I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS CONSISTENTES EN QUE SE HAYA LLEVADO A CABO UN PROCESO LEGISLATIVO (CRITERIO FORMAL) Y QUE LA MODIFICACIÓN IMPLIQUE UN CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO CUANDO EL ARTÍCULO IMPUGNADO, AL SER REFORMADO, SUFRIÓ UN CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO (ARTÍCULOS 190, FRACCIÓN III, Y 233, PÁRRAFOS CUARTO, SÉPTIMO, Y NOVENO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO Y ADICIONADO, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE EL DECRETO NÚM. 87, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). IV. DELITO DE ROBO ENTRE CÓNYUGES QUE HUBIESEN CONTRAÍDO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL. EL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA PREVÉ UNA EXCUSA ABSOLUTORIA CUANDO TENGA LUGAR EL MATRIMONIO BAJO AQUEL RÉGIMEN. V. SOCIEDAD CONYUGAL. EL RÉGIMEN MATRIMONIAL AL QUE SE SUJETA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE COLIMA DA LUGAR A LA COEXISTENCIA DE TRES PATRIMONIOS DISTINTOS. VI. VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL DEL ESTADO MEXICANO GOZAN DE UNA LEGITIMACIÓN AMPLIA PARA SER ESCUCHADOS EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO PENAL, LO QUE DEBE SER TOMADO EN CUENTA POR EL LEGISLADOR AL REGULAR EN EL ÁMBITO PENAL. VII. DELITO DE ROBO ENTRE CÓNYUGES QUE HUBIESEN CONTRAÍDO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL EN EL ESTADO DE COLIMA. LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, AL ELIMINAR LA PUNIBILIDAD DE CONDUCTAS LESIVAS RESPECTO DE BIENES QUE NO HAN SIDO INCORPORADOS EN DICHA SOCIEDAD, VULNERA LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 190, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 87, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). VIII. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, LA GRAVEDAD DE LA PENA DEBE SER PROPORCIONAL A LA DEL HECHO ANTIJURÍDICO Y A LA DEL GRADO DE AFECTACIÓN AL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, DE MANERA QUE LAS PENAS MÁS GRAVES DEBEN DIRIGIRSE A LOS TIPOS PENALES QUE PROTEGEN LOS BIENES JURÍDICOS MÁS IMPORTANTES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 233, PÁRRAFOS CUARTO Y NOVENO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "O DEFINITIVA" Y SÉPTIMO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 87, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). IX. DELITOS DE CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES Y EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES EN EL ESTADO DE COLIMA. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA PENA FIJA DE INHABILITACIÓN DEFINITIVA CUANDO EL MONTO DE LA AFECTACIÓN O BENEFICIO OBTENIDO POR LA COMISIÓN DE AQUELLOS DELITOS, EXCEDA DE DOS MIL VECES EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, O CUANDO SE INCURRE EN REINCIDENCIA, OBLIGA AL JUZGADOR A IMPONERLA SIN QUE PUEDA EJERCER SU ARBITRIO PARA INDIVIDUALIZARLA, POR LO QUE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 233, PÁRRAFOS CUARTO Y NOVENO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "O DEFINITIVA" Y SÉPTIMO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 87, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 190, FRACCIÓN III, Y 233, PÁRRAFOS CUARTO Y NOVENO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "O DEFINITIVA" Y SÉPTIMO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO NÚM. 87, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 190, FRACCIÓN III, Y 233, PÁRRAFOS CUARTO Y NOVENO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "O DEFINITIVA" Y SÉPTIMO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO NÚM. 87, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 81/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 1 DE JULIO DE 2021. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: HÉCTOR ORDUÑA SOSA Y PABLO RAÚL GARCÍA REYES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al primero de julio de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Por escrito recibido el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:
Autoridades emisora y promulgadora de las disposiciones impugnadas
A. Congreso del Estado de Colima
B. Gobernador del Estado de Colima
Disposiciones generales impugnadas
• Artículos 190, fracción III y 233, párrafos cuarto, en la porción normativa "o definitiva" y séptimo, así como noveno, en la porción normativa "o definitiva", del Código Penal para el Estado de Colima, publicado mediante Decreto 87, el veintinueve de junio de dos mil diecinueve en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.
"Artículo 190. No será punible el delito de robo:
"...
"III. Cuando se cometa entre cónyuges, siempre que hubiesen contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, en términos de la legislación civil aplicable."
"Artículo 233. ...
"De manera adicional a dichas sanciones, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución y la inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado.
"...
"La inhabilitación será definitiva cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o cuando se incurra en reincidencia.
"Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el Juez deberá imponer la sanción de inhabilitación temporal o definitiva para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando, en su caso, lo siguiente:"
2. SEGUNDO.—Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son, en síntesis, los siguientes:
Primero
3. Manifiesta que el artículo 190, fracción III, del Código Penal de Colima vulnera los derechos de seguridad jurídica y propiedad, así como el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, ya que por su amplitud impide que el robo entre cónyuges que contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal pueda ser sancionado y se deja en estado de incertidumbre a las personas que pudieran ser víctimas de ese delito.
4. La disposición impugnada establece una excepción en cuanto a los sujetos que cometen el delito de robo, precisando, que el mismo no será punible, cuando los individuos cumplan con la característica consistente en estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal, independientemente de que el bien mueble robado forme parte de dicho régimen.
5. El artículo 183 del Código Penal de Colima dispone que el agente del ilícito tome posesión material de la cosa y la ponga bajo su control personal, lo que se traduce en una acción de aprehender o tomar directa o indirectamente la cosa.(1)
6. En principio, la Primera Sala de esta Suprema Corte ha sostenido que el apoderamiento está constituido por dos aspectos:(2)
7. Uno objetivo, que requiere el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia del bien o de la cosa, implicando quitarla de la esfera de custodia y disposición que se tiene; por ende, existe desapoderamiento, cuando la acción del sujeto activo, al quitar la cosa de aquella esfera de custodia impide que el tenedor ejerza sobre la misma sus poderes de disposición.
8. El segundo es un aspecto subjetivo que está constituido por la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, ya que no es suficiente el querer desapoderar al tenedor, sino que es necesario apoderarse de aquélla y que exista un ánimo para ello (propósito de apoderarse de lo que es ajeno) según el arbitrio personal del sujeto activo.
9. Por otra parte, el elemento de "lo ajeno" del delito de robo alude a que el objeto no pertenece al sujeto activo, sin importar quien sea su legítimo propietario o poseedor.
10. En cuanto a la exigencia de que sea un bien mueble, en términos de la legislación civil es aquel que por su naturaleza puede trasladarse de un lugar a otro y todo aquel que no sea considerado por la ley como inmueble.
11. Asimismo, sobre la falta de consentimiento, la Primera Sala también ha indicado que dicho elemento constituye lo que la doctrina reconoce como "antijuridicidad especial tipificada" cuya inclusión resulta innecesaria, pues atendiendo a los elementos generales del delito, se entiende que el apoderamiento realizado en ejercicio de un derecho, o bien, a virtud del consentimiento tácito o expreso del propietario o poseedor de la cosa, impide el surgimiento de la figura delictiva, ante la presencia de tales causas de licitud.(3)
12. De igual forma, la disposición penal indica que el delito se tiene por configurado desde que el objeto se encuentra en posesión del sujeto activo, lo que quiere decir que el delito es de consumación instantánea. No requiere una calidad especial del sujeto activo o pasivo, lo que significa que puede cometerlo cualquier persona en contra de otra, sin necesidad de que tengan una calidad específica.
13. Finalmente, se reconoce que el bien jurídico tutelado es el patrimonio o propiedad de las personas.
14. En términos del artículo 119 del Código Penal Local, el delito de robo se persigue por querella, lo que en el caso concreto implica que una persona que fue víctima de robo por su cónyuge, aun cuando se presente ante la autoridad competente a denunciar el hecho, no traerá una sanción del sujeto activo, ya que el legislador ha determinado su impunibilidad.
15. En ese sentido, el artículo impugnado establece una excusa absolutoria injustificada, puesto que deja subsistente el carácter delictivo del hecho tipificado como delito, pero impide la aplicación de la pena.(4)
16. Esta excusa absolutoria resulta injustificada pues implica que las personas que se apropien de los bienes de su cónyuge sin su consentimiento, incluso de aquellos que no forman parte de la sociedad conyugal, por disposición expresa no serán sancionadas, aunque exista querella ante la autoridad competente por parte del cónyuge afectado.
17. Lo anterior, dado que el artículo establece como único requisito para actualizar la excusa absolutoria, que se acredite que los cónyuges contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, sin importar si el objeto del delito se encuentra incluido o no bajo dicho régimen.
18. La Primera Sala de esta Suprema Corte ha sostenido que la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vinculan a los cónyuges, les da derecho igual sobre los bienes, de manera que como partícipes tanto en los beneficios como en las cargas sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular.(5)
19. Asimismo, ha indicado que la finalidad de la sociedad conyugal es lograr el sostenimiento del hogar y cubrir los gastos de la familia, razón por la cual las aportaciones que los cónyuges hagan a ésta, están destinados a esos fines comunes. Por ello, bajo ese régimen patrimonial los bienes comunes se encuentran, tanto la propiedad como la administración, en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad conyugal.
20. Tomando en cuenta lo anterior, la Primera Sala de este Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 46/2002, determinó que el delito de robo sí se actualiza cuando se cometa entre cónyuges incluso sobre bienes muebles que forman parte de la sociedad conyugal sin que se hubiese disuelto ésta al momento de realizarse la conducta, ni se hubieran efectuado las capitulaciones matrimoniales que precisen que esos bienes se encontraran fuera de ese régimen.
21. De acuerdo con la Sala, esto es posible toda vez que existe un dominio común de ambos cónyuges, que se traduce en una imposibilidad de apropiarse o disponer en lo individual por sólo uno de ellos y en esa medida, son copartícipes por igual del dominio de uso y disfrute de los bienes comunes que gravitan dentro de la sociedad conyugal.
22. Por tanto, si la finalidad de la sociedad conyugal es lograr el sostenimiento del hogar y cubrir los gastos de la familia, es decir, sobrellevar las cargas matrimoniales como son gastos de manutención y auxilio de los consortes y de los hijos, si hubiere, resultaba inconcuso que los bienes muebles que los cónyuges aporten a dicha sociedad constituyen un conjunto de bienes para una comunidad de vida y de intereses, respecto de los cuales ninguno de ellos tiene individualmente la disposición, porque ninguno tiene el dominio absoluto y personal y para poder disponer de esos bienes se requiere la autorización o consentimiento del otro cónyuge.
23. La circunstancia de que los bienes comunes se encuentran afectos a los fines del matrimonio y de que el dominio de los mismos reside en ambos cónyuges, implica que no pueden disponer de ellos en lo individual con un fin distinto para el cual fueron aportados (el hogar y la familia), sin el consentimiento del otro cónyuge, pues el derecho de propiedad recae sobre la totalidad del patrimonio común.
24. De ahí se seguía que sí se actualizaba el elemento normativo del tipo penal de robo en "cosa ajena", pues al no tener uno de los cónyuges la propiedad exclusiva de los bienes pertenecientes a la sociedad conyugal sino sólo de una parte relativa, el apoderamiento que para sí, con exclusión del otro, realice uno de ellos respecto de dichos bienes, además sin el consentimiento de su consorte, se traduce en una afectación al patrimonio del cónyuge agraviado, que es, precisamente, el bien jurídico tutelado por el delito de que se trata.
25. Por ello, la Primera Sala consideró que nada excluía a los cónyuges de la configuración del delito de robo simple o genérico, cualquiera que sea el régimen de bienes pactado en el matrimonio, con independencia de que en cada caso concreto tal configuración sea sustentada con los elementos convictivos de hecho y de prueba que acrediten plenamente la adecuación de la conducta del activo al tipo penal, así como las probanzas necesarias que acrediten que el cónyuge afectado no otorgó su consentimiento para que su consorte ejerciera actos de dominio sobre los bienes comunes de la sociedad conyugal para fines distintos para los cuales fueron aportados, que no sean otros que los inherentes al hogar y la familia.
26. Debe precisarse que en el caso anterior, la contradicción de tesis versó exclusivamente respecto a determinar que el delito de robo pudiera darse entre cónyuges cuando el bien robado se encontrara incluido en la sociedad conyugal; sin embargo, en el caso concreto la excusa absolutoria se hace extensiva a aquellos bienes ajenos al régimen de propiedad conyugal.
27. Por tanto, se estima que la norma controvertida carece de la precisión necesaria, dejando en estado de indefensión o incertidumbre a la persona que pueda ser despojada de sus bienes por su cónyuge si se encuentra unida bajo ese particular régimen patrimonial, pues el legislador presupone que todos los bienes de las personas que se unieron en matrimonio forman parte de la sociedad conyugal.
28. El artículo 178 del Código Civil del Estado de Colima señala que el contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes.
29. Respecto al primer régimen, se establece que se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad. Asimismo, el artículo 189 prevé las reglas que deberán observarse al momento de formular las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal.
30. Respecto al segundo régimen, el ordenamiento civil en su artículo 208 indica que puede ser absoluta o parcial, entendiendo en este último caso a aquellos bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, los cuales serán objeto de la sociedad conyugal que deben constituir las personas unidas en matrimonio.
31. Así, el Código Civil Estatal exige que en las capitulaciones matrimoniales, entendidas de acuerdo con su artículo 179, como aquellos pactos que las parejas celebran para constituir tanto la sociedad conyugal como la separación de bienes y reglamentar la administración de éstos en uno y en otros casos, se deben determinar qué bienes constituirán la sociedad conyugal y cuáles se encuentran comprendidos fuera de él.
32. Bajo esa línea, el código permite que en un matrimonio coexistan ambos regímenes pues queda patente que puede haber bienes que no se encuentren en el dominio común de ambos cónyuges pese a estar unidos bajo la sociedad conyugal.
33. La norma impugnada soslayó que existen casos en los que algunos bienes no forman parte de la sociedad conyugal por disposición expresa de los cónyuges y de manera amplia estableció una regla que permite que en ningún caso una persona que cometió el delito de robo en contra de su consorte sea sancionada, si es que se acredita que contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal.
34. Lo que permite que se deje impune el acto ilícito cuando se trata de un bien cuya titularidad y propiedad pertenece al cónyuge víctima del delito, por el simple hecho de estar unido bajo el régimen de sociedad conyugal.
35. No es óbice a lo anterior que la disposición señale que se atenderá a los términos de la legislación civil aplicable, toda vez que la norma expresamente descarta como conducta punible el hecho que el robo se cometa entre cónyuges unidos bajo el citado régimen, por lo que no resultaría válido recurrir a ella para sustentar la constitucionalidad de la norma, toda vez que como se ha expresado, la norma únicamente atiende a la relación civil-familiar, es decir, si los sujetos implicados están o no unidos bajo el mencionado régimen, sin considerar si el bien objeto del delito integra o no la sociedad conyugal.(6)
Segundo
36. La accionante sostiene que los párrafos cuarto y noveno en las porciones normativas "o definitiva" y séptimo, del artículo 233 del Código Penal del Estado de Colima resultan inconstitucionales, toda vez que establecen una pena perpetua y absoluta que genera una sanción desproporcionada y excesiva, incompatible con los artículos 14, 18 y 22 de la Norma Fundamental; además, de que transgrede el derecho a la seguridad jurídica y el principio de reinserción social.
37. De una interpretación sistemática de los artículos 18 y 22 constitucionales, se desprende que una sanción penal no debe ser permanente, sino que, por el contrario, atendiendo a cada caso en particular, con base en el delito cometido y el bien jurídico tutelado, los operadores jurídicos deben procurar que el individuo no vuelva a delinquir.
38. En oposición a lo anterior, las normas impugnadas resultan inconstitucionales toda vez que establecen como sanción la inhabilitación definitiva para contratar con el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas y también para desempeñar un cargo público, la cual resulta en una pena inusitada,(7) incompatible con el andamiaje constitucional.
39. Se dispone como regla absoluta, que el juzgador deberá imponer invariablemente la inhabilitación definitiva cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, o cuando se incurra en reincidencia, lo que resulta contrario a los artículos 18 y 22 de la Constitución Federal.
40. El legislador tiene la obligación de proporcionar un marco penal que posibilite el respeto al principio de proporcionalidad en abstracto de la pena, en aras de permitir a los operadores jurídicos individualizarla de manera adecuada, al ser este último, quien determina el nivel de la sanción que debe aplicarse en cada caso concreto.(8)
41. Si bien el legislador local cuenta con libertad de configuración para diseñar su política criminal, elegir los bienes jurídicos tutelados, conductas típicas y sus sanciones, de acuerdo con las necesidades sociales, dicha libertad no es absoluta y encuentra su límite en la observancia y respeto de los principios y derechos consagrados en la Constitución Federal, dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica.
42. Es así, que la magnitud de la pena de inhabilitación, debe necesariamente corresponder con la gravedad del delito y el grado de culpabilidad de la persona, para que esté en proporción con el daño causado, condiciones que no se actualizan en la norma que se estima inconstitucional.
43. En el caso, no se permite a la autoridad jurisdiccional individualizar la pena de manera adecuada, es decir, que pueda realizar una ponderación con base en el principio de proporcionalidad, tomando en consideración diversos factores y, por tanto, vulnera directamente el artículo 22 constitucional.
44. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la pena debe ser individualizada según las características del delito, la participación del acusado y su grado de culpabilidad, aunado a que la imposición de sanciones se encuentra sujeta a ciertas garantías procesales y su cumplimiento debe ser estrictamente observado y revisado.(9)
45. Para la determinación de la gravedad de la conducta se debe tomar en cuenta: (1) el valor del bien jurídico y su grado de afectación (2) la naturaleza dolosa o culposa de la conducta (3) los medios empleados (4) las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión del hecho y (5) la forma de intervención del sentenciado.
46. Tomando en cuenta todas las circunstancias especificadas, existe la posibilidad de que el juzgador se mueva dentro de un límite mínimo y máximo, según su arbitrio y de acuerdo con las circunstancias de ejecución del delito, la gravedad del hecho y las peculiaridades del acusado o del ofendido para obtener el grado de culpabilidad y con esto imponer las sanciones respectivas de forma prudente, discrecional y razonable.
47. Así se ha pronunciado la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 42/2009.(10)
48. Asimismo, del análisis del dictamen de decreto por el que se aprobaron las modificaciones al Código Penal para el Estado de Colima, se advierte que la intención del legislador de establecer la inhabilitación definitiva como pena a las personas responsables de algún delito por hechos de corrupción o por indebido ejercicio del cargo, fue para garantizar a la sociedad que cualquier servidor público que sea sancionado por estos hechos no pueda acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública y que en los mismos términos se establezca que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisición de la administración pública.
49. Si bien resulta fundamental sancionar de forma ejemplar a quienes incurran en conductas relacionadas con hechos de corrupción, la severidad de la pena debe establecerse respetando la relación de proporcionalidad y reinserción social, por lo que la cuantía de la pena debe guardar un equilibrio adecuado entre ellos.
50. Podría interpretarse que la inhabilitación para trabajar en el servicio púbico y participar en adquisiciones, arrendamiento, concesiones, servicios u obras públicas, incluso, en el caso de particulares, se realizará tomando en consideración los supuestos indicados en las fracciones del párrafo noveno.
51. Sin embargo, las normas impugnadas son claras en establecer que se podrá imponer la sanción de inhabilitación definitiva si el monto corresponde al indicado en el párrafo séptimo de dicha disposición, por lo que, ante esa situación, el responsable que tenga el carácter de particular, sea persona física o jurídica, se le deberá imponer la sanción de inhabilitación definitiva.
52. Es por ello que la inhabilitación definitiva, resulta contraria a los artículos 14 y 22 constitucionales, por ser una sanción excesiva, desproporcionada y por tanto, inusitada, aunado a que dichos preceptos que establecen la obligación del legislador de señalar un sistema de sanciones que permitan al juzgador individualizar suficientemente la pena que determine, a fin de que esté en posibilidad de justificar dicha sanción, atendiendo al grado de culpabilidad de la persona y tomando en consideración las circunstancias del caso concreto.
53. De igual manera, los artículos 70 a 75 del propio Código Penal Local establecen algunos de los elementos que el juzgador debe considerar para la determinación de la pena. No obstante, resulta claro que la porción normativa no permite la individualización de la misma.
54. En este sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al examinar el problema que se presenta cuando la legislación interna sanciona sin tomar en cuenta la gravedad de los hechos y los elementos que pueden concurrir en ellos, señalando que si una ley ordena la aplicación de una pena de manera automática y genérica, el Juez de la causa no podrá considerar datos básicos para determinar el grado de culpabilidad del agente e individualizar la pena, viéndose obligado a imponer mecánicamente la sanción prevista para todas las personas responsables del delito.(11)
55. Igualmente, ha señalado que no se puede privar al Poder Judicial de la responsabilidad de aplicar la pena más adecuada para un delito en particular, de conformidad con las características del mismo, así como la participación y culpabilidad del acusado.(12)
56. Por otra parte, se estima que la sanción de inhabilitación definitiva, tampoco se ajusta al marco constitucional, al establecer una pena excesiva.
57. Si bien establece un límite mínimo y máximo para el caso de la inhabilitación temporal que permite que el juzgador pueda individualizar la inhabilitación de los servidores públicos y particulares que incurran en delitos por hechos de corrupción, tomando en consideración las diversas circunstancias del caso concreto, la inhabilitación temporal (sic) prevista en la misma disposición no permite a la persona volver a desempeñarse como servidor público o contratar con la administración pública y establece una sanción inusitada que no corresponde con los fines que persigue la pena.
58. Así, para que una sanción sea eficaz debe buscar la reinserción de la persona que ha cometido el ilícito, es decir, debe ser correctiva, lo cual no se logra con sanciones tan severas, dado que no permiten reinsertar en la sociedad a la persona.
59. El legislador debe respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, con la finalidad de que las penas no sean crueles, excesivas, inusitadas o contrarias a la dignidad humana.(13)
60. TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados.
• 1o., 4o., 16, 18, 22 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• 1, 2, 21 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
61. CUARTO.—Mediante acuerdo del primero de agosto de dos mil diecinueve el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 81/2019 y de conformidad con el registro de turno de los asuntos, designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor en la acción de inconstitucionalidad referida, en términos del artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
62. QUINTO.—El seis de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la referida acción, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la disposición impugnada y al Poder Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como al fiscal general de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.
63. SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, el consejero jurídico del Estado de Colima en representación del Poder Ejecutivo de dicha entidad, se limitó a señalar que era cierto el acto reclamado consistente en la promulgación y publicación del Decreto Número 87, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones normativas del Código Penal para el Estado de Colima, publicado el veintinueve de junio de dos mil diecinueve.
64. Asimismo, manifestó que dicho acto se llevó a cabo en uso de las facultades que se le confieren al titular del Poder Ejecutivo en el artículo 58, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como en los diversos 2, 3, 17 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del propio Estado.
65. SÉPTIMO.—Informe del Poder Legislativo. Al rendir su informe, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima sostuvo lo siguiente:
66. En primer término consideró que se actualizaba una causal de improcedencia, con fundamento en los artículos 19, fracción VII, 20, fracción II y 59 de la ley reglamentaria, consistente en que la demanda se presentó fuera de los plazos establecidos, respecto del artículo 190, fracción III, del Código Penal para el Estado de Colima.
67. Afirma que con motivo de la reforma constitucional en materia penal y en vísperas de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial se llevó a cabo la adecuación respectiva de la normatividad local. En tal virtud, mediante Decreto 394 se publicó el nuevo Código Penal para el Estado de Colima el once de octubre de dos mil catorce y en su artículo 190, fracción III, preveía a los sujetos que no podían ser sancionados por el delito de robo, específicamente cuando se cometiera por "un ascendiente en contra de su descendiente o viceversa, por un cónyuge contra el otro, por el concubinario contra la concubina o viceversa o por el adoptante contra el adoptado o viceversa ..."
68. Posteriormente, refiere que mediante Decreto 87 publicado en el Periódico Oficial Local se reformó la fracción III del artículo 190 del código punitivo local en la que únicamente se excluyeron a los cónyuges que hubiesen contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal para cometer el delito de robo.
69. Así, estima que de la reforma al precepto en cuestión se advierte que no hubo un cambio sustancial o material específico(14) que ameritara la oportunidad de impugnarla, esto es, no se incorporó una nueva excepción a la punibilidad del delito, sino que se restringió y acotó a una circunstancia específica como lo es el matrimonio contraído bajo el régimen de sociedad conyugal, suprimiendo la hipótesis del régimen de separación de bienes.
70. En consecuencia, sostiene que si el artículo impugnado, en un primer momento, preveía los supuestos de punibilidad para los cónyuges sin importar su régimen patrimonial, resulta inconcuso que se debió promover la acción de inconstitucionalidad a partir del doce de octubre de dos mil catorce.
71. Como segunda causal, señala de igual forma, con fundamento en los artículos 19, fracción VII, 20, fracción II y 59 de la ley reglamentaria, la extemporaneidad de la presentación de la demanda respecto del artículo 233 del Código Penal para el Estado de Colima.
72. Al respecto, manifiesta que previo a su reforma, el artículo impugnado establecía inhabilitaciones de uno a veinte años, para lo cual se tomaba como punto de partida 200 Unidades de Medida y Actualización. Es decir, si el monto no excedía de dicha base la inhabilitación sería de uno a diez años, caso contrario si lo sobrepasaba la sanción sería de diez a veinte años.
73. Por tanto, afirma que las bases para fijar el término de inhabilitación ya se preveían de forma primigenia y en el caso, no se podía considerar que existía una nueva introducción a esos parámetros, ya que sólo se hizo una adecuación y reconformación del texto.
Contestación a los conceptos de invalidez
74. Como primer punto, señala que la reforma al artículo 190, fracción III, del Código Penal para el Estado de Colima no vulnera los derechos a la seguridad jurídica y propiedad, así como al principio de legalidad.
75. Lo anterior es así, puesto que la Comisión Dictaminadora percibió una realidad cierta y aquejante al sostener que en la realidad social es común que se cometa el delito de robo entre padres e hijos, cónyuges y concubinos, adoptante y adoptado, por lo que al excluirse de la punibilidad de tal ilícito gozan de plena impunidad.
76. Por tanto, se determinó la eliminación de los sujetos susceptibles de una causa absolutoria del delito de robo con excepción de los cónyuges que hubieren contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal.
77. Conforme a lo previsto en el Código Civil para el Estado de Colima, el dominio de los bienes de los cónyuges que contraen matrimonio bajo el régimen de la sociedad conyugal es de ambos, independientemente de quién los hubiese adquirido mientras subsista la sociedad, por lo que resulta justificada la exclusión absolutoria del d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30357-9014b906/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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