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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO, AL DEMANDAR EL CESE DE AQUÉLLOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (ÚNICA VÍA QUE TIENE PARA OBTENER SU BAJA), DEBE ACOMPAÑAR COMO DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN ACATAMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA Y A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/96. · Registro digital (IUS): 4462
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, , Pág. 332.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Como cuestión previa, debe establecerse en qué consiste la oposición de criterios vertidos por uno y otro órganos jurisdiccionales.

Para lo anterior, resulta importante destacar lo que el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo consideró al resolver cada uno de los juicios de amparo directo que se promovieron por los diversos quejosos.

A) En el juicio de amparo directo número 9006/89, radicado ante el referido Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, que se resolvió el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, se tienen estos antecedentes:

1. Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Martha Patricia Zamora Romero, mediante escrito presentado el trece de febrero de mil novecientos ochenta y siete, demandó del secretario de Educación Pública, su reinstalación como trabajadora de base en la Unidad de Capacitación y Actualización de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, la nulidad del acta administrativa de fecha once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, el pago de los salarios caídos, el de veinte días por año de servicios, el pago de los aguinaldos y el de las vacaciones que se acumulen.

2. La Primera Sala del citado tribunal resolvió que la parte actora no acreditó la procedencia de su acción y absolvió al demandado de todas las prestaciones reclamadas.

3. Inconforme con lo anterior, la actora promovió juicio de amparo directo, en el cual se le negó el amparo solicitado, por ejecutoria pronunciada el veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, con apoyo en las consideraciones que sobre el tema se transcriben:

"TERCERO. Como conceptos de violación se expresa, sustancialmente, que la promovente fue cesada de su empleo mediante un simple oficio, en abierta contradicción con el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que ordena la solicitud previa al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para dejar sin efectos un nombramiento sin responsabilidad para el Estado, en todos los casos previstos por la fracción V de dicha disposición.

"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación. Al efecto:

"Conviene precisar que lo aducido como conceptos de violación no lo hizo valer oportunamente la quejosa en el procedimiento, por tanto, el laudo reclamado no se ocupó de tal punto; pero con independencia de lo anterior, el artículo 123 constitucional, apartado B, fracción IX, dispone: 'Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la de ley.' y por su parte, el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece: 'Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas ... V. Por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ...'.

"Ahora bien, la interpretación constitucional que debe darse en relación con la ley secundaria, es que aun cuando el titular no cumpla con la obligación de solicitar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, lo cierto es que este último sólo puede ser cesado por justa causa y si es separado del servicio injustificadamente podrá demandar, a su elección, que se le indemnice o reinstale. Por otro lado, la ley burocrática señala que los efectos del nombramiento sólo terminarán, entre otras causas, por las que enumera la fracción V de su artículo 46, por resolución del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, si el titular, con apoyo en alguna de las causas que refiere la aludida fracción V, cesa a un empleado, se da una situación de hecho que permite al trabajador, según lo decida, acudir a reclamar su indemnización o reinstalación y si una vez tramitado el juicio, el tribunal considera que el cese fue justificado, es hasta entonces que deja de surtir sus efectos el nombramiento; consecuentemente, tampoco procede el pago de salarios vencidos cuando el titular no solicita la autorización, puesto que dichos salarios constitucionalmente sólo deben cubrirse cuando el cese es injustificado."

B) En el juicio de amparo directo número 12316/92, igualmente radicado ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, resuelto el quince de febrero de mil novecientos noventa y tres, se tienen los siguientes antecedentes:

1. Por escrito presentado el dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Francisco Javier Ánimas de la Sierra, demandó del Instituto Nacional Indigenista, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo, la reinstalación en su puesto de almacenista, así como el reconocimiento de sus derechos legales y contractuales, como el aguinaldo y vacaciones, salarios caídos y prima de antigüedad, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo para el caso de que se dé por terminada la relación de trabajo.

2. La Primera Sala del mencionado tribunal resolvió que el actor no probó su acción y, por ende, absolvió al titular del mencionado instituto de todas las prestaciones reclamadas en la demanda laboral.

3. Inconforme con el laudo, el actor promovió demanda de amparo directo, de la cual correspondió conocer al mismo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del propio circuito, quien mediante resolución pronunciada el quince de febrero de mil novecientos noventa y tres, negó el amparo al quejoso, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer, por las razones que enseguida se exponen.

"Contrariamente a lo que sostiene el quejoso, el laudo reclamado sí está apoyado en pruebas suficientes para justificar el despido.

"Aun cuando el quejoso aduce que la responsable se apoyó en pruebas no idóneas para calificar la justificación del despido, no tiene razón al respecto, en virtud de que con las pruebas que fueron ofrecidas por el hoy tercero perjudicado se demostró la falta de probidad del quejoso al haber participado en hechos que resultaron en demérito de la institución para la que prestaba sus servicios.

"Como se desprende de los hechos de la demanda laboral, el hoy quejoso adujo que el oficio mediante el que se le comunicó su baja, no precisaba los hechos que le imputaron y estimó que tal situación lo dejaba en estado de indefensión.

"Al respecto, debe decirse que el hoy tercero, al contestar la demanda laboral, señaló que la baja del trabajador se debió a que éste cometió faltas graves de probidad y honradez que resultaron en demérito del instituto indigenista (f.17); pues al efecto dijo: 'que el día primero de julio de mil novecientos ochenta y ocho, a las 12:00 p.m., el actor junto con otras personas tomaron las instalaciones del Centro Coordinador Indigenista de Morgadal aproximadamente durante 10 días, ya que se hicieron pasar como representantes de un movimiento para destituir al Sr. Néstor Manuel Aguirre Espinoza, director del mencionado centro, lo cual hicieron por decisión propia, sin recurrir ante ninguna autoridad judicial, laboral o de cualquier otra índole, paralizando así las funciones encomendadas al instituto, y lo cual desde luego causó «graves perjuicios al mismo.».'

"Lo anterior está corroborado con el testimonio notarial que contiene el acta levantada con motivo de la toma de instalaciones, de donde se desprende, además, que incluso manifestaron su deseo de entregar las instalaciones al coordinador estatal del Instituto Nacional Indigenista (f. 17).

"Al contestar la demanda también señaló que el hoy quejoso y sus acompañantes (f. 21) incurrieron en faltas de probidad, pues ejercieron coacción física y moral contra el instituto (sic), hoy tercero perjudicado, actos que son de tal manera graves que hacen imposible la continuación de la relación de trabajo, dada la irresponsabilidad que mostraron.

"Señaló además, que al tomar ilegalmente las instalaciones a altas horas de la noche y paralizar las actividades del centro de trabajo, utilizando la coacción física y moral, es suficiente motivo para considerar que incurrió en faltas de probidad.

"Todos los datos anteriormente apuntados y que fueron señalados por el hoy tercero perjudicado al contestar la demanda, conducen a evidenciar que sí se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que incurrieron (sic) los hechos motivadores del cese, lo cual es jurídicamente válido conforme a la tesis jurisprudencial número 314, publicada en la página 284, Quinta Parte, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Cuarta Sala, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS, SIN AUTORIZACIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Cuando el titular de una dependencia burocrática expone por vía de excepción las causas que motivaron el cese de un trabajador del Estado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no puede negarse a estimarlas, aunque no haya acudido al mismo para obtener su resolución previamente al cese, porque semejante acto de indefensión no lo autoriza ningún ordenamiento legal'.

"Asimismo, aun cuando el hoy quejoso aduce en el concepto de violación que se analiza, que para la procedencia del despido debió levantarse el acta administrativa a que se refiere el artículo 46 bis de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, no le asiste la razón, en virtud de que, en la especie, el hoy tercero perjudicado ofreció pruebas que, analizadas conjuntamente, como lo hizo la Sala responsable, ponen de manifiesto la indudable falta de probidad del hoy quejoso, a quien no puede beneficiarle el argumento de que el acta administrativa era un requisito de procedibilidad para el despido, pues tal circunstancia impediría a los titulares de las dependencias del Estado hacer frente a situaciones graves, como en la especie lo fue la toma de las instalaciones.

"Dicha conducta, carente de probidad, quedó demostrada con la confesión ficta del hoy quejoso, conforme a las posiciones que le fueron formuladas por la representación del Instituto Nacional Indigenista y por el tercero interesado (fojas 162 a 164), y respaldada con los testimonios de Raymundo Méndez y Néstor Aguirre (fojas 209 y 337); por eso, aun cuando no se levantó acta administrativa, tal situación no implica una violación de garantías, ni crea un estado de indefensión, si las faltas cometidas fueron del pleno conocimiento del trabajador, según se desprende de las diversas documentales en las que consta su participación, lo que prueba, sin lugar a dudas, que incurrió en faltas graves de probidad y honradez como lo fue la toma de instalaciones del centro de trabajo.

"Respecto al concepto de violación que se analiza, este tribunal estima que la tesis de jurisprudencia que cita el quejoso en apoyo de sus argumentos, debe quedar parcialmente sin efecto; lo anterior, con fundamento en el artículo 6o. transitorio de la reforma de la Ley de Amparo de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete (D.O. 5 de enero de 1988).

"La tesis que el quejoso hace valer en apoyo de su concepto de violación es la jurisprudencia número 309, sostenida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 280 de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conforme al artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ningún trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el artículo 46 bis de la propia ley ordena: «Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical» y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que al levantarse ésta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 46 bis, debe ser considerado como un elemento básico para la procedibilidad de la acción intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusión de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patrón carece de acción por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se está en presencia de un caso de improcedencia de la acción intentada y por lo mismo dicha acción no debe prosperar; por otra parte, si el titular cesa a un trabajador y éste aduce en el juicio que lo cesó sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumplió con dicha exigencia legal, se está en presencia de un caso de incumplimiento a la ley que por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.'

"Esta jurisprudencia debe quedar parcialmente sin efecto, en virtud de que si el artículo 46 bis de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado dispone que: 'Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.'.

"De lo anterior se desprende que sólo cuando en vía de acción se demanda la autorización para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el Estado, el acta administrativa a que alude dicho precepto es un elemento fundamental e indispensable, sin el cual no puede prosperar la acción.

"Sin embargo, cuando el trabajador es cesado y una vez planteada la demanda por tal motivo, el titular, en vía de excepción, sostiene la justificación del cese, conforme al precepto citado no es indispensable que exhiba el acta administrativa para justificar lo argumentado en defensa, porque en este caso la ley burocrática no establece sanción alguna respecto de la omisión referida, debiendo considerarse, en consecuencia, que en este último supuesto, el titular podrá allegar al juicio las probanzas que estime pertinentes y si de ellas se desprende la justificación del cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje así deberá considerarlo.

"En el caso a estudio, si bien es cierto que el titular demandado no levantó el acta administrativa conforme al artículo 46 bis de la ley burocrática para decretar el cese del trabajador, también es verdad que en el procedimiento laboral aportó elementos probatorios suficientes para demostrar la justificación del cese, según ha quedado explicado."

C) Por su parte, el juicio de amparo directo número DT-376/94, promovido por Donaciano Tomás Bonilla Infante, radicado ante el mismo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, tiene los siguientes antecedentes:

1. Por escrito presentado el seis de julio de mil novecientos noventa, ante la Junta Especial Número 14 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, quien posteriormente se declaró incompetente, Donaciano Tomás Bonilla Infante demandó del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo, la reinstalación correspondiente, el pago de salarios caídos, el de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días festivos y el pago de los demás conceptos que se mencionan.

2. La Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a quien correspondió conocer de la citada demanda laboral, resolvió que el actor no probó su acción y absolvió al titular de dicho comité de todas las prestaciones demandadas.

3. Inconforme con dicha determinación, el actor promovió juicio de amparo directo, en el cual se le concedió el amparo solicitado, por ejecutoria dictada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"En cambio, es fundado el concepto de violación en el que se alega que la Sala responsable olvidó considerar la objeción que en lo particular hizo valer el trabajador respecto de las documentales con las que estimó acreditada la causal del despido.

"El demandado ofreció, entre otras, las documentales marcadas con los números cinco, seis, siete y ocho, relativas a oficios en los que se manda comunicar al trabajador el motivo por el que se dio por terminado su nombramiento, mencionan 'diversas irregularidades en que incurrió' y las ponen en conocimiento de otros funcionarios del organismo (fojas 174, 175 y 181 a 189).

"En la audiencia de pruebas y alegatos de veintidós de octubre de mil novecientos noventa y uno, la parte actora objetó en cuanto a autenticidad de contenido y firma tales documentales y por otra parte la demandada ofreció su perfeccionamiento (fojas 216 vta., 217 y 218).

"El secretario de audiencias, en la verificada el trece de noviembre de mil novecientos noventa y uno, lo desestimó porque su oferente no señaló los domicilios para citar a los ratificantes (foja 221 vta.).

"En el laudo reclamado, la Sala consideró que con las documentales aportadas por la demandada, entre las que se encuentran las recién referidas, se probó la causal de despido (fojas 7 vta. y 9).

Tal consideración es incongruente por omisión con lo alegado en el juicio por la parte actora, habida cuenta de que no examina el valor de aquellas documentales con vista a la objeción formulada en cuanto a su contenido y firma, ni toma en cuenta que se desestimó el perfeccionamiento relativo que ofreció la parte demandada, lo que resulta violatorio de garantías individuales en perjuicio del quejoso, en atención a la jurisprudencia 1069 consultable en la página 1702 de la Segunda Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"LAUDO INCONGRUENTE. Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.'

"En consecuencia, se impone conceder el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que valore las documentales cinco, seis, siete y ocho del escrito de ofrecimiento de pruebas de la demandada, con vista a las objeciones que formuló el quejoso en su contra y, hecho que sea, resuelva con libertad de jurisdicción la controversia."

D) En el juicio de amparo directo número DT-11226/94, radicado igualmente ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, se tienen como antecedentes los que a continuación se citan:

1. Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, José Mario Espinoza Velador, demandó del presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la reinstalación en el puesto que desempeñaba, así como el pago de las diversas prestaciones laborales que en autos se mencionan.

2. La Tercera Sala del citado tribunal resolvió condenar en parte al titular de esa comisión a fin de pagarle al actor solamente el aguinaldo proporcional que le correspondía y absolver, en otra, al propio titular de ese organismo, de la indemnización reclamada, prima vacacional, gastos y costas, así como del pago de los salarios caídos.

3. Inconforme con la anterior resolución, el actor interpuso juicio de amparo directo en contra del laudo reclamado, en el cual se le negó al actor quejoso el amparo solicitado, por ejecutoria de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y cinco, la cual se apoyó en las siguientes consideraciones:

"TERCERO. Son inatendibles e infundados los anteriores conceptos de violación, mismos que para mayor claridad se analizan en distinto orden del planteado.

"Es inatendible el cuarto concepto de violación en el cual el quejoso hace cuestionamientos sobre la conformidad o inconformidad del sindicato respectivo sobre la suspensión de los efectos de su nombramiento; y esto es así, porque tal cuestionamiento no formó parte de la litis laboral, sino que se trató de un cese por falta de probidad y honradez del trabajador por el cual demandó su reinstalación y, en esa virtud, no puede formar parte de la litis constitucional, de conformidad con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia número 161 que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Quinta Parte, Cuarta Sala, página 144, del tenor siguiente: 'LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional.'.

"Por otro lado, son infundados los argumentos del quejoso contenidos en una parte del primero y tercer conceptos de violación, en el sentido de que el titular demandado debió solicitar autorización del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para cesar los efectos del nombramiento del trabajador y que al no haberlo hecho, el caso es injustificado y procede el pago de salarios caídos.

"Lo anterior es así, porque en todo caso puede el titular, por vía de excepción, justificar el cese sin que sea indispensable la autorización previa del Tribunal Federal correspondiente, según lo ha sostenido este Sexto Tribunal Colegiado, en la tesis que aparece publicada en la página 509 del Tomo V, Segunda Parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CESE DE LOS. NO ES NECESARIO SOLICITAR AUTORIZACIÓN PREVIA AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El artículo 123 constitucional, fracción IX, apartado B, dispone: (se transcribe).

"Asimismo, son infundados los conceptos de violación que impugnan que ante la falta de eficacia probatoria del acta administrativa, el titular no demostró la carga de la prueba que le correspondía y que la consecuencia jurídica no puede ser otra que considerar que el despido es injustificado.

"En este sentido, este tribunal advierte que en el laudo impugnado la Sala negó valor probatorio al acta administrativa del treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y uno, por no haber sido perfeccionada; sin embargo, no puede impedirse al titular que por cualquier medio de prueba acredite la justificación del cese, porque el acta administrativa sólo es indispensable cuando el titular intenta la acción relativa a la autorización para cesar los efectos del nombramiento, pero no lo es cuando el trabajador ha sido cesado y demanda su reinstalación o indemnización por considerar injustificada tal separación y el titular, por vía de excepción, sostiene la justificación de su proceder, porque en este caso la ley burocrática no establece sanción alguna respecto de la falta de acta administrativa y si conotros medios de prueba demuestra la justificación del despido, como en el caso aconteció (con la confesional del actor), es correcta la absolución decretada en favor del titular demandado. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio sustentado por este Sexto Tribunal Colegiado, mismo que aparece publicado en la página 338 del Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: 'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CESE DE LOS, NO SON IMPRESCINDIBLES CUANDO EL TITULAR EN VÍA DE EXCEPCIÓN DEMUESTRA LA JUSTIFICACIÓN DEL CESE. La jurisprudencia 309, sostenida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 280 de la Quinta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, dice: «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS. Conforme al artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ningún trabajador puede ser cesado sino por justa causa, y el artículo 46 bis de la propia ley ordena: ‹Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical.› y sigue diciendo que si a juicio del titular procede demandar la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que al levantarse ésta se hayan agregado; por lo que el cumplimiento del requisito señalado en el artículo 46 bis, debe ser considerado como un elemento básico para la procedibilidad de la acción intentada. El razonamiento anterior lleva a la conclusión de que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patrón carece de acción por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se está en presencia de un caso de improcedencia de la acción intentada y por lo mismo dicha acción no debe prosperar; por otra parte si el titular cesa a un trabajador y éste aduce en el juicio que lo cesó sin haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 bis que se comenta y el titular no demuestra que cumplió con dicha exigencia legal, se está en presencia de un caso de incumplimiento a la ley que por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado.». Esta jurisprudencia debe quedar parcialmente sin efecto, en virtud de que si el artículo 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece que: «Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar el acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.». De lo anterior se desprende que sólo cuando en vía de acción se demanda la autorización para dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el Estado, el acta administrativa a que alude dicho precepto es un elemento fundamental e indispensable, sin el cual no puede prosperar la acción. Sin embargo, cuando el trabajador es cesado y una vez planteada la demanda por tal motivo el titular, en vía de excepción, sostiene la justificación del cese, conforme al precepto citado no es indispensable que exhiba el acta administrativa para justificar lo argumentado en defensa, porque en este caso la ley burocrática no establece sanción alguna respecto de la omisión referida, debiendo considerarse, en consecuencia, que en este último supuesto, el titular podrá allegar al juicio las probanzas que estime pertinentes y si de ellas se desprende la justificación del cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así deberá considerarlo.'.

"Por último, es inatendible el segundo concepto de violación en el que impugna la inde

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4462-cdb56f1f/trabajadores-al-servicio-del-estado-el-titular-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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