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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS INPUGNADAS, AL HABER SIDO DEROGADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 54, FRACCIÓN II; 82, FRACCIÓN III; 189, 190, 191, 192, 193, 194 Y 195 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 157/2022. · Registro digital (IUS): 200957
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Sistema de Precedentes en Controversias Constitucionales y en Acciones de Inconstitucionalidad

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 157/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: el seis de octubre de dos mil veintidós se publicó en el periódico oficial del Estado de México el Decreto número 92, por el que se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicha entidad federativa.

En lo que aquí interesa, la nueva Ley Orgánica estableció los requisitos de no haber sido condenado por delito doloso para ser perito y no haber sido sancionado penalmente o en materia administrativa, con suspensión, para ser secretario y actuario de primera instancia. De igual forma, previó un capítulo de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas del poder judicial local.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió la presente acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los requisitos señalados en el párrafo anterior y diversas disposiciones que comprenden el capítulo de responsabilidades administrativas. Respecto a los requisitos, la accionante alegó que vulneran los derechos de igualdad y no discriminación, acceder a un cargo público y a la libertad de trabajo. Por lo que hace a los artículos establecen las causas de responsabilidades administrativas, señala que no se precisa cuáles son graves y cuáles son no graves, lo que vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 157/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Expedición de las disposiciones impugnadas. El seis de octubre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México el Decreto número 92, mediante el cual se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

2. Presentación de la acción de inconstitucionalidad. Por escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del referido Decreto número 92, en la que cuestionó la constitucionalidad de los artículos 54, fracción II; 82, fracción III; 189; 190; 191; 192; 193; 194 y 195, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

3. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la accionante expuso los siguientes conceptos de invalidez:

PRIMERO. Requisitos para acceder a los cargos de personas secretarias, actuarias y peritas.

Los artículos 54, fracción II y 82, fracción III en sus porciones normativas "no haber sido sancionada o sancionado penalmente o, en materia administrativa, con suspensión" y "no haber sido condenada o condenado penalmente por delito doloso", respectivamente, vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación, a la libertad de trabajo, y de acceder a un cargo público.

Lo anterior, porque los requisitos no están vinculados con la configuración del tipo de trabajo a desempeñar, pues exigir que la persona no haya sido condenada por delito ni sancionada por una falta administrativa, sin ninguna especificación razonable, no tiene una justificación objetiva en función del desempeño de los cargos públicos.

SEGUNDO. No se establece cuáles son faltas administrativas graves y cuáles son no graves.

Los artículos 189, 190, 191, 192, 193, 194 y 195, vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad porque el Congreso local inobservó una de las bases mínimas previstas en la Constitución Política del país, consistente en que las faltas se clasifiquen en función de su gravedad.

Las faltas administrativas de los servidores públicos deben distinguirse entre graves y no graves, lo cual no es una cuestión de mera formalidad, sino un elemento esencial para fincar la responsabilidad administrativa. Por ello, toda vez que los artículos cuestionados no hacen esa categorización de faltas, se deja en incertidumbre jurídica a los destinatarios de la norma, pues no sabrán con certeza cómo será clasificada la conducta cometida, la posible sanción ni que autoridad será la competente para su resolución. Aunado a que los aplicadores de las normas podrán actuar discrecionalmente para calificar las faltas según las consideren graves o no graves, asumir competencias y para imponer sanciones que pudieran resultar desproporcionadas o inaplicables en atención a la naturaleza de la falta de que se trate.

4. Registro y turno. En acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte tuvo por presentada esta acción de inconstitucionalidad, la registró bajo el número de expediente 157/2022, y la turnó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

5. Admisión y trámite. El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la Ministra instructora dictó un acuerdo mediante el cual admitió la acción de inconstitucionalidad, reconoció la personalidad de la Comisión promovente, y dio vista a los órganos que expidieron y promulgaron las normas impugnadas para que rindieran sus respectivos informes y enviaran ciertos documentos.

6. De igual forma dio vista al Fiscal General de la República para que formule el pedimento que le corresponde y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara lo que a su representación corresponda.

7. Informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, en los que señalaron que las disposiciones reclamadas son constitucionales.

8. Primer returno. Por auto de dos de enero de dos mil veintitrés se returnó el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que continuara actuando como instructor, en virtud de que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió como Presidenta a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.

9. Escritos de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México. Los días primero y siete de agosto de dos mil veintitrés, los delegados de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de México, cuya personalidad tienen reconocida en autos, informaron que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa el Decreto Número 178, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. En consecuencia, solicitaron que se sobresea en la presente acción de inconstitucionalidad.

10. El catorce de agosto siguiente, el Ministro instructor agregó al expediente los escritos mencionados en el párrafo anterior e informó que el sobreseimiento solicitado sería analizado al momento de dictar sentencia.

11. Segundo returno. Mediante acuerdo de primero de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Suprema Corte informó que el Tribunal Pleno determinó que los asuntos correspondientes a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se returnarían entre las Ministras y los Ministros que integran el Pleno. En consecuencia, se ordenó returnar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que continuara actuando como instructora.

12. Envío a la Primera Sala. Previa solicitud de la Ministra Instructora, mediante acuerdo de quince de mayo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este alto tribunal ordenó enviar el presente asunto a la Primera Sala para su resolución. Por proveído de veinticuatro de mayo siguiente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó para conocer el presente asunto.

I. COMPETENCIA

13. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I, y 11, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) en relación con los puntos segundo, fracción I, a contrario sensu, y tercero del Acuerdo General del Tribunal Pleno número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promueve el presente medio de control constitucional contra una norma general, al considerar que su contenido es inconstitucional; sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, por no poder llevarse a cabo un estudio de fondo del asunto.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS

14. De la demanda de acción de inconstitucionalidad se desprende que la Comisión accionante impugna los artículos 54, fracción II; 82, fracción III; 189; 190; 191; 192; 193; 194 y 195, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

15. Resulta innecesario realizar un pronunciamiento sobre la oportunidad y la legitimación de la parte accionante. Ello, porque independientemente de que la demanda estuviera en tiempo y de que hubiese sido presentada por un ente legitimado para promover acciones de inconstitucionalidad, se actualiza una causa de improcedencia que imposibilita emitir un pronunciamiento de fondo.

16. Esta Primera Sala advierte la existencia de un nuevo acto legislativo que provocó un cambio en el sentido normativo de las normas impugnadas, lo cual, actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos de la norma impugnada, prevista en el artículo 19 fracción V de la Ley Reglamentaria, aplicable en términos del artículo 65 de la misma ley.(3)

17. Al respecto, esta Suprema Corte ha considerado en reiteradas ocasiones que para declarar el sobreseimiento por cesación de efectos ante la presencia de un nuevo acto legislativo, debe acreditarse tanto un requisito formal como uno material o sustantivo.(4)

18. El requisito formal exige que se haya llevado a cabo un proceso legislativo. El criterio material o sustantivo se refiere a que la modificación haya impactado en la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto normativo, de tal suerte que el nuevo acto legislativo implique necesariamente una modificación en el sentido normativo de la disposición.(5)

19. En el presente caso, se cumple el requisito formal en virtud de que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés se publicó en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado Libre y Soberano de México el Decreto Número 178, por el cual se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, entre ellos, todas las disposiciones normativas que fueron impugnadas por la Comisión accionante en la presente acción de inconstitucionalidad.

20. El contenido de los artículos 54, fracción II; 82, fracción III; 189, 190, 191, 192, 193, 194 y 195, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se modificó para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 54

Contenido impugnado (06 de octubre de 2022)

Requisitos para secretarias, secretarios, actuarios y actuarias de primera instancia

Artículo 54. Las y los secretarios y actuarios deberán cumplir los siguientes requisitos: [...]

II. No haber sido sancionada o sancionado penalmente o, en materia administrativa, con suspensión;

[...]

Decreto 178 (21 de junio de 2023)

Requisitos para secretarias, secretarios, actuarios y actuarias de primera instancia

Artículo 54. Las y los secretarios y actuarios deberán cumplir los siguientes requisitos: [...]

II. No encontrarse en cumplimiento de sanción penal o, en materia administrativa, con suspensión;

[...]

ARTÍCULO 82

Contenido impugnado (06 de octubre de 2022)

Requisitos para ser perita o perito

Artículo 82. Para ser perita o perito se requiere: [...]

III. No haber sido condenada o condenado por delito doloso; [...]

Decreto 178 (21 de junio de 2023)

Requisitos para ser perita o perito

Artículo 82. Para ser perita o perito se requiere: [...]

III. No encontrarse en cumplimiento de sanción por delito doloso; [...]

ARTÍCULOS 189, 190, 191, 192, 193, 194 Y 195

Contenido impugnado (06 de octubre de 2022)

Artículo 189. Son faltas administrativas de los magistrados las acciones u omisiones siguientes:

Además de incumplir con las prerrogativas y obligaciones previstas en el artículo 11 de esta ley, las siguientes:

I. Dictar resoluciones o trámites infundados o notoriamente innecesarios que sólo tiendan a dilatar el proceso;

II. Señalar la celebración de vistas o audiencias, fuera de los plazos establecidos por la ley;

III. Acosar laboralmente a las personas de su entorno, valiéndose de su posición jerárquica, y

IV. Acosar u hostigar sexualmente, o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral.

Responsabilidad del ponente o conjunta

Artículo 190. Si la falta se cometiere porque los magistrados de las salas colegiadas o tribunal de alzada no dicten sus resoluciones dentro del término legal, solamente será responsable el ponente cuando no presentare oportunamente el proyecto respectivo a la consideración de los otros magistrados o magistradas; los tres serán responsables si, al haberse presentado la ponencia correspondiente, no concurrieren a la discusión del negocio o no emitieren su voto sin causa justificada.

Faltas administrativas de los jueces

Artículo 191. Son faltas administrativas de los jueces, además de las señaladas para los magistrados, las acciones u omisiones siguientes:

I. Decretar providencias provisionales notoriamente improcedentes o fuera de los casos previstos por la ley;

II. Admitir demandas o promociones de partes que no acrediten su personalidad o desecharlas a quien la hubiere acreditado legalmente;

III. Hacer declaración de rebeldía en juicio o tener por confesa a alguna de las partes, sin que los emplazamientos o citaciones hayan sido hechas en forma legal o con antelación al término previsto por la ley;

IV. Decretar embargos o ampliación de los mismos sin que se reúnan los requisitos de ley, o negar su reducción o levantamiento cuando se compruebe en autos la procedencia legal;

V. Dejar inconclusa la instrucción de los procesos de su conocimiento;

VI. Abstenerse de revisar de oficio las actuaciones de sus secretarios y actuarios, en los casos que ordena la ley;

VII. Acosar laboralmente a las personas de su entorno, valiéndose de su posición jerárquica;

VIII. Acosar u hostigar sexualmente, o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral;

IX. No presidir las audiencias, las juntas de peritos u otras diligencias en las que la ley determine su intervención, y

X. Suspender, evadir o dejar sin efectos de manera injustificada el turno de los autos para emitir sentencia definitiva o interlocutoria salvo en los casos que expresamente establece la ley, o hacer uso de plazos extraordinarios para su emisión, cuando no se actualice el supuesto que para tal efecto prevé la ley, se evidencie que fue por motivo de omisión, falta de cuidado o negligencia atribuible al órgano jurisdiccional.

Faltas administrativas de los secretarios

Artículo 192. Son faltas administrativas de los secretarios de acuerdos las acciones u omisiones siguientes:

I. Dar cuenta de los oficios y documentos oficiales y de los escritos y promociones de las partes, fuera del término legal;

II. Asentar en autos las certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial, sin sujetarse a los plazos señalados en la ley, o abstenerse de hacerlas;

III. Retardar la entrega de los expedientes para notificación personal o su diligenciación, cuando las actuaciones deban efectuarse fuera del juzgado;

IV. Abstenerse de dar cuenta al juez o al presidente de la Sala o Tribunal que corresponda, de las faltas u omisiones que observen en los servidores subalternos de la oficina;

V. Negarse a realizar las notificaciones que procedan legalmente, cuando las partes concurran al tribunal o juzgado;

VI. Rehusarse a mostrar los expedientes a las partes cuando lo soliciten o cuando se hubiera publicado el acuerdo correspondiente;

VII. Acosar laboralmente a las personas de su entorno, valiéndose de su posición jerárquica;

VIII. Acosar u hostigar sexualmente, o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral, y

IX. No cumplir con los términos señalados en los ordenamientos legales.

Faltas administrativas de actuarios

Artículo 193. Son faltas administrativas de los actuarios las acciones u omisiones siguientes:

I. Dar preferencia a alguno de los litigantes, en la práctica de las diligencias;

II. Realizar emplazamientos por cédula o instructivo, en lugar distinto del señalado en autos, y sin cerciorarse por cualquier medio que el demandado tiene su domicilio en donde se efectúa la diligencia;

III. Llevar a cabo embargos, aseguramientos, retención de bienes o lanzamientos a personas físicas o morales que no sean las designadas en el auto respectivo o cuando en el momento de la diligencia o antes de retirarse el servidor público judicial, se le demuestre que esos bienes son ajenos;

IV. Dejar de hacer con la debida oportunidad las notificaciones personales físicas o electrónicas, o abstenerse de practicar las diligencias encomendadas, cuando éstas deban efectuarse fuera del tribunal o juzgado o de manera electrónica;

V. Retardar indebidamente las notificaciones, emplazamientos, embargos o diligencias de cualquier clase que les fueren encomendadas;

VI. Acosar laboralmente a las personas de su entorno, valiéndose de su posición jerárquica;

VII. Acosar u hostigar sexualmente, o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral, y

VIII. No cumplir con los términos señalados en los ordenamientos legales.

Faltas administrativas de mediadores, conciliadores y facilitadores

Artículo 194. Son faltas administrativas de los mediadores, conciliadores y facilitadores las siguientes:

I. Revelar los informes, datos, comentarios, opiniones, conversaciones y acuerdos de las partes de que tengan conocimiento con motivo del trámite de mediación o conciliación en el que intervengan;

II. Violar los principios de imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y respeto a las partes en los asuntos en los que intervengan;

III. Tratar con descortesía a las y los litigantes, abogados patronos y al público;

IV. No concurrir en las horas reglamentarias al desempeño de sus labores y no asistir puntualmente a la celebración de ceremonias o actos oficiales del Poder Judicial o cursos de capacitación, congresos, conferencias o reuniones de trabajo;

V. Incumplir las instrucciones de sus superiores jerárquicos relacionadas con las funciones del Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa;

VI. Acosar laboralmente a las personas de su entorno, valiéndose de su posición jerárquica; VII. Acosar u hostigar sexualmente, o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral, y

VIII. Incumplir con las obligaciones inherentes a su cargo.

Faltas administrativas de otros servidores

Artículo 195. Son faltas administrativas de las y los demás servidores públicos del Poder Judicial, las acciones u omisiones siguientes:

I. Tratar con descortesía a las y los litigantes, abogados patronos y al público;

II. Despachar tardíamente los oficios; retardar las diligencias que se les encomienden o negarse a practicarlas;

III. Retardar el turno de las promociones a los juzgados correspondientes;

IV. No concurrir en las horas reglamentarias al desempeño de sus labores, y no asistir puntualmente a la celebración de ceremonias o actos oficiales del poder judicial o cursos de capacitación o reuniones de trabajo;

V. No mostrar los expedientes a las partes, o a las personas autorizadas cuando lo soliciten, siendo los encargados de hacerlo;

VI. Acosar laboralmente a las personas de su entorno, valiéndose de su posición jerárquica;

VII. Acosar u hostigar sexualmente, o bien llevar a cabo una o más conductas de naturaleza sexual, valiéndose de su posición jerárquica o, aunque no exista dicha posición, sobre otra persona de su entorno laboral, e

VIII. Incumplir las instrucciones de sus superiores jerárquicos.

Decreto 178 (21 de junio de 2023)

Artículo 189. Si la falta se cometiere porque los magistrados de las salas colegiadas o tribunal de alzada no dicten sus resoluciones dentro del término legal, solamente será responsable el ponente cuando no presentare oportunamente el proyecto respectivo a la consideración de los otros magistrados o magistradas; los tres serán responsables si, al haberse presentado la ponencia correspondiente, no concurrieren a la discusión del negocio o no emitieren su voto sin causa justificada.

De los jueces

Artículo 190. Son faltas administrativas no graves de los jueces, además de las señaladas para los magistrados en esta Ley, las acciones u omisiones siguientes:

I. Decretar providencias provisionales notoriamente improcedentes o fuera de los casos previstos por la ley;

II. Admitir demandas o promociones de partes que no acrediten su personalidad o desecharlas a quien la hubiere acreditado legalmente;

III. Hacer declaración de rebeldía en juicio o tener por confesa a alguna de las partes, sin que los emplazamientos o citaciones hayan sido hechas en forma legal o con antelación al término previsto por la ley;

IV. Decretar embargos o ampliación de los mismos sin que se reúnan los requisitos de ley, o negar su reducción o levantamiento cuando se compruebe en autos la procedencia legal;

V. Dejar inconclusa la instrucción de los procesos de su conocimiento;

VI. Abstenerse de revisar de oficio las actuaciones de sus secretarios y actuarios, en los casos que ordena la ley;

VII. No presidir las audiencias, las juntas de peritos u otras diligencias en las que la ley determine su intervención;

VIII. Suspender, evadir o dejar sin efectos de manera injustificada el turno de los autos para emitir sentencia definitiva o interlocutoria salvo en los casos que expresamente establece la ley, o hacer uso de plazos extraordinarios para su emisión, cuando no se actualice el supuesto que para tal efecto prevé la ley, se evidencie que fue por motivo de omisión, falta de cuidado o negligencia atribuible al órgano jurisdiccional.

De los secretarios

Artículo 191. Son faltas administrativas no graves de los secretarios de acuerdos las acciones u omisiones siguientes:

I. Dar cuenta de los oficios y documentos oficiales y de los escritos y promociones de las partes, fuera del término legal;

II. Asentar en autos las certificaciones que procedan de oficio o por mandato judicial, sin sujetarse a los plazos señalados en la ley, o abstenerse de hacerlas;

III. Retardar la entrega de los expedientes para notificación personal o su diligenciación, cuando las actuaciones deban efectuarse fuera del juzgado;

IV. Abstenerse de dar cuenta al juez o al presidente de la Sala o Tribunal que corresponda, de las faltas u omisiones que observen en los servidores subalternos de la oficina;

V. Negarse a realizar las notificaciones que procedan legalmente, cuando las partes concurran al tribunal o juzgado;

VI. Rehusarse a mostrar los expedientes a las partes cuando lo soliciten o cuando se hubiera publicado el acuerdo correspondiente.

De actuarios

Artículo 192. Son faltas administrativas no graves de los actuarios las acciones u omisiones siguientes:

I. Dar preferencia a alguno de los litigantes, en la práctica de las diligencias;

II. Realizar emplazamientos por cédula o instructivo, en lugar distinto del señalado en autos, y sin cerciorarse por cualquier medio que el demandado tiene su domicilio en donde se efectúa la diligencia;

III. Llevar a cabo embargos, aseguramientos, retención de bienes o lanzamientos a personas físicas o morales que no sean las designadas en el auto respectivo o cuando en el momento de la diligencia o antes de retirarse el servidor público judicial, se le demuestre que esos bienes son ajenos;

IV. Dejar de hacer con la debida oportunidad las notificaciones personales físicas o electrónicas, o abstenerse de practicar las diligencias encomendadas, cuando éstas deban efectuarse fuera del tribunal o juzgado o de manera electrónica;

V. Retardar indebidamente las notificaciones, emplazamientos, embargos o diligencias de cualquier clase que les fueren encomendadas.

De mediadores, conciliadores y facilitadores

Artículo 193. Son faltas administrativas no graves de los mediadores, conciliadores y facilitadores las siguientes:

I. Revelar los informes, datos, comentarios, opiniones, conversaciones y acuerdos de las partes de que tengan conocimiento con motivo del trámite de mediación o conciliación en el que intervengan;

II. Violar los principios de imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y respeto a las partes en los asuntos en los que intervengan;

III. Tratar con descortesía a las y los litigantes, abogados patronos y al público;

IV. Incumplir las instrucciones de sus superiores jerárquicos relacionadas con las funciones del Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa.

De todos los servidores públicos

Artículo 194. Son faltas administrativas no graves de todos los servidores públicos del Poder Judicial, las acciones u omisiones siguientes:

I. Despachar tardíamente los oficios o promociones de los que tengan conocimiento; retardar las diligencias que se les encomienden o negarse a practicarlas;

II. Retardar el turno de las promociones a los juzgados correspondientes;

III. Incumplir las instrucciones de sus superiores jerárquicos;

IV. No cumplir con los términos señalados en los ordenamientos legales;

V. Incumplir con las obligaciones inherentes a su cargo;

VI. Las demás establecidas en las disposiciones legales aplicables al Poder Judicial del Estado de México.

Además de las señaladas con antelación, también se considerarán como faltas administrativas no graves de todos los servidores públicos del Poder Judicial, las establecidas con esa calidad en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

SECCIÓN SEGUNDA

De las faltas administrativas graves

Faltas administrativas graves de los servidores públicos

Artículo 195. Para efectos del presente Capítulo, se consideran faltas administrativas graves de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México, las establecidas con esa calidad en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

21. La publicación del Decreto Número 178 se considera que es suficiente para concluir que existió un proceso legislativo que modificó las normas aquí cuestionadas.

22. Por otra parte, la nueva redacción de los artículos que fueron impugnados en la presente acción de inconstitucionalidad permite advertir que la referida reforma generó un cambio en su sentido normativo, por lo que también se cumple con el segundo de los requisitos para tener por actualizada la causa de improcedencia por cesación de efectos, como se explica a continuación.

23. En primer lugar, es pertinente recordar que la Comisión accionante impugnó los requisitos de no haber sido sancionada o sancionado penalmente, o en materia administrativa, con suspensión para ser secretaria, secretario, actuario y actuaria de primera instancia (artículo 54, fracción II); y no haber sido condenada o condenado por delito doloso para ser perita o perito (artículo 82, fracción III). De igual forma, alegó que los artículos 189 al 195 son inconstitucionales porque, al prever las faltas administrativas de los servidores públicos que laboran en el poder judicial local, no establecen cuáles son las faltas graves y cuáles son las no graves.

24. Respecto a los requisitos impugnados de no haber sido sancionada o sancionado penalmente, o en materia administrativa, con suspensión para ser secretaria, secretario, actuario y actuaria de primera instancia y, no haber sido condenada o condenado por delito doloso para ser perito, su reforma a través del Decreto Número 178 tuvo por efecto introducir una temporalidad que no existía antes, pues ahora se prevé como requisito no encontrarse en cumplimiento de sanción penal, o en materia administrativa, con suspensión; y no encontrarse en cumplimiento de sanción por delito doloso.

25. Es decir, que la reforma delimitó el momento de la sanción que inhabilita para acceder a los referidos cargos públicos, ya que los artículos impugnados establecían no haber sido sancionado (sin establecer un límite temporal), mientras que los nuevos artículos indican que se trata de sanciones que están surtiendo sus efectos, al acotar el alcance de los requisitos con la expresión no encontrarse en cumplimiento de sanción, lo cual modifica el alcance de las disposiciones impugnadas.

26. Por ende, al generarse un cambio de sentido normativo en los artículos 54, fracción II y 82, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se actualiza l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200957-0fd82459/i-accion-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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