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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES CUENTA CON FACULTADES PARA PROMOVERLA AL PARTICIPAR DE LA NATURALEZA DE UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA COMISIONADA CON MÁS ANTIGÜEDAD, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, AUTORIZADA POR SU PLENO, PUEDE PROMOVERLA EN NOMBRE DE DICHO ÓRGANO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISIS INNECESARIO DE LA LEGITIMACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES, AL HABER CONTESTADO LA DEMANDA DE MANERA EXTEMPORÁNEA. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA IMPUGNAR POR ESTA VÍA EL "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y COMBATE DE PRÁCTICAS INDEBIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE JUNIO DE 2021, AL CONSIDERAR QUE AFECTA LAS ATRIBUCIONES QUE EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO DÉCIMO SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, LE CONFIERE EN FORMA EXCLUSIVA. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EN ELLA NO ES POSIBLE JURÍDICAMENTE CONSIDERAR DEFICIENTES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ PLANTEADOS. X. CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN EL PLENO RESUELVE, EN OTRA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, LA INVALIDEZ DEL DECRETO IMPUGNADO EN SU TOTALIDAD, DEBE CONSIDERARSE QUE HAN CESADO SUS EFECTOS Y, POR TANTO, DEBE SOBRESEERSE.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2021. · Registro digital (IUS): 32318
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-05
Promovente: INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.804.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 93/2021. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. 8 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: GUILLERMO PABLO LÓPEZ ANDRADE.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de junio de dos mil veintitrés.

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 93/2021, promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en contra del Poder Ejecutivo Federal y las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. 1.1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el catorce de julio de dos mil veintiuno,(1) el Comisionado Adolfo Cuevas Teja, en suplencia por ausencia del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), promovió controversia constitucional en contra de las siguientes normas generales y autoridades:

Ver normas generales y autoridades

2. 1.2. ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VULNERADOS. La accionante estima que la norma general impugnada vulnera los siguientes preceptos constitucionales:

Ver preceptos

3. En el escrito de demanda, el Instituto actor señaló como tercero interesado a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).(3)

4. 1.3. CONCEPTOS DE INVALIDEZ. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) planteó en su demanda, esencialmente, los siguientes hechos y argumentos:

1.3.1. HECHOS

CREACIÓN DEL IFT

El once de junio de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones", mediante el cual se creó el IFT como un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, así como ser la autoridad en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión de los siguientes rubros:

• Uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico;

• Redes;

• Prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; y,

• Acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales.

Lo anterior, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución. Además:

• Es la autoridad exclusiva en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones.

Con fecha de veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, específicamente los artículos 1 y 5, párrafo primero, que establecen lo siguiente:

"Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República."

"Artículo 5. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establecen para la Comisión, conforme a la estructura que determine en su estatuto orgánico."

El catorce de julio de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión". Específicamente los artículos 1 y 7 señalan que el IFT "es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que establecen el artículo 28 de la Constitución, esta Ley y la Ley Federal de Competencia Económica."

El tres de junio de dos mil veintiuno, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la "Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de Contratación de Publicidad", la cual determina que las denuncias derivadas de las disposiciones de la Ley de Contratación de Publicidad se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica con los procedimientos previstos por la Ley Federal de Competencia Económica, lo que afecta la garantía institucional del IFT al desconocer la competencia constitucional que se ha otorgado al Instituto como autoridad en materia de competencia económica respecto de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones; por lo que se invade la esfera competencial del Instituto establecida en la Constitución.

Esto, sobre todo en lo que toca a los artículos 1 y 11 impugnados:

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés general y de aplicación en todo el territorio nacional. En atención a los objetivos establecidos en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto promover la transparencia en el mercado de la publicidad, así como la prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, de los consumidores."

"Artículo 11. Las denuncias derivadas de las disposiciones de la presente Ley se sustanciarán y procesarán por la Comisión Federal de Competencia Económica de conformidad con los procedimientos previstos por la Ley Federal de Competencia Económica."

1.3.2. PROCEDENCIA

MARCO CONSTITUCIONAL

Es procedente la controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), en relación con el artículo 28, de la Constitución Federal, toda vez que la Ley impugnada desconoce la competencia que se otorga al Instituto como autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que se invade la esfera competencial del Instituto establecida en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la Constitución.

En tal sentido, a consideración del IFT, se configuran afectaciones a su garantía institucional que trastocan directamente las facultades que la Constitución le otorgó en materia de competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Por lo que resulta plenamente aplicable el criterio sostenido por esa Suprema Corte en el sentido de que la Controversia Constitucional es una acción cuyo objetivo esencial es permitir la impugnación de los actos y disposiciones generales que afecten las respectivas facultades de cualquiera de los diferentes niveles de gobierno, o que de alguna manera se traduzcan en una invasión a su ámbito competencial provocada por otro nivel de gobierno a fin de que se respeten las facultades y atribuciones que les da la Constitución General.

Por lo anterior, se actualiza el principio de afectación a la competencia constitucional del Instituto, ya que el Decreto cuya invalidez se demanda respecto de determinados apartados, incide en la esfera regulada directamente desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afectando así la autonomía funcional que otorgó el Poder Constituyente al Instituto, lo que se traduce en una afectación a su garantía institucional, al poner en riesgo las características orgánicas y funciones esenciales que fueron encomendadas al Instituto, limitando el ejercicio de forma eficaz, eficiente, independiente, profesional e imparcial de sus atribuciones.

El Instituto como órgano constitucional autónomo goza de una nómina competencial propia que es oponible a los demás poderes y órganos del Estado y que no puede ser afectada sin sustento constitucional en perjuicio de su garantía institucional, base de su autonomía, razones que motivan el presente medio de control constitucional.

1.3.3. CONCEPTOS DE INVALIDEZ

PRIMERO. EL CONGRESO DE LA UNIÓN INVADE LAS FACULTADES DEL INSTITUTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO PRIMERO, EN RELACIÓN CON EL DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, ASÍ COMO, EL ARTÍCULO 5, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, DEBIDO A QUE, EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD DESCONOCE LA COMPETENCIA QUE SE OTORGA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES COMO AUTORIDAD EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA DE LOS SECTORES DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, POR LO QUE SE INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL INSTITUTO ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN.

• El artículo 28 constitucional, le otorga competencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones para: 1) el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones; 2) la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; y 3) ser la autoridad única en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicación.

• Cita las consideraciones abordadas por el Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 117/2014, en donde se explica que la reforma constitucional de dos mil trece, introdujo una serie de contenidos novedosos en el artículo 28 constitucional, entre ellos "la creación y regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como un nuevo órgano autónomo, con una nómina competencial propia y diferenciada respecto de los otros poderes y órganos previstos en el texto fundamental".

• El Principio de División de Poderes tiene como finalidad la existencia de una colaboración y cooperación entre órganos de poder. Bajo las cuales, un órgano del Estado puede ejercer funciones propias de otro Poder, cuando así lo establezca expresamente la Carta Magna; siendo inadmisible que un órgano se arrogue facultades que corresponden a otro.

• El IFT tiene un ámbito competencial propio, que puede utilizar al máximo para realizar sus fines institucionales, lo que se enmarca en una concepción de división de poderes evolutiva y flexible.

• Cita las jurisprudencias de rubro:

"INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). ES UN ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON UNA NÓMINA COMPETENCIAL PROPIA OPONIBLE AL RESTO DE LOS PODERES DEL ESTADO, QUE PUEDE UTILIZAR AL MÁXIMO DE SU CAPACIDAD PARA REALIZAR SUS FINES INSTITUCIONALES."(4)

"INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT). SU FUNCIÓN REGULATORIA ES COMPATIBLE CON UNA CONCEPCIÓN DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES EVOLUTIVA Y FLEXIBLE."(5)

• El artículo 28 constitucional adoptó un modelo de Estado Regulador que depositó en determinadas agencias independientes la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre las bases de disciplinas o racionalidades técnicas.

• El artículo 11 de la Ley de Contratación de Publicidad desconoce la autoridad del IFT en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, con lo que se configura una afectación a su garantía institucional, lo que es contrario a los artículos 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, así como 49 de la Constitución Federal. Cita los criterios emitidos por este Alto Tribunal de rubro:

"DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS."(6)

"TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. LA FACULTAD REGULATORIA DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES ES CONCURRENTE CON LA FACULTAD LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN."(7)

• De la lectura del artículo 1o., 2o. y 3o. de la Ley de Contratación Pública se advierte que el legislador, de manera tácita, incluyó a los concesionarios de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y de forma expresa, a las plataformas digitales. De ahí, que el artículo 11 impugnado no reconoce la autoridad del IFT en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, al sólo establecer que la Comisión Federal de Competencia Económica será la que substanciará y procesará las denuncias derivadas de las disposiciones de dicha ley.

• La exposición de motivos de la Ley de Contratación de Publicidad, por un lado, dispone que la Ley toma como base el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Federal; y, por otro, la Ley abunda en la función de hacer llegar el mensaje publicitario a la audiencia adecuada, en el lugar y momento apropiado, para proteger y garantizar la libertad de expresión para todas las personas.

• Una lectura sistemática de los artículos 5 y 10 de la Ley Federal de Competencia Económica, otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones la competencia para conocer de las sustanciación y proceso de las denuncias derivadas de las disposiciones de la Ley de Contratación de Publicidad, y no solo a la Comisión Federal de Competencia Económica.

• El artículo 28 constitucional establece que el IFT tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, el cual tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y las prestaciones de los revisiones de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura actica, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en el artículo 6o. y 7o. de la Constitución.

• Refiere que, el Congreso de la Unión, no motiva de forma razonada su decisión de excluir al IFT del estudio de las denuncias por el incumplimiento a la Ley de Contratación Pública. Esto, toda vez que, de acuerdo con el artículo 15, fracciones XVIII, XIX y XXI de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sería el IFT la autoridad encargada de conocer cualquier violación a la competencia económica en el sector de telecomunicaciones.

1.3.4. CONCEPTOS DE INVALIDEZ

SEGUNDO. EL CONGRESO DE LA UNIÓN INVADE LA FACULTAD DEL INSTITUTO ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFO DÉCIMO SEXTO, YA QUE LE IMPIDE EJERCER SU COMPETENCIA PARA DETERMINAR CUÁNDO UNA PRÁCTICA COMERCIAL CONSTITUYE UNA VENTAJA INDEBIDA EN LOS SECTORES DE TELECOMUNICACIONES, DEBIDO A QUE EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD YA LO ESTÁ DETERMINADO.

a. En el artículo 1o. de la Ley de Contratación Pública, el legislador establece las prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida, lo que actualiza una invasión a la esfera competencial del Instituto.

b. La definición para determinar las conductas o prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida para determinados agentes económicos, corre a favor de la autoridad en materia de competencia económica.

c. Previa cita de los artículos 54 y 59 de la Ley Federal de Competencia Económica, corresponde exclusivamente a la autoridad de competencia, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir posibles restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados y determinar, a partir de la evidencia que obtenga en el transcurso de una investigación, si una práctica comercial constituye una ventaja indebida para un agente económico, en términos de la LFCE y no al legislador, como ocurre en el caso concreto.

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

d. Posteriormente, cita el párrafo 137 del amparo revisión 1100/2015, en donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que se invade la esfera competencial del IFT al establecer definiciones que corresponden únicamente a la autoridad técnica correspondiente.

5. 1.4. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno, el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la presente controversia constitucional, con el número de expediente 93/2021. En el mismo proveído, turnó el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.

6. Mediante acuerdo de quince de julio siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, ordenó el emplazamiento a los órganos demandados para que en el plazo de treinta días hábiles contestaren la demanda; además, tuvo como tercero interesado a la Comisión Federal de Competencia Económica y dio vista al Fiscal General de la República para que manifestare lo a que su representación correspondía.

7. 1.5. CONTESTACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Por escrito presentado el diez de septiembre de dos mil veintiuno, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda, esencialmente, en los siguientes términos:

• Los argumentos que expone el IFT son infundados, en virtud de que las normas impugnadas son formal y materialmente constitucionales. Se cumplió con las normas constitucionales para llevar a cabo el procedimiento legislativo.

FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO

• Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, relativa a que la accionante carece de interés legítimo para promover la presente controversia.

• El IFT carece de interés legítimo, toda vez que no se desprende un señalamiento concreto de la afectación a su esfera competencial o atribuciones constitucionales derivadas del ordenamiento legal, o bien, el principio de afectación en relación con la ley que pretende impugnar.

• No es suficiente manifestar que funde su impugnación en su facultad constitucional para garantizar el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, toda vez que tiene que acreditar la afectación al ámbito de sus atribuciones.

CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

a. En cuanto al fondo, considera infundados los conceptos de invalidez, ya que derivan de una incorrecta interpretación del artículo 28 constitucional, en cuanto a las facultades del IFT y de la COFECE.

b. De la exposición de motivos que culminó con la reforma constitucional publicada el once de junio de dos mil trece, el Constituyente Permanente consideró indispensable intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, especialmente: telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía.

c. Por ello, se creó al IFT como un organismo constitucional autónomo, el cual cuenta con facultades propias en materia de competencia económica, en un ámbito material delimitado constitucionalmente: "el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes".

d. Previa cita de las consideraciones de la Controversia Constitucional 117/2014, concluye que las facultades del IFT se limitan, únicamente, a los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

e. Previa comparación de los artículos iniciales de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Competencia Económica, la Cámara de Diputados argumenta que la materia de regulación de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, no es el sector de la radiodifusión y telecomunicaciones. f. A fin de justificar lo anterior, la demandada acude a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Contratación de Publicidad impugnada para considerar que el objeto de esa ley es promover la transparencia en el mercado de la publicidad; así como, la prevención y el combate a prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, a los consumidores, para lo cual regula los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se les dé, que celebren entre sí, dos o más de los agentes económicos, esto es, las relaciones contractuales entre agencias de publicidad y los anunciantes.

g. No pasa inadvertida la errónea interpretación realizada por el IFT, en virtud de que si bien, algunos de los actos, contratos, convenios celebrados entre la agencia de publicidad y el anunciante, son difundidos a través de medios audiovisuales, ello no implica que el objeto de regulación sean las telecomunicaciones o la radiodifusión; puesto que, como se advierte, el objeto normativo son las relaciones contractuales entre agencias de publicidad y los anunciantes, así como la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en dicha materia.

8. 1.6. CONTESTACIÓN DEL EJECUTIVO FEDERAL. Por escrito presentado por Buzón Judicial el diez de septiembre de la referida anualidad, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal dio contestación a la demanda, en los siguientes términos:

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

AUSENCIA DE INTERÉS LEGÍTIMO

• Primero. Consideró que se actualizaba la causal de improcedencia consistente en la falta de interés legítimo del actor, puesto que ninguno de los argumentos propuestos por el accionante se encamina a demostrar una afectación a su esfera jurídica, directa, actual, a partir de la expedición del Decreto combatido.

• De la lectura del texto normativo impugnado no se desprende transgresión a la competencia constitucional del Instituto, ya que no impone ninguna barrera legislativa que le impida ejercer sus facultades constitucionales en materia de competencia económica.

• Contrario a lo sostenido por el quejoso, el Congreso de la Unión cuenta con facultades legislativas para expedir todas las disposiciones que sean necesarias con el objeto de evitar las prácticas monopólicas y castigar los actos que constituyan una ventaja indebida con perjuicio al público general.

• Del texto constitucional se advierte la existencia de la COFECE, organismo autónomo, que tiene por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. El artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica, establece que la COFECE tendrá la facultad de resolver sobre condiciones de competencia que refieran las demás leyes.

• El texto impugnado no generó un principio de afectación, pues las facultades en materia de competencia económica respecto la radiodifusión y telecomunicaciones no fueron anuladas o modificadas con la expedición de la Ley impugnada. Para reforzar lo anterior, cita las consideraciones de los recursos de reclamación 70/2016-CA y 78/2016-CA.

AUSENCIA DE CAUSA DE PEDIR

• Segundo. Argumenta que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de causa de pedir, a que se refiere el artículo 19, fracción IX, en relación con el diverso 22, fracción VII, ambos de la Ley Reglamentaria.

• Esto, porque en la demanda del IFT no existe un solo concepto de invalidez tendente a demostrar de qué manera los artículos de la Ley Impugnada, con motivo de su promulgación, invaden su esfera de atribuciones y le genera una afectación.

CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

a. Único. El Congreso de la Unión no invade las facultades del Instituto actor, debido a que no se desconoce su competencia como autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, ni tampoco se impide ejercer su competencia para determinar si una práctica comercial en estos sectores constituye una ventaja indebida.

b. Deben de calificarse como infundados los conceptos de invalidez elaborados por el IFT. En primer lugar, la norma impugnada se realizó acorde al procedimiento legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de nuestro Texto Fundamental.

c. Si bien es cierto que la legislación que se emite tiene como base los objetivos del artículo 28 Constitucional, estrictamente en la materia de contratación de publicidad; y, por su parte, la legislación en materia de comunicación social, conforme a lo previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución General, también lo es que la materia de la regulación impugnada es diversa, mas no contrapuesta.

d. La intención del legislador surge con la finalidad de regular las prácticas comerciales que se llevan a cabo en el mercado de publicidad, para promover la transparencia en beneficio de los anunciantes y consumidores finales.

e. Por ello, los artículos impugnados persiguen una finalidad constitucionalmente válida, que se traduce en brindar una protección reforzada a la libre concurrencia en la industria de publicidad y la protección de los consumidores. El texto impugnado, lejos de invadir las facultades del IFT, brinda mayor certeza en las relaciones comerciales de los agentes del mercado de la publicidad y protección a los consumidores.

f. Los artículos 1 y 11 impugnados, deben de analizarse sistemáticamente con el parámetro de regularidad constitucional, es decir, se debe realizar una interpretación conforme, con el fin de agotar todas las posibilidades que permitan mantener la disposición impugnada en toda su vigencia.

g. Para justificar lo infundado de los planteamientos del accionante, la Consejera Jurídica del Ejecutivo, realiza un estudio sobre el régimen constitucional del Instituto Federal de Telecomunicaciones. De igual forma, se estudian las atribuciones del IFT establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

h. Con base a ello, se propone una interpretación conforme de los artículos 1 y 11 impugnados, con los artículos 15, fracción XVIII y 297 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y concluir que las facultades que dichos preceptos otorgan a la COFECE y al IFT serán de acuerdo con sus ámbitos competenciales.

i. A fin de combatir las prácticas monopólicas prohibidas en el artículo 28 constitucional, el Constituyente Permanente creó a la COFECE, como un organismo constitucional autónomo, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios y demás prácticas que restrinjan el funcionamiento eficiente de los mercados.

j. Considera infundadas las consideraciones del accionante en las que arguye que el Congreso de la Unión invade su facultad al impedirle ejercer su competencia para determinar si una práctica comercial constituye una ventaja indebida en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, pues el artículo 1o. ya lo determina.

k. Esto, porque del texto constitucional y legal se advierte que el IFT cuenta con dos tipos de facultades regulatorias: internas y externas. Las primeras hacen referencia a la facultad de emitir su propio estatuto orgánico; mientras que las segundas aluden a la emisión de disposiciones administrativas de carácter general.

l. Respecto de su facultad regulatoria, ésta se encuentra limitada en dos sentidos: material y jerárquico.

• Límite material: El Instituto sólo puede emitir normas generales en el ámbito material de competencias en el que tiene poderes regulatorios, ya que la norma constitucional establece exclusivamente dicha facultad para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia

• Límite jerárquico. El artículo 28 constitucional, precisa la ubicación jerárquica de las disposiciones administrativas de carácter general del Instituto dentro del sistema de fuentes jurídica.

m. No debe soslayarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las leyes emitidas con fundamento en el artículo 73, fracción XVII, de la Constitución establecen los términos conforme los cuales el IFT ejercerá su función regulatoria.

n. Por ello, concluye que las atribuciones del IFT en materia de competencia económica deben sujetarse a lo que disponga el legislador ordinario, de ahí que son infundados los conceptos de invalidez que hace valer el accionante.

9. 1.7. CONTESTACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES. Por escrito presentado el quince de septiembre de dos mil veintiuno, la Senadora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, presentó contestación a la demanda en los términos siguientes:

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

No se advierte que se haga valer alguna.

CONTESTACIÓN A LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ

• Primero. Considera que es infundado el primer concepto de invalidez, en atención a que, de conformidad con el artículo 28 constitucional, se introdujo un órgano autónomo destinado a asegurar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

• El ámbito material de competencia de dicho órgano, se resume en tres aspectos: 1) el desarrollo eficiente de los sectores; 2) la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión; y 3) fungir como autoridad de competencia económica con las mismas atribuciones que la COFECE.

• De conformidad con los párrafos primero y tercero del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 5 de la Ley Federal de Competencia Económica, el IFT es la autoridad exclusiva en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32318-69b009b6/i-controversia-constitucional-el-instituto-federal-de-telecomunicaciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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