padecimientos en estudio son consecuencia del ambiente de trabajo en el que se desempeñó el actor, sin necesidad de que el médico se constituya físicamente en el lugar. Es aplicable la tesis 052 LAB, sostenida por este tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver el DT-639/89 promovido por el Instituto Mexicano del Segundo Social, publicada en la página 603, del Tomo III, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA. PARA CALIFICAR UNA ENFERMEDAD DE TRABAJO, EL MÉDICO PUEDE HACERLO SIN CONSTITUIRSE EN EL LUGAR DE TRABAJO.’ (se transcribe). También es fundado lo alegado en el sentido de que la Junta no contaba con suficientes elementos para resolver, pues como se desprende del laudo, la Junta tomó en cuenta esencialmente los dictámenes periciales, y aunque el quejoso aduce que los dictámenes tanto el del actor como el de Ferrocarriles Nacionales de México fueron incompletos, no dice en qué basa tal aseveración, además si la responsable ordenó el dictamen del perito tercero en discordia, lo hizo en uso de la facultad que le concede la ley para lograr el esclarecimiento de los puntos que se cuestionan, máxime que según se desprende de los peritajes rendidos por cuenta del actor (f. 140) y de Ferrocarriles Nacionales de México (f. 142 y 143), se advierte que dichos dictámenes no fueron coincidentes, pues el del actor sostuvo que los padecimientos de éste eran de tipo profesional y el de Ferrocarriles Nacionales de México dijo que los padecimientos eran de orden general. En la parte final del segundo concepto de violación aduce el quejoso que la Junta no analizó la excepción de obscuridad; sin embargo, el argumento es inoperante porque según se desprende de su contestación a la demanda (f. 15), dicha excepción no la opuso. El tercer concepto de violación es inoperante en la parte que señala que la responsable no estudió ‘las excepciones y defensas que se opusieron’, ya que el hoy quejoso no dice a qué excepciones se refiere. Sin embargo, es fundada la manifestación del quejoso en el sentido de que la Junta debió limitar la suma de las cuantías de las pensiones de incapacidad parcial permanente e invalidez, de modo que no exceda del cien por ciento del salario promedio del grupo mayor de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las pensiones concedidas, porque así se dispone en el artículo 125 de la Ley del Seguro Social, de ahí que si no lo hizo la Junta, con ello violó la garantía de legalidad. En las relacionadas condiciones procede otorgar la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta responsable en un nuevo laudo, limite la suma de las cuantías en los términos establecidos en el artículo 125 de la Ley del Seguro Social."

3. Con relación al diverso juicio de amparo directo 10586/95, deducido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del índice del propio Sexto Tribunal interveniente, se derivan los antecedentes que enseguida se sintetizan.

a) José Ruiz Aviña demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reconocimiento de que presenta una enfermedad de origen profesional y el consiguiente pago de una pensión por incapacidad parcial permanente, entre otra prestación reclamada a Ferrocarriles Nacionales de México, que no interesa a la presente resolución.

b) Relató como hechos de su demanda que ingresó a laborar en la empresa de mérito en mil novecientos sesenta y siete y el último puesto desempeñado fue el de oficinista bodeguero transbordo uno; sus labores consistían en recibir los fletes que llegaban del tren, manejo de facturas y documentos de valor, ordenar el acomodo de los fletes a las bodegas, realizándolas en un ambiente donde existían sustancias tóxicas, ruido excesivo de máquinas y alumbrado deficiente, agentes que lesionaron gravemente su salud.

c) En instituto demandado al contestar el libelo reclamatorio negó acción y derecho del actor para pretender aquel reconocimiento, aseverando que se encontraba en perfecto estado de salud, pues de lo contrario, se lo debió comunicar a través de la forma MT-1 y conforme a lo dispuesto en el artículo 58, de la Ley del Seguro Social. Agregó que debía realizarse una visita armada al centro de trabajo, a fin de establecer la relación de causa-efecto entre los padecimientos que pudiera manifestar el actor y el medio ambiente laboral, entre otras defensas y excepciones.

d) La Junta del conocimiento dictó un primer laudo, en el cual condenó al instituto demandado a otorgar al actor una pensión por invalidez, así como la relativa a una incapacidad parcial permanente valuada en un 38%.

e) Estando en desacuerdo con esa resolución definitiva, la institución de seguridad demandada promovió juicio de amparo directo que concedió la protección federal solicitada, para el efecto de que la Junta analizara la prueba pericial médica, en forma pormenorizada, pero en lo conducente a la condena de las prestaciones indicadas en el inciso inmediato anterior, el nuevo laudo permaneció inalterado.

f) De nueva cuenta, el Instituto Mexicano del Seguro Social promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Sexto Tribunal en cuestión y el uno de noviembre del mil novecientos noventa y cinco, pronunció la resolución que en seguida se reproduce.

"Por otra parte, es infundado el octavo concepto de violación en el que se aduce que la prueba pericial médica no es suficiente para acreditar la relación causa-efecto entre el padecimiento y el ambiente laboral en que prestó sus servicios el actor, pues no se practicó una visita armada al centro de trabajo. Ello, porque la visita al centro de trabajo no es requisito indispensable para establecer la relación de causa-efecto entre el padecimiento y el ambiente laboral, ello de conformidad con lo dispuesto por la tesis sustentada por este tribunal, localizable en las páginas 603 y 603 (sic), del Tomo III, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA. PARA CALIFICAR UNA ENFERMEDAD DE TRABAJO, EL MÉDICO PUEDE HACERLO SIN CONSTITUIRSE EN EL LUGAR DE TRABAJO.’ (se transcribe)."

4. El amparo directo 11206/95, al igual, intentado por el Instituto Mexicano del Seguro Social se derivan los antecedentes que a continuación se resumen.

a) Sara Carmona Sánchez, demandó del instituto de referencia, el pago de una pensión por riesgo de trabajo que le provocó una incapacidad parcial permanente.

b) Como hechos expresó que inició a laborar en la institución citada desde mil novecientos cincuenta y dos y la última categoría que ocupó fue la auxiliar de enfermería; agregó que sufrió dos accidentes de trabajo, fue pensionada por la edad, pero no se le cubrió la correspondiente a la incapacidad parcial permanente.

c) La parte demandada dio contestación al libelo reclamatorio negando toda acción y derecho, respecto a los accidentes adujo que no se le dio aviso.

d) En un primer laudo, la Junta condenó al pago de la pensión reclamada en un treinta y cinco por ciento.

e) Las partes contendientes promovieron sendos juicios de amparo directo contra el laudo de referencia y en el nuevo pronunciado en cumplimiento a la ejecutoria que concedió la protección federal solicitada, nuevamente, en lo que interesa, la Junta reiteró la condena.

f) Contra este último laudo, el instituto demandado intentó de nueva cuenta la vía constitucional, a la cual recayó la ejecutoria que enseguida se transcribe, en lo conducente:

"En el tercer concepto de violación aduce el quejoso que no se acreditó la relación causa-efecto y que la Junta condenó sólo con lo dicho por el perito sin que éste se haya cerciorado del ambiente laboral, sin embargo, este argumento es infundado, en virtud de que, aunque no conste en el dictamen de los peritos, que éstos hubiesen inspeccionado el centro de trabajo de la actora, ello no puede restarle valor probatorio a los dictámenes, pues el médico, conociendo la naturaleza del trabajo y el ambiente material donde laboró la actora, puede llegar a concluir que los padecimientos son consecuencia del ambiente de trabajo, sin necesidad de que el médico se constituya físicamente en el lugar, máxime que en el caso la actora exhibió las formas con las que se calificó el riesgo de trabajo (f. 20 y 21), las cuales no fueron objetadas por el hoy quejoso. Es aplicable la tesis 052 LAB, sostenida por este tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver el DT-639/89 promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicada en la página 603, del Tomo III, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA. PARA CALIFICAR UNA ENFERMEDAD DE TRABAJO, EL MÉDICO PUEDE HACERLO SIN CONSTITUIRSE EN EL LUGAR DE TRABAJO.’ (se transcribe)."

5. El quinto juicio de amparo directo que integró jurisprudencia es el registrado con el número 12246/95, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual se advierten los antecedentes que a continuación se esquematizan.

a) Blas Cruz González demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el reconocimiento de que el actor padece las enfermedades profesionales consistentes en cortipatía bilateral por trauma acústico crónico, bronquitis crónica industrial, así como el pago de la pensión respectiva, entre otra.

b) Como hechos de su demanda narró que trabajó en una empresa dedicada a la ingeniería y mantenimiento naval, donde estuvo expuesto a contaminantes como humos, gases, ruidos intensos, vapores y otros.

c) En la etapa conciliatoria, las partes convinieron en que el actor se presentara a un examen que le practicaría un médico del instituto demandado. La parte demandada dio contestación al libelo reclamatorio negándolo en términos generales.

d) Continuada la secuela procesal, la Junta dictó laudo en el que condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al reconocimiento de las enfermedades profesionales y generales presentadas por el actor y al pago de una indemnización global equivalente a cinco anualidades de la que le pudiere corresponder, así como al otorgamiento de la pensión de invalidez.

e) Habiendo estimado que dicho laudo lesionó su esfera jurídica de intereses, el instituto demandado promovió juicio de amparo directo del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado de que se trata y al respecto, en lo conducente, decidió:

"... Por otro lado, aduce el quejoso que no quedó acreditado que los padecimientos del actor sean del orden profesional y que tengan relación directa de causa-efecto con el ambiente laboral; sin embargo, su argumento es infundado porque son los peritos médicos quienes dictaminan si los padecimientos referidos por el actor han de considerarse de orden profesional, y según se desprende del dictamen del perito tercero en discordia, se determinó que: ‘... el primer diagnóstico es del orden profesional por tener relación de causa-efecto con su ambiente de trabajo.’ (f. 33) y dicha conclusión es lógica y jurídica, porque para determinar la relación de causa-efecto de un padecimiento, el perito médico que atiende a un paciente con determinadas afecciones, conociendo la índole y el ambiente de trabajo puede establecer la naturaleza del padecimiento sin constituirse en el lugar de trabajo. Así lo sostuvo este tribunal, en sesión de fecha treinta de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver el DT-636/89 promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y se formó la tesis 052 LAB que dice: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA. PARA CALIFICAR UNA ENFERMEDAD DE TRABAJO, EL MÉDICO PUEDE HACERLO SIN CONSTITUIRSE EN EL LUGAR DE TRABAJO.’ (se transcribe)."

II. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al conocer del amparo directo DT-1212/96, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por mayoría de votos, concedió la protección federal solicitada, en los términos que más adelante se precisarán, no sin antes dejar resumidos los antecedentes del caso, a saber:

1) Federico Ayala Vázquez demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de que padecía bronquitis química secundaria a la inhalación de polvos y humos metálicos, cortipatía bilateral mixta por trauma acústico crónico y degenerativa que condiciona hipoacusia bilateral combinada de treinta y nueve por ciento y síndrome doloroso lumbar crónico secundario a espondiloartrosis lumbar grado III; el otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad parcial permanente, así como la de invalidez, entre otras prestaciones.

2) Precisó como hechos de la demanda que prestó servicios en una empresa como cargador y estibador de placas de corcho, lavador de hoja de lámina con ácido, operador de máquina parafinadora, ayudante de mecánico y soldador; posteriormente en el departamento de troqueles por más de treinta años y otros quince como jefe de Departamento y como mecánico de troqueles, por lo que estuvo expuesto a esfuerzos físicos, cambios climatológicos, ruido intenso, inhalación de polvos y humos metálicos y vapores de hidrocarburos, ácidos solventes y de tintas, stress laboral y agentes mecánicos y psicosociales.

3) El instituto demandado al dar contestación a la demanda manifestó que en el hipotético evento de ser condenado al pago de la pensión de invalidez debía estarse a lo dispuesto en el artículo 65, fracción II de la Ley del Seguro Social, agregó que ante dicho instituto el actor no se presentó a la práctica de examen médico alguno, por lo que desde ese momento opuso la excepción de oscuridad y defecto legal de la demanda, hizo lo propio respecto a la aseveración de que su contrario se haya sometido al conocimiento médico prestado en la Dirección de Medicina y Seguridad en el Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puesto que no indicó circunstancias de modo, tiempo y lugar. Negó la aplicación de las jurisprudencias citadas por el reclamante.

4) La Junta dictó laudo condenatorio, es decir, el instituto demandado debía pagar al actor una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un cincuenta por ciento de la total orgánico-funcional con sus incrementos, igual declaración mereció lo relativo a la invalidez.

5) Estando en desacuerdo el Instituto Mexicano del Seguro Social con el laudo de referencia, promovió juicio de garantías en la vía directa, en cuya resolución, el órgano colegiado, por mayoría, determinó:

"CUARTO.-También resulta fundado el argumento en el que se aduce que la Junta pretende que el Instituto Mexicano del Seguro Social pague pensión por incapacidad parcial permanente derivada de riesgo de trabajo, sin que se encuentre acreditado que los padecimientos del actor tengan una relación de causa-efecto, pues no acreditó el ambiente laboral en el que desempeñara sus labores; además que debió descalificar el dictamen del perito tercero en discordia; pues éste ni siquiera distinguió entre qué padecimientos producían la invalidez y cuáles derivaban del ambiente laboral. De la interpretación armónica de los artículos 62, de la Ley del Seguro Social y 473, 474, 475, 478, 479 y 480 de la Ley Federal del Trabajo se concluye que, para que un riesgo de trabajo sea considerado como tal, es condición esencial que se origine o derive de la relación laboral, siendo por tanto la prestación de servicios y sus condiciones las que constituyen el factor determinante para calificar una enfermedad como profesional, lo que significa que el riesgo solamente puede causarse por motivo del desarrollo del trabajo. Por lo tanto, la enfermedad o padecimientos que deriven del ambiente laboral o las secuelas de un accidente, deben quedar fehacientemente demostrados por el trabajador, por ser un elemento constitutivo de la acción relativa y al ejercerse tendrá que acreditarse la relación de causa-efecto con el ambiente laboral, en otras palabras, debe probarse que el origen de la enfermedad deriva de las actividades desarrolladas durante la secuela de la prestación del servicio con el demandado. Tales exigencias son congruentes con el espíritu de los ordenamientos que regulan el contenido del régimen de seguridad social, el cual tiene como finalidad cubrir las contingencias o riesgos en la forma y términos previstos en la propia ley, siempre y cuando se acrediten plenamente éstas y sus causas para que proceda el pago de cualquier pensión a cargo del instituto demandado. Por lo demás, el ambiente laboral, o la relación causa-efecto entre éste y el padecimiento profesional no se acredita, en principio, con el dictamen pericial, cuando el experto en medicina tan sólo elabora su dictamen con base en los antecedentes laborales que le proporciona el trabajador, los cuales no le constan de ninguna forma, por lo que si el actor reclamó en su escrito inicial de demanda, como acción principal, el reconocimiento de los padecimientos que dijo son profesionales como bronquitis química secundaria y cortipatía bilateral mixta, atribuyéndolos a que estuvo expuesto a esfuerzos físicos, cambios climatológicos, ruido intenso, inhalación de polvos y humos metálicos y vapores de hidrocarburos, ácidos, solventes; lo cierto es que ninguno de esos elementos que menciona de las condiciones en que dice laboró, quedó probado en el juicio, pues el actor no ofreció pruebas sobre tales aspectos. Y si el ambiente laboral constituye elemento fundamental de la acción ejercitada, entonces debió quedar plenamente acreditado, pues si bien el dictamen pericial médico es la prueba idónea para acreditar los padecimientos que sufre un trabajador, atendiendo a que en él se determinan sus condiciones de salud, pero no es indicativo necesariamente que demuestre el ambiente de trabajo o que tales padecimientos tengan su origen en aquél, pues cuando sólo se apoya al respecto en el dicho del paciente, no prueba la relación de causa-efecto entre el medio laboral y los padecimientos para calificarlos con carácter profesional, ya que no basta que el actor lo requiera en su demanda ni que el perito lo reseñe en el dictamen respectivo, pues tal ambiente debe quedar plenamente acreditado por otros

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4869-f9f20118/enfermedad-profesional-la-relacion-causal-entre-esta-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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