TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA EN EL DELITO DE SECUESTRO AGRAVADO. EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA PENA PROCEDE APLICAR RETROACTIVAMENTE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, VIGENTE DEL 28 DE FEBRERO DE 2011 AL 3 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER UNA PENALIDAD MENOS LESIVA PARA LA PERSONA SENTENCIADA CONFORME AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 30/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE ABRIL DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de once de abril de dos mil veinticuatro.
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 30/2024, suscitada entre el Tercero y Cuarto, ambos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 118/2023 y 142/2022 y 160/2022, respectivamente.
2. La problemática jurídica que debe resolver este Pleno Regional, consiste en determinar si durante la etapa de ejecución de una pena, por el delito de secuestro, previsto y sancionado en los artículos 163 y 164, del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, existe la obligación por parte de la autoridad judicial de aplicar oficiosamente o a petición de parte la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entró en vigor el veintiocho de febrero de dos mil once hasta el tres de junio de dos mil catorce, para efectuar la traslación del tipo penal y adecuación de la pena, por ser más favorable, no obstante que se encuentre abrogada.
I. ANTECEDENTES
Denuncia de la contradicción de criterios
3. Mediante oficio ********** procedente de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que remitió el escrito presentado físicamente y con firma autógrafa, el cual fue debidamente digitalizado para la integración del expediente electrónico correspondiente,(1) **********, quejoso y recurrente en el recurso de revisión 118/2023, denunció la contradicción de criterios suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el medio de impugnación citado y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los diversos 142/2022 y 160/2022, pues consideró que existe discordancia entre lo resuelto en dichos recursos.
II. TRÁMITE
Admisión y trámite de la contradicción
4. Por auto de veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional, admitió la denuncia que nos ocupa, ordenó la creación del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 30/2024, requirió a los Tribunales Colegiados contendientes informaran si los criterios que sustentaron seguían vigentes o las consideraciones para tenerlos por superados o abandonados y la fecha en que aquello aconteció; asimismo, pusieran a nuestra disposición la consulta del expediente electrónico de su índice y poder vincularlo con el que se creó en este Pleno Regional –número 34482150 del expediente único nacional [NEUN]–, mediante la herramienta denominada "Vincular con otro órgano/Relacionar con expediente de origen".
5. También se comunicó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la radicación de este asunto y se solicitó la información atinente a si existía alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente y se turnó electrónicamente a la ponencia del Magistrado Samuel Meraz Lares.
6. Mediante proveído de uno de febrero del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes enviados por los Tribunales Colegiados contendientes, donde señalaron que los criterios emitidos en sus respectivos recursos de revisión continuaban vigentes.
7. Finalmente, por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinticuatro, se tuvo al Encargado del Despacho de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando que no se encuentra radicada en ese Máximo Tribunal alguna contradicción de criterios en la que el tema tenga relación con el establecido preliminarmente en el presente asunto; asimismo se confirmó el turno electrónico al Magistrado Samuel Meraz Lares, para la elaboración del proyecto correspondiente.
III. PRESENTACIÓN AMICUS CURIAE
8. Conforme a lo establecido por el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cualquier persona o institución podrá ofrecer voluntariamente su opinión respecto de alguna contradicción de criterios sujeta al conocimiento del algún Pleno Regional. Dicha opinión podrá presentarse hasta antes de la fecha para la sesión en que se programe la resolución del asunto.
9. En el caso, antes de la fecha en que fue publicada la lista de los asuntos para sesión ordinaria, ninguna persona o institución presentó opinión sobre el tema de esta contradicción de criterios. Tampoco se presentó alguna opinión entre la publicación de la lista y antes de la fecha para la sesión programada para resolverla.
IV. CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y NUEVA INTEGRACIÓN
10. El veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modificó la denominación de los Plenos Regionales Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, el cual establece en su artículo 1o., que a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México cambió de denominación a Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.
11. Además, por oficio SECNO/73/2024, de doce de enero del año en curso, se informó que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, aprobó los lineamientos para el trámite y destino de los expedientes con motivo del cambio de denominación y competencia de los Plenos Regionales; así como de la conclusión de diversos de estos.
12. A su vez, mediante oficios SEADS/88/2024, SEADS/92/2024 y SEADS/98/2024, signados por la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno de dicho Consejo, en sesión ordinaria de diez de enero del año en curso, aprobó la comisión temporal de la Magistrada Emma Meza Fonseca, y los Magistrados Miguel Bonilla López y Samuel Meraz Lares a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.
13. Tras el cambio de denominación y competencia de los Plenos Regionales y en atención a los acuerdos y oficios anteriormente señalados, de los que entre otras cuestiones se advierte que los asuntos pendientes de resolución deberán continuar su trámite correspondiente hasta su archivo, lo cual implica que dichos expedientes seguirán siendo atendidos y resueltos de acuerdo con la competencia y el procedimiento establecido, sin que el cambio en la denominación o competencia del Pleno Regional afecte su curso o resolución, se realizó la vinculación electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) del expediente en que se actúa, para su continuación por parte de este órgano colegiado.
14. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 12, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales.(2)
15. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la Región Centro-Norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
V. LEGITIMACIÓN
16. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) al haber sido formulada por el quejoso.
VI. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
17. A efecto de que este órgano colegiado se encuentre en posibilidades de verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es menester señalar que por contradicción de "criterios" debe entenderse cualquier discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
18. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(5) y la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES".(6)
19. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
20. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
21. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes–, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los tribunales colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un segmento de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y en consecuencia, que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior, dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(7)
22. En otras palabras, para la existencia de una contradicción de criterios se requiere que los órganos jurisdiccionales contendientes: I. Hayan realizado ejercicios interpretativos; II. Sobre el mismo problema jurídico y en virtud de ellos hayan llegado a soluciones contrarias; y III. Tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
23. Con lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que, para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas confrontadas.
24. Al respecto, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, considera que sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia.
25. Respecto al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron sometidas a su consideración, recurriendo a su arbitrio judicial, circunstancia en la que, a través de un ejercicio interpretativo, se buscó llegar a una solución determinada.
26. Así, la presente contradicción de criterios tiene su origen en juicios de amparo indirecto promovidos por diversos quejosos quienes fueron sentenciados por considerarlos responsables de la comisión del delito de secuestro agravado, de conformidad con lo previsto y sancionado en los artículos 163(8) y 164(9) del entonces Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de los hechos.
27. Dichos juicios de garantías fueron promovidos en contra de las resoluciones dictadas por diversas Salas Especializadas en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismas que confirmaron determinaciones emitidas por los jueces de las causas de origen que desecharon las controversias judiciales planteadas por los quejosos relativas a la traslación del tipo penal y la adecuación de la pena.
28. Así, en los juicios de amparo indirecto mencionados se resolvió negar la protección de la justicia federal a las partes quejosas, determinaciones que motivaron la presentación de los recursos de revisión que configuran la presente contradicción de criterios.
29. Sin embargo, los órganos resolutores constitucionales distaron, en esencia, en la interpretación sobre la aplicabilidad retroactiva de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, vigente del veintiocho de febrero de dos mil once al tres de junio de dos mil catorce, específicamente en lo referente a la traslación del tipo penal y la adecuación de la pena, conforme a lo siguiente:
A) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 118/2023, de su índice, el cual tiene su origen en una demanda de amparo indirecto en el que la parte quejosa solicitó la protección constitucional contra la resolución dictada por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,(10) la cual confirmaba una resolución anterior dictada por el Juez Cuadragésimo Quinto Penal de la Ciudad de México,(11) que desechaba una controversia judicial planteada por el propio quejoso, asunto del cual correspondió conocer al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien negó el amparo.
Inconforme con esta decisión, interpuso diverso recurso de revisión, del cual correspondió conocer por cuestión de turno al órgano colegiado de referencia, que en resolución de tres de agosto de dos mil veintitrés, confirmó la sentencia reclamada y por tanto negó la protección constitucional, pues estimó que era inoperante e infundado el agravio en el que el recurrente adujo que el juez de Distrito interpretó incorrectamente y violó sus derechos fundamentales al no aplicar oficiosamente la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro para trasladar el tipo penal y adecuar la pena, a que ya se hizo referencia. Ello, debido a que es criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se afirme que los juzgadores de amparo transgreden derechos fundamentales, son inoperantes, para lo cual usó como sustento la jurisprudencia P./J. 2/97, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO".(12)
Asimismo, el tribunal consideró que el juez de Distrito cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad al dictar la resolución impugnada, esto es, se explicó que esta era congruente con la litis planteada, así como con todos los puntos de la demanda, ya que se fijaron claramente los actos reclamados y se apreciaron las pruebas para determinar lo conducente.
Lo anterior, ya que la parte quejosa y recurrente destacó que fue incorrecto que se afirmara que la aplicación de la Ley General citada ya había sido analizada al momento de resolver un amparo directo promovido en el año dos mil diez(13) radicado en el propio órgano colegiado, bajo la premisa de que dicha ley no existía ni aún era publicada. Además, la quejosa señaló que al momento de resolverse un posterior juicio de amparo directo,(14) se estudió y analizó el cumplimiento al fallo protector dictado en el juicio de garantías mencionado en primer término, por lo cual no era correcto que el juez de Distrito señalara que lo relativo a la aplicación de la Ley General de referencia ya había sido analizada, además de que existía una incorrecta motivación porque las razones que consideró dicha autoridad no eran aplicables a la litis planteada.
Aludió el órgano revisor, que el recurrente indicó que no era posible aplicar una norma en su perjuicio ya que las sanciones contenidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro vigente, eran menos benéficas para este, debido a la reforma que sufrió en el año dos mil catorce, misma que fue anterior a la solicitud de traslación del tipo penal y adecuación de la pena.
En efecto, el órgano colegiado estableció que la ley mencionada ya había sido analizada en dos amparos directos previos –********** y **********–, de su propio índice y que la misma no podía aplicarse retroactivamente en favor del recurrente porque establecía una punibilidad más alta que la ley anterior al momento de resolver su petición de amparo. Dicho de otro modo, adujo que no solicitó la traslación del tipo penal y adecuación de la pena, durante el periodo en que la ley le beneficiaba –antes de la reforma de tres de junio de dos mil catorce–, circunstancia que constituía una expectativa de derecho y no un derecho adquirido y explicó que la ley no podía ser considerada intermedia porque no surgió durante la tramitación del proceso y dejó de tener vigencia antes de decretar la sentencia definitiva, es decir, surgió después de que fue resuelto el primer amparo directo que promovió que en cuanto a su penalidad fue favorable durante su vigencia, empero, el sentenciado y recurrente no solicitó su aplicación durante ese periodo.
Igualmente, explicó que para que se actualice la institución procesal de cosa juzgada es necesario que la sentencia se obtenga de un auténtico proceso judicial, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento y dando a las partes la oportunidad de utilizar los medios de impugnación, requisitos que en el caso, se cumplieron.
Al respecto, el tribunal adujo que incluso en el segundo de los amparos directos promovidos, ese tribunal implícitamente concluyó que no era procedente aplicar la ley especial en atención al principio de mayor beneficio, al tener en ese momento una penalidad que le era más perjudicial, lo que originó que el juez de Distrito correctamente determinara la imposibilidad de aplicar esa normatividad con la penalidad –con la penalidad vigente–, toda vez que, realizó su petición en la etapa de ejecución, esto es, después de la reforma anteriormente enunciada, de ello que se haya generado una expectativa de derecho y no un derecho adquirido. Por tanto, el órgano constitucional concluyó que se configuraba la figura de cosa juzgada en cuanto a la clasificación jurídica de los hechos y a la individualización de la pena, puesto que esos aspectos fueron analizados previamente por ese mismo órgano; sin embargo, dicha figura procesal no se actualizaba respecto a la petición del quejoso atinente a la traslación del tipo penal y adecuación de la pena.
Así, apuntó que la Ley General señalada no podía aplicarse retroactivamente en favor del recurrente debido a que, desde su promulgación hasta su reforma en junio de dos mil catorce, no solicitó la traslación del tipo y adecuación de la pena, y en las fechas en que se promovieron los amparos –en dos mil diez y dos mil veinte– ya estaba vigente una penalidad más alta que la que le fue impuesta.
B) Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 142/2022 y 160/2022, de su índice, los cuales están relacionados entre sí y tienen su origen en demandas de amparo indirecto en las que se solicitó el amparo en contra de las resoluciones dictadas en ambos casos por la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante las cuales confirmó las diversas emitidas en la causa penal de origen en la que se desechó por notoriamente improcedente la petición consistente en que se realizara la traslación del tipo y adecuación de la pena con relación al delito por el que fueron sentenciadas las partes recurrentes –secuestro agravado–.
Demandas de las que conocieron los Juzgados Segundo y Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, respectivamente, mismos en los que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a las partes quejosas.
Inconformes con ello, interpusieron recursos de revisión de los que conoció el órgano colegiado de control constitucional citado, que el catorce de diciembre de dos mil veintidós, emitió resoluciones en la que revocó las sentencias recurridas y concedió el amparo solicitado.
Ciertamente, el Tribunal Colegiado argumentó que tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a. /J. 4/2013 (9a.), de rubro: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE.",(15) la naturaleza jurídica de la traslación del tipo y la adecuación de la pena, se refiere al derecho que tiene una persona que está cumpliendo una sentencia para solicitar ante la autoridad judicial –vía incidental–, I) Si la conducta que fue considerada como delictiva según la legislación penal vigente en el momento de los hechos sigue siendo considerada como tal bajo un nuevo ordenamiento legal; II) En caso de que se determine que la conducta sigue siendo considerada como delictiva, siempre y cuando los elementos de la descripción típica del delito permanezcan sin cambios, pero la pena ha sido modificada en el nuevo ordenamiento, se aplique la sanción más favorable al sentenciado.
Destacó que, la traslación del tipo y adecuación de la pena implican la solución jurídica a un conflicto de leyes en el tiempo que busca garantizar el respeto al derecho fundamental de no retroactividad de la ley en perjuicio de las personas, tal como se establece en el primer párrafo, artículo 14 constitucional. De ello, que sus estudios partirían de la sentencia que definió la situación jurídica de los recurrentes,(16) pues en ella fue donde se aplicaron las normas penales vigentes al momento de los hechos,(17) a saber, se les consideró penalmente responsables de cometer el delito de secuestro agravado, según lo establecido en los artículos 163 y 164 del entonces Código Penal para el Distrito Federal; sin embargo, estos solicitaron la traslación del tipo y adecuación de la pena, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que entró en vigor el veintiocho de febrero de dos mil once, al ser una ley más reciente y favorable a su situación legal.
No obstante, las responsables negaron el amparo y adujeron que no era posible aplicar tales numerales, pues tenían la calidad de ley intermedia, ya que el tres de junio de dos mil catorce fueron reformados los artículos 9 y 10 de la Ley General previamente citada, y desde dicha reforma los castigos contemplados en estos eran más severos.
El tribunal contendiente afirmó que debido a que mientras unas leyes se extinguen y unas nuevas se originan, cuando la aplicación de la modificación de una norma penal afecta la duración de la pena que fue impuesta, surge el principio de la retroactividad en beneficio del gobernado, consagrado a contrario sensu, en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como en los diversos 2 y 10 del Código Penal para la Ciudad de México, el cual implica que ninguna ley pueda aplicarse retroactivamente para afectar la situación jurídica de alguien y destacó que este se basa en la idea fundamental de que una persona no puede ser condenada por acciones u omisiones que no fueran consideradas delictivas según el derecho aplicable en el momento en que se cometieron, sin soslayar que el artículo 1o. de la Constitución Federal reconoce, a su vez, el principio de progresividad, pro persona e igualdad ante la ley.
Así, el tribunal referido manifestó que de acuerdo a la interpretación conjunta de los anteriores artículos, el principio de retroactividad, opera de manera oficiosa en todas las etapas del procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. Esta progresividad es esencial para asegurar la protección de la dignidad humana, evitando interpretaciones restrictivas de las normas de derechos humanos y permitiendo su evolución para ampliar su alcance de protección.
Ilustró lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 35/2019 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO".(18)
Asimismo, resaltó que tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio aislado de rubro: "RETROACTIVIDAD, TEORIAS DE LA.",(19) la teoría de los derechos adquiridos es fundamental para determinar qué ley debe regir los actos o hechos jurídicos, la cual establece que un derecho adquirido se presenta cuando un acto jurídico otorga un bien, una facultad o un beneficio a una persona, y este acto no puede ser afectado ni por la voluntad de las partes involucradas ni por disposiciones legales en contrario. En contraste, las expectativas de derecho representan solo una esperanza de que se materialice una situación jurídica específica, que aún no forma parte del patrimonio de la persona y puede estar sujeta a cambios por disposiciones legales futuras.
De tal modo que, el órgano colegiado subrayó que según la teoría enunciada y las expectativas de derecho, una ley no puede afectar los derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que estos derechos se rigen siempre por la ley bajo la cual surgieron, incluso si esa ley ha dejado de estar vigente formalmente y ha sido reemplazada por otra. Por otro lado, una nueva ley puede afectar expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no han surgido al momento de su entrada en vigor. Por lo tanto, basta con que una persona haya sido condenada y que durante la ejecución de la sanción se promulgue una ley más favorable para que tenga derecho a su aplicación.
De ahí que ese Tribunal Colegiado de Circuito advirtió que el recurrente fue sentenciado conforme a la ley vigente en el momento de los hechos, –artículos 163 y 164 del Código Penal para el entonces Distrito Federal–; sin embargo, durante la ejecución de la pena impuesta, se promulgó la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que establecía penalidades menos severas en sus artículos 9 y 10, por ende, surgió una obligación para la autoridad de aplicar retroactivamente la ley más favorable en beneficio del condenado, según lo estipulado en el artículo 10 del Código Penal local antes enunciado.
Entonces, a pesar de que las sanciones establecidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro fueron modificadas posteriormente, mediante la reforma publicada el 30 de noviembre de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación, el derecho del quejoso a la aplicación retroactiva de la ley más favorable ya se había actualizado durante la ejecución de su pena, y las autoridades tenían la obligación de aplicarla de manera oficiosa, lo cual no ocurrió. Esto se diferencia de una ley intermedia, que surge durante el proceso pero no está vigente al momento de la comisión del delito ni al dictarse la sentencia definitiva, por lo que no resultaba aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "LEY PENAL INTERMEDIA. NO PUEDE APLICARSE AL MOMENTO DE EMITIR LA SENTENCIA DEFINITIVA, AUN CUANDO HAYA SIDO BENÉFICA".(20)
De manera que, ante dicha omisión por parte de la autoridad ejecutora competente y, no obstante que el juicio de amparo era la vía adecuada para corregir esta violación, los recurrentes tenían el derecho a que la autoridad judicial encargada de la ejecución de la sentencia, aplicara dicha legislación en su favor desde el momento de su entrada en vigor.
Por las anteriores consideraciones es que el Tribunal Colegiado revocó las sentencias recurridas y concedió el amparo para efecto de que la Sala responsable reconociera su derecho a la adecuación de la pena más favorable de acuerdo con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, publicada el treinta de noviembre de dos mil diez, que entró en vigor el veintiocho de febrero de dos mil once, hasta el tres de junio de dos mil catorce, para lo cual se ordenó a dicha autoridad realizar la traslación del tipo y la adecuación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32522-59a47a46/traslacion-del-tipo-y-adecuacion-de-la-pena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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