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Modo: Corpus Pro

DOCUMENTOS CERTIFICADOS OFRECIDOS POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA EFICACIA PROBATORIA QUE SE OTORGUE A LOS EMITIDOS POR UN INFERIOR JERÁRQUICO DE AQUÉL NO GENERA DESIGUALDAD PROCESAL. DOCUMENTOS CERTIFICADOS OFRECIDOS POR EL TITULAR DE UNA DEPENDENCIA EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. LA RELACIÓN DE SUBORDINACIÓN QUE EXISTA ENTRE DICHO TITULAR Y EL EMISOR DE TALES DOCUMENTOS NO AFECTA LA EFICACIA PROBATORIA DE ÉSTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/97. · Registro digital (IUS): 5080
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, , Pág. 270.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y SÉPTIMO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La sentencia dictada por mayoría de votos de los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, dice en lo conducente:

Amparo directo 3566/96. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: ... Del análisis integral del laudo impugnado se observa que la Sala responsable estimó dentro de su considerando tercero que el demandado no justificó sus excepciones y defensas con relación al carácter de confianza que atribuyó al ahora tercero perjudicado con base en los siguientes razonamientos: ‘... cuando un titular cuando (sic) es demandado ofrece como pruebas de su parte la documental consistente en copias certificadas por un funcionario dependiente de él, tal probanza carece de valor probatorio, en virtud de que las certificaciones llevadas a cabo por los funcionarios de una dependencia gubernamental, sólo tiene validez ante ellos mismos y para las cuestiones administrativas dentro del ámbito de sus funciones, no así ante las autoridades jurisdiccionales, donde se requiere que la certificación se efectúe por fedatarios independientes que las expidan conforme a las facultades y requisitos que establezcan las leyes que rijan sus actos, pues de lo contrario los funcionarios en su calidad de patrones tendrían ventaja dentro del juicio frente a su contrario, lo que implicaría desigualdad procesal entre las partes y al efecto se cita la siguiente jurisprudencia: «CERTIFICACIÓN EFECTUADA POR FUNCIONARIO DEPENDIENTE DEL TITULAR, CARECE DE VALIDEZ LA. Si el demandado ofrece como pruebas de su parte la documental consistente en copias certificadas por un funcionario dependiente de él, tal probanza carece de valor probatorio, en virtud de que las certificaciones llevadas a cabo por los funcionarios de una dependencia gubernamental sólo tienen validez ante ellos mismos y para las cuestiones administrativas dentro del ámbito de sus funciones, no así ante autoridades jurisdiccionales, donde se requiere que la certificación se efectúe por fedatarios independientes que las expidan conforme a las facultades y requisitos que establezcan las leyes que rijan sus actos, pues de lo contrario, los funcionarios en su calidad de patrones tendrían ventaja dentro del juicio frente a su contrario, lo que implicaría desigualdad procesal entre las partes. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito. 1.7o. 17. Amparo directo 9057/93. Procurador General de la República. 25 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Secretario: Noé Herrera Perea. Amparo directo 5647/95. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 22 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Beatriz García Martínez. Amparo directo 12247/95. Comisión Nacional del Agua. 25 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Hernández Meza, en funciones de Magistrado por ministerio de ley. Secretario: Eduardo Sánchez Mercado. Amparo directo 397/96. Secretario de Hacienda y Crédito Público. 22 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Edna Lorena Hernández Granados. Amparo directo 5007/96. Héctor del Castillo Martínez. 14 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Borrego Martínez. Ponente: Noé Herrera Perea.».’. En primer lugar debe quedar precisado que este Sexto Tribunal Colegiado por mayoría, no comparte el criterio jurisprudencial que sirvió de apoyo a la Sala para negar eficacia probatoria a las documentales consistentes en las copias certificadas por Gerardo Guidi Kajuas, en su carácter de director general de Administración del titular demandado, visible a fojas 203 a 256 inclusive. En efecto, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que transcribió la Sala, en esencia señala que: ‘Las certificaciones llevadas a cabo por los funcionarios de una dependencia gubernamental, sólo tiene validez ante ellos mismos y para las cuestiones administrativas dentro del ámbito de sus funciones, no así ante las autoridades jurisdiccionales, donde se requiere que la certificación se efectúe por fedatarios independientes que las expidan conforme a las facultades y requisitos que establezcan las leyes que rijan sus actos, pues de lo contrario los funcionarios en su calidad de patrones tendrían ventaja dentro del juicio frente a su contrario, lo que implicaría desigualdad procesal entre las partes ...’. Sin embargo, la interpretación aludida no puede considerarse correcta, puesto que si en los decretos de creación de las dependencias del Estado, se faculta a algunos de sus servidores para que por el carácter que ostentan, certifiquen documentos que se encuentren en sus archivos, ello evidentemente que debe tomarse en cuenta al momento de que se ofrezcan como constancias o pruebas, aun en ámbitos diversos a sus funciones administrativas, verbigracia ante las autoridades jurisdiccionales, ya que no existe fundamento legal alguno que limite la facultad de certificación sólo a su ámbito, como lo sostiene el tribunal en la jurisprudencia en cita, además de que es falso que se genere una desigualdad procesal, ya que si bien es cierto que el propio patrón en un juicio laboral puede ofrecer documentos certificados por él mismo a través de sus servidores autorizados, ello no limita el derecho del trabajador para que en su caso vía objeciones o medio probatorio legal, pueda desvirtuar las documentales certificadas que se exhiban, de ahí que tampoco se dé la desigualdad procesal que se indica como razonamiento toral de la jurisprudencia ... Finalmente, es fundada en esencia la parte final del concepto de violación en la parte que aduce el quejoso que: ‘g) Igualmente la determinación de la responsable para condenar a mi representado tiene como origen la indebida valoración de las copias certificadas que exhibió en el juicio natural, en franca violación a los artículos que se precisaron en el concepto de violación que se hizo valer en primer orden, lo que implica que llegue a conclusiones erróneas, puesto que al tratarse de documentos públicos, acreditan plenamente las excepciones de mi representado, como es la de abandono de empleo, para lo cual no se exige levantar el acta administrativa a que se refiere el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ...’. En efecto, como ya ha quedado precisado en el presente estudio, la autoridad responsable en forma inexacta negó eficacia probatoria a las documentales exhibidas, con el argumento de que éstas no fueron certificadas por fedatario independiente y con base en dicho razonamiento, fue que al analizar la diversa causal de rescisión por abandono de empleo, la Sala consideró que el demandado no había ofrecido prueba alguna para justificar tal excepción, proceder de la autoridad que conculca en perjuicio del quejoso las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que si las documentales en cuestión se expidieron como ya se dijo, por servidor autorizado para ello, las pruebas mencionadas deben ser materia de estudio para que de acuerdo con la litis planteada sobre el abandono de empleo que se hizo valer, la autoridad resuelva de manera fundada y motivada si le merecen o no eficacia probatoria las documentales exhibidas y en su oportunidad resuelva lo que proceda ..."

Fue disidente del criterio anterior el Magistrado Francisco Javier Patiño Pérez quien formuló voto particular, el que por su carácter informativo para este asunto se transcribe en lo conducente.

"En tales condiciones, el punto de controversia se suscitó en el caso a estudio, en el valor que debe otorgarse a tales documentos certificados por un titular demandado en un juicio laboral, es decir, cuando fuera del ámbito administrativo, una dependencia gubernamental es demandada mediante la instancia jurisdiccional correspondiente, ya que tratándose de un juicio laboral no debe perderse de vista que ambas partes (tanto el trabajador como el patrón Estado) concurren en una esfera jurídica de igualdad, es decir, el Estado pierde su rango de autoridad y con ello las prerrogativas concedidas en vía administrativa, esto con la finalidad de que los puntos sujetos a la controversia se resuelvan con los elementos probatorios que permitan buscar al tribunal laboral, la verdad legal en el juicio, sin favorecer a ninguna de las partes. Ahora bien, el hecho de que en un reglamento interior se faculte a alguno de los servidores de la dependencia demandada, para certificar documentos que obren en su poder y en su caso, aceptar que con base en dicha facultad, éstos puedan ofrecerse con la categoría de prueba certificada en un juicio laboral, esto equivaldría a hacer extensiva una facultad conferida para fines diversos a los administrativos que se contemplan en su reglamentación, lo cual sí conllevaría a una desigualdad procesal entre las partes, pues el trabajador se encontraría limitado para desvirtuar las certificaciones que de manera unilateral y como parte demandada, directa y afectada en el juicio exhiba el patrón, dado que al considerarse que aquellos documentos fueron certificados por autoridad, los mismos adquieren, pues no puede ser de otra manera, una naturaleza pública, conforme al artículo 791 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en la especie, conforme al diverso numeral 11 de la ley burocrática federal; lo que no es admisible, si se toma en cuenta que con tal certificación, se perfecciona su ofrecimiento; por lo que en este aspecto, sí se rompe el equilibrio procesal entre las partes, puesto que por un lado, se le da reconocimiento a la dependencia demandada con el rango de autoridad para ofrecer pruebas, y por otra, que ese nivel, se establece en un juicio litigioso en que comparece como patrón demandado, es decir como particular. Máxime que como patrón cuenta con los documentos que certifica en su archivos, los que en su caso, puede ofrecerlos directamente en juicio y en su oportunidad si lo estima pertinente, solicitar su perfeccionamiento mediante su cotejo, situación que daría el justo equilibrio a las partes para ofrecer pruebas; sin que obste para lo anterior, la circunstancia de que el actor pueda objetar la validez de aquellos documentos certificados; en virtud de que resulta jurídicamente inequitativa la carga probatoria, pues le correspondería desvirtuar la validez de un documento público ofrecido por la propia parte demandada. En mérito de lo anterior, el presente voto particular comparte el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que sirvió de apoyo a la Sala responsable para estimar carentes de valor probatorio las pruebas ofrecidas en copias certificadas por el titular demandado, y de rubro: ‘CERTIFICACIÓN EFECTUADA POR FUNCIONARIO DEPENDIENTE DEL TITULAR, CARECE DE VALIDEZ LA.’. Por tanto en este aspecto debió negarse la protección federal solicitada."

CUARTO. Las ejecutorias emitidas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en lo que aquí interesa, se sustentaron en los siguientes argumentos:

Amparo directo 9057/93. Procurador General de la República.

"QUINTO. Los conceptos de violación que se hacen valer son infundados en una parte, inoperantes en otra y en una más fundados ... Además, debe decirse que la autoridad responsable actuó legalmente al negarles valor probatorio a las actas administrativas de fechas tres de abril y trece y catorce de julio de mil novecientos noventa y dos, que ofreció en original el demandado en los incisos e), f) y g) del apartado segundo del capítulo relativo de su escrito de contestación de demanda (fojas 155 y 157 a 159), así como a las documentales consistentes en la licencia de piloto comercial número 8812, en el oficio número 101, 409/000706, en el oficio C.A./R.H.1322/92, en el oficio número S.C. 487/92 y en el oficio número 442, las que ofreció la demandada en los incisos b), c), f), i) y j), del apartado antes mencionado (fojas 148, 149, 151, 152 y 156), toda vez que, por una parte, al no haber sido ratificadas las actas administrativas de fechas tres de abril y trece y catorce de julio de mil novecientos noventa y dos, por parte de quienes en ellas intervinieron, lo que resultaba indispensable para que se les pudiera otorgar eficacia demostrativa, por tratarse de documentos privados que no conllevan intrínsecamente la prueba plena de su contenido, dichas probanzas de valor probatorio; y la otra, porque al haber sido objetadas por el actor las documentales que ofreció el demandado en los incisos b), c), i) y j) del apartado segundo de su escrito de pruebas, consistentes en la copia de la licencia de piloto comercial 8812 de once de febrero de mil novecientos noventa, en la copia del oficio número 101.409/000706 de fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos, en la copia del oficio S.C.487/92 y en la copia del oficio 442 de doce de febrero de mil novecientos noventa y dos, (foja 238), en cuanto a su alcance y valor probatorio y en autenticidad de contenido y firma, y al no haber ofrecido el titular demandado medio de perfeccionamiento alguno para el supuesto de que las copias fotostáticas en cuestión fueran objetadas por su contraparte, por haber quedado sin efecto las manifestaciones vertidas por la licenciada Ivonne Celis Morales en la audiencia de fecha primero de diciembre de mil novecientos noventa y dos (foja 238), en la que ofreció medios de perfeccionamiento, según se advierte del acuerdo plenario emitido por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres (foja 285), debe concluirse que las documentales antes referidas, como correctamente lo estimó la responsable, carecen de valor probatorio, por no haber cumplido el oferente al momento de proponer dichas probanzas, con los requisitos de forma que respecto a las copias fotostáticas establece el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, como son que al ofrecerlas se acompañen de su original; a falta de este último el que se ofrezca el cotejo con su original y a su falta de cotejo, el que la fotocopia se encuentre certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos concuerdan en todas sus partes, lo que como se dijo anteriormente no ocurrió en el caso a estudio ... No es óbice para llegar a la anterior conclusión el hecho de que el demandado al ofrecer las documentales que propuso en los incisos b), c), i) y j) del apartado segundo de su escrito de pruebas haya expresado que se trataba de copias fotostáticas certificadas, así como que al reverso de la foja doscientos treinta y cinco obre la certificación realizada por el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección General Jurídica de la Procuraduría General de la República, licenciada Ivonne Celis Morales, puesto que el haberse realizado la certificación antes referida por un funcionario dependiente del propio titular demandado, que como tal es parte interesada en el juicio no se le puede tener como certificación válida y legal, por provenir de una de las partes contendientes; máxime que en el caso a estudio, quien realizó la aludida certificación fue designada, según se advierte del escrito de contestación de demanda (foja 127), apoderada del demandado en el juicio laboral en el que se dictó el acto reclamado, lo que evidencia aún más el interés en el juicio de quien efectuó la certificación correspondiente. Igual criterio sustentó este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y tres, el juicio de amparo número 6997/93, promovido por Javier Juárez Velázquez."

Amparo directo 5647/95. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"En cuanto al fondo del asunto, el quejoso aduce que la autoridad responsable al estimar que el vínculo que lo unió con el actor es de naturaleza laboral, se excedió en sus funciones, además de que no valoró adecuadamente el contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios y la relación de pago de honorarios correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos, incurriendo en contradicciones puesto que por una parte estima que en el clausulado del contrato se establece que el actor era considerado como prestador de servicios, confirmando la relación civil, y por la otra le niega valor probatorio pleno. Para mayor claridad en la exposición, cabe precisar que, el actor demandó el pago de diversas prestaciones ostentándose como trabajador de la Secretaría de Hacienda y Crédito y Público, mientras que la demandada, negó la existencia de la relación laboral, afirmando además que el vínculo derivó de un contrato de prestación de servicios profesionales; por tanto, correspondió al titular demandado acreditar la existencia de ese contrato de trabajo. Para tal fin, ofreció como pruebas de su parte: ‘I. Documentales, consistentes en: a) Copia certificada del contrato de honorarios de prestación de servicios profesionales No. 00058, cuya vigencia es en el mes de diciembre de 1992, y que se ofrece con el fin de acreditar que la única relación que se estableció entre el actor y mi representado fue de carácter civil, transitoria e insubordinada. b) Copia certificada de la relación de pago de honorarios del mes de diciembre, con la cual se acredita que el actor cobró en tiempo y forma oportuna los honorarios correspondientes, de lo que se desprende que no tiene acción y derecho para reclamar las prestaciones económicas que invoca, aún más de que las mismas nunca le fueron otorgadas por mi representado, ya que en las cláusulas del contrato de honorarios se estableció como única percepción los honorarios, existiendo voluntad por ambas partes y que se acreditó con la firma de documentos. Las pruebas mencionadas en los incisos que anteceden se encuentran relacionadas con todos y cada uno de la refutación de hechos, excepciones y defensas que se hacen valer.’. En proveído del día treinta de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, la Sala responsable resolvió respecto de las pruebas ofrecidas por la quejosa lo siguiente: ‘Del titular demandado se aceptan todas y cada una de las pruebas contenidas en el capítulo correspondiente de su escrito de contestación a la demanda con excepción de la documental contenida en el inciso b) del apartado I de las pruebas de la demandada, la que se desecha por no haber sido exhibida con fundamento en lo dispuesto por el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria y por lo que toca a la documental contenida en el inciso a) del referido apartado I no obstante haber sido objetada en autenticidad por la parte actora al no haber sido ofrecido medio de perfeccionamiento alguno, se tiene por desahogada por su propia y especial naturaleza.’. La autoridad responsable al dictar el laudo procedió en primer término, al estudio de las pruebas aportadas por el demandado, por tener la carga procesal para acreditar la inexistencia de la relación laboral y así consideró que en el contrato de honorarios que ofreció en copia certificada, si bien es cierto que se advierte que el actor estaba considerado como un prestador de servicios y por ende que no sería considerado como trabajador de la secretaría y que su vigencia era del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, también lo es que carece de valor probatorio en virtud de que fue certificado por el titular, y en cuanto a la confesional del actor, estimó que no le reportó beneficio alguno porque el absolvente contestó en sentido negativo las posiciones que le fueron formuladas. Por las razones expuestas, la Sala concluyó que el titular demandado no acreditó la inexistencia de la relación laboral y en virtud de las funciones que el actor señala en su escrito inicial de demanda, correspondientes a inspección y vigilancia, considera que la relación existente entre las partes es de carácter laboral; que además tampoco desvirtuó lo aducido por el trabajador en cuanto al reclamo de las prestaciones enunciadas en su demanda, condenó al patrón a pagar mil trescientos nuevos pesos por concepto de la segunda quincena del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos; dos mil nuevos pesos por la segunda parte del aguinaldo del propio año y trescientos nuevos pesos por el 30% de prima vacacional correspondiente al segundo periodo vacacional. Lo anterior pone de manifiesto la inexistencia de las contradicciones que acusa el peticionario de garantías en la valoración del contrato de prestación de servicios profesionales que exhibió en juicio, toda vez que si bien la Sala hizo una relación de las condiciones contractuales y después le negó valor probatorio por estar certificado por el propio titular, ello no implica que, por el hecho de mencionar el contenido de las cláusulas, esté reconociendo su validez, pues se insiste, su ineficacia se debió a que la certificación del documento se llevó a cabo por el propio titular demandado, lo que a juicio de la Sala nulificó su eficacia probatoria; por tanto, resulta inexacto que la autoridad responsable hubiera reconocido que el contrato en cuestión era de carácter civil, puesto que, como ya se dijo, sólo hizo referencia a las condiciones en él pactadas sin determinar su legalidad; motivo por el cual se niegan las contradicciones alegadas. Por otra parte, la Sala estuvo en lo correcto al negar eficacia probatoria al contrato de prestación de servicios profesionales en que la demandada apoyó su excepción, toda vez que el mismo lo certificó el administrador de la Coordinación Administrativa, de la Administración Central de la Policía Fiscal Federal, de la Administración de Recursos Central, de la Administración General de Aduanas, de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esto es, que la certificación proviene de la propia parte demandada, de ahí la ineficacia de la certificación y por ende del documento, dado que proviene de parte interesada en el conflicto. Igual criterio sustentó este tribunal al resolver el toca DT 9057/93 promovido por el Procurador de la República, en sesión del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y cuatro, habiéndose elaborado la tesis bajo el rubro: ‘CERTIFICACIÓN EFECTUADA POR FUNCIONARIO DEPENDIENTE DEL TITULAR, CARECE DE VALIDEZ LA.’. No obsta para llegar a la conclusión anterior lo manifestado por la quejosa en el sentido de que la certificación fue realizada por un funcionario público plenamente facultado para ello y en ejercicio de sus funciones. Al respecto cabe precisar que si bien el Reglamento Interior de Trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establece quiénes son sus funcionarios y cuáles son sus facultades, lo cierto es que tales actuaciones tienen valor ante la propia secretaría que expidió su reglamento y para otras cuestiones administrativas dentro del ámbito de sus funciones, pero no ante las autoridades jurisdiccionales, donde se requiere de fedatarios independientes para que expidan las certificaciones, de acuerdo con las facultades que señalen las leyes que rijan sus actos, pues de lo contrario, el caso de los empleados federales, aquellos funcionarios que tengan la calidad de patrones, tendrán la facilidad de elaborar unilateralmente los documentos que le beneficien y expidan su certificación, lo que implicaría la desigualdad procesal entre las partes."

Amparo directo 12247/95. Comisión Nacional del Agua.

"SEGUNDO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538 de la Segunda Parte del Apéndice 1988, cuyo rubro es ‘IMPROCEDENCIA.’, que es de análisis preferente la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público. En tal virtud, siendo que este Tribunal Colegiado advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia del juicio, se estima innecesario transcribir los antecedentes, así como los conceptos de violación y entrar al análisis de estos últimos. Ciertamente, en la especie se actualiza la causal de improcedencia que surge de relacionar los artículos 4o., 9o. y 13 de la Ley de Amparo, en razón de que quien promovió el juicio carece de personalidad para ello. El artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de amparo, dispone, en lo conducente, que el juicio únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente. A su vez, el diverso numeral 9o. de la ley en cita, establece que las personas morales oficiales podrán concurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes y, el artículo 13 prevé, que cuando alguno de los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, esa personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. De la demanda de amparo se aprecia que, Adriana Cabezut Uribe, promovió el presente juicio de garantías, ostentándose como gerente de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, señalando que esa personalidad se acreditaba ‘... mediante la copia certificada del nombramiento contenido en el oficio No. BOO. 105, de fecha 1o. de marzo del año en curso, suscrito por el inspector general de dicho órgano administrativo desconcentrado, con facultades para demandar el amparo y protección de la justicia federal, en nombre y representación de la quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 30, inciso 5), fracción VI, y 31, fracción VI, del Reglamento Interior de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en concordancia con lo establecido en los numerales 32 bis y octavo transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de diciembre de 1994, los cuales se anexan a la presente.’. La copia del oficio de fecha primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco (f. 3) antes mencionado, contiene el siguiente texto: ‘... Lic. Adriana Cabezut Uribe. Presente. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de diciembre de 1992 y el 14 fracciones I, II y III del reglamento de la misma ley, comunico a usted que a partir de esta fecha ha sido designada gerente de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua. Sufragio efectivo. No reelección. El director general. Ing. Guillermo Guerrero Villalobos.’; apareciendo al reverso de tal copia, la siguiente certificación: ‘La ciudadana licenciada Adriana Cabezut Uribe, gerente de la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12 de la Ley de Aguas Nacionales, 30, inciso 5), fracción VI, y 31, fracción VI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, conforme a lo previsto en los artículos 32 bis y octavo transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. Certifica. Que la presente es copia fiel y exacta del original que obra en el expediente administrativo de la Comisión Nacional del Agua y se expide en una foja útil para efecto de acreditar la personalidad del titular del presente documento. Se expide la presente certificación, en la Ciudad de México Distrito Federal, al primer día del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. La gerente’. El artículo 12 de la Ley de Aguas Nacionales, a que se hace mención en la copia certificada del oficio antes mencionado establece lo siguiente: ‘Artículo 12. El director general de «La Comisión», quien será designado por el titular del Ejecutivo Federal, dirigirá y representará legalmente a «La Comisión», adscribirá las unidades administrativas de la misma, expedirá sus manuales, tramitará ante las dependencias competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su competencia y tendrá las demás facultades que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias.’; los artículos 30, inciso 5), fracción VI, y 31, fracción VI, del Reglamento Interior de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, establecen: ‘Artículo 30. La Comisión Nacional del Agua tendrá las siguientes facultades: ... 5) En materia jurídica ... VI. Representar, defender, contestar, rendir informes, demandar, denunciar, querellarse, allanarse, desistirse, desahogar pruebas, interponer recursos, otorgar perdón, certificar y realizar los trámites necesarios para defender los intereses de la Comisión y los que se requieran para el cumplimiento y la aplicación de la ley.’ y ‘Artículo 31. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Nacional del Agua contará con: ... VI. La Unidad Jurídica, con competencia para ejercer las atribuciones a que se refiere el inciso 5) del artículo 30 de este reglamento.’; el artículo 32 bis y octavo transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5080-0287b250/documentos-certificados-ofrecidos-por-el-titular-de-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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