I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE UN TIPO PENAL CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO DEROGADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. VI. MULTAS. SON EXCESIVAS AQUELLAS CUYA PREVISIÓN POR LA LEY NO DA POSIBILIDAD A QUIEN DEBE IMPONERLAS DE DETERMINAR SU MONTO, O DE CONSIDERAR LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR, LA REINCIDENCIA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO A FIN DE INDIVIDUALIZAR SU CUANTÍA. VII. POLÍTICA CRIMINAL. EL LEGISLADOR TIENE UNA AMPLIA LIBERTAD PARA DETERMINAR SU RUMBO. PERO SIEMPRE RESPETANDO LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD. VIII. DELITOS CONTRA EL AMBIENTE EN EL ESTADO DE JALISCO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE SANCIONA CON MULTA FIJA DE CINCO MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) A LAS PERSONAS QUE PROMUEVAN, SUBSIDIEN O DIRIJAN ALGUNOS DE LOS HECHOS PUNIBLES LESIVOS AL AMBIENTE DESCRITOS EN EL CÓDIGO PENAL LOCAL, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 295, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y MULTA DE CINCO MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). IX. DELITOS CONTRA EL AMBIENTE EN EL ESTADO DE JALISCO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA PENA FIJA DE INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR LA COMISIÓN DE ESTOS DELITOS, OBLIGA AL JUZGADOR A IMPONERLA SIN QUE PUEDA EJERCER SU FACULTAD DE ARBITRIO PARA INDIVIDUALIZARLA, POR LO QUE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 295, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). X. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, LA GRAVEDAD DE LA PENA DEBE SER PROPORCIONAL A LA DEL HECHO ANTIJURÍDICO Y A LA DEL GRADO DE AFECTACIÓN AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, DE MANERA QUE LAS PENAS MÁS GRAVES DEBEN DIRIGIRSE A LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LOS BIENES JURÍDICOS MÁS IMPORTANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 295, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 295, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "Y MULTA DE CINCO MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", ASÍ COMO "Y LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA REVIVISCENCIA DE UNA NORMA PENAL NO ES JURÍDICAMENTE VIABLE ANTE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS DE ESA NATURALEZA, AL IMPEDIR QUE ÉSTA SURTA EFECTOS RETROACTIVOS Y ATENTO A LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN DICHA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 295, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "Y MULTA DE CINCO MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", ASÍ COMO "Y LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 295, EN SUS PORCIONES NORMATIVAS "Y MULTA DE CINCO MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", ASÍ COMO "Y LA INHABILITACIÓN DEFINITIVA PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 155/2017 Y SU ACUMULADA 156/2017. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 16 DE ENERO DE 2020. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de dieciséis de enero de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de las acciones. Mediante escritos recibidos el once de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuraduría General de la República, por conducto del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de su presidente, promovieron, respectivamente, acciones de inconstitucionalidad, en las que coincidentemente demandaron la invalidez del artículo 295, en la porción normativa "y la inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública", del Código Penal para el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el once de noviembre de dos mil diecisiete, y la Comisión Accionante adicionalmente demandó la invalidez de ese precepto legal en la parte que prevé "y multa de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización".
2. Los accionantes estiman, respectivamente, que las porciones normativas contravienen los artículos 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En sus planteamientos los promoventes demandan la invalidez de la norma citada en el párrafo que antecede.
4. La Procuraduría General de la República manifiesta los siguientes argumentos:
• Aduce que el artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, al establecer en la porción normativa "inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública" prevé una sanción fija, invariable y excesiva, con la cual vulnera el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el legislador local no previó la proporción entre la afectación al bien jurídico y la sanción, ni un límite mínimo y uno máximo para que la sanción pueda ser graduada por el Juez dentro de un plazo, generando para todos los casos en que se cometa el delito previsto, la imposición de la pena con independencia de las circunstancias que hayan rodeado a la comisión del delito.
• Sostiene que de conformidad con el citado artículo constitucional toda pena debe ser proporcional al delito y al bien jurídico afectado, lo que exige una adecuación entre la gravedad de la pena y la del delito, sobre lo cual refiere que se ha establecido por este Alto Tribunal que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la gravedad del hecho antijurídico y al grado de afectación al bien jurídico protegido, por lo que el principio de proporcionalidad constituye un mandato dirigido tanto al legislador como al juzgador, pues el legislador debe proporcionar un marco legal y el juzgador al individualizar la pena debe tomar en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, como es la lesión o puesta en peligro del bien, la intervención del agente para causar la lesión o crear el riesgo, entre otros factores.
• Refiere que acorde al marco internacional, el legislador debe tomar en cuenta que las medidas restrictivas tienen que ser acordes al principio de proporcionalidad y al interés que debe protegerse; y doctrinalmente se ha dicho que la proporcionalidad deberá medirse con base en la importancia del hecho, de manera que la legislación mexicana no prevé un sistema de pena exacta y única para cada hecho ni tampoco establece un sistema de penas indeterminadas, porque implica posiciones extremas.
• Concluye que el artículo impugnado busca sancionar con mayor energía la conducta lesiva al medio ambiente inhabilitando definitivamente a los sancionados; sin embargo, al tenor de lo expuesto con antelación la hace fija, invariable y excesiva, por tanto, violatoria del artículo 22 de la Constitución Federal.
• Se estima fija e invariable porque no hay límites mínimos ni máximos, pues elimina el arbitrio judicial en tanto que el Juez sólo aplicará la literalidad del artículo sin atender a las reglas para la imposición de las penas que considere justas dentro de los límites previstos para ello, atendiendo al grado de culpabilidad; además que resulta invariable debido a que el término inhabilitación es entendido como la sanción que repercute en el estatus jurídico de la persona, y al ser de carácter permanente se vuelve en una pérdida absoluta de ese derecho; sobre todo si se toma en cuenta que el sustento económico de esas personas puede derivar de las concesiones con la administración pública.
5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expone los siguientes conceptos de invalidez:
• El artículo 295, en la porción normativa "y la inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública", del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, vulnera los derechos de seguridad jurídica, taxatividad, proporcionalidad de las penas y la prohibición de penas inusitadas, reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, porque no permite graduarla.
• Esto debido a que esa sanción de inhabilitación definitiva es una pena desproporcionada, absoluta e inflexible, que no atiende a la gravedad del ilícito y que no da un margen de apreciación para que los operadores jurídicos lleven a cabo la individualización de la pena, tomando en cuenta factores como el daño al bien jurídico tutelado, el grado de reprochabilidad del sujeto activo entre otros. No prevé límites mínimos y máximos para su aplicación.
• Que si bien el legislador cuenta con facultad de configuración para diseñar la política criminal también lo es que no resulta absoluta, porque encuentra límite en la observancia de los principios y derechos consagrados en la Constitución Federal, entre los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado en el sentido de que la pena debe ser individualizada según las características del delito, la participación del acusado y su grado de culpabilidad, por lo que si una ley ordena la aplicación de una pena de manera automática y genérica, el Juez de la causa no podrá considerar datos básicos para determinar el grado de culpabilidad del agente e individualizar las penas, viéndose obligado a imponer mecánicamente la misma sanción a todas las personas responsables del delito.
• Que en el supuesto impugnado se establece una sanción fija e invariable, aplicable a todos los casos, que no permite su graduación, ya que no establece un mínimo y máximo para su aplicación que debe corresponder a la gravedad del delito y al grado de culpabilidad.
• Sostiene que atento al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco y al Código Nacional de Procedimientos Penales, los Jueces y tribunales deben imponer las penas establecidas para cada delito, dentro de los límites fijados por la ley, tomando en cuenta en cada caso la gravedad de la conducta, así como el grado de culpabilidad, por lo que para conocer la gravedad de la conducta, se deberá considerar el valor del bien jurídico tutelado y su afectación, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, los medios empleados, las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho, así como la forma de intervención del acusado. Lo que exige que el Juez pueda tener parámetros entre un mínimo y máximo de sanción.
• Por otra parte, refiere que el artículo controvertido en la parte relativa a la pena de inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública contraviene el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, porque si bien señala la consecuencia jurídica del delito, no precisa la duración mínima y máxima de la sanción de inhabilitación, con lo que no otorga certeza jurídica al destinatario de la norma para conocer si el operador jurídico tomará en cuenta todos los factores que rodearon a la comisión del delito, ni se otorga certeza al operador jurídico a fin de que la individualice.
• Finalmente, sostiene que al haber sido modificada la norma controvertida de manera sustancial para establecer la sanción de inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública, se está ante un nuevo acto legislativo, que permite la impugnación del mismo precepto por cuanto prevé una multa fija de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, entonces, al padecer del mismo vicio por no permitir al juzgador individualizarla, debe declararse su invalidez.
6. TERCERO.—Registro, acumulación y admisión. La acción de inconstitucionalidad presentada por la Procuraduría General de la República se registró bajo el expediente 155/2017, y a la promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le correspondió el expediente 156/2017. Por acuerdo del Ministro presidente de este Alto Tribunal de doce de diciembre de dos mil diecisiete, se decretó la acumulación de esta última a la diversa acción de inconstitucionalidad señalada en primer término y se turnaron a la Ministra ponente para su instrucción.
7. Por auto de trece de diciembre del mismo año, la Ministra instructora admitió las acciones de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, para que rindieran sus respectivos informes.
8. CUARTO.—Informe de la autoridad promulgadora. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, al rendir su informe sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:
• Sostiene que su intervención se limitó a la culminación del proceso legislativo, esto es, a la promulgación y sanción del decreto por el que se reformó, entre otros, el artículo controvertido; y que se realizó en ejercicio de sus facultades y obligaciones previstas en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Jalisco, además conforme a las formas y requisitos correspondientes, y así fue publicado.
9. QUINTO.—Informe de la autoridad legislativa. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, al rendir su informe sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:
• Sostiene que son infundados los conceptos de invalidez, ya que la pena contenida en la norma impugnada no es desproporcional, porque busca salvaguardar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual también prevé que el Estado garantizará el respeto a este derecho, además que el daño y deterioro ambiental generan responsabilidad para quien los provoque. De manera que la autoridad demandada refiere que si se actualiza alguno de los supuestos de la norma controvertida se ocasionaría un daño irreversible y definitivo al medio ambiente.
• Dice que el medio ambiente es considerado como un bien jurídico colectivo, por lo que el legislador se preocupó por salvaguardar el referido derecho humano a través de diversas disposiciones, como es la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuyo artículo 171 se prevé la clausura como sanción, entre otras, a las violaciones a preceptos de esa ley.
• Refiere que bajo tales circunstancias, el legislador ajustó el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco a fin de establecer penas adecuadas y proporcionales con el daño causado al medio ambiente, ya que se estima que el daño de carácter irreparable ocasionado al medio ambiente debe sancionarse con el mismo grado, en exigencia a un cuidado estricto del medio ambiente, es decir, que debe ser sancionado con severidad atendiendo al bien jurídico tutelado.
• Estima que el artículo controvertido es respetuoso del orden constitucional, porque permite que el juzgador contemple según la gravedad del daño causado la proporcionalidad de la pena; esto es, que no se establece límite al juzgador para atender a un parámetro diverso al momento de imponer las sanciones.
• Que los argumentos de los promoventes son respecto de una proporcionalidad abstracta al atender sólo una porción del precepto, pero no en cuanto a su sentido e interpretación.
• Además, que deben desestimarse los conceptos de invalidez, al formular argumentos que no son materia de la acción de inconstitucionalidad, porque en términos del artículo 105 de la Constitución Federal, las acciones de inconstitucionalidad sólo podrán ejercitarse cuando las leyes contravengan el orden constitucional, lo que en el caso no aconteció.
• Sostiene que no se vulnera el derecho de libertad de trabajo, porque sólo se restringe a personas o sociedades que causen afectación al medio ambiente, para contratar con la administración pública, sin que de ello se desprenda violación a los derechos fundamentales de los sancionados, porque no se limita el ejercicio del trabajo en diversos ámbitos fuera del ejercicio público, porque sólo se prevé la inhabilitación para contratar con la función pública.
10. SEXTO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de veinte de marzo de dos mil dieciocho quedó cerrada la instrucción.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre una porción normativa de un dispositivo de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
12. SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.
13. En efecto, el Decreto 26493-LXI-17 por el cual se reformó el artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, fue publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el sábado once de noviembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del domingo doce de noviembre al lunes once de diciembre de dos mil diecisiete.
14. En consecuencia, según consta en el sello asentado al reverso de las páginas 16 y 52 del expediente, si las demandas se presentaron, respectivamente, el lunes once de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que su promoción fue oportuna.
15. TERCERO.—Legitimación. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por parte legítima.
16. Por cuanto hace a la Procuraduría General de la República, la demanda de acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento(1) de quince de noviembre de dos mil dieciséis; señalando que signa la demanda debido a que a la fecha de la presentación de dicho oficio, había una ausencia de titular de la Procuraduría General de la República.
17. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aplicable,(2) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad respecto de leyes estatales que contraríen el orden constitucional.
18. Constituye un hecho público y notorio(3) para esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que el entonces procurador general de la República –Raúl Cervantes Andrade– dejó el cargo el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y que por lo menos hasta la fecha de la conclusión del plazo para la promoción de esta acción de inconstitucionalidad no había sido designado procurador general de la República.
19. Entonces, si bien el artículo 102, párrafo tercero, apartado A, de la Constitución Federal,(4) establece que el procurador general de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a que se refiere al artículo 105 de la Constitución; y de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) de la fracción II de este último precepto, en los supuestos ahí previstos podrá promover la acción de inconstitucionalidad, es decir, no es delegable esa intervención.
20. También es cierto que en este caso específico, en el que a la fecha con que se cuenta para la presentación no existía designación de procurador general de la República, debe considerarse que quien signa el escrito por el que se promueve la acción de inconstitucionalidad tiene legitimación para hacer valer este medio de control constitucional, porque el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, fungía como encargado del despacho.
21. Esto, tomando en consideración la naturaleza del propio medio de control constitucional, que se instituyó para ser promovido con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional a fin de que este Alto Tribunal realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma, resultando suficiente el interés general abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Constitución Federal, por lo que no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse.(5)
22. Así, en el caso al no encontrarse ante una delegación de facultades ni ante la ausencia temporal del procurador, sino debido a la ausencia del procurador general de la República por haber dejado el cargo a la fecha en que se hizo valer el medio de control constitucional y por lo menos durante el plazo con que se contaba para promoverlo, es decir, al estar en un caso distinto, es jurídicamente viable atender al orden de prelación previsto en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, inciso A), fracción I y 137, de su reglamento,(6) en cuanto a las personas que sustituyen al procurador general de la República ante su ausencia; de lo que se concluye que ante las situaciones fácticas señaladas, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales cuenta con legitimación para promover la presente acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, al encontrarse inmerso en una ley de naturaleza estatal que estima inconstitucional por vulneración a derechos humanos.
23. Por esas razones, no es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 91/2001, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE LA PROMOVIDA EN NOMBRE DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, SI EL ESCRITO DE DEMANDA RESPECTIVO NO CONTIENE SU FIRMA SINO LA DE OTRA PERSONA QUE SIGNÓ EN SU AUSENCIA.",(7) porque se refiere a un caso totalmente diferente al que ahora nos ocupa, pues esa jurisprudencia derivó del análisis sobre si era factible que algún funcionario de la procuraduría supliera la ausencia temporal del procurador, y firmara la demanda de acción de inconstitucionalidad; mientras que en este asunto, se presentó una ausencia absoluta del procurador general de la República, siendo que el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, sustituye al procurador conforme al orden de prelación establecido en los preceptos antes señalados.
24. En términos similares se pronunció este Alto Tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2015.(8)
25. La acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue promovida por parte legitimada, ya que la hace valer a través de su presidente Luis Raúl González Pérez, carácter que acredita con la copia certificada de la constancia de trece de noviembre de dos mil catorce que obra a foja 53 de este expediente, por la que el Senado de la República lo eligió para ese cargo para el periodo de dos mil catorce a dos mil diecinueve.
26. El artículo 105, fracción II, inciso g),(9) de la Constitución Federal dispone, en la parte de interés para la resolución de este asunto, que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte.
27. Por su parte, los artículos 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 18 del reglamento interno de ese organismo,(10) facultan al presidente de esa Comisión Nacional como su representante legal y para promover las acciones de inconstitucionalidad.
28. De lo que se tiene que, si el escrito por el cual se plantea la acción de inconstitucionalidad fue signado por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, al estimar que vulnera derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, se concluye que fue hecha valer por quien tiene legitimación para ello.
29. CUARTO.—Cuestiones de improcedencia. Ninguna de las partes sostuvo la actualización de alguna causal de improcedencia ni de sobreseimiento; tampoco este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualice alguna.
30. Cabe precisar que la reforma controvertida al artículo 295 del Código Penal del Estado de Jalisco, se trata de un nuevo acto legislativo que permite el análisis de los conceptos de invalidez.
31. Este Alto Tribunal se ha pronunciado(11) en el sentido de que para poder impugnar en la acción de inconstitucionalidad una norma general modificada debe tratarse de un nuevo acto legislativo, esto es, no cualquier modificación da oportunidad a su impugnación, sino que deben reunirse los siguientes requisitos: que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y que la modificación normativa sea sustancial o material.
32. Entendiéndose que la modificación sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Así, una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo.
33. Una modificación de este tipo no se daría por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones, no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas. Igualmente, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente la norma general, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada.
34. En otras palabras, esta modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto, en dicho sistema, aunque sea tenue.
35. Así, conforme a este entendimiento de un nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, sino que, una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación, necesariamente, debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en las que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos, o en su defecto, los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos, por ejemplo.
36. Lo que este Tribunal Pleno pretende con este entendimiento sobre nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia del supuesto normativo que se relacione con el cambio al que fue sujeto, que deriva precisamente del producto del poder legislativo.
37. Para verificar lo anterior, en el caso en análisis, se tiene presente el contenido del artículo de forma previa y posterior a la reforma de once de noviembre de dos mil diecisiete,(12) que dio lugar a su impugnación.
Ver contenido
38. De lo anterior se tiene que en el caso la reforma de la que fue objeto el artículo transcrito por decreto publicado el once de noviembre de dos mil diecisiete, constituyó un nuevo acto legislativo como lo ha sostenido la mayoría de este Tribunal Pleno, debido a que modificó la configuración del tipo penal al suprimir como conducta delictiva que las personas ocasionen alguno de los hechos punibles lesivos al ambiente descritos en ese Código Penal Local, además que modificó la pena de inhabilitación para contratar con la administración pública que preveía hasta por el lapso de seis años, para ahora establecerla únicamente como inhabilitación definitiva para realizar tal contratación.
39. Estas modificaciones son los elementos sustanciales para la configuración típica del delito y su sanción, por lo que en ese sentido la reforma que ahora se controvierte sí es sustancial y, por ello procede su impugnación al día siguiente de su publicación, incluyendo lo relativo a la pena de la multa ahí prevista, porque si bien no fue modificada en razón del decreto de referencia, sí se encuentra vinculada para la nueva configuración el tipo penal en los términos apuntados.
40. Lo expuesto permite el análisis de los conceptos de invalidez propuestos por los accionantes referentes a las sanciones de multa y de inhabilitación definitiva.
41. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho notorio de que una vez promovida esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada, el propio Congreso del Estado de Jalisco emitió el Decreto 27253/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el sábado veintisiete de abril de dos mil diecinueve, por el que se reformó, entre otros, el artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, como se advierte del siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
42. Del cuadro que precede se advierte que por virtud del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veintisiete de abril de dos mil diecinueve, el artículo 295 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, fue modificado de manera sustancial en lo referente a las sanciones, pues anteriormente contenía la pena de prisión de uno a tres años y multa de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, para las personas que cometieran las conductas ahí descritas, además la inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública. Y ahora, en virtud del citado decreto de reforma se establece la pena de prisión de uno a ocho años y multa de cinco mil a cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública.
43. El referido decreto en términos de su artículo primero transitorio(13) inició su vigencia al día siguiente de su publicación en el medio oficial de difusión correspondiente, es decir, el veintiocho de abril de dos mil diecinueve.
44. Lo anterior nos lleva a concluir que aun cuando se está ante un nuevo acto legislativo por la modificación sustancial a la pena de prisión y a la sanción económica que ha surtido plenos efectos en términos del citado artículo transitorio, ello no da lugar a la cesación de efectos del artículo 295 originalmente impugnado.
45. Al tratarse ese numeral 295 de una disposición de naturaleza penal en tanto que prevé un tipo penal y las sanciones correspondientes, conforme a uno de los principios que rigen en la materia penal se obliga a aplicar la ley al momento en que se cometió el delito, lo que implica que aun cuando una norma impugnada se haya reformado, modificado, derogado o abrogado, sigue surtiendo efectos respecto de los casos en los que el delito se hubiera cometido bajo su vigencia, como lo reconoce el artículo segundo transitorio del decreto por el que se modificó el precepto impugnado.(14)
46. Así, una eventual declaratoria de invalidez de esa norma podría tener efectos retroactivos, atento a lo dispuesto en los artículos 105, fracción III, párrafo segundo, constitucional y 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria.(15)
47. De ahí que sea jurídicamente viable estudiar la constitucionalidad de dicha norma. Entonces lo procedente es analizar los conceptos de invalidez planteados por los promoventes.
48. QUINTO.—Estudio de fondo. En
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29888-333408c0/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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