I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE CONSIDERE VIOLATORIAS DE DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE ESE ÓRGANO LEGITIMADO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO, AUN CUANDO EL DECRETO IMPUGNADO SE HAYA EMITIDO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN UNA DIVERSA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EL DERECHO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS A SER CONSULTADAS CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTARLAS DIRECTAMENTE SE DEPRENDE DE LOS POSTULADOS DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, RELATIVOS A LA AUTODETERMINACIÓN, A LA PRESERVACIÓN DE SU CULTURA E IDENTIDAD, AL ACCESO A LA JUSTICIA, ASÍ COMO A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. VI. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEBEN SER CONSULTADOS RESPECTO DE LA LEGISLACIÓN QUE REGULE SUS DERECHOS, POR SER SUSCEPTIBLE DE AFECTARLAS DIRECTAMENTE. VII. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEBEN SER CONSULTADOS RESPECTO DE MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE INCIDEN EN LOS MECANISMOS U ORGANISMOS A TRAVÉS DE LOS CUALES PUEDEN EJERCER SUS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE AFECTAN SUS INTERESES. VIII. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEBEN SER CONSULTADOS RESPECTO DE LA EMISIÓN DE NORMAS GENERALES, CONFORME A LOS ESTÁNDARES DEL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SIEMPRE QUE SU EMISIÓN SEA SUSCEPTIBLE DE AFECTARLAS DE MANERA ESPECIAL Y DIFERENCIADA FRENTE AL RESTO DE LA POBLACIÓN. IX. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AFECTACIÓN DIRECTA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 6 DEL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Y CUYA MERA POSIBILIDAD DA LUGAR A LA OBLIGACIÓN DE CONSULTARLES UNA MEDIDA LEGISLATIVA, NO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ALGÚN PERJUICIO. X. PUEBLOS Y COMUNIDADES AFROMEXICANAS. EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y A LA AUTONOMÍA PARA DECIDIR SUS FORMAS INTERNAS DE CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y CULTURAL, RESULTA EXTENSIVO A AQUÉLLOS. XI. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. LOS PROCESOS DE CONSULTA DE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTARLAS DIRECTAMENTE DEBEN OBSERVAR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN. XII. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. SU FASE PRECONSULTIVA IMPLICA IDENTIFICAR LA MEDIDA LEGISLATIVA QUE DEBE SER OBJETO DE CONSULTA, LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS A SER CONSULTADOS, LA FORMA DE LLEVAR A CABO EL PROCESO, LA FORMA DE INTERVENCIÓN Y LA FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS ENTRE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES Y LOS REPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. XIII. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. EN SU FASE INFORMATIVA SE EXIGE LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE EL PROCESO CONSULTIVO, A FIN DE QUE LAS POBLACIONES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS IDENTIFICADAS PREVIAMENTE CUENTEN CON INFORMACIÓN COMPLETA, PREVIA Y SIGNIFICATIVA SOBRE LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE CORRESPONDAN. XIV. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. EN SU FASE DE DELIBERACIÓN INTERNA, LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y DE LOS ACUERDOS, EVALÚAN INTERNAMENTE LA MEDIDA QUE LES AFECTARÍA DIRECTAMENTE. XV. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. SU FASE DE DIÁLOGO EXIGE QUE LOS REPRESENTANTES DEL ESTADO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DIALOGUEN, CON LA FINALIDAD DE GENERAR ACUERDOS. XVI. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. SU FASE DE DECISIÓN CONSISTE EN LA COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA ENTREGA DEL DICTAMEN. XVII. CONSULTA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. PARA EFECTO DE DETERMINAR LA VALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR EL DERECHO A LA CONSULTA DE DICHOS GRUPOS, NO ES RELEVANTE SI LA MEDIDA LAS BENEFICIA A JUICIO DEL LEGISLADOR. XVIII. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS. SE LES DEBE CONSULTAR PREVIAMENTE MEDIANTE PROCEDIMIENTOS LIBRES, INFORMADOS, CULTURALMENTE ADECUADOS Y DE BUENA FE, A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, CADA VEZ QUE SE PREVEAN MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTA
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE JUNIO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la totalidad del Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado De Guerrero, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta previa en materia indígena y afromexicana.
Adicionalmente, en lo particular, impugnó los artículos 2, en sus fracciones I y III, y 25 de la Ley número 701, al considerar que transgreden los principios de seguridad jurídica y legalidad.
En ese sentido, el problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar si en el proceso legislativo que culminó con el citado Decreto número 183 se consultó a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas, de conformidad con los parámetros establecidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En caso de considerar que sí se cumplió con el estándar de la consulta, se procederá a analizar la constitucionalidad de los artículos 2, fracciones I y III, y 25 de la Ley número 701, a la luz de los principios de seguridad jurídica y legalidad.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de junio de dos mil veintitrés emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 113/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cinco de julio de dos mil veintidós.
Adicionalmente, se impugnan en lo particular los artículos 2, fracciones I y III, y 25 de la mencionada ley,(1) al considerar que vulneran los principios de seguridad jurídica y legalidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Publicación del Decreto. El cinco de julio de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero.
2. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintidós, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la totalidad del Decreto, y en lo particular, de los artículos 2, fracciones I y III, y 25 de dicha Ley.
3. Preceptos que se consideran violados. En la demanda, la accionante señaló como preceptos constitucionales y convencionales vulnerados los artículos 1, 2, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 4, 5, 6, 7 y 8 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
4. Conceptos de invalidez. En su demanda, la promovente formuló los conceptos de invalidez siguientes:
a) Primero. La Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero vulnera el derecho a la consulta de pueblos y de comunidades indígenas y afromexicanas reconocido en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que a pesar de que se realizaron distintas acciones para tal efecto por parte del legislativo, las mismas no superan el estándar convencional y constitucionalmente exigido.
b) Si bien con la emisión del decreto impugnado el Poder Legislativo local pretendió dar cumplimiento a la sentencia dictada por esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 81/2018,(2) lo cierto es que la consulta realizada en el procedimiento legislativo, que dio origen al decreto impugnado, no se llevó a cabo de conformidad con los estándares nacionales e internacionales establecidos para tal efecto.
c) Dentro de las acciones meramente preparativas realizadas por el legislador está la creación de un sitio electrónico que contiene todo lo relativo al proceso de consulta indígena y afromexicana. Sin embargo, apenas el 31.7 % de la totalidad de viviendas del Estado de Guerrero cuenta con internet, de las cuales solo 20.4 % cuenta con computadora, laptop o tableta.(3) Por ende, es posible concluir que la manera de informar es deficiente y no llega a la población interesada.
d) La "fase preconsultiva" no se realizó de manera adecuada, ya que la forma de llevar a cabo el proceso, la intervención y la formalización de acuerdos no se definió de común acuerdo, entre autoridades gubernamentales y los representantes de las comunidades indígenas y afromexicanas.
e) La "fase informativa" no satisface la exigencia de contar con la información necesaria, en relación con los problemas, contextos y necesidades de adecuación legislativa relacionados con la seguridad pública. Tampoco se realizó un diagnóstico sobre los sistemas normativos indígenas que permitiera un entendimiento y diálogo intercultural.
f) La información distribuida versó sobre el contenido normativo de la Ley impugnada, sin embargo, solamente en la versión en español se contiene el texto íntegro o completo de la misma; lo cual no acontece en las versiones distribuidas en amuzgo, mixteco, tlapaneco y náhuatl.
g) Del Dictamen que dio origen al Decreto no es posible afirmar que existió una etapa deliberativa y de diálogo, pues en la Ley no se incorporaron las propuestas de dicho sector poblacional.
h) Segundo. Los artículos 2, fracciones I y III, y 25 de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero únicamente reconocen personalidad y derechos a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas,(4) excluyendo a las comunidades indígenas, lo cual vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política del país y en el diverso 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
i) Dada la definición de la Constitución Política del país de pueblos y comunidades indígenas, debe entenderse que puede haber distintas comunidades que, si bien comparten rasgos de identidad en común integrando un mismo pueblo, pueden tener diversas formas de organización, usos y costumbres. Por lo tanto, la omisión de mencionar a las comunidades indígenas en esos artículos no solo genera incertidumbre jurídica a esos colectivos, sino que constituye una denegación de su personalidad jurídica y de sus derechos.
j) Los artículos impugnados impedirían que las comunidades indígenas ejerzan sus derechos colectivos de manera autónoma e independiente, en cuanto a su régimen interior, respecto de otras comunidades del mismo pueblo. Podría incluso llegarse al extremo de exigir que las comunidades que integran un pueblo indígena establezcan un régimen de gobierno interno homologado, lo cual es una transgresión al derecho de libre determinación de las comunidades indígenas.
5. Registro y turno. En acuerdo de diez de agosto de dos mil veintidós, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 113/2022 y se turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
6. Admisión y trámite. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que se ordenó dar vista para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, se ordenó dar vista al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial conviniera.
7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintidós, Yanelly Hernández Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, rindió informe en los términos siguientes:
a) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la materia que establece que son improcedentes las controversias pendientes de resolverse debido a que hasta la fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la consulta indígena materia de este asunto, a pesar de que el Congreso local le remitió distintos informes sobre el cumplimiento de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 81/2018.(5)
b) Asimismo, toda vez que no se ha emitido auto o declaratoria de cumplimiento de sentencia, debe considerarse que existe un "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", pues se encuentran sub júdice los actos y acciones establecidos por este Alto Tribunal, actualizando la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 19 de la Ley Reglamentaria.
c) No es cierto que la emisión del Decreto Número 183 vulneró los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ya que previo a su emisión se realizó una consulta libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
d) Las diversas acciones que conformaron la consulta se sustentaron principalmente en la aprobación de un protocolo para desarrollar el proceso de consulta; se entregaron invitaciones a los pueblos y a las comunidades con el apoyo y la información proporcionada por diversas autoridades; las poblaciones comunicaron al Congreso local si deseaban o no participar y de qué forma; y se les consultó de manera directa y en lo individual.
e) La consulta fue previa a la adopción de las medidas legislativas; fue libre, ya que se aseguraron las condiciones de seguridad y de transparencia durante la realización, sin coerción, intimidación o manipulación; fue informada, pues se precisó la naturaleza y las consecuencias de las iniciativas; fue culturalmente adecuada, en tanto que se hizo de acuerdo con sus costumbres y tradiciones; y fue de buena fe, con la finalidad de llegar a un acuerdo, pues se realizó a través de procedimientos claros y con la participación de los pueblos interesados.
f) Se debe tomar en cuenta todas las implicaciones que conlleva la realización de las consultas indígenas en lugares con las características del Estado de Guerrero, en el que la población a consultar se encuentra distribuida en la mayor parte del territorio.
g) La extensa labor de consulta fue realizada por la legislatura de la forma siguiente:
• Fase preconsultiva. Inició con la invitación a los ochenta ayuntamientos municipales y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres Guerrero; se entregó la propuesta de lineamientos a las autoridades reconocidas en los municipios y localidades; se distribuyeron dos mil seiscientos dieciocho invitaciones y propuestas, de las cuales más del 30 % aceptó participar, 34.11 % no aceptó y el restante no dio respuesta.
• Fase informativa. Se llevó a cabo a través de asambleas a nivel municipal o regional conforme a la organización de los pueblos y de las comunidades indígenas y afromexicanas residentes. Se entregaron las iniciativas, un extracto del documento explicativo y se informó el proceso de consulta.
• Fase deliberativa. Se realizó en algunas localidades mediante asambleas comunitarias organizadas por las instituciones representativas de estas poblaciones, con el fin de analizar de forma colectiva las iniciativas de reforma.
• Fase de recepción, acuerdos y de diálogo. Las instituciones representativas establecieron un diálogo con los representantes del Poder legislativo local para llegar a los acuerdos alcanzados respecto de la ley impugnada.
h) Los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas contaron en todo momento con información completa respecto al contenido normativo del Decreto Número 183, la cual les fue proporcionada en su lengua originaria, de forma culturalmente adecuada, sencilla y comprensible.
8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Mediante escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintidós, Jorge Salgado Parra, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, rindió informe en los términos siguientes:
a) El Decreto impugnado no vulnera el derecho de consulta previa indígena, pues esta fue llevada a cabo por el Congreso local.
b) De la exposición de motivos de la norma cuestionada se pueden advertir las diversas acciones que se llevaron a cabo: la coadyuvancia con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en Guerrero (INPI) para la vinculación con traductores e intérpretes de lenguas originarias; el Protocolo aprobado para la realización de la consulta; la participación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos; y la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Guerrero (INEGI), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), diversas Secretarías Estatales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
c) La fase preconsultiva inició con la invitación a los ochenta ayuntamientos municipales y al Consejo Municipal de Ayutla de los Libres, Guerrero, y la distribución de un total de dos mil quinientos ochenta y seis invitaciones y lineamientos en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, de los cuales novecientos cuarenta y dos aceptaron participar y ochocientos noventa y tres no aceptaron participar en el proceso de consulta de la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley número 701 impugnada; mientras que de los restantes no hubo una respuesta.
d) Por otro lado, no es cierto que los artículos 2, fracciones I y III, y 25 de la Ley número 701 transgredan el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad, previstos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política del país, así como el diverso 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si bien los preceptos legales reconocen la personalidad de "los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas", ello no significa el desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, ya que éstas son parte integrante de los pueblos indígenas.
e) Si en lo general se reconocen derechos a los pueblos indígenas, en lo particular es evidente que las comunidades que los integran gozan del reconocimiento de su personalidad y de derechos. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS. CUALQUIERA DE SUS INTEGRANTES PUEDE PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES COLECTIVOS."(6)
9. Pedimento. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto. De igual forma, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentó opinión alguna.
10. Cierre de instrucción. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintidós se ordenó cerrar la instrucción y enviar el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
11. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país(7) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) ya que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó que la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero transgrede derechos humanos previstos en la Constitución Política del país y en diversos tratados internacionales.
II. OPORTUNIDAD
12. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y que su cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en la que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial.(9)
13. En el caso, el Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero fue publicado el cinco de julio de dos mil veintidós. Por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del seis de julio al cuatro de agosto de dos mil veintidós.
14. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el último día del plazo; es decir, el cuatro de agosto de dos mil veintidós, su interposición resulta oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
15. Este Tribunal Pleno advierte que la acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada.
16. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que considere violatorias de derechos humanos.
17. En el caso, este requisito se cumple, en tanto que la Comisión accionante impugnó el Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero, por falta de consulta indígena y afromexicana, así como por vulnerar los principios de legalidad y seguridad jurídica.
18. Asimismo, se cumple con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(10) pues la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del órgano legislativo.(11)
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se deben analizar las que sean formuladas por las partes, así como aquellas que este Alto Tribunal advierta de oficio.
20. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de Guerrero señala que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 de la Ley Reglamentaria en la materia,(12) pues el Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Guerrero se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de una diversa acción de inconstitucionalidad.
21. Este Tribunal Pleno considera que no asiste razón a la autoridad, en tanto que la emisión del Decreto impugnado constituye un nuevo acto legislativo, tal como se explica a continuación: 22. El veinte de abril de dos mil veinte, el Tribunal Pleno resolvió la acción de inconstitucionalidad 81/2018(13) y declaró la invalidez del Decreto número 778 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.
23. En el segundo resolutivo, la ejecutoria señaló que la declaratoria de invalidez surtiría sus efectos a más tardar a los doce meses siguientes a la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación. Por lo tanto, se vinculó al Congreso del Estado de Guerrero para que en dicho plazo legislara lo correspondiente, previa consulta a los pueblos y a las comunidades indígenas de la entidad, de conformidad con los parámetros ahí establecidos.
24. Ahora bien, el Poder Legislativo del Estado de Guerrero señala que, en cumplimiento a la citada acción de inconstitucionalidad 81/2018, realizó un proceso de consulta a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas a fin de emitir el Decreto número 183 aquí impugnado, por lo que la acción intentada es improcedente, ya que su emisión es consecuencia de la ejecutoria dictada por este Alto Tribunal, respecto de la cual aún no existe pronunciamiento sobre su cumplimiento.
25. Como se adelantó, este Tribunal Pleno considera que, contrario a lo que alega el Poder demandado, no se actualizan las causales de improcedencia aducidas, pues el Decreto número 183 impugnado es un nuevo acto legislativo, susceptible de ser impugnado por la accionante.
26. En efecto, es criterio reiterado de este Alto Tribunal que para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo se deben reunir los siguientes dos aspectos: a) que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y, b) que la modificación normativa sea sustantiva o material, es decir, que realmente se haya generado un cambio en el sentido normativo (criterio material).
27. El decreto impugnado cumple con dichos requisitos, pues el Congreso del Estado de Guerrero llevó a cabo todo un proceso legislativo en el que se agotaron las etapas de iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación (con independencia de la valoración que se hará en el siguiente apartado sobre la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas), haciendo modificaciones normativas a diversos artículos de la Ley número 701.
28. Además, como se señaló con anterioridad, de conformidad con la acción de inconstitucionalidad 81/2018, la invalidez del Decreto surtiría sus efectos a los doce meses siguientes de la publicación de la ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación, por lo que si la ejecutoria se publicó en dicho medio el catorce de abril de dos mil veintiuno, el plazo de doce meses feneció el catorce de abril de dos mil veintidós, fecha en la que el Decreto número 778, publicado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dejó de tener vigencia.
29. Por ende, si el Decreto número 183 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley número 701, aquí impugnado, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el cinco de julio de dos mil veintidós, esto es, ochenta y dos días después que dejó de tener vigencia el decreto anterior, es claro que se trata de un nuevo acto legislativo que puede ser analizado mediante esta acción de inconstitucionalidad.
30. Similares consideraciones sostuvo este Alto Tribunal al resolver las acciones de inconstitucionalidad 255/2020(14) y 274/2020.(15)
31. Finalmente, debe precisarse que este Tribunal Pleno no advierte de oficio la actualización de alguna otra causal de improcedencia, por lo que se procede a analizar el fondo del asunto.
V. ESTUDIO DE FONDO
32. En su demanda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace valer dos conceptos de invalidez: uno enfocado en la ley en lo general por la vulneración del derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y otro enfocado en dos artículos en lo particular (2, fracciones I y III, y 25) por transgredir los principios de legalidad y seguridad jurídica.
33. Este Tribunal Pleno considera que ambos conceptos de invalidez resultan infundados, toda vez que sí se realizó un proceso de consulta previa conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia y los artículos referidos en lo particular no vulneran el principio de legalidad.
34. A fin de explicar la conclusión alcanzada, el estudio se divide en dos grandes apartados: A) Vulneración al derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el cual a su vez se subdivide en dos temas: i) parámetro de regularidad constitucional y ii) análisis de constitucionalidad del decreto impugnado; y, B) Vulneración a los principios de legalidad y seguridad jurídica, el cual se subdivide en dos temas: i) parámetro de regularidad constitucional y ii) análisis de la constitucionalidad de los artículos 2, fracciones I y III, y 25 de la Ley número 701.
A) VULNERACIÓN AL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS
i) Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta previa
35. Este Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que el artículo 2o. de la Constitución Política del país y los diversos 6 y 7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo obligan a las autoridades mexicanas a consultar a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados y de buena fe, a través de sus representantes o autoridades tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.
36. En la controversia constitucional 32/2012,(16) este Tribunal Pleno consideró que el derecho a la consulta se deprende de los postulados del artículo 2o. de la Constitución Política del país, relativos a la autodeterminación, a la preservación de su cultura e identidad, al acceso a la justicia, así como a la igualdad y a la no discriminación. Por lo tanto, se precisó que, a pesar de que la consulta indígena no estuviera prevista expresamente como parte del procedimiento legislativo, en términos de los diversos 1o. de la Constitución Política del país y, 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se imponían una serie de obligaciones a las autoridades mexicanas, antes de tomar decisiones que pudieran afectar de manera directa a estos grupos.(17)
37. En la acción de inconstitucionalidad 83/2015 y sus acumuladas 86/2015, 91/2015 y 98/2015(18) se concluyó que cuando el objeto de regulación de una legislación eran precisamente los derechos de personas que se rigen por sistemas normativos indígenas, era evidente que se trataba de leyes susceptibles de afectarles directamente.
38. Posteriormente, en la acción de inconstitucionalidad 31/2014(19) se consideró que las disposiciones impugnadas implicaban medidas legislativas que incidían en los mecanismos u organismos a través de los cuales las comunidades indígenas podían ejercer sus derechos de participación en las políticas públicas que afectaban a sus intereses.
39. De lo anterior, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que las comunidades indígenas deben ser consultadas conforme a los estándares del Convenio referido, siempre que la norma general sea susceptible de afectar a estos grupos de manera especial y diferenciada frente al resto de la población.
40. De igual forma, se ha reconocido que la afectación directa a los pueblos y a las comunidades indígenas a los que alude el artículo 6 del Convenio 169, y cuya mera posibilidad da lugar a la obligación de consultarles una medida legislativa, no se refiere exclusivamente a la generación de algún perjuicio.
41. Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 151/2017(20) se declaró la invalidez de diversas normas cuyo propósito manifiesto era promover el rescate y la conservación de la cultura de un grupo indígena en una entidad federativa. Asimismo, en la acción de inconstitucionalidad 108/2019 y su acumulada 118/2019(21) se declaró la invalidez de disposiciones normativas ya que no se consultaron de manera adecuada, a pesar de que tales normas estaban relacionadas con el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de una entidad federativa, a elegir dirigentes conforme a sus prácticas tradicionales.
42. Ahora, respecto a los pueblos y a las comunidades afromexicanas, debe destacarse que el nueve de agosto de dos mil diecinueve, se adicionó un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política del país, a afecto de reconocerles como parte de la composición pluricultural de la Nación, además, de señalar que tendrán los derechos reconocidos para los pueblos y comunidades indígenas del país, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.(22)
43. En ese sentido, en la acción de inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada 117/2019, este Alto Tribunal determinó que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, se hace extensivo a los pueblos y comunidades afromexicanas, por lo que tienen derecho a ser consultadas en forma previa, culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales, informada y de buena fe, cuando las autoridades legislativas pretendan emitir una norma general o adoptar una acción o medida susceptible de afectar sus derechos o intereses.(23)
44. Ahora bien, en la acción de inconstitucionalidad 81/2018 este Alto Tribunal estableció que los procesos de consulta de medidas legislativas susceptibles de afectar a pueblos y a comunidades indígenas y afromexicanas deben observar, como mínimo, las fases y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32459-e2441a40/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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