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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO DEROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO 65-182, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS EL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SUS MUNICIPIOS; Y LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 165/2022. · Registro digital (IUS): 32610
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-02
Promovente: MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo I, Volumen 1, Pág.112.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 165/2022. MUNICIPIO DE REYNOSA, ESTADO DE TAMAULIPAS. 22 DE MAYO DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS: LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 165/2022, promovida por el Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas, en contra del Decreto No. 65-182, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (LOFGJ), Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado y sus Municipios (LAAPETM), y Ley de Hacienda, todas esas legislaciones del Estado de Tamaulipas, publicado el uno de julio de dos mil veintidós en la edición vespertina del Periódico Oficial de la entidad federativa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda. Marco Antonio Montalvo Hernández, ostentándose como síndico del Municipio de Reynosa, Estado de Tamaulipas, promovió controversia constitucional contra el anterior Decreto, mediante escrito recibido el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Conceptos de invalidez. El Municipio actor expuso los siguientes argumentos en un único concepto de invalidez.

• El requisito objeto del Decreto impugnado, consistente en exhibir una constancia de antecedentes de no corrupción (CANC) es innecesario, ya que la persona sancionada por prácticas de corrupción se encuentra por sí misma inhabilitada para ser prestadora de servicios a la administración pública. La Constitución local no le otorga facultades a la fiscalía especializada en combate a la corrupción para coordinar el registro de personas sancionadas por esos hechos. Quien debería expedir la CANC sería la presidencia o secretaría ejecutiva del sistema estatal anticorrupción, ya que el objeto de la fiscalía es investigar y perseguir los delitos, pero no se le otorgan funciones registrales.

• Se viola el principio de taxatividad porque la norma impugnada no define con claridad a quién sí y a quien no se le otorgará la CANC. La existencia de antecedentes de corrupción no es un impedimento para ser proveedor del gobierno si no existe sanción penal o administrativa vigente, lo cual es contrario a los artículos 20, 5 y 9 constitucionales.

• Lo anterior porque a una persona sancionada y que resarció el daño se le estaría privando su derecho al comercio. Y si no ha sido sancionada, se le exige un requisito burocrático adicional, que incluso puede llegar a afectar la buena marcha de la administración pública y la adquisición de bienes y servicios. Exigir la CANC es discriminatorio, atenta contra el principio de presunción de inocencia, afecta la eficiencia y eficacia de la administración pública y es un requisito innecesario.

• La CANC no es necesaria para evitar que personas que se encuentren sancionadas presten servicios al municipio, ya que la Ley de Adquisiciones local faculta a la secretaría de administración estatal a mantener actualizado el padrón de proveedores, misma atribución se le otorga a los ayuntamientos con más de cien mil habitantes, como es el caso del Municipio actor. Por tanto, la fiscalía especializada al expedir la CANC señalada interviene en labores que le corresponden al municipio y que además tiene sus controles necesarios.

• Por otro lado, el requisito de contar con la CANC viola de manera directa los principios de autonomía municipal y financiera establecidos en el artículo 115 constitucional. Las normas impugnadas obligan a un control de la fiscalía ya que se establece por primera vez un requisito que los proveedores deben cumplir ante una autoridad ajena a la municipal. Además, se viola la autonomía municipal porque se supedita al municipio a otro órgano, por lo que la fiscalía se convierte en un órgano intermedio entre ciudadanía y municipio y entre el ejecutivo estatal y el municipio.

• Finalmente, el Municipio actor concluye que el requisito cuestionado afecta a los ciudadanos en relación con las actividades comerciales que tengan dentro del territorio municipal, porque se podría afectar con un requisito especial la agilidad en la contratación de bienes y servicios. Es decir, se sujeta la actividad de la adquisición de bienes y servicios a la censura previa de la fiscalía o incluso a una omisión que puede ser dolosa y retrasar las labores para la prestación de los servicios públicos municipales.

3. Auto de registro y turno. Por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte ordenó el registro de la controversia constitucional, a la que le correspondió el número 165/2022, y turnó el expediente a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora.

4. Admisión y trámite. Por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la controversia constitucional. Asimismo, se ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Tamaulipas, para que rindieran su informe. También ordenó que se diera vista a la Fiscalía General de la República para que formulara el pedimento que, en su caso, correspondiere. Por último, dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara si la materia de este asunto trasciende a sus funciones constitucionales.

5. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. Mediante escrito depositado en Correos de México el treinta de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, presentó su contestación.

6. Dado el sentido del presente fallo se considera innecesario la síntesis de sus argumentos.

7. Contestación del Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas. A través de escrito depositado en Correos de México el cuatro de octubre de dos mil veintidós, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas dio contestación a la demanda, en representación de dicho órgano legislativo.

8. Dado el sentido del presente fallo se considera innecesario la síntesis de sus argumentos.

9. Opinión del Fiscal General de la República y del Consejero Jurídico del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión.

10. Alegatos. El delegado del Municipio actor formuló sus alegatos por medio de escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el dos de diciembre de dos mil veintidós.

11. Cierre de instrucción. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente a la Ministra Instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

12. Primer returno. Toda vez que en sesión pública solemne celebrada por el Tribunal Pleno el dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora fue designada como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de esa misma fecha se returnó el asunto al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

13. Segundo returno. En auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés se returnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en virtud de que en sesión privada del Tribunal Pleno celebrada el dieciséis de noviembre de ese año, se determinó que los asuntos correspondientes a la ponencia del entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fueran turnados por estricto decanato entre las Ministras y Ministros.

14. Radicación. Previo dictamen del Ministro Instructor, el asunto quedó radicado en la Primera Sala. Posteriormente, mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y se remitieron los autos al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

I. COMPETENCIA

15. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i)(1) de la Constitución General y 10, fracción I(2) y 11 fracción VIII(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y punto segundo, fracción I(4) del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece,(5) pues se plantea el sobreseimiento de la controversia constitucional entre un Municipio y los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, por lo que no resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

16. De conformidad con los artículos 41, fracción I y 73 de la Ley Reglamentaria de la materia,(6) deben precisarse las normas generales que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.

17. En el apartado "IV.- NORMAS GENERALES Y/O ACTOS QUE SE DEMANDAN" de su escrito inicial de demanda, el Municipio actor señala como tal, de manera genérica, el Decreto No. 65-182, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la LOFGJ, LAAPETM y Ley de Hacienda, todas esas legislaciones del Estado de Tamaulipas, publicado el uno de julio de dos mil veintidós en la edición vespertina del Periódico Oficial de la entidad.

18. No obstante, al inicio de su único concepto de invalidez precisa que solicita sean declarados inconstitucionales los siguientes artículos: 27, fracción XXXII, de la LOFGJ; 27, numeral 1, fracción VII, de la LAAPETM; y el 59, fracción XI, inciso g), de la Ley de Hacienda, todas relativas al Estado de Tamaulipas.

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

19. Esta Primera Sala advierte de manera oficiosa que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria.(7)

20. Por lo tanto, en este caso resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y la legitimación de las partes, pues independientemente de que la demanda estuviera en tiempo, o de que hubiese sido presentada por un ente legitimado para promover controversias constitucionales, se actualiza una causa de improcedencia que impide emitir un pronunciamiento de fondo en este asunto.

21. En efecto, constituye un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(8) y de aplicación supletoria en términos del artículo 1o. de la Ley Reglamentaria,(9) que en la edición vespertina del veintidós de diciembre de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial el Decreto número 65-501, mediante el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Para una mejor ilustración, a continuación se presenta el siguiente cuadro comparativo, respecto de las normas impugnadas.

Ver cuadro comparativo

22. Lo anterior evidencia que durante la tramitación de la presente controversia constitucional las normas impugnadas perdieron vigencia en su totalidad, pues el propio órgano que las emitió determinó derogarlas, mediante el Decreto número 65-501, publicado veintidós de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, mismo que conforme a su artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación.

23. Al respecto, resultan aplicables las tesis P./J. 24/2005 y P./J. 47/99, de rubros: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA." y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO."

24. Por las razones mencionadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria,(10) con fundamento en la fracción II del artículo 20 de la propia ley(11) y se sobresee en la presente controversia constitucional por cesación de efectos de las normas impugnadas.

IV. DECISIÓN

25. Por lo antes expuesto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO.—Se sobresee en la presente controversia constitucional.

SEGUNDO.—Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; mediante oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros y de las Ministras: Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente), Ana Margarita Ríos Farjat y el Ministro Presidente en funciones Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo estuvo ausente.

Firman el Ministro Presidente en funciones de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.

________________

1. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: [...]

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral se susciten entre: [...]

i) Un Estado y uno de sus Municipios; [...]."

2. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...]."

3. "Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes, y tendrá las siguientes atribuciones:

VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...]."

4. "SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: [...]

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención. [...]."

5. Acuerdo General número 1/2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2023.

6. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]."

"Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

7. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]."

8. "Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes."

9. "Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

10. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; [...]."

11. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: [...]

II.- Cuando durante el ejercicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior."

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32610-0665159e/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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