TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco, al resolver por mayoría de votos el juicio de amparo directo 6663/95, promovido por el procurador general de la República, estimó en lo conducente, lo que sigue:
"TERCERO.-Son en una parte inatendibles y en otra sustancialmente fundados los conceptos de violación.-Por otra parte son sustancialmente fundados los conceptos de violación segundo, tercero y cuarto, que aduce el titular quejoso, al expresar que el laudo reclamado es ilegal, porque la Sala pasó por alto los artículos 123 constitucional, apartado B y 2o. y 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como que al actor nunca se le expidió nombramiento que lo acreditara como trabajador de la Procuraduría General de la República y por ende que no existió relación de trabajo, habiendo hecho un incorrecto estudio de las pruebas aportadas por las partes.-En efecto, consta en el expediente laboral que el actor afirmó en su demanda (fojas dos y tres) que desde el primero de julio de mil novecientos ochenta y ocho ingresó a prestar sus servicios para la Procuraduría General de la República con la categoría de perito médico adscrito a la Agencia del Ministerio Público Federal de Saltillo, Coahuila y que el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, la delegada estatal de la citada dependencia le había cesado injustificadamente en sus funciones, por el motivo de que el veinticuatro de mayo de ese mismo año se había visto involucrado en un conflicto en el cual se había iniciado una averiguación previa penal en su contra, ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Ramos Arizpe, Coahuila.-El procurador general de la República al contestar la demanda negó la existencia de la relación de trabajo con el actor, expresando que nunca se le expidió ningún nombramiento como trabajador de dicha dependencia y que si bien era cierto que mediante oficio de cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, la delegada estatal en Coahuila había propuesto al demandante para que ocupara la plaza de perito médico en la Agencia del Ministerio Público Federal en Saltillo, cierto era también que por oficio número 1035 de veintiséis de mayo del mismo año, la citada delegada solicitó al director general de Servicios Periciales dejara sin efecto la propuesta hecha, en virtud de que el propuesto se había visto involucrado en la indagatoria número S-7-117/94 instaurada en su contra y de otra persona, por el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Ramos Arizpe, Coahuila.-La Sala en el laudo reclamado condenó al procurador general de la República a reinstalar al actor, así como al pago de salarios vencidos y de los salarios devengados por un año anterior a la presentación de la demanda.-Ahora bien, la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó las tesis publicadas respectivamente en las páginas setecientos cincuenta y setecientos ochenta y ocho del Tomo de Precedentes pronunciados por ese Alto Tribunal durante los años de mil novecientos sesenta y nueve a mil novecientos ochenta y seis que dicen: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CARÁCTER DE LOS.-Para ser trabajador al servicio del Estado se requiere, como condición específica, que se le haya expedido nombramiento o que figure en las listas de raya de trabajadores temporales, y por ende no puede darse el caso de que se presuma la existencia de relación jurídica de trabajo entre el titular de una dependencia y un particular, por el solo hecho de la prestación de un servicio mediante contrato de naturaleza distinta y, por tanto, no puede aplicarse en forma supletoria el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo.’ y ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA PRESUMIR EL CARÁCTER DE LOS.-No es procedente aplicar supletoriamente el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo para presumir la existencia de la relación jurídica de trabajo entre el titular de una dependencia y un particular, por el hecho de que algún trabajador del Estado, de cualquier categoría, requiera de dicho particular la prestación de un servicio, porque conforme al artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para tener este carácter es requisito indispensable que se haya expedido nombramiento al interesado o que figure en listas de raya como trabajador eventual, además de que todo empleo de esa índole está sujeto al presupuesto de egresos correspondiente.’.-Establecido lo anterior, debe decirse que las pruebas aportadas al juicio por el demandante, consistentes en la certificación extendida por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Saltillo, Coahuila, así como de los diversos documentos de fechas veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, veintitrés de abril de mil novecientos noventa y uno, ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres, tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro y veintiséis de mayo de este mismo año, la responsable les otorgó pleno valor probatorio en el laudo reclamado para tener por acreditada la relación laboral entre el actor y demandado, lo cual resulta ilegal, pues, como alega el inconforme, al adoptar tal determinación, la autoridad responsable pasó por alto lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, conforme al cual sólo se es trabajador al servicio del Estado si se tiene el nombramiento respectivo o si se figura en las listas de raya de los trabajadores temporales y ninguno de estos supuestos quedó acreditado con las documentales a que aludió la responsable; en cambio, como también alega el procurador general de la República, con las documentales que él aportó (fojas sesenta y tres a sesenta y seis), consistentes en el oficio de fecha cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro y veintiséis de mayo del mismo año, acreditó que la delegada estatal en Coahuila propuso al demandante para ocupar la plaza de perito médico en la Agencia del Ministerio Público Federal en Saltillo y que la misma delegada solicitó al director general de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, dejara sin efecto la propuesta hecha en favor del actor, en virtud de haberse visto involucrado en la indagatoria número S-7-117/94 instaurada en su contra y de otra persona, por el agente del Ministerio Público del Fuero Común de Ramos Arizpe, Coahuila; o sea que acreditó que nunca se le otorgó nombramiento al demandante, lo cual se corrobora con la confesión ficta (foja ciento cuarenta y cuatro) de Álvaro Jesús Polanco González a las siguientes posiciones: ‘1. Que usted fue propuesto como perito médico, por oficio 558 del cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por la delegada estatal de Coahuila a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y cuatro.-2. Que a usted se le instauró la averiguación previa S-7-117/94 ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público en Ramos Arizpe, Coahuila, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, por los delitos de amenazas, allanamiento de morada, daño en propiedad ajena y lo que resulte cometido en agravio del C. Pablo Duarte de Alejandro el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.-3. Que por el motivo arriba señalado, la delegada estatal de Coahuila, a través del oficio 1035, el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, solicita al director general de Servicios Periciales el retiro de la propuesta como perito médico de esta institución.-4. Que usted tiene conocimiento que el C. procurador general de la República, se abstuvo de otorgarle nombramiento alguno, que lo acreditara como trabajador de esta dependencia.’.-En mérito de lo antes expuesto y toda vez que el laudo reclamado es violatorio de las garantías individuales del quejoso, lo procedente es otorgar al procurador general de la República el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala lo deje insubsistente y en su lugar dicte otro, en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, resuelva la controversia como en derecho corresponda."
TERCERO.-El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, al resolver por unanimidad de votos el juicio de amparo directo número 9367/88, promovido por el Instituto Nacional del Consumidor, consideró en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO.-Son en parte inatendibles, en otra parte fundados, pero inoperantes y en un tercer aspecto infundados los conceptos de violación que se expresan en el amparo.-Le asiste la razón a la inconforme al alegar que el tribunal del conocimiento establece una analogía indebida entre el trabajo burocrático y el reglamentado por la Ley Federal del Trabajo, pues por las características y fines especiales del Estado en su función de patrón, no se puede equiparar su situación a la de los demás patrones, ni aplicarse mecánicamente las mismas soluciones previstas por la ley laboral a la prestación de servicios personales; por lo que resulta ilegal tanto la estimación con que se abre el estudio de la litis al establecer (167), sin mayor consideración, que al patrón que niega la existencia de la relación laboral y afirma que el servicio fue de otra naturaleza, le corresponde acreditar su afirmación, como la determinación que estimó de aplicación supletoria al caso los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo y la actualización de la presunción de la relación laboral derivada de esos dispositivos. No obstante lo anterior, los conceptos de violación respectivos devienen inoperantes, por lo siguiente.-Es cierto que en el trabajo burocrático la calidad de trabajador se adquiere por la expedición de un nombramiento o bien por inclusión en las listas de raya de trabajadores temporales, según texto del artículo tercero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que no puede ser presumible la relación laboral en los términos de los artículos veinte y veintiuno de la Ley Federal del Trabajo que, además, no pueden tener aplicación supletoria al caso por no estar contemplada en la ley burocrática la figura jurídica de la presunción de la relación laboral, por lo que no se actualiza la hipótesis a que se refiere su artículo once.-Ahora bien, el hecho de que en el trabajo burocrático la relación de trabajo no sea presumible por requerirse de nombramiento o de la inclusión en listas de raya de trabajadores temporales para que la misma se formalice, ello no significa que quede al arbitrio de las dependencias o entidades estatales el reconocimiento de la calidad de trabajadores de quienes les prestan servicios, ya que tal prevención debe entenderse precisamente sólo como una formalidad que en caso de inobservancia no tiene por qué afectar al trabajador en los derechos que deriven de su prestación del servicio que, aun en contra de la omisión, llega a desarrollarse, pues en todo caso se trata de una deficiencia administrativa de parte de los titulares que deban expedir el nombramiento o de parte de los funcionarios que deban hacer la inclusión en las listas de raya y su falta no puede destruir el hecho objetivo de la prestación del servicio de naturaleza laboral que en todo caso está sujeto a que se pruebe en el juicio; de donde se sigue que no es exacto que para ser trabajador del Estado el servicio deba prestarse por virtud de nombramiento o por figurar en listas de raya de trabajadores temporales toda vez que, se insiste, la omisión no puede ser imputable al trabajador.-En la especie la inconforme alega que la relación jurídica que le ligó con la actora fue de naturaleza civil, por haber celebrado contrato de prestación de servicios profesionales (8) con pago de honorarios (10-14); y si bien es cierto que con el contrato y recibos de pago que obran en autos, así como con la confesional de la actora (156), se acredita que en esos términos fue pactada la contratación y el pago de percepciones, sin embargo esas pruebas son insuficientes para tener por cierto que la relación fuera de una connotación civil, debiendo atenderse en todo caso a la naturaleza de las funciones desarrolladas por el trabajador para determinar el carácter de la relación que ligó a las partes.-La Sala responsable estimó que en el contrato denominado por los celebrantes prestación de servicios profesionales, se contienen en realidad condiciones de trabajo que sujetaban a la prestadora del servicio a una actividad, un horario y un lugar de trabajo determinados y que por existir subordinación en la relación, la misma fue de carácter laboral. Tal determinación es apegada a derecho, pues por los términos en que se pactó la prestación del servicio se advierte que se actualizan los elementos de la relación de trabajo, como lo son el trabajo personal, la subordinación y el pago de una retribución. Se trata de servicios regulares consistentes en proporcionar telefónica o personalmente a los consumidores, la información de precios de productos y artículos diversos (cláusula 1a.), lo cual se realizaría obviamente sobre los lineamientos establecidos por la institución y no al arbitrio de la trabajadora; para su desempeño se fijó el domicilio del instituto en el Distrito Federal o en cualquier otra parte de la República Mexicana (cláusula 4a.) y como horario el establecido para el desarrollo de las labores propias del instituto (cláusula 5a.), fijándose como retribución la cantidad $43,215.00 (cuarenta y tres mil doscientos quince pesos 00/100 M.N.) mensuales (cláusula 2a.).-Al respecto la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en su tesis de jurisprudencia número 222, visible en la página 206 de la Quinta Parte del Apéndice 1985, que: ‘PROFESIONISTAS, CARACTERÍSTICA DE LA RELACIÓN LABORAL TRATÁNDOSE DE.-Si un profesionista presta regularmente sus servicios a una persona mediante una retribución convenida, pero además existe una subordinación consistente en desempeñar el profesionista sus actividades acatando las órdenes de quien solicitó sus servicios, en forma y tiempo señalados por éste, es de concluirse que la relación existente es de naturaleza laboral y no civil, aun cuando en el documento en que se hizo constar el contrato celebrado, se le hubiera denominado a éste «de prestación de servicios».’; y si en la especie se actualizan los elementos de referencia no queda sino concluir, como bien lo hizo la responsable, que la verdadera naturaleza de la contratación fue laboral, perdiendo por ello toda significación la denominación dada por las partes celebrantes al contrato y a la retribución.-Por otra parte, no es exacto que en el trabajo burocrático no exista el elemento de la subordinación, ya que si bien es cierto que en los artículos tercero y doce de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no se menciona expresamente tal elemento, sino que únicamente se alude a la expedición de nombramiento o a la inclusión en listas de raya de trabajadores temporales como origen de la relación laboral, no lo es menos que esa característica de la relación laboral se desprende del diverso artículo 44, fracción I, de la invocada ley, al establecer como obligación a cargo del trabajador la de desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, derivándose de tal prevención el elemento en cuestión, que no consiste sino en la facultad de mando de parte del titular del órgano estatal y en el deber de obediencia a cargo del trabajador, que indudablemente estuvieron presentes en la relación jurídica que existió entre las partes.-Finalmente debe decirse que no es exacto que el laudo reclamado sea violatorio del artículo 137 de la ley burocrática federal, ya que la valoración que la autoridad del conocimiento hizo respecto a las pruebas confesionales de la actora (156) y testimonial de Marisela Ramírez, Laura Ocampo y Flor Angélica Flores (150-151), debe estimarse apegada a derecho. En efecto, por lo que hace a la primera de esas pruebas, la circunstancia de que la actora confesara en su respuesta a la décima posición, que sus servicios los prestaba en el horario que ella misma dispuso, entraña una confesional que, como bien lo razonó la responsable (167), se encuentra en contradicción con el texto de la cláusula quinta del contrato aportado por las partes al procedimiento, que prevé la prestación del servicio durante el horario establecido para el desarrollo de las labores propias del instituto y, en todo caso, se trataría de una modalidad en el horario de labores que en nada afecta la esencia de la relación, puesto que no constituye un elemento que la configure, siendo además inexacto que por sólo estimar que el trabajo estuvo sujeto a un horario la Sala actuante supusiera la existencia de la subordinación, toda vez que también aludió a la obligación de prestar el servicio en el lugar determinado en el contrato. Y en cuanto se refiere a la prueba testimonial, la misma no sirvió de base sino para tener por acreditado el horario de labores de la actora (168) y aun en el supuesto de que se estimaran contradictorias las declaraciones relativas y por ello ineficaz la prueba, esa circunstancia no sería suficiente para desvirtuar la naturaleza de la relación laboral que, además de no depender de la modalidad que se haya establecido en cuanto al horario de labores, quedó acreditada con el propio documento de la contratación.-En conclusión, no entrañando ilegalidad el laudo que se combate, ni teniendo aplicación al caso por las razones expuestas los criterios de amparo invocados en la demanda, se está en el caso de negar al Instituto Nacional del Consumidor, el amparo y la protección que solicita de la Justicia Federal."
CUARTO.-En principio, debe señalarse que la denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tercer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, fue realizada por parte legitimada en términos del artículo 197-A, de la Ley de Amparo, en razón de que fue presentada por Álvaro Jesús Polanco González, por su propio derecho, quien tuvo el carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo directo número 6663/95, promovido por el procurador general de la República contra el laudo de siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, dictado por la Tercera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral número 2040/94, seguido por el denunciante de la contradicción contra la Procuraduría General de la República. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 4a. XXXV/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII-Noviembre, Octava Época, página sesenta y ocho, aplicada en sentido contrario, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA.-Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) el procurador general de la República; c) los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."
QUINTO.-Por otra parte, en el escrito de denuncia se mencionó que el Tercer Tribunal Colegiado de la materia y circuito, con anterioridad había sostenido el siguiente criterio, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-1, Octava Época, página quinientos once, del rubro y texto:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA FALTA DE NOMBRAMIENTO Y LA NO INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA, NO DETERMINA LA INEXISTENCIA DE RELACIÓN DE TRABAJO, TRATÁNDOSE DE.-El artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que trabajador es toda persona que presta un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales; sin embargo, la falta de nombramiento o el hecho de que no aparezca en las listas de raya no determina necesariamente la inexistencia de relación de trabajo entre el prestador del servicio y los titulares de las dependencias o instituciones del Estado, si de otros elementos de prueba se advierte la existencia del vínculo laboral."
Esa tesis, conforme a la copia autorizada de la ejecutoria de amparo directo 3543/90, enviada por el secretario de Acuerdos del mencionado Tribunal Colegiado, dictada el veintitrés de mayo de mil novecientos noventa, en el juicio de garantías citado, promovido por Víctor Hiram Morales Otero y otros, contra el laudo de tres de enero de ese año, emitido por la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se dedujo en lo que interesa, de las consideraciones siguientes:
"TERCERO.-Son fundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos.-En efecto, la litis quedó establecida a fin de resolver si los actores fueron despedidos injustificadamente de su trabajo y por ende procedía a su favor la condena relativa a su reinstalación en el mismo puesto y condiciones laborales que desarrollaban hasta el día de su separación o si éstos carecían de acción y derecho para demandar del secretario de Educación Pública su reincorporación al trabajo, porque a decir de dicho titular, no contaban con nombramiento legalmente expedido ni figuraban en las listas de raya de los trabajadores eventuales de esa dependencia y de ello se establecía que no prestaron su fuerza de trabajo a esa secretaría, aclarando que lo que pudo ocurrir es que dichas personas fueron sorprendidas por hechos delictuosos de los que se siguió la averiguación previa número 207/81, instruida en contra de Leopoldo Salas Rubio por venta ilícita de plazas docentes del sistema federal del Estado.-La Sala del conocimiento concluyó en la resolución combatida, que aun cuando los documentos exhibidos por los actores merecían validez probatoria, sin embargo, con tales constancias no acreditaban que el titular demandado hubiese librado a su favor el nombramiento respectivo o que aparecieran en las listas de raya del personal temporal, exigido por el artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que en la especie no se acreditaba la existencia de la relación laboral; por otra parte señaló dicha autoridad que aun cuando los actores no contaban con el nombramiento correspondiente, justificaron en el juicio que prestaron sus servicios para la dependencia demandada de la fecha en que señalaron el inicio de sus labores hasta el día en que fueron retirados del servicio, por lo que resultaba procedente decretar la condena al pago de los salarios devengados.-De lo expuesto con antelación se advierte la incongruencia en que incurrió la responsable, ya que el punto por dilucidar era específicamente el de demostrar si existió o no la relación laboral que adujeron los ahora quejosos y de justificarse ésta, innegablemente resultaba procedente decretar a su favor la reinstalación exigida, ya que no se puede sostener por una parte que por el hecho de que dichos trabajadores no contaran con el nombramiento respectivo, debería entenderse inexistente el vínculo de trabajo y al mismo tiempo condenar al pago de los salarios vencidos, dándole el tratamiento de que la causa de la separación de los maestros haya obedecido a la conclusión de las labores de naturaleza temporal por la cual hubiesen sido contratados, siendo que dicha cuestión no fue materia de debate en el procedimiento laboral y por consiguiente, al darles ese tratamiento la autoridad del trabajo, infringe el principio de congruencia que debe imperar en los asuntos que se someten a su conocimiento.-Efectivamente, no se puede afirmar al mismo tiempo la inexistencia de la relación laboral en un aspecto y por otro lado condenar al pago de los salarios devengados, puesto que dichas consideraciones son contradictorias entre sí; de ahí que si en el juicio que se estudia existen elementos de prueba suficientes que conducen a la convicción de que los prestadores del servicio fueron empleados por esa entidad en distintas comunidades rurales del Estado de Chihuahua y de cuyas probanzas la Sala del conocimiento se abocó a su análisis y concluyó otorgarles el alcance probatorio que merecían, es inconcuso que con dichas probanzas se justificó el nexo de la relación laboral que fue negada por el tercero perjudicado y consecuentemente a ello, se establece la presunción de que los trabajadores fueron despedidos injustificadamente en las fechas aducidas en su escrito inicial de demanda.-En el mismo orden de ideas, debe apuntarse que es incorrecta la consideración de la Sala en el sentido de que debería estimarse inexistente la relación laboral por el hecho de que los demandantes no demostraron en el juicio contar con el nombramiento respectivo o figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales, según lo establece el artículo 3o. de la ley aplicable, pues con independencia que para tal efecto los reclamantes exhibieron las órdenes de presentación libradas por funcionarios de esa secretaría que hacen las veces de nombramientos, ya que en su texto se indica el nombre del trabajador y que en determinada fecha se le extiende dicha constancia, en virtud de que fue nombrado por la Secretaría de Educación Pública como maestro de educación primaria a partir de una fecha determinada y por tal motivo se debería de presentar a la escuela de su adscripción señalando la localidad y Municipio; por lo que con tales constancias se contradice lo sostenido por la responsable en lo referente a los nombramientos respectivos. Cabe aclarar que en el juicio no se interpuso ninguna nulidad respecto a la validez de dichos instrumentos o que no fuera esa la forma que esa dependencia del Ejecutivo Federal utilice para elaborar las designaciones correspondientes en calidad de trabajadores de la misma, por lo que sobre el particular ni la Sala responsable ni este tribunal se encuentran legitimados para analizar si tales constancias tienen o no la calidad de nombramientos; pero además debe apuntarse que el nexo del trabajo puede darse sin que se actualicen necesariamente los supuestos previstos por la disposición normativa que alude la responsable, ya que la relación de trabajo existirá sin importar el acto que le dé origen siempre que se preste un trabajo personal subordinado a otra persona, mediante el pago de un salario.-En conclusión, si en el juicio se demostró la existencia de la relación de trabajo a través del diverso material probatorio que para tal efecto aportaron los trabajadores, es de concluirse que en la especie se deberá de condenar al titular demandado a reinstalar a los actores en el puesto y categoría que venían desempeñando hasta la fecha de su separación que en forma injustificada llevó a cabo el patrón."
Sin embargo, la circunstancia de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito haya variado el criterio sustentado en la ejecutoria de amparo transcrita en lo conducente, no significa que se actualice en ese aspecto la contradicción de tesis de que se trata, porque ésta es improcedente cuando los criterios contradictorios provienen del mismo Tribunal Colegiado, de conformidad con la tesis sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 4a. VII/93, localizable en el Semanario Judicial de Federación, Tomo XI-Mayo, Octava Época, del tenor:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS, IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA DE, SI SON SUSTENTADAS POR EL MISMO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.-Los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, fracción XIII, 24, fracción XII, 25, fracción XI, 26, fracción XI y 27, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea en Pleno o en Salas, resolver las contradicciones de tesis que en los amparos de su competencia, sustenten dos o más Salas, o dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refieren los artículos 196 párrafo final y 197-A de la Ley de Amparo, de lo que se desprende que para que se configure dicha contradicción, es menester que las tesis sean sustentadas por dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, pues la misma consiste en la existencia de criterios divergentes que provengan de dos o más de esos órganos que versen sobre una misma cuestión jurídica y no a cambios de criterio en los integrantes de un mismo tribunal."
SEXTO.-Previamente a resolver la contradicción de tesis debe precisarse su existencia.
Al respecto, debe decirse que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 6663/95, promovido por el procurador general de la República, sustancialmente consideró que en el expediente laboral 2040/94, el actor y tercero perjudicado Álvaro Jesús Polanco González, afirmó en la demanda que inició a prestar sus servicios el uno de julio de mil novecientos ochenta y ocho, para la Procuraduría General de la República en la categoría de perito médico adscrito a la Agencia del Ministerio Públ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5209-d04b287f/trabajadores-al-servicio-del-estado-si-demuestran-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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