I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS (CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). III. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. LA INHABILITACIÓN PERPETUA DEL SERVIDOR PÚBLICO POR SU COMISIÓN CONSTITUYE UNA PENA EXCESIVA Y DESPROPORCIONAL, AL NO ESTABLECER PARÁMETROS NORMATIVOS PARA INDIVIDUALIZARLA [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN IV, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO]. IV. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. LA INHABILITACIÓN PERPETUA DEL SERVIDOR PÚBLICO POR SU COMISIÓN CONSTITUYE UNA PROSCRIPCIÓN PARA EJERCER UN CARGO PÚBLICO QUE AFECTA EN FORMA RELEVANTE O EN GRADO PREDOMINANTE LA LIBERTAD DE TRABAJO DEL INFRACTOR [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN IV, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO]. V. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. LA INHABILITACIÓN PERPETUA DEL SERVIDOR PÚBLICO POR SU COMISIÓN IMPIDE LA REINSERCIÓN SOCIAL DEL SENTENCIADO [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN IV, INCISO B), DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO]. VI. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. LA INHABILITACIÓN PERPETUA A LOS PARTICULARES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL POR SU COMISIÓN NO CONSTITUYE UNA SANCIÓN PENAL FIJA (ARTÍCULO 144, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PERPETUA BAJO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). VII. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. LA INHABILITACIÓN PERPETUA A LOS PARTICULARES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL POR SU COMISIÓN AFECTA EN FORMA RELEVANTE O EN GRADO PREDOMINANTE LA LIBERTAD DE TRABAJO Y LA LIBERTAD DE COMERCIO DEL INFRACTOR (INVALIDEZ DE ARTÍCULO 144, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PERPETUA BAJO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). VIII. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. LA INHABILITACIÓN PERPETUA A LOS PARTICULARES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL POR SU COMISIÓN CONSTITUYE UNA PENA EXCESIVA Y DESPROPORCIONAL, AL NO ESTABLECER PARÁMETROS NORMATIVOS PARA INDIVIDUALIZARLA (INVALIDEZ DE ARTÍCULO 144, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PERPETUA BAJO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). IX. DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN. LA INHABILITACIÓN PERPETUA A LOS PARTICULARES PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL POR SU COMISIÓN GENERA UN EFECTO ESTIGMATIZANTE (INVALIDEZ DE ARTÍCULO 144, FRACCIÓN V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PERPETUA BAJO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). X. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. RÉGIMEN TRANSITORIO PARA SU IMPLEMENTACIÓN (ARTÍCULO 117, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON EXCEPCIÓN DE LA INHABILITACIÓN PERPETUA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O EN SU CASO PENAL EJECUTORIADA EMITIDA POR HABER COMETIDO ACTOS DE CORRUPCIÓN", DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XI. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA INHABILITACIÓN PERPETUA A LOS PARTICULARES PARA PARTICIPAR EN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRAS PÚBLICAS TRANSGREDE LA ESFERA DE FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE ARTÍCULO 117, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON EXCEPCIÓN DE LA INHABILITACIÓN PERPETUA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O EN SU CASO PENAL EJECUTORIADA EMITIDA POR HABER COMETIDO ACTOS DE CORRUPCIÓN", DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 144, FRACCIONES IV, INCISO B), Y V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL JUEZ DEBERÁ IMPONER LA SANCIÓN DE INHABILITACIÓN PERPETUA BAJO LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN IV DE ESTE ARTÍCULO", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y 117, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "CON EXCEPCIÓN DE LA INHABILITACIÓN PERPETUA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA O EN SU CASO PENAL EJECUTORIADA EMITIDA POR HABER COMETIDO ACTOS DE CORRUPCIÓN", DE LA LEY DE COMPRAS GUBERNAMENTALES, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 59/2019 Y SU ACUMULADA 60/2019. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO MUÑOZ ACEVEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día doce de noviembre de dos mil veinte.
VISTOS, para resolver el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Normas impugnadas, autoridades emisoras y promulgadoras. Mediante oficio presentado el diez de junio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alejandro Gertz Manero, quien se ostenta como fiscal general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad contra el artículo 144, fracción V, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la porción normativa "de inhabilitación perpetua", reformado mediante Decreto 27265/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el sábado once de mayo de dos mil diecinueve, señalando como autoridades emisora y promulgadora de la mencionada norma, al Congreso y gobernador de la entidad federativa en comento.
Asimismo, por oficio presentado el diez de junio ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 144, fracciones IV, inciso b), en la porción normativa "hasta la inhabilitación perpetua" y V, en la porción normativa "perpetua", del Código Penal para el Estado de Jalisco; y 117, numeral 1, en la porción normativa "y no más de 5 años, contando a partir de la fecha en que se emitió la sanción; con excepción de la inhabilitación perpetua por resolución administrativa o en su caso penal ejecutoriada emitida por haber cometido actos de corrupción", de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Ambos reformados mediante Decreto Número 27265/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el once de mayo de dos mil diecinueve.
Dichos preceptos establecen lo siguiente:
Código Penal para el Estado de Jalisco:
"Artículo 144. Para los efectos de este título:
"...
"V. Cuando el responsable tenga el carácter de particular, sea persona física o jurídica, el Juez deberá imponer la sanción de inhabilitación perpetua bajo los términos establecidos en la fracción IV de este artículo."
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios:
"Artículo 117.
"1. Los proveedores o participantes que hubieran sido sancionados por faltas graves previstas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas quedarán inhabilitados para ser contratados por al menos tres meses y no más de 5 años, contando a partir de la fecha en que se emitió la sanción; con excepción de la inhabilitación perpetua por resolución administrativa o en su caso penal ejecutoriada emitida por haber cometido actos de corrupción."
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. El fiscal general de la República estimó violado el artículo 1o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo valer los argumentos de invalidez que se sintetizan a continuación.
• Vulneración al principio de trato igual ante la ley. En esencia, considera que la fracción V del artículo 144 del Código Penal de Jalisco resulta inconstitucional toda vez que "pretende sancionar de forma más severa a los gobernados, por encima de los empleados públicos", cuando, en todo caso, la regla general es la aplicación de penas más elevadas al servidor público, por la especial naturaleza de la función.
Habida cuenta que el legislador local "no señala porqué hace esta distinción de trato entre sujetos activos", por lo que no existe justificación ni razonabilidad para tal diferenciación; de ahí que la norma punitiva "no comulga con los alcances del principio de igualdad jurídica" que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues existe un trato diferenciado respecto de los servidores públicos que incurran en los mismos actos de corrupción.
• Ello es así, ya que no existe igualdad en la aplicación de la norma, puesto que, en un caso concreto, por una misma conducta típica en materia de hechos de corrupción, donde hipotéticamente se dañara el mismo bien jurídico en igual proporción, se impondría la pena en forma diferenciada.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estimó violados los artículos 1o., 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e hizo valer el argumento de invalidez que se sintetiza a continuación:
• Vulneración a la proscripción de penas excesivas y desproporcionales [impugnación del precepto 144, fracciones IV y V, del Código Penal para el Estado de Jalisco]. En principio, estima que el artículo 144, fracción IV, inciso b), del Código Penal para el Estado de Jalisco, al establecer como sanción "la inhabilitación perpetua" del servidor público, resulta inconstitucional "por ser una pena desproporcionada y excesiva".
Ello, toda vez que, si bien establece una sanción mínima cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido excedió de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, lo cierto es que "la imposibilidad perpetua de ocupar un cargo público ... constituye una pena excesiva y desproporcionada; y, por tanto, inusitada".
?• En otras palabras, la inhabilitación perpetua, al no permitir a la persona volver a desempeñarse como servidor público, "es una sanción inusitada, toda vez que no corresponde con los fines que persigue la pena", pues la pena debe buscar la reinserción de la persona que ha cometido el ilícito, "lo cual no se logra con sanciones tan severas, dado que no permiten reinsertar en la sociedad a la persona".
• Por otra parte, considera que la diversa fracción V del citado precepto normativo, al prever que cuando el responsable tenga el carácter de particular, sea persona física o jurídica, "el Juez deberá imponer la sanción de inhabilitación perpetua", establece una sanción fija consistente en la inhabilitación perpetua para contratar con la administración pública local, para todos los casos en que los particulares comentan actos de corrupción, por lo que constituye "una pena desproporcionada, excesiva, inmutable e inflexible, que no permite al juzgador su individualización".
Por lo anterior, la inhabilitación perpetua, tratándose de particulares, se constituye como una pena desproporcionada, excesiva, invariable e inflexible, contraria al principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 constitucional, "ya que no establece límites mínimos y máximos para su aplicación", lo que acarrea como consecuencia que, al momento de aplicarse, el juzgador se encuentre imposibilitado para individualizarla, tomando en cuenta factores como el daño al bien jurídico tutelado, el grado de reprochabilidad del sujeto activo, reincidencia, entre otros.
• No es óbice a lo anterior que la norma impugnada disponga que la sanción de inhabilitación perpetua en el caso de particulares se impondrá bajo los términos establecidos en la fracción IV del mismo artículo, la cual señala en sus incisos a) y b) la gradación de la sanción de inhabilitación.
Ello, pues si bien podría llegar a interpretarse que la inhabilitación para trabajar en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, incluso en el caso de particulares, se realizará conforme a la gradación referida, "lo cierto es que la fracción V impugnada es clara en disponer que cuando el responsable tenga el carácter de particular, sea persona física o jurídica, el Juez deberá imponer la sanción de inhabilitación perpetua". Es por ello, que la inhabilitación perpetua, resulta contraria a los artículos 14 y 22 constitucionales, por ser una sanción excesiva, desproporcionada y, por tanto, inusitada.
• Invasión a la esfera competencial del legislador federal [impugnación del precepto 117 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios]. Una vez precisado lo anterior, la Comisión accionante estima que el precepto administrativo impugnado resulta inconstitucional, al establecer como pena administrativa la "la inhabilitación perpetua" del servidor público.
Se dice lo anterior ya que establece "parámetros diferenciados, para la sanción de las faltas administrativas, a los establecidos por la ley general de la materia", lo que genera incertidumbre para los operadores jurídicos y los destinatarios de la norma sobre las disposiciones que deben aplicarse al momento de sancionar de dichas faltas.
• En efecto, la disposición impugnada "distorsiona el Sistema Nacional Anticorrupción", previsto en el texto constitucional y desarrollado entre otros ordenamientos, en "la Ley General de Responsabilidades Administrativas". Ello, toda vez que el artículo 73, fracción XXIX-V, "establece la facultad exclusiva del Congreso de la Unión, para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas graves".
Habida cuenta que en el artículo 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se prevé que la sanción por faltas administrativas que se determine para los particulares consistente en la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, "será de carácter temporal", por un periodo que no será menor de tres meses "ni mayor de ocho años", tratándose de personas físicas, y de tres meses "a diez años", en el supuesto de personas morales.
• Contrario a lo anterior, la disposición impugnada establece la posibilidad de "inhabilitación perpetua", lo que genera parámetros diferenciados a los determinados por la ley general de la materia.
TERCERO.—Admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveídos de once de junio de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar los expedientes relativos a las presentes acciones de inconstitucionalidad, a las que les correspondieron los números 59/2019 –Fiscalía General de la República– y 60/2019 –Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, decretó su acumulación atento a que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado y, designó al Ministro Alberto Pérez Dayán para que actuara como instructor en el procedimiento.
Por auto de catorce de junio de dos mil diecinueve el Ministro instructor requirió al promovente de la acción de inconstitucionalidad 59/2019, para que en el plazo de tres días hábiles presentara en copia certificada la documentación que lo acredite como fiscal general de la República, apercibido que, de no cumplir con ello, se le impondría una multa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles. En el mismo proveído, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 60/2019, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran sus respectivos informes.
Mediante proveído de dos de julio de dos mil diecinueve se tuvo por desahogado el requerimiento hecho al fiscal general de la República y se le reconoció la personalidad que ostenta como promovente de la acción de inconstitucionalidad 59/2019, y se admitió a trámite.
CUARTO.—Informe de las autoridades. Las autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada rindieron sus informes respectivos, los cuales, en síntesis, consisten en lo siguiente:
El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, representado por su mesa directiva, señaló:
• En principio, considera que los actos de corrupción han sido incrementados en el Estado de Jalisco, generando consecuencias que inciden en el bien común de la sociedad, convirtiéndose entonces en una conducta que necesita de la implementación de medidas que no sólo prevengan su aplicación, sino también que sancione a quienes participen en dichos actos de corrupción.
Así, el objetivo o fin inmediato del legislador de Jalisco al establecer la cuantía de inhabilitación perpetua, no es otro que instrumentar una determinada política criminal. Como resultado de la legitimidad democrática con la que posee tal Poder Legislativo, cuenta con un amplio margen de apreciación para establecer el contenido de las normas penales de sanción.
• También, resulta oportuno mencionar que, con la inhabilitación perpetua o vitalicia a los servidores públicos o personas físicas o jurídicas que participen en delitos de corrupción, no se violenta la proporcionalidad establecida en el artículo 22 constitucional, ya que los delitos de corrupción impactan de manera directa bienes jurídicos tutelados de primer orden y que de los delitos de corrupción se pueden derivar problemas más graves como la inseguridad y la falta de recursos en el Estado y los Municipios para proporcionar servicios públicos de salud, educación, transportes, parques y jardines y su equipamiento, entre muchos otros.
• Habida cuenta que la pena e inhabilitación perpetua o de por vida para servidores públicos o personas físicas o jurídicas que participen en delitos de corrupción, no es inusitada ni trascendental, dado que lo que proscribe el artículo 22 constitucional al respecto, es el contenido mismo de la pena, esto es, que se convierta en una práctica inhumana, como en forma ejemplificativa lo destaca el propio precepto al prohibir las penas de mutilación y de infamia, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, así como que sean trascendentales, esto es, que afecten a la familia del delincuente.
Lo anterior es así, ya que de haber sido la intención del Constituyente establecer un límite en la duración de las penas de inhabilitación para servidores públicos o personas físicas o jurídicas que participarán en delitos de corrupción, así lo hubiera asentado, pero no lo hizo, sino que dejó al legislador ordinario determinar cuáles son las conductas delictivas y la penalidad que debe corresponderle a cada una de ellas.
• Por otra parte, la pena de inhabilitación perpetua para servidores públicos o personas físicas o jurídicas que participen en delitos de corrupción, no es excesiva, ya que el calificativo de pena "excesiva" está circunscrita por el multicitado artículo 22 constitucional a la de multa, como aquellas que son prohibidas, por tanto, no cabe aceptar por extensión que también debe incluirse a la pena de inhabilitación perpetua o de por vida para servidores públicos o personas físicas o jurídicas que participen en delitos de corrupción, pues ha de entenderse que en este supuesto lo "excesivo" no se refiere a la duración propia de la inhabilitación, sino a que no se encuentre acorde con la gravedad de la conducta delictiva, esto es, que la sanción exceda desproporcionalmente al hecho delictuoso.
• Aunado a lo anterior, estima la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la ley y sistema local atinentes, no han sido suficientes para inhibir y erradicar la corrupción en Jalisco y esto se ha convertido en un impedimento para el crecimiento económico y evita la consolidación del sector productivo. Su impacto negativo a la desconfianza ciudadana en las instituciones, ya que también deteriora el tejido social, aumenta las desigualdades y tiene un gran impacto en las finanzas públicas.
Máxime que la pena de inhabilitación perpetua para servidores públicos o personas físicas o jurídicas que participen en delitos de corrupción, encuentra fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
• Por tanto, la ejecución de la sanción de inhabilitación perpetua para las personas físicas o jurídicas que cometan actos de corrupción tiende fundamentalmente a salvaguardar los procedimientos de contratación previniendo que en casos futuros, los mismos participantes puedan infringir nuevamente el principio sustancial de honradez que rige en los procedimientos de contratación, acorde con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y evitar que se otorgue un contrato a alguna persona respecto de la cual existe sospecha sobre su falta de honradez ante la infracción cometida, dicha disposición está plenamente justificada.
El consejero jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, señaló:
• No asiste la razón a la Comisión actora toda vez que, si la apreciación de la proporcionalidad de las penas corresponde a los órganos legislativos, es inconcuso que las estimaciones de inconstitucionalidad de la norma que formula la Comisión actora no tienen cabida en nuestro sistema de derecho.
Cierto, el Constituyente estableció que toda pena debe ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, y en el caso, la apreciación de los bienes jurídicos afectados corresponde, en principio, al legislador, quien no es sino la representación popular, y quienes para el caso concreto estimaron al establecer las penas reclamadas, para actos de corrupción, que éstas deben ser ejemplares para inhibir y erradicar dichas conductas que tanto lastiman a nuestra sociedad.
• En conclusión, si en el caso se encuentra plenamente demostrado que el legislador ponderó debidamente la proporcionalidad de la pena atendiendo al bien jurídico tutelado, es inconcuso que no existe ninguna violación al texto constitucional, sino por el contrario, la norma reclamada fue emitida acorde a nuestro marco constitucional y, por ende, debe reconocerse su validez.
Finalmente, resultan infundados los conceptos de invalidez esgrimidos por la Fiscalía General de la República en contra del mismo artículo 144 del Código Penal, ya que las diferentes penalidades que establece el precepto reclamado del Código Penal para el Estado de Jalisco, guardan relación a si el sujeto activo del ilícito es o no servidor público y en su caso, el monto de lo defraudado.
QUINTO.—Cierre de instrucción. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de diez de septiembre de dos mil diecinueve se declaró cerrada la instrucción.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 144, fracciones IV, inciso b) en la porción normativa "hasta la inhabilitación perpetua" y V, en la porción normativa "de inhabilitación perpetua" del Código Penal para el Estado de Jalisco, y 117, numeral 1, en la porción normativa "y no más de 5 años, contando a partir de la fecha en que se emitió la sanción; con excepción de la inhabilitación perpetua por resolución administrativa o en su caso penal ejecutoriada emitida por haber cometido actos de corrupción", de la Ley General de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, ambos reformados mediante el Decreto Número 27265/LXII/19, publicado el 11 de mayo de 2019, en el Periódico Oficial de dicho Estado.
SEGUNDO.—Oportunidad. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada.
En congruencia con lo anterior, el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
El análisis armónico de los preceptos constitucional y legal antes precisados permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue que para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.
En el caso, los preceptos legales impugnados se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el sábado once de mayo de dos mil diecinueve, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el domingo doce de mayo y concluyó el lunes diez de junio del mismo año.
En ese contexto, debe precisarse que las demandas relativas a las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lunes diez de junio de dos mil diecinueve, por lo que su interposición resulta oportuna.
TERCERO.—Legitimación. La legitimación de los promoventes se analiza en primer término por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
1. De la Fiscalía General de la República. La acción de inconstitucionalidad promovida fue signada por Alejandro Gertz Manero, en su carácter de fiscal general de la República, lo que acredita con copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno del Senado de la República.
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Federal, establece lo siguiente:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"i) El fiscal general de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones."
Por lo que si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 144, fracción V, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en la porción normativa "de inhabilitación perpetua", reformado mediante Decreto Número 27265/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 11 de mayo de 2019, el fiscal general de la República cuenta con legitimación necesaria para hacerlo.(1)
Apoyan la conclusión anterior, las tesis de jurisprudencia P./J. 98/2001 y P./J. 92/2006:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la supremacía constitucional, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma. En otras palabras, no es necesario que el procurador general de la República resulte agraviado o beneficiado con la norma en contra de la cual enderece la acción de inconstitucionalidad ni que esté vinculado con la resolución que llegue a dictarse, pues será suficiente su interés general, abstracto e impersonal de que se respete la supremacía de la Carta Magna."(2)
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ESTÁ LEGITIMADO PARA SOLICITAR LA INVALIDEZ DE UNA LEY MUNICIPAL EXPEDIDA POR EL CONGRESO LOCAL. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la facultad del procurador general de la República para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales, estatales o del Distrito Federal, así como tratados internacionales celebrados por México. Por otra parte, para determinar la calidad de la norma general impugnada (federal, estatal o del Distrito Federal), debe atenderse al órgano que la expidió, no al ámbito espacial de aplicación que tenga. En esa virtud, se concluye que el referido procurador está legitimado para solicitar la invalidez de una Ley de Ingresos Municipal, en tanto es expedida por el Congreso Estatal de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, pero no respecto de disposiciones generales emitidas por el Ayuntamiento respectivo, como es el Bando de Policía Municipal."(3)
2. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Suscribe la demanda Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de su designación en ese cargo por el Pleno de los senadores de la República.
De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(4) el presidente de ese órgano autónomo constitucional se encuentra facultado para ejercer la representación legal de la referida Comisión y para "[p]romover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte".
Ahora bien, el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."
Por lo que si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 144, fracciones IV, inciso b), en la porción normativa "hasta la inhabilitación perpetua" y V, en la porción normativa "perpetua", del Código Penal para el Estado de Jalisco; y 117, numeral 1, en la porción normativa "y no más de 5 años, contando a partir de la fecha en que se emitió la sanción; con excepción de la inhabilitación perpetua por resolución administrativa o en su caso penal ejecutoriada emitida por haber cometido actos de corrupción", de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la tesis de jurisprudencia número P./J. 7/2007 que es del tenor literal siguiente:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.—La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratán
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29949-38a9f90c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-fiscalia-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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