INFORME DE LA AUTORIDAD OFRECIDO COMO PRUEBA EN EL JUICIO LABORAL. LA FALTA O IMPRECISIÓN DE SU DOMICILIO NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.- Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el dos de febrero de mil novecientos noventa y seis el amparo directo 217/96, en lo que interesa a la presente contradicción que se denuncia, establecen:
"QUINTO.- Los conceptos de violación que se hacen valer son infundados en una parte y fundados en otra. En efecto, no asiste razón a la peticionaria de garantías al expresar que la Junta responsable violó las leyes que rigen el procedimiento laboral, al desechar la prueba que ofreció en el apartado cuarto de su escrito de pruebas, consistente en el informe que rinda la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de su Delegación Regional de Iztacalco, en relación con la denuncia que dio origen a la averiguación previa número AE18/00754/94-93. Se dice que es infundado el concepto de violación que se analiza, en atención a que si bien es cierto que de las constancias que conforman el juicio laboral en el que se dictó el laudo reclamado, se advierte que la trabajadora quejosa ofreció en el apartado cuarto de su escrito de ofrecimiento de pruebas, el informe de la Delegación Regional de Iztacalco de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en relación con la averiguación previa AE18/00754/94-93 (foja 23), lo que hizo en los siguientes términos: 'IV. El informe que rinda la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de su Delegación Regional de Iztacalco con domicilio conocido, sobre el acta levantada por esa autoridad con número de acta AE18/00754/94-93 debido a la queja hecha por la actora en contra del C. Porfirio Molina Rodríguez …', así como también que la autoridad responsable, mediante proveído de fecha dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco (foja 51 vuelta), desechó tal medio de convicción, expresando al respecto lo siguiente: '… desechándose el informe ofrecido en el apartado IV por no proporcionar los elementos necesarios la oferente para el desahogo de su probanza, ya que omite proporcionar el domicilio de la Procuraduría General de Justicia del D.F., con fundamento en el artículo 880 de la ley de la materia ...'; sin embargo, también resulta verídico, contrariamente a lo que aduce la amparista, que la autoridad responsable actuó legalmente al desechar el medio de convicción en cuestión, habida cuenta de que, por una parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo, las partes están obligadas al momento de ofrecer sus pruebas, a aportar todos los elementos necesarios para su desahogo, entre los que se encuentran, tratándose de informes que deban rendir alguna o algunas autoridades, el domicilio de ésta, para que de esa forma la responsable esté en posibilidad de solicitar dicho informe directamente, aun cuando se trate de una persona moral oficial, puesto que el citado precepto no establece excepción alguna al respecto y, por la otra, porque de autos se evidencia que la impetrante de garantías, al ofrecer el informe a cargo de la Delegación Regional de Iztacalco de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no proporcionó el domicilio preciso donde tiene su residencia la autoridad que debía rendir el informe que ofreció, con la finalidad de que se desahogara dicha prueba, lo que se encontraba obligada a hacer, como se dijo con antelación, en términos del artículo 780, de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, al no haber proporcionado la parte actora al momento de ofrecer la documental a que hizo alusión en el apartado cuarto de su escrito de pruebas, consistente en el informe a cargo de la Delegación Regional de Iztacalco de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, todos los elementos necesarios para su desahogo, entre los que se encuentra el domicilio en que se ubica la citada delegación, debe estimarse, atento lo dispuesto por el artículo 780, en relación con el 779 de la Ley Federal del Trabajo, que la Junta responsable actuó conforme a derecho al desechar tal medio de prueba y, por ende, que lo alegado al respecto es infundado …"
TERCERO.- Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 36/96 el seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, sostuvo, en lo que interesa a la presente contradicción, lo siguiente:
"TERCERO.- … Por otra parte, de la aludida audiencia de ley también se observa que el actor ofreció el informe que la Junta debiera solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social en los siguientes términos: 'asimismo ofrezco el informe que solicité al Instituto Mexicano del Seguro Social con domicilio conocido en avenida Paseo de la Reforma en esta ciudad, a efecto de que informe a este tribunal el nombre del trabajador asegurado con el No. 4281580399; desde cuándo está asegurado dicho trabajador, si se encuentra vigente dicha afiliación; si la mencionada afiliación ha sido continua y permanente desde su inicio; el nombre de la persona física o moral que lo afilió ostentándose con el carácter de patrón; si el patrón afiliador del actor al Instituto Mexicano del Seguro Social lo es FF. CC. Nacionales de México, y si FF. CC. Nacionales de México ha cubierto, durante el año de 1993, en forma oportuna y normal las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social.'. Sobre este ofrecimiento, la Junta acordó que admite las pruebas ofrecidas por las partes 'con excepción del informe que solicita la parte actora se le requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez, que no aporta los elementos necesarios para el desahogo de dicha probanza, como lo es el domicilio donde se deba de girar el oficio para que se rinda dicho informe, lo anterior en términos del artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo …' (foja 28 vuelta del exp. lab.). La responsable, al desechar la prueba ofrecida por el actor, incurre en otra violación procesal si se toma en consideración que el oferente solicita que la Junta requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio conocido en Paseo de la Reforma de esta ciudad, para que rinda el informe que aporta como prueba, y siendo esta institución ampliamente conocida en el ámbito laboral y del dominio público, el hecho de que no se haya precisado el número de Paseo de la Reforma de esta ciudad en el que se encuentra ubicada esta institución, no es razón suficiente para desechar la prueba por considerar que no se indica el domicilio, pues no era un requisito indispensable el precisar el número. Al resultar el desechamiento ilegal, hace que se actualice el supuesto del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo y, en consecuencia de lo anterior, procede conceder el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo y reponga el procedimiento, a fin de que acuerde lo que corresponda respecto de la prueba de inspección judicial que ofreció el actor en la audiencia de ley celebrada el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, prescindiendo de considerar que desecha la prueba por no precisarse el periodo que ésta abarcará y, respecto del informe ofrecido por el actor en la referida audiencia, prescinda del argumento de que desecha la prueba porque no se señala el domicilio del Instituto Mexicano del Seguro Social y resuelva lo que corresponda …"
CUARTO.- En primer término, esta Segunda Sala determina que sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver, respectivamente, los amparos directos 36/96 y 217/96.
En efecto, de las ejecutorias transcritas se advierte que ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber, el ofrecimiento de una prueba consistente en el informe que debía rendir una autoridad, sin que el oferente hubiere proporcionado el domicilio preciso de la autoridad, aludiendo sólo al domicilio conocido de la misma; arribando ambos tribunales a conclusiones diversas, pues mientras el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito considera que, en tal hipótesis, procede el desechamiento de la prueba porque las partes están obligadas al momento del ofrecimiento a aportar todos los elementos necesarios para su desahogo, entre los que se encuentra, tratándose de informes que deba rendir alguna autoridad, el domicilio de ésta; el Sexto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito determina que ello no da lugar al desechamiento de la prueba, porque al ser el domicilio de la autoridad conocido y del dominio público, no constituye un requisito indispensable su exacta precisión.
QUINTO.- Determinada la existencia de la contradicción de tesis, esta Segunda Sala se aboca a la determinación de la tesis que debe prevalecer con carácter jurisprudencial y que es la sustentada por este órgano colegiado que, sustancialmente, coincide con el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
El artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo establece, como regla general de las pruebas, el que éstas "… se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.". El incumplimiento de esta regla puede, por tanto, dar lugar al desechamiento de la prueba ofrecida. Sin embargo, debe resaltarse de esta regla procesal el término "necesarios", que significa que los elementos cuyo acompañamiento se exige, son aquellos que sean indispensables para su desahogo y que el legislador utilizó precisamente para que el fin de celeridad del juicio laboral perseguido por esta regla no se contraponga al de justicia y verdad legal que inspira a la legislación procesal laboral para llegar al esclarecimiento de los hechos y que se advierte claramente en los artículos 782, 783, 784 y 886 de la ley, en los que se establece la facultad de la Junta para ordenar, con citación de las partes, el examen de documentos, objetos y lugares, así como la práctica de las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad; la obligación de toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de los hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad de aportarlos cuando sea requerida por la Junta; la facultad de la Junta de eximir de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos; y su atribución de practicar las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes o cualquiera diligencia para mejor proveer que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad.
El numeral 776 de la Ley Federal del Trabajo establece la admisibilidad de todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho y enumera, en especial, las pruebas confesional, documental, testimonial, pericial, de inspección, presuncional, instrumental de actuaciones, fotografías y los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia.
En las secciones segunda a octava del capítulo XII "De las pruebas", del título catorce "Nuevo Derecho Procesal del Trabajo", se regulan cada una de dichas pruebas, con excepción de la última de las citadas, estableciéndose las características de las mismas, su ofrecimiento, su forma de desahogo, su valor probatorio, etcétera; de lo que deriva que no puede establecerse una regla general en torno a los elementos que deban ser considerados como necesarios y que el artículo 780 obliga a acompañar al momento del ofrecimiento de la probanza, sino que debe atenderse a la naturaleza propia de la prueba de que se trate.
Concretamente, en el caso de las documentales, dentro de las que se ubican los informes, el artículo 803 establece que: "Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente.". Del precepto transcrito deriva que tratándose de pruebas documentales, éstas deben exhibirse al momento de ser ofrecidas, pero si se trata de informes que debe rendir una autoridad, la Junta debe solicitarlos directamente a ésta, lo que permite concluir que son elementos indispensables para el desahogo de la prueba consistente en el informe de una autoridad, la aportación de los datos que permitan a la Junta solicitarlo a la autoridad, como lo es la precisión de la autoridad que debe rendirlo y los aspectos sobre los que versará dicho informe. El domicilio de una autoridad no puede considerarse como un dato que impida a la Junta el desahogo de tal probanza, si está claramente definida cuál es la autoridad a la que debe solicitarse, porque su domicilio es del conocimiento público, precisamente porque en su carácter de autoridad realiza funciones públicas que están al servicio del pueblo en general, de manera tal que si no existe imposibilidad de conocer su domicilio, tal dato no puede ser catalogado como un elemento "necesario" para el desahogo de la probanza relativa, sin cuya aportación no pueda realizarse.
Por tanto, dado que el espíritu del legislador es claro al establecer en el artículo 780 que los elementos que deben aportarse al ofrecerse las pruebas son los necesarios para su desahogo y al no constituir el domicilio de la autoridad un elemento necesario para el desahogo de la prueba consistente en el informe que ésta deba expedir, porque su falta de citación no imposibilita a la Junta a solicitarlo por ser el domicilio de éstas del conocimiento público, cabe concluir que es ilegal el desechamiento de dicha prueba por no precisarse el domicilio de la autoridad de quien se solicita la rendición del informe.
En atención a lo anterior, esta Segunda Sala considera que el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, en términos de lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, y que deberá identificarse con el número progresivo que le corresponda, queda redactado bajo los siguientes rubro y texto:
- El artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo establece, como regla general de las pruebas, el que éstas "… se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.". El incumplimiento de esta regla puede, por tanto, dar lugar al desechamiento de la prueba ofrecida. Sin embargo, debe advertirse que el legislador utilizó el término "necesarios" para calificar a los elementos cuyo acompañamiento se exige, es decir, aquellos que son indispensables para el desahogo de la prueba relativa, precisamente para que el fin de celeridad del juicio laboral perseguido por esta regla no se contraponga con el fin de justicia y de verdad legal que inspira a la legislación procesal laboral para llegar al esclarecimiento de los hechos. Para la determinación de los elementos que deben ser considerados como indispensables o necesarios para el desahogo de las pruebas, es preciso atender a la naturaleza propia de la prueba propuesta y, tratándose de los informes de autoridad, que el artículo 803 de la ley relativa establece deberán ser solicitados directamente por la Junta, han de considerarse como elementos necesarios que deben aportarse al momento de su ofrecimiento, todos aquellos datos que permitan a la autoridad solicitarlo, a saber, la precisión de la autoridad obligada a rendir el informe y los aspectos sobre los que éste versará. El domicilio de la autoridad no puede ser considerado como un elemento necesario, porque su falta o imprecisión no imposibilita a la Junta para solicitar el informe, por ser del conocimiento público, precisamente porque en su carácter de autoridad realiza funciones públicas que están al servicio de la sociedad en general, razón por la cual, la falta de señalamiento del domicilio de la autoridad de quien se ofrece el informe como prueba, no puede dar lugar a su desechamiento.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver, respectivamente, los juicios de amparo directo 36/96 y 217/96.
SEGUNDO.- Debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, el criterio sustentado por esta Segunda Sala, que coincide, sustancialmente, con el sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a los Tribunales Colegiados contendientes y la tesis jurisprudencial que se establece en esta resolución a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, así como de la parte considerativa correspondiente para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y hágase del conocimiento del Pleno y de la Primera Sala de esta Suprema Corte y de los demás Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente de la contradicción.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel. Estuvo ausente el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano por estar integrando una comisión. Fue ponente el segundo de los mencionados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4493-89e222f2/informe-de-la-autoridad-ofrecido-como-prueba-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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