TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO PUEDE PLANTEARSE UN PROBLEMA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, YA QUE EN ESTE SUPUESTO ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO PUEDE SURGIR UN PROBLEMA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN DE LEY CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, YA QUE EN ESTE SUPUESTO ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL CONFORME A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/98. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO. En la ejecutoria dictada el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo número DT. 1085/92 (108), se lee:
"RESULTANDO: PRIMERO. De las constancias del juicio laboral de donde proviene el acto reclamado, se desprende lo siguiente: Por escrito presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el día veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, Alberto Rodríguez Jacob por su propio derecho, demandó del secretario de Salud, contralor interno de esa secretaría y jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de San Luis Potosí: A) La reinstalación en la plaza de médico M, clave 12007149100.OP3415000023, adscrito a la Jefatura de Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de San Luis Potosí; B) El pago de salarios caídos; C) El reconocimiento que conforme a derecho me corresponda en relación con todas las modificaciones que se susciten en la plaza de referencia, incluyéndose en esta prestación las reestructuraciones, ajustes, movimientos escalafonarios, aumentos de sueldo, pago de aguinaldo, etc., así como el pago de vacaciones correspondientes, durante el tiempo que tarde la resolución del presente conflicto; D) El pago de las prestaciones que en lo futuro adquieran los demás empleados con igual categoría. Como hechos fundatorios de su demanda expresó en síntesis lo siguiente: 1 y 2. Que ingresó a prestar sus servicios el primero de mayo de mil novecientos setenta y nueve, y debido a las modificaciones de clave que hicieron a la plaza asignada, fue hasta el treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, cuando ocupó el cargo del cual pide su reinstalación; 3 y 4. Que al resultar electo para ocupar la Secretaría de Educación Sindical, Capacitación Administrativa, Estadística y Planeación, obtuvo una licencia con goce de sueldo en los términos de los artículos 43, fracción VIII, inciso a) de la ley burocrática y 114 de las condiciones generales de trabajo; 5 y 6. Que con motivo de sus actividades sindicales, el doctor Alfredo Villalobos Rodas, jefe de Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de San Luis Potosí, le encomendó diversas comisiones de carácter oficial, proporcionándole viáticos y vales para gasolina; 7. Que en septiembre de mil novecientos ochenta y seis recibió un citatorio firmado por el licenciado Rafael Domínguez Morfín, director de Responsabilidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, mediante el cual le informaba que debía comparecer el nueve de ese mes y año a una audiencia prevista en el precepto 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el expediente 94/86, dado que había incurrido en irregularidades, consistentes en recibir las cantidades de doscientos veinticuatro mil pesos por concepto de viáticos y cuarenta y nueve mil setecientos veinticinco pesos por gasolina, no obstante que estaba desempeñando funciones sindicales; 8. Que un día anterior a la celebración de esa diligencia, se llevó a cabo una reunión en donde estuvieron presentes diversos directivos de la Secretaría de Salud y de la organización sindical a fin de tratar diversos problemas laborales, así como el procedimiento seguido en su contra, habiéndose acordado que aquéllos se entrevistarían con el contralor y el director general; agregó que a su regreso le informaron que los cargos no procedían pero que de todas maneras se llevaría a cabo la audiencia; sólo que ésta no se efectuó, porque quien la iba a instrumentar, se vio obligado a salir a la Ciudad de México, Distrito Federal; 9 y 10. Que en enero de mil novecientos ochenta y siete recibió un nuevo comunicado para que se presentara el diez de febrero de ese año, dado que le estaban atribuyendo los mismos cargos, asentándose en la diligencia hechos falsos; 11 y 12. Que el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete fue citado a las oficinas del Departamento Jurídico de Servicios Coordinados en donde le notificaron la resolución de ese mismo día, en cuyo punto resolutivo primero le imponían como sanción la destitución en el empleo; adujo que ante su inconformidad interpuso el recurso de revocación previsto en el numeral 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo que resuelto el veintidós de julio de mil novecientos ochenta y ocho, confirmó la resolución recurrida; 13. Que fue suspendido el pago de sueldos a partir del mes de marzo de mil novecientos ochenta y siete, aun cuando hizo valer el mencionado recurso. SEGUNDO. El secretario de Salud al emitir su contestación, adujo que el actor carecía de acción y de derecho para reclamar todas y cada una de las prestaciones, ya que fue destituido justificadamente de su empleo por haber incurrido en faltas de probidad y honradez, acorde con lo dispuesto en los numerales 44 y 46, fracción V, inciso a), de la ley burocrática y la determinación de la contraloría interna dentro del expediente 94/86, el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete; opuso la excepción de prescripción en los términos del artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que según dijo, la separación ocurrió el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete y la demanda la presentó hasta el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, transcurriendo en exceso el periodo previsto en ese numeral. Respecto a los hechos los contestó de la siguiente manera: 1 y 2. Los admitió, sólo señaló que aquél no tenía derecho a la reinstalación porque el despido fue justificado; 3 y 4. Indicó que no eran hechos propios, pero que las manifestaciones aquí vertidas, venían a corroborar las causales en las que incurrió; 5 y 6. Los negó por ser ajenos; 7. Lo admitió; 8. Aceptó que el nueve de septiembre de mil novecientos ochenta y seis, se iba a efectuar la audiencia, misma que se pospuso para el diez de febrero de mil novecientos ochenta y siete; 9 y 10. Reconoció que lo citó a la investigación, pero dijo que ésta la llevó a cabo siguiendo los lineamientos previstos en la ley; 11 y 12. Los admitió, señalando que esto corrobora la prescripción opuesta; 13. Lo negó, pues dijo que no estaba obligado a pagar sueldos ante la destitución justificada. El jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de San Luis Potosí, emitió su contestación en los mismos términos que el titular de esa secretaría y opuso la excepción de prescripción conforme al precepto 113, fracción II, inciso a) de la ley burocrática. El oficial mayor de la Secretaría de Salud adujo que conforme al artículo 7o. del reglamento interior de esa dependencia, está facultado para atender y recibir quejas y denuncias de los servidores públicos a través de la Unidad de Contraloría Interna y con ese carácter da contestación al ocurso; negó la procedencia de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, así como los hechos narrados, ya que según dijo, jamás existió relación laboral entre el activo y el titular de la Contraloría Interna al no darse los supuestos de los artículos 1o., 2o. y 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Al celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, el demandante manifestó: que al promover la revocación conforme a los artículos 71 y 72 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no puede operar la prescripción, dado que la resolución que confirmó la sentencia de destitución, fue notificada el veintidós de julio de mil novecientos ochenta y ocho y así lo hizo valer en sus hechos, sin que esto se hubiera controvertido; las partes ratificaron sus respectivos escritos de demanda y contestación e hicieron las objeciones que estimaron pertinentes a los elementos aportados. TERCERO. Seguido el juicio por los trámites correspondientes, la Sala señalada como responsable dictó el laudo que ahora se impugna, cuya parte considerativa y puntos resolutivos a continuación se transcriben: (Se reproducen las consideraciones). ‘Por lo anterior es de resolverse y se: resuelve: PRIMERO. El actor no acreditó la procedencia de su acción y los demandados justificaron sus excepciones, en consecuencia. SEGUNDO. Se absuelve a los demandados CC. Secretario de Salud, jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública en el Estado de San Luis Potosí y contralor interno de la Secretaría de Salud de todas y cada una de las reclamaciones formuladas por el actor C. Alberto Rodríguez Jacob en este juicio. TERCERO. Notifíquese personalmente. Cúmplase.’. CUARTO. Inconforme el activo con el citado fallo, mediante escrito presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el día nueve de septiembre de mil novecientos noventa y uno, promovió juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo en turno, correspondiéndole su conocimiento a este órgano jurisdiccional, el que admitió la demanda ... CONSIDERANDO: PRIMERO. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el informe rendido por la autoridad responsable y con las constancias originales enviadas para justificarlo. SEGUNDO. El quejoso expresa los siguientes motivos de inconformidad: (Se reproducen). TERCERO. Son esencialmente fundados los anteriores motivos de inconformidad, por las siguientes razones: Del considerando tercero del laudo impugnado se colige que la Sala, previamente al estudio del fondo del asunto, analizó la excepción de prescripción opuesta por el titular de la Secretaría de Salud y el jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública, misma que declaró procedente, ya que según dijo, el propio actor reconoció, tanto en su demanda, como en la confesional a su cargo, que el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete, le fue notificada la destitución del empleo, y que al haber presentado el ocurso hasta el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, transcurrió el término de cuatro meses previsto en el numeral 113, fracción II, inciso a), de la ley burocrática. Ahora bien, al hacer el estudio de las constancias de autos, se llega a la conclusión de que la citada autoridad, infringió en perjuicio del quejoso el artículo 137 del ordenamiento mencionado, porque si bien es verdad que el activo reconoció en los hechos marcados con los números 11 y 12, que el diez de marzo de mil novecientos ochenta y siete, tuvo conocimiento de la resolución en la cual lo destituían del empleo, también lo es que señaló, que se inconformó con ella, interponiendo el recurso de revocación previsto en el artículo 71 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo que fue resuelto el veintidós de julio de mil novecientos ochenta y ocho; por tanto, es obvio que la Sala debió tener como punto de partida para el término prescriptivo esta última fecha, dado que la sanción impuesta no estaba firme, si se toma en cuenta que los numerales 53, fracción IV, 71 y 72 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establecen en esencia: Que las sanciones por faltas administrativas consistirán en la destitución del empleo; que los sujetos sancionados podrán impugnar esas medidas administrativas ante la propia autoridad mediante el recurso de revocación, que la interposición de éste suspende la resolución recurrida cuando lo solicite el promovente y se admita el recurso; consecuentemente, al haber optado el ahora quejoso por este medio de impugnación, la sentencia emitida por el contralor interno de la Secretaría de Salud, no podía ejecutarse por mandato de esa ley y cabía la posibilidad de que se dejara sin efectos; por ende, al confirmarse la resolución en donde se ordenó la destitución, era en ese momento cuando el actor podía ejercitar su acción y no antes, de ahí que como se dijo, el término prescriptivo empezó a correr el veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y ocho, y si el activo presentó su ocurso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el veintiuno de noviembre de ese año, según sello fechador que aparece a foja 1, es claro que aún no transcurría el lapso de cuatro meses a que alude el numeral 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de ahí que al estimar la Sala lo contrario, infringió en perjuicio del quejoso las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales. Por consiguiente, al resultar esencialmente fundados los anteriores conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la responsable, dejando insubsistente el laudo impugnado, dicte uno nuevo en el que declare improcedente la excepción de prescripción opuesta por los codemandados, a la luz de las pruebas aportadas entre al fondo del asunto y resuelva con plenitud de jurisdicción lo que legalmente proceda."
El criterio anterior dio lugar a la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, septiembre de 1992, página 324, que establece:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, EL TÉRMINO DE, HABIÉNDOSE INTERPUESTO EL RECURSO DE REVOCACIÓN. Si la Sala responsable, no obstante que el quejoso de conformidad con el artículo 71, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, interpuso recurso de revocación contra su destitución en el empleo, decreta que ha transcurrido el término extintorio que contempla el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y por lo mismo que operó la prescripción de la acción intentada, incuestionablemente que ha conculcado en perjuicio del peticionario las garantías que contemplan los artículos 14 y 16 constitucionales, pues válidamente interpuso el requerimiento de mérito, por lo que el despido no había causado estado, y porque esencialmente de los numerales 53 fracción IV, el invocado 71 y el 72 de la legislación de responsabilidades de referencia, se aprecia que el decurso extintorio se inicia precisamente desde la data de la resolución del medio defensivo aludido."
TERCERO. En la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el amparo directo DT. 5447/95 el quince de junio de mil novecientos noventa y cinco, se consigna:
"RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, ante la autoridad responsable, Elvia Patricia Rodríguez Razo demandó del secretario de Salud, el pago y cumplimiento de las siguientes prestaciones. ‘A) La reinstalación en la plaza de base de médico especialista anestesiólogo con adscripción al Hospital General de Celaya, Gto., en los mismos términos y condiciones de horario y funciones, en virtud del despido injustificado del cual fui objeto, o en alguna otra plaza homóloga o equivalente a la que reclamo, ya que la contraria por medio de su representación en el Estado de Guanajuato se abstuvo de cumplir con los requisitos de procedibilidad que marca el artículo 46 bis de la ley de la materia para haberme cesado injustificadamente, como lo acreditaré en su momento. B) El pago de los salarios caídos que se generen a partir del 5 de abril de 1994, fecha en la cual la demandada me comunicó un oficio en el cual sin causa justificada determina separarme y despedirme de mi puesto de médico especialista anestesiólogo, solicitando todos los salarios caídos que se generen durante la tramitación y duración del presente juicio, hasta su total conclusión, debiéndose incluir los aumentos e incrementos salariales que se lleguen a registrar en dicha plaza, también aquellas prestaciones que con derecho a la ley se lleguen a otorgar. C) El pago de aguinaldo y prima vacacional por el año de 1994, y las que se lleguen a generar por el tiempo que dure el presente juicio, en virtud de que no es causa imputable a la suscrita el haber dejado de laborar para la demandada, siendo que el único responsable del despido injustificado lo es el titular y en caso de que declare procedente la reinstalación, es obvio que también se condene a los aguinaldos, primas vacacionales que se lleguen a generar a futuro como si nunca se hubiera interrumpido la relación laboral. D) La declaración en el que condenen al titular demandado a otorgar a la suscrita el beneficio del disfrute y goce de los periodos vacacionales de 10 días cada uno al año de 1994 y los que se generen en un futuro, en virtud de que es un derecho irrenunciable y la causa imputable de la relación laboral es del demandado, esto una vez de que sea reinstalada, por virtud del despido injustificado.’. Fundó su demanda en los siguientes hechos: ‘1. Con fecha 1o. de septiembre de 1992 ingresé a prestar mis servicios para la Secretaría de Salud, la cual me asignó funciones a su filial en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, con adscripción específica en la Clínica de Dolor, cabe destacar que el puesto que se me otorgó fue el de médico especialista anestesiólogo, como lo acredito, incluso con el oficio de fecha 6 de noviembre de 1992 elaborado por el Dr. Francisco González Bravo, director del Hospital General de Celaya, Gto., acreditando con ello mi lugar de adscripción, y de igual forma la relación laboral, lo anterior queda confirmado además con una acta administrativa que por accidente de trabajo se me levantó el 23 de noviembre de 1993 en el citado nosocomio al estar desempeñando mis funciones de médico especialista anestesiólogo. 2. Es de señalarse que la demandada me encomendó mis funciones inherentes a mi plaza, las cuales siempre desempeñé con honestidad, honradez y eficiencia, incluso al ver la necesidad prioritaria de prestar un mejor servicio en la Clínica de Dolor, propuse a la demandada por conducto de la Dra. Irma Guadalupe Jiménez Montoya se creará el Programa de Alivio de Dolor por Cáncer, la cual se negó, en virtud de que para ella no era importante, demostrándose recelo de dicha funcionaria hacia mi persona por las ideas innovadoras que expuse, deseo agregar también que la demandada en forma permanente me cubría un sueldo quincenal sobre la clave y puesto de médico especialista anestesiólogo, siendo el último sueldo percibido el de la última quincena de marzo de 1994, por la cantidad de N$1,023.21, de los cuales se me hacía un descuento bajo el concepto 58 por la cantidad de N$18.18 que se refiere a cuota sindical, esto es que la plaza que ocupaba para con la demandada era y es considerada como de base. 3. A pesar del buen comportamiento de la suscrita para el hospital y para el demandado, éste por conducto de la Dra. Irma Guadalupe Jiménez Montoya, directora del Hospital General de Celaya, el día 5 de abril de 1994, me hizo entrega en forma personal del oficio fechado anteriormente el 28 de marzo del mismo año, en el cual me comunica que por disposición de la Contraloría Federal de la República a partir del 1o. de abril del mismo año supuestamente la persona que ocupaba, o más bien de la que tenía su plaza iba a regresar a la misma y que por tal mi contrato laboral con la Secretaría de Salud en ese hospital quedaba cancelado, agradeciendo la labor desempeñada y la disposición demostrada hacia dicha secretaría; en la misma fecha del día 5 de abril mencionado, le solicité a la citada doctora el porqué no se me había comunicado antes, y además de que a la suscrita cuando se le otorgó la plaza estaba reservada, situación que en un momento dado no es imputable a la suscrita y principalmente que el referido oficio no implica ni se invoca ninguna de las causales a que alude el artículo 46 fracción V de la ley de la materia, al haber acreditado que la plaza es de base y también la fecha de la baja que física y materialmente fue a partir del 5 de abril de 1994, debe declararse que el titular demandado se abstuvo de cumplir con los requisitos que marca el artículo 46 bis de la ley de la materia, de instrumentarme acta administrativa y de citarme para declarar en mi defensa, por ello al no haber dado cumplimiento a tales requisitos se debe de considerar que el despido fue injustificado. 4. Quiero señalar que ante el cese injustificado, la suscrita todavía de buena fe intentó extrajudicialmente resolver mi situación laboral, por ello con fecha 18 de mayo de 1994 dirigí un oficio a la Dra. Martha Esquivel Arrona, funcionaria pública dependiente de la Secretaría de Salud en representación en el Estado de Guanajuato, en el cual solicito que se me reinstale en mi plaza o que se me otorgue otra equivalente u homóloga; en contestación con fecha 23 de junio de 1994 me comunica que no es posible, en virtud de que supuestamente la plaza que reclamo ya fue ocupada y que no hay plazas vacantes; vuelvo a señalar que jamás se me comunicó por escrito que la plaza otorgada fuera por interinato o temporal, por otra parte la misma funcionaria se contradice, ya que por un oficio anterior de fecha 25 de abril de 1994 emitido por la Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón de la Secretaría de Salud, comunica a todo el personal de base que se encontraban desiertas y que había varias plazas vacantes definitivas, incluyendo dentro de las mismas la plaza de médico especialista anestesiólogo con adscripción al Hospital de Celaya, precisamente a donde se me dio de baja, esto demuestra que la citada titular de la plaza en que se me despidió no la ocupó, también que sí existían plazas disponibles para que se me reinstalara, demostrándose el dolo y mala fe de la dependencia demandada, y al ver la negativa de la institución para resolver mi problema me veo en la necesidad de acudir ante este H. Tribunal para que se condene a todas y cada una de las prestaciones a que tengo derecho, aclarando que al momento en que me despidió la institución se abstuvo de cubrirme prima vacacional y salario, así como aguinaldo de 1994 y los que se lleguen a generar en un futuro.’. SEGUNDO. El secretario de Salud por conducto de su apoderado, dio contestación a la demanda laboral en los siguientes términos: ‘Que por medio del presente escrito y con la personalidad con que me ostento vengo a contestar la demanda promovida por la C. Elvia Patricia Rodríguez Razo, negándola en todas y cada una de sus partes en virtud de que carece de acción y de derecho para reclamar el cumplimiento de las prestaciones que reclama, ya que fue dada de baja en forma justificada y sin responsabilidad para esta Secretaría de Salud, porque era una trabajadora provisional, ya que ocupaba la plaza reservada para otra trabajadora, la cual regresó a su puesto y por tanto dicha actora fue dada de baja sin responsabilidad para esta Secretaría de Salud y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Pero antes, con el carácter de previo y especial pronunciamiento me permito oponer la excepción de prescripción correspondiente, en virtud de que a la hoy actora le transcurrió en exceso el término de prescripción de cuatro meses establecido por el artículo 113 fracción II inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tomando en cuenta que conforme al oficio de baja que se exhibe como prueba y con el cual se le notificó su cese, lo recibió personalmente el día 5 de abril de 1994 firmado de recibido de puño y letra en dicha fecha, lo cual también admitió expresamente en el hecho número 3 de su escrito inicial de demanda, en donde la demandante acepta que el 5 de abril de 1994 se le hizo entrega en forma personal del oficio fechado el 28 de marzo del mismo año, por el que se le comunicó que a partir del 1o. de abril del mismo año se le daba de baja por los motivos que se expresaron en dicho oficio. Y a mayor abundamiento, la propia actora dirigió un escrito fechado el 18 de mayo del año en curso a la C. Dra. Martha Esquivel Arrona, inconformándose por su cese, y reconociendo expresamente que el 5 de abril de 1994 había sido notificada por escrito y personalmente de su baja como trabajadora de esta Secretaría de Salud. En concordancia con lo anterior, si consideramos que la hoy actora presentó el escrito de demanda que se contesta hasta el día 12 de agosto del año en curso según consta en el sello checador del reloj de oficialía de partes de ese H. Tribunal, en consecuencia a la hoy actora le transcurrió en exceso el término de prescripción de cuatro meses para presentar dicha demanda que establece el artículo 113 fracción II inciso a) de la ley burocrática, lo cual así deberá considerar esa H. Sala, dictando laudo absolutorio favorable a los intereses de la Secretaría de Salud que represento. Hechos: 1. El hecho que se contesta es cierto, aclarándose que la hoy actora ingresó a laborar como trabajadora provisional, habiendo sido dada de baja con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la ley burocrática, además de que la acción que ejerce la actora se encuentra totalmente prescrita, tal como se ha hecho valer en los apartados que anteceden. 2. El hecho que se contesta se niega en los términos que lo hace valer la actora, ya que lo cierto es que durante el tiempo que laboró para mi representada fue tratada en su carácter de trabajadora de esta Secretaría de Salud, a pesar de que era una trabajadora provisional en los términos antes apuntados. 3. El hecho que se contesta es cierto, haciéndose notar a esa H. Sala que la propia actora admite que ostentaba un cargo como trabajadora provisional, ya que ocupaba la plaza que había reservado otra trabajadora, y por lo tanto fue dada de baja justificadamente. En este orden de ideas, se hace propia la confesión expresa de la actora en el sentido de que el día 5 de abril de 1994 se le entregó en forma personal el oficio fechado el 28 de marzo del mismo año, por el cual se le comunicó su cese, ya que dicha confesión viene a confirmar la excepción de prescripción que se ha hecho valer, porque habiendo sido notificada la actora personalmente de su baja el día 5 de abril de este año, como expresamente lo acepta en el hecho que se contesta, y habiendo presentado la demanda que nos ocupa hasta el día 12 de agosto de este año, según consta del sello del reloj checador de ese H. Tribunal, en consecuencia la acción que ejerce la actora se encuentra totalmente prescrita por haberle transcurrido en exceso el término de cuatro meses establecido por el artículo 113 fracción II inciso a) de la ley burocrática, lo cual así deberá reconocer esa H. Sala dictando laudo absolutorio favorable a los intereses de la Secretaría de Salud que represento. 4. El hecho que se contesta es cierto, pero se solicita a esa H. Sala que no lo tome en cuenta al dictar la resolución correspondiente porque resulta totalmente ajeno a la litis planteada, no obstante lo cual se hace propio lo manifestado por la actora en el escrito que señala en el hecho que se contesta fechado el 18 de mayo de este año y que ofreció como prueba en el inciso d) de su capítulo de pruebas, ya que como se ve en dicho escrito, admite expresamente que el 5 de abril de 1994 fue notificada personalmente de su cese a través del oficio de baja que recibió, lo cual deberá ser tomado en cuenta al resolver la excepción de prescripción que se ha planteado en esta contestación.’. Como excepciones y defensas opuso las siguientes: ‘I. Prescripción. Esta excepción se hace valer en el sentido de que a la actora le transcurrió en exceso el término de prescripción de cuatro meses para presentar la demanda que se contesta, término que establece el artículo 113 fracción II inciso a) de la ley burocrática, ya que como se demuestra con las pruebas que se ofrecen, a la hoy actora le transcurrió en exceso dicho término, considerando que fue notificada personalmente de su baja el 5 de abril de este año y presentó la demanda que se contesta hasta el día 12 de agosto, también de este año, como se desprende del sello del reloj checador de oficialía de partes de ese H. Tribunal, lo cual así deberá ser reconocido por esa H. Sala dictando laudo absolutorio favorable a los intereses de mi mandante, máxime que no se estableció en ninguno de los supuestos que interrumpen la prescripción y que establece el artículo 116 de dicha ley burocrática. II. Justificación del cese. Esta excepción se opone sin reconocer ninguna acción ni derecho para demandar a mi representada, porque la acción que ejerce se encuentra prescrita, y se opone en forma cautelar, en el sentido de que la actora fue despedida justificadamente porque era una trabajadora de carácter provisional en términos de lo dispuesto por el artículo 46 fracción II de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. III. Falta de acción y de derecho. Esta excepción tiene íntima relación con las que anteceden, toda vez que si la acción que ejerce la actora en la demanda que por este medio se contesta se encuentra totalmente prescrita, tal como se ha hecho valer dentro de todo el contenido de esta contestación, en consecuencia la actora carece de acción y de derecho para reclamar el cumplimiento de las prestaciones que demanda.’. TERCERO. Seguido el juicio laboral por todos sus trámites legales, la Junta responsable con fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco dictó el laudo que se combate por esta vía, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: ‘PRIMERO. La actora acreditó parcialmente su acción y derecho; el titular demandado justificó parcialmente sus excepciones y defensas, consecuentemente. SEGUNDO. Se absuelve al C. Secretario de Salud de reinstalar a la C. Patricia Elvia Rodríguez Razo, del pago de los salarios caídos, de los incrementos salariales, de la prima vacacional y del otorgamiento de las vacaciones, prestaciones reclamadas con los incisos a), b), c), y d) de ese escrito inicial de demanda y por las razones expuestas en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5511-30ef7899/trabajadores-al-servicio-del-estado-es-improcedente-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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