LAUDO. SI EN EL AMPARO SE DEMANDA DE LA JUNTA EL RETRASO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, NO PROCEDE SOBRESEER AUNQUE NO SE HAYA SEÑALADO COMO RESPONSABLE AL AUXILIAR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 66/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO Y QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión número RT-94/98, promovido por Alfredo Huitrón Rosas, mediante la ejecutoria del día veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y ocho, textualmente sostuvo:
"PRIMERO.-Como antecedentes del acto reclamado Alfredo Huitrón Rosas, expresó: ‘1. Con fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y seis, el suscrito interpuso demanda ante la H. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, radicando dicha demanda en la H. Junta Nueve Bis, bajo el número de expediente 4231/96, demandando entre otras prestaciones las siguientes: El reconocimiento que haga a favor del suscrito de que se encuentra con hipoacusia bilateral por trauma acústico crónico; bronquitis industrial; tromboflebitis recidivante potsquirúrgica de predominio izquierdo; enfermedad articular degenerativa generalizada de predominio lumbar con discartrosis de L5-S1, picos de loro y canal lumbar estrecho por osteofitos internos, para el otorgamiento de una pensión por incapacidad parcial permanente y una por invalidez con fundamento en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo.-2. Y es el caso que en audiencia de fecha cuatro de septiembre del año en curso, se desahogó la última prueba pendiente, dictando la responsable acuerdo declarando cerrada la instrucción y turnando los autos a proyecto de resolución, como se señala en acuerdo dictado en dicha audiencia, siendo el acuerdo que hoy se impugna y que a la letra dice: «Vista la certificación que antecede, y toda vez que no quedan pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 885 de la ley de la materia, el C. Auxiliar de oficio declara cerrada la instrucción turnándose los autos a proyecto de resolución.-Notifíquese.-Notificados que fueron los comparecientes firman al margen para constancia y al calce los CC. Miembros que integran la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje.-Doy fe.».-3. Y siendo que a la fecha la responsable no ha dado cumplimiento al acuerdo que hoy se impugna, en razón de que no obstante ha dejado transcurrir más de diez días hábiles, y no ha dictado el proyecto de resolución, ya que el suscrito ha acudido en múltiples ocasiones ante la autoridad responsable a preguntar sobre el proyecto de resolución, y me han manifestado que aún se encuentra pendiente de proyecto de resolución, y que regrese en cuatro meses, con lo que la autoridad responsable viola las garantías individuales del suscrito, al no dar cumplimiento al acuerdo impugnado y al abstenerse de dictar el proyecto de resolución en el término señalado por la ley, y dejando transcurrir en exceso el término fijado, sin dar cumplimiento al acuerdo impugnado.-4. Y en razón de lo anterior viola las garantías del suscrito ya que al no dictar el proyecto de resolución, en consecuencia los representantes de la responsable no estudian dicho proyecto, y por lo tanto no emiten su voto para la total solución del conflicto laboral objeto de la presente demanda de garantías.’.-SEGUNDO.-El Juez de Distrito fundó su resolución en la siguiente consideración: ‘SEGUNDO.-El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, dispone: (sic) La autoridad señalada como responsable al rendir su informe con justificación remitió copias certificadas de los autos del expediente laboral a las que se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, acorde con el artículo 2o. de la Ley de Amparo.-El quejoso reclama que mediante proveído de cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, se cerró la instrucción del juicio laboral y hasta la fecha la Junta responsable se ha abstenido de dictar proyecto de laudo.-La primera parte del artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo, dispone: «... ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los 10 días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo ...».-Asimismo, el primer párrafo del artículo 886, del mismo ordenamiento, señala: «Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia ...».-De lo anterior aparece demostrado que no existe el acto reclamado, toda vez que el quejoso imputa la abstención de que se queja, a la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y en el caso, corresponde al auxiliar de la misma elaborar el proyecto de resolución; por tal motivo, procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.’.-TERCERO.-El quejoso recurrente expresó como agravios lo siguiente: ‘Preceptos violados. Se violan por indebida aplicación el artículo 73 fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 en su segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Concepto del agravio. Según los artículos 73, fracción V y 74, fracción III de la Ley de Amparo respectivamente: «El juicio de amparo es improcedente: V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.»; «Procede el sobreseimiento: III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.». El segundo párrafo del artículo 17 constitucional: «Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.». En el presente juicio, el acuerdo impugnado, se hizo consistir en el hecho de que al suscrito, la autoridad responsable viola los artículos 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en el juicio laboral de donde emana el acuerdo impugnado, se ordenó cerrar la instrucción y turnar los autos a proyecto de resolución, ahora bien, la autoridad de amparo considera que éste no es un acto de afecto (sic) los intereses jurídicos del suscrito.-Ahora bien el Juez de amparo al analizar la procedencia de la demanda de garantías considera que el acto impugnado se encuentra dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Amparo, en especial en su fracción V, ya que erróneamente apunta que el mismo no es un acto de imposible reparación siendo esto totalmente falso ya que la autoridad laboral violó al suscrito los preceptos legales referidos, toda vez de que aun a pesar de que existe prueba fehaciente de la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez de amparo considera que los conceptos de violación hechos valer por el suscrito resultan infundados, y que los mismos no son actos que afecten los intereses jurídicos de mi parte, siendo que el acto realizado por dicha autoridad responsable y ahora por el Juez de amparo, violan flagrantemente en contra del suscrito las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, dichas violaciones derivadas del incumplimiento a los preceptos señalados de la ley federal de amparo (sic).-Y toda vez de que al suscrito le fueron violadas sus garantías por el incumplimiento a dichos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, ya que la autoridad responsable omite dictar el proyecto de resolución del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, y como consecuencia al no dictar dicho proyecto dentro del término señalado por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, viola las garantías individuales del suscrito ya que como lo manifesté en el juicio de amparo promovido por la autoridad responsable al llegar a preguntar por el proyecto de laudo de mi juicio laboral me manifestó que regresara en cuatro o seis meses, situación esta violatoria a todas luces de las garantías individuales del suscrito, y como consecuencia a su incumplimiento a dicho precepto legal, viola los restantes artículos citados de la Ley Federal del Trabajo, situación que pasa por alto el Juez de amparo, ya que el mismo considera que no es un acto que afecte los intereses del suscrito, siendo esto totalmente erróneo ya que si la autoridad responsable omite dictar el proyecto de resolución en el término señalado para tal caso, es menester que con esto retrasa el hecho de que el suscrito no cuente con medios económicos para su subsistencia y sobre todo carezco de servicio médico, ya que dada la situación actual y sin trabajo resulta imposible que me atienda en algún hospital por la simple y sencilla razón de carecer de trabajo que me remunere económicamente lo necesario para cubrir dicha necesidad. Y siendo que diversos compañeros de empresa se encontraban en la misma situación del suscrito y promovieron su juicio de garantías al mismo tiempo que mi parte y su demanda se radicó en el Juzgado Primero de Distrito en materia laboral y el mismo les ha concedido el amparo y protección y a los mismos ya les fue notificado su laudo, por lo que al suscrito le sorprende la diversidad de criterios entre los dos juzgados siendo que en el Primero de Distrito señalado dicta la ejecutoria que en copia simple anexo y conceden el amparo y en el Segundo de Distrito, se la pasan desechando demandas y después que sus señorías les ordenan admitir la demanda, sobreseen el juicio de garantías como si estuvieran jugando con los derechos del suscrito. Y, más aún, el Juez de amparo viola conjuntamente con la responsable las garantías del suscrito ya que a pesar de considerar la procedencia de la demanda de garantías, y su admisión, analiza erróneamente los conceptos de violación y las pruebas ofrecidas, y expresa su criterio en la resolución que hoy se impugna ya que considera que los conceptos de violación expresados por mi parte son infundados y carentes de causar un daño irreparable, ya que considera que no existe un auto que afecte los intereses jurídicos del suscrito.-Por lo que en consecuencia el C. Juez de Distrito considera que los conceptos de violación esgrimidos por el suscrito, son infundados, y por tanto que no causan ni afectan los intereses jurídicos del suscrito, y considera erróneamente que son infundados los conceptos de violación y carentes de peligro inminente reparación para con el suscrito, por lo que la autoridad de amparo deja sin tomar en consideración lo establecido en los artículos antes mencionados, con lo que flagrantemente violan las garantías del suscrito.’.-CUARTO.-Los agravios que se hacen valer son inoperantes, en parte, y, en otra, fundados; aduce el recurrente indebida aplicación de los artículos 73, fracción V, y 74, fracción III (sic), de la Ley de Amparo; que le causan agravio las consideraciones del Juez de Distrito en la sentencia impugnada, en el sentido de que declara erróneamente que los conceptos de violación esgrimidos resultan infundados, concluyendo que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos del quejoso; que tal consideración es violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que la autoridad responsable omite dictar el proyecto del laudo correspondiente, dentro del término señalado en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, ocasionando con ello que el inconforme no cuente con los medios económicos para su subsistencia y carecer del servicio médico respectivo.-En primer término conviene precisar que los Jueces de Distrito no cometen violaciones a las garantías individuales que consagra la Constitución General de la República, como se aduce en los agravios en estudio, toda vez que siendo ellos la autoridad ante quien se solicita la protección constitucional, precisamente por transgresiones a los derechos públicos subjetivos de los gobernados, no pueden vulnerarlos, sino en su caso, agraviarlos por inexacta e indebida aplicación de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en ejercicio de su función jurisdiccional. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia número 12/96, emitida por la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 507 del Tomo III (marzo de 1996), Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo.’.-En otro orden, el Juez de Distrito indebidamente decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, pues contrariamente a lo que estimó, en el caso no se da la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 74, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, envió la ‘carpeta falsa’ del expediente laboral número 4231/96, formado con motivo de la demanda promovida por el recurrente en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, de donde se desprende el acuerdo dictado en audiencia de cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, que en su parte conducente dice: ‘La Junta acuerda.-Vista la certificación que antecede, y toda vez que no quedan pruebas pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 885 de la ley de la materia, el C. Auxiliar de oficio declara cerrada la instrucción turnándose los autos a proyecto de resolución.-Notifíquese.-Notificados que fueron los comparecientes firman al margen para constancia y al calce los CC. Miembros que integran la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje.-Doy fe.’ (f. 53 carpeta).-Por su parte, la presidenta de la Junta responsable, en cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 618, fracción VI, del ordenamiento laboral indicado, rindió informe justificado, expresando lo siguiente: ‘El acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de fecha 4 de septiembre del año en curso dictado en el exp. lab. 4231/96 formado con motivo de la reclamación seguida por Alfredo Huitrón Rosas vs. IMSS.-Es cierto el acto que se reclama pero se niegan las violaciones que pretende hacer valer el quejoso en su demanda de garantías toda vez que el acuerdo combatido fue dictado conforme a derecho remitiéndome a su contenido para acreditar su constitucionalidad.’ (f. 44 exp. amparo).-Ahora bien, en la demanda de garantías promovida por Alfredo Huitrón Rosas, señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y como acto reclamado el acuerdo del cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictado en audiencia, en el expediente laboral 4231/97; de todo lo cual se sigue que el a quo tuvo una apreciación clara de la controversia constitucional planteada, y no como erróneamente lo concluye en la resolución constitucional, de que ‘aparece demostrado que no existe el acto reclamado, toda vez que el quejoso imputa la abstención de que se queja, a la Junta Especial Número Nueve Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje y en el caso, corresponde al auxiliar de la misma elaborar el proyecto de resolución.’ (f. 52 exp. amp.); por tanto, previa revocación de la sentencia recurrida, como lo prevé el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, deberá analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proveído reclamado, así como de la omisión por parte de la Junta responsable de dictar el laudo, sin que obste en contrario que como lo estableció el Juez de Distrito la elaboración del proyecto respectivo, incumba al auxiliar de la Junta, pues su conducta sólo entraña un acto intermedio que no reviste por sí mismo coercitividad alguna, amén de provenir de quien carecería de los atributos propios de la autoridad.-QUINTO.-De conformidad con el citado artículo 91, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, este Tribunal Colegiado procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda de garantías, en los que esencialmente se aduce violación a los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, y, por ende, de los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el acto impugnado se ordena turnar los autos a proyecto de resolución y que han transcurrido excesivamente más de diez días a que se refiere el numeral primeramente citado; que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a dicho acuerdo, al no emitir el proyecto del laudo en el expediente laboral del quejoso; que por tal motivo, no puede ser analizado por los miembros que integran la Junta responsable y por tanto, dicho proyecto no es elevado a la categoría de laudo.-Lo así expuesto es fundado, pues del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acuerdo reclamado de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, se impugnó por la circunstancia de que al día de elaboración de la demanda de garantías (veintiséis de septiembre de ese mismo año), no se había dictado el proyecto del laudo correspondiente, lo que el quejoso recurrente estimó contravenía los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto que al haber transcurrido más de diez días, la autoridad responsable no dio cumplimiento al acuerdo impugnado al no dictar el proyecto de resolución en el expediente laboral, por lo que se transgredió en su perjuicio la garantía individual prevista en el artículo 17 constitucional que en su parte conducente establece: ‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.’; omisión de la autoridad responsable que se traduce en una violación a dicha garantía constitucional, por incumplimiento al plazo establecido para emitir el proyecto de resolución respectivo, y, consecuentemente, el laudo que pone fin al juicio.-A mayor abundamiento, la Junta responsable para dictar el acto reclamado, se sustentó en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, que en la parte que aquí interesa, establece: ‘Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo.’, de donde se desprende que a partir del cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y siete, al turnarse los autos a proyecto de resolución, el auxiliar jurídico (representante de gobierno), integrante de la Junta durante la tramitación del juicio, tuvo la obligación de formular por escrito dicho proyecto de laudo, dentro del término de diez días siguientes, sin que de autos aparezca constancia alguna que evidencie que se haya cumplido con tal determinación, máxime que en la especie el artículo 771 de la ley laboral, impone la obligación a los auxiliares de las Juntas, de cuidar, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios no queden inactivos y provean lo que conforme a derecho proceda hasta dictar el laudo correspondiente.-Cabe citar en apoyo de lo aquí concluido, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/95, pues en ella se precisa que es violatoria de garantías la omisión de la autoridad responsable, de dictar el laudo en el procedimiento que se encuentre en estado de resolución, habiendo transcurrido el plazo establecido en la ley para fallar; de ello necesariamente se advierte, que el acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, cuyas sentencias al ser recurridas dieron lugar a las tesis que establecieron la contradicción, consistió en la omisión de la Junta de dictar laudo, y por ende es procedente tener como acto reclamado tales omisiones.-La citada tesis es del tenor literal siguiente: ‘LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO.-Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 7/97, de rubro: «PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO, DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.», la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo.’; por lo que es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que cumpla con lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el cual señala un término de diez días para dictar el proyecto de resolución en forma de laudo."
TERCERO.-Al resolver el amparo en revisión número RT-105/98, promovido por José Guadalupe Avilés Martínez, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, mediante ejecutoria dictada el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho, sustentó el siguiente criterio:
"PRIMERO.-Las estimaciones de la determinación atacada, son del tenor literal subsecuente: ‘PRIMERO.-No es cierto el acto reclamado de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en la abstención de dictar proyecto de laudo.-SEGUNDO.-El artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo, dispone: (se itera).-En la especie se actualiza la causa que para sobreseer establece el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dice: (se reproduce).-Lo anterior es así, en atención a que el solicitante de amparo le atribuye a la Junta del conocimiento la omisión de dictar proyecto de resolución, sin embargo de los artículos 885 y 886 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que quien está encargado de formular el proyecto es el auxiliar y no la Junta.-En efecto los citados artículos en la parte que interesa disponen: «... ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo ...», «Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a cada uno de los miembros de la Junta.».-De lo anteriormente apuntado queda evidenciado que el acto reclamado de la Junta responsable no existe; por tal motivo, procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo.-Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo se resuelve: ÚNICO.-Se sobresee en el juicio, de amparo. Notifíquese.’.-SEGUNDO.-Se expresan las subsecuentes insatisfacciones: ‘Preceptos violados. Se violan por indebida aplicación el artículo 73, fracción V y 74 fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 en su segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Concepto del agravio. Según los artículos 73, fracción V y 74, fracción III de la Ley de Amparo respectivamente: (se trasladan).-En el presente juicio, el acuerdo impugnado, se hizo consistir en el hecho de que al suscrito, la autoridad responsable viola los artículos 886, 887, 888 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, ya que en el juicio laboral de donde emana el acuerdo impugnado, se ordenó cerrar la instrucción y turnar los autos a proyecto de resolución, ahora bien la autoridad de amparo considera que éste no es un acto «de afecto» los intereses jurídicos del suscrito.-Ahora bien el Juez de amparo al analizar la procedencia de la demanda de garantías considera que el acto impugnado se encuentra dentro «las» hipótesis a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Amparo, en especial en su fracción V, ya que erróneamente apunta que el mismo no es un acto de imposible reparación siendo esto totalmente falso ya que la autoridad laboral, violó al suscrito los preceptos legales referidos, toda vez de que aun y a pesar de que existe prueba fehaciente de la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez de amparo considera que los preceptos de violación hechos valer por el suscrito resultan infundados, y que los mismos no son actos que afecten los intereses jurídicos de mi parte, siendo que el acto realizado por dicha autoridad responsable y ahora por el Juez de amparo, violan flagrantemente en contra del suscrito las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, dichas violaciones derivadas del incumplimiento a los preceptos señalados de la ley federal de amparo.-Y toda vez de que al suscrito le fueron violadas sus garantías por el incumplimiento a dichos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, ya que la autoridad responsable omite dictar el proyecto de resolución del juicio laboral de donde emana el acto reclamado, y como consecuencia al no dictar dicho proyecto dentro del término señalado por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, viola las garantías individuales del suscrito ya que como lo manifesté en el juicio de amparo promovido, la autoridad responsable al llegar a preguntar por el proyecto de laudo de mi juicio laboral me manifestó que regresara en cuatro o seis meses, situación ésta violatoria a todas luces de las garantías individuales del suscrito, y como consecuencia a su incumplimiento a dicho precepto legal, viola los restantes artículos citados de la Ley Federal del Trabajo, situación que pasa por alto el Juez de amparo, ya que el mismo considera que no es un acto que afecte los intereses del suscrito, siendo esto totalmente erróneo ya que si la autoridad responsable omite dictar el proyecto de resolución en el término señalado para tal caso, es menester que con esto retrasa el hecho de que el suscrito no cuente con medios económicos para su subsistencia y sobre todo carezco de servicio médico, ya que dada la situación actual y sin trabajo resulta imposible que me atienda en algún hospital por la simple y sencilla razón de carecer de trabajo que me remunere económicamente lo necesario para cubrir dicha necesidad. Y siendo que di
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5663-1ec48bd6/laudo-si-en-el-amparo-se-demanda-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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