I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO DEROGADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN XXXII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA, 27, PÁRRAFO 1, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS Y 59, FRACCIÓN XI, INCISO G), DE LA LEY DE HACIENDA, TODAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 109/2022. DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA LXV DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 22 DE MAYO DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintidós de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 109/2022, promovida por diversas diputadas y diputados integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas contra el Decreto No. 65-182, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (LOFGJ), Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios (LAAPETM), y Ley de Hacienda, todas esas legislaciones del Estado de Tamaulipas, publicado el uno de julio de dos mil veintidós en la edición vespertina del Periódico Oficial de la entidad federativa.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito. En contra del anterior Decreto, quince integrantes del Congreso del Estado de Tamaulipas promovieron demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Congreso y el Poder Ejecutivo, ambas autoridades del Estado de Tamaulipas, mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2. Artículos constitucionales y convencionales violados. En la demanda se señalan como violados los artículos: 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 39, 40, 41, párrafos primero y tercero, base I, 115, 116, segundo párrafo, fracción II y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 1, 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Concepto de invalidez. Las diputadas y diputados promoventes exponen en su escrito de demanda, esencialmente, los argumentos que a continuación se sintetizan:
• Primero. Se impugna el procedimiento legislativo del cual derivó el Decreto impugnado, por haberse expedido al día siguiente de que concluyó el segundo periodo ordinario de sesiones, sin motivación ni fundamentación. Además, el Decreto carece de las firmas de la diputada y diputado secretarios de la mesa directiva.
• Tuvo que haber sido la Diputación Permanente la que, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución local, presentara el dictamen de proyecto de Decreto en alguna sesión extraordinaria expresamente convocada para ese efecto. Por otro lado, el Decreto involucra temas presupuestarios, no obstante, se inobservaron las reglas establecidas en el artículo 70, primer y segundo párrafo de la Constitución local.
• Segundo. El artículo 27, fracción XXXII de la LOFGJ vulnera el principio de presunción de inocencia, pues considera a todos los ciudadanos como corruptos, así como a las personas físicas y morales proveedoras de bienes y servicios, excepto a los que se les expida una constancia de no corrupción. Los delitos por hechos de corrupción están tipificados en el Código Penal local, por lo que bajo los principios de interpretación conforme y pro persona, solo los culpables por sentencia definitiva pueden ser calificados como corruptos.
• La norma impugnada es inconstitucional por violentar las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, presunción de inocencia y el principio de taxatividad, dado que la calificación de corrupto a un ciudadano o persona vinculada solo puede imponerla un juez, mediante una sentencia firme cuya sanción sea la inhabilitación o prohibición para inscribirse como proveedores.
• Es inadmisible la exigencia de acreditar, mediante una constancia que expida un órgano incompetente, puesto que no emite resolución gubernamental ni determinación judicial, ni se dan los supuestos para ello. No hay razón de dar un trato de presunción de corrupción a las personas o proveedores por el simple hecho de no exhibir, para efectos de inscripción en el padrón respectivo, la carta de antecedentes de no corrupción.
• La norma impugnada es incompatible con el principio de presunción de inocencia, dado que autoriza a que la fiscalía anticorrupción y a que la autoridad administrativa que calificará los requisitos para ser proveedor estatal y municipal trate a todos los ciudadanos como corruptos, de manera extraprocesal, mientras no demuestren lo contrario, lo que transgrede la presunción de honradez.
• El artículo 21 constitucional no faculta al ministerio público para expedir las constancias de no corrupción, dado que no puede calificar de corruptos ni presumir que pudieran serlo, mediante una ficción legal, ni menos sancionar a los ciudadanos al negarles la expedición de constancias de no corrupción. No son las personas quienes tienen la carga de acreditar que no son corruptas, sino quien les impute tal condición, una vez seguido un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
• Puede suceder que el portador de una constancia de no corrupción en el inter se torne corrupto y que la autoridad que lo expide tenga mala fama o sea una persona reconocida como corrupta y, en contraste, que una persona sin esa constancia o a la cual se le niegue su expedición sea realmente honesta.
• Exigir la constancia de no corrupción pone en duda la integridad, sin que preceda juicio o recurso en el cual se determine ese déficit personal, que implicaría no tener un modo honesto de vivir. Dicha exigencia pone en riesgo el principio de no corrupción, el de igualdad y no discriminación en el ámbito de la administración pública.
• De quedar en manos de autoridades ajenas a las judiciales expedir la constancia de no corrupción podría haber casos sistemáticos de negativa a expedirla a unos solicitantes y dispensarla de manera obsequiosa a otros, sin garantía de adjudicación a través de licitaciones mediante convocatoria pública que asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias.
• La adición cuestionada podría estar motivada en la idea de bloquear a algunos proveedores y favorecer a otros, sin que exista decisión judicial previa, lo cual es un asunto de notoria trascendencia a fin de que no imperen condiciones de fraude a la ley que impidan la igualdad y honradez en el manejo de los recursos públicos. Además, los proveedores ya inscritos en el registro no tendrían que exhibir la constancia, pues de excluirlos del padrón se haría una aplicación retroactiva de la ley en su perjuicio.
• Por lo antes expuesto, los promoventes solicitan la invalidez del artículo 27, fracción XXXII, de la LOFGJ.
• Tercero. El artículo 27, numeral 1, fracción VII, de la LAAPETM y el artículo 59, fracción XI, inciso g), de la Ley de Hacienda local vulneran la prohibición de no discriminación, el principio de igualdad, la garantía de libertad de oficio y libre empresa y coartan los derechos económicos de los ciudadanos. Lo anterior, porque sin ser culpables de uno de los delitos de corrupción, si no exhiben la constancia de no corrupción, no podrán cumplir con los requisitos para inscribirse en el padrón de proveedores.
• Los promoventes solicitan que se tenga en cuenta lo aducido y por reproducido lo expresado en el segundo concepto de invalidez, porque la constancia de no corrupción no es el documento idóneo para acreditar que el ciudadano no es culpable de los delitos de hechos de corrupción, sino que lo sería una sentencia firme expedida por un juez competente.
• Si a un ciudadano se le niega la inscripción como proveedor por la falta de constancia de no corrupción, ello sería incompatible con los principios de igualdad, no discriminación, libertad de trabajo, oficio, comercio lícito y derechos económicos.
• Las normas impugnadas son incompatibles con los artículos 1, 5 y 25 constitucionales, porque el hecho de exigir la constancia de no corrupción sin haber sido sentenciados vulnera los principios de igualdad, libertad de profesión y de libre empresa. Además, se incumple con la función estatal de proteger e impulsar la actividad económica de los particulares, pues la exigencia prevista en las normas impugnadas impide solicitar el registro como proveedores, por tanto, de celebrar contratos y participar en licitaciones públicas.
• Con lo anterior, se les estaría discriminando y no tendrían posibilidades de dedicarse a su oficio ni progresar y desarrollarse económicamente, aunado a que estarán impedidos para proveer bienes y servicios, eventualmente, en mejores condiciones de precio, calidad y cantidad respecto de aquellos que sí hayan presentado la constancia de no corrupción.
• En esas condiciones, son inconstitucionales las normas impugnadas en este apartado, porque su validez depende de la norma ya referida de la LOFGJ. Pareciera plausible la exigencia de la constancia de no corrupción, pero ello no suprime la posibilidad de que, oficiosamente o por denuncia, la autoridad revise las calidades de quienes pretendan ofrecer al Estado bienes y servicios.
• Lo correcto es negar la inscripción en el padrón de proveedores únicamente cuando exista una condena firme de juez competente que responsabilice de corrupción a determinada persona. Por tanto, al resultar inconstitucional la norma impugnada de la LOFGJ y el artículo 27, numeral 1, fracción VII, de la LAAPETM, en vía de consecuencia también debe invalidarse el artículo 59, fracción XI, inciso g), de la Ley de Hacienda local, así como los artículos transitorios del decreto impugnado.
• Finalmente, los promoventes sostienen que, de no ser posible invalidar esta última norma de la Ley de Hacienda por la misma causa que las demás disposiciones, también resulta inconstitucional al tratarse de un derecho personal y colectivo a la información el supuesto de que una persona pueda demostrar que no es corrupta y ninguna contribución debe causar. Dicha norma infringe el derecho humano a la información u omite proteger el derecho a la honra y dignidad de las personas, por lo que debe expulsarse del orden jurídico.
4. Admisión y trámite. Mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 109/2022 y lo turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.
5. En proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió la demanda y solicitó a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tamaulipas que, en un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que surtiera efectos la notificación del acuerdo de admisión, presentaran sus informes respectivos.
6. De igual forma, se requirió al Congreso local para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y, al Poder Ejecutivo, que enviara un ejemplar o copia certificada del Periódico Oficial en el que se publicó el Decreto controvertido. Por último, dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera.
7. Informe del Congreso demandado. Mediante escrito recibido el veinte de septiembre de dos mil veintidós en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la Diputación Permanente del Congreso demandado rindió su informe.
8. Dado el sentido del presente fallo se considera innecesario la síntesis de sus argumentos.
9. Informe del Poder Ejecutivo demandado. A través de escrito depositado en Correos de México el ocho de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, en representación del titular del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió su informe.
10. Dado el sentido del presente fallo se considera innecesario la síntesis de sus argumentos.
11. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. En la presente acción de inconstitucionalidad, ni la Fiscalía General de la República, ni la Consejería Jurídica del Gobierno Federal emitieron opinión alguna, pese a que fueron debidamente notificadas.
12. Cierre de Instrucción. Una vez recibidos los informes de las autoridades demandadas y transcurrido el plazo para formular alegatos, la Ministra Instructora emitió el auto de cierre de instrucción el seis de diciembre de dos mil veintidós, a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
13. Primer returno. Toda vez que en sesión pública solemne celebrada por el Tribunal Pleno el dos de enero de dos mil veintitrés, la Ministra Instructora fue designada como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de esa misma fecha se returnó el asunto al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
14. Segundo returno. En auto de uno de diciembre de dos mil veintitrés se returnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en virtud de que en sesión privada del Tribunal Pleno celebrada el dieciséis de noviembre de ese año, se determinó que los asuntos correspondientes de la ponencia del entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, fueran turnados por estricto decanato entre las Ministras y Ministros de esta Primera Sala.
15. Avocamiento. Previa solicitud del Ministro Instructor, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó remitir el presente asunto a la Primera Sala para su radicación y resolución. Esta Primera Sala se avocó al conocimiento de este expediente y ordenó devolver los autos al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
16. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 1, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante solo “Ley Reglamentaria”);(2) 10, fracción I, y 11, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(3) en relación con los puntos Segundo, fracción II y Tercero del Acuerdo General número 5/2013(4) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres febrero de dos mil veintitrés, ya que se trata de una acción de inconstitucionalidad en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno por el sentido de este fallo.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
17. De conformidad con los artículos 41, fracción I y 73 de la Ley Reglamentaria,(5) deben precisarse las normas generales que serán objeto de estudio en la presente acción de inconstitucionalidad.
18. El Decreto No. 65-182 impugnado se publicó el uno de julio de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, y modificó las siguientes normas legales:
• LOFGJ: se reforma la fracción XXXI, y se adiciona la fracción XXXII, recorriéndose la actual en su orden natural, para ser XXXIII, del artículo 27.
• LAAPETM: se reforma la fracción VI; y se adiciona la fracción VII, recorriéndose la actual en su orden natural, para ser VIII, al numeral 1 del artículo 27.
• Ley de Hacienda: se reforma el inciso e) y f), y se adiciona el inciso g), de la fracción XI, del artículo 59.
19. Ahora bien, esta Primera Sala advierte de la lectura integral del escrito de demanda que los promoventes impugnan específicamente los artículos 27, fracción XXXII de la LOFGJ, 27, párrafo 1, fracción VII de la LAAPETM y 59, fracción XI, inciso g) de la Ley de Hacienda, todas las disposiciones del Estado de Tamaulipas.
III. SOBRESEIMIENTO
20. Resulta innecesario el estudio de los demás presupuestos procesales, toda vez que se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en los artículos 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II y el 65 de la Ley Reglamentaria,(6) relativa a la cesación de efectos de las normas específicamente impugnadas, tal y como se demostrará a continuación.
21. En efecto, constituye un hecho notorio, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(7) y de aplicación supletoria en términos del artículo 1o. de la Ley Reglamentaria,(8) que en la edición vespertina del veintidós de diciembre de dos mil veintidós se publicó en el Periódico Oficial el Decreto número 65-501, mediante el que se derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios y de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Para una mejor comprensión, a continuación, se presenta el siguiente cuadro comparativo respecto de las normas impugnadas.
Ver cuadro comparativo
22. Lo anterior evidencia que durante la tramitación de la presente acción de inconstitucionalidad las normas antes precisadas perdieron vigencia en su totalidad, pues el propio órgano que las emitió determinó derogarlas, mediante el Decreto número 65-501, publicado veintidós de diciembre de dos mil veintidós en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, mismo que conforme a su artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación.
23. Al respecto, resultan aplicables las tesis P./J. 24/2005 y P./J. 47/99, de rubros: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA.” y “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI DURANTE EL PROCEDIMIENTO ES ABROGADA LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DEBE ESTIMARSE QUE HA CESADO EN SUS EFECTOS, POR LO QUE PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO.”.
24. Por tales razones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria, respecto de las normas señalas, y consecuentemente procede su sobreseimiento precisamente por haber dejado de producir efectos.
IV. DECISIÓN
25. Por lo expuesto y fundado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve:
PRIMERO.—Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad.
SEGUNDO.—Publíquese esta sentencia en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros y las señoras Ministras: Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente), Ana Margarita Ríos Farjat y Presidente en funciones Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo estuvo ausente.
Firman el Ministro Presidente en funciones de la Primera Sala y el Ministro Ponente, con el Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe.
________________
1. “Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
d) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;” [...]
2. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
3. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; [...].
Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las siguientes atribuciones:
VIII. Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las Salas a través de los acuerdos generales que emita. Si alguna de las Salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda; [...].
4. “SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución: [...]
II. Las acciones de inconstitucionalidad, salvo en las que deba sobreseerse, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención;
TERCERO. Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito”.
5. “Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de las normas generales, actos u omisiones objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados; [...]”.
“Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley”.
6. “Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes: [...]
V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;” [...]
“Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:” [...]
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;” [...]
“Artículo 65. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20”.
La (sic) causales previstas en las fracciones III y IV del artículo 19 sólo podrán aplicarse cuando los supuestos contemplados en éstas se presenten respecto de otra acción de inconstitucionalidad.
7. “Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes”.
8. “Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles”.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32726-45d2d70d/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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