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Modo: Corpus Pro

APORTACIONES PATRONALES EN LOS RAMOS DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA QUE LOS PATRONES LAS CALCULEN SE DESPRENDEN DE UN ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 41/2024. · Registro digital (IUS): 32611
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-09
Promovente: IMPULSORA AZUCARERA DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.382.

AMPARO EN REVISIÓN 41/2024. IMPULSORA AZUCARERA DEL TRÓPICO, S.A. DE C.V. 13 DE MARZO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: ILLIANA CAMARILLO GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al trece de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 41/2024, interpuesto por Impulsora Azucarera del Trópico, sociedad anónima de capital variable, en contra de la sentencia de amparo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del expediente 197/2023.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar, en uso de sus facultades originarias, la constitucionalidad de los artículos 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social y el transitorio segundo del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos. El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, entre ellos, el artículo 168, fracciones II, y IV, así como el Segundo y Tercero Transitorio.

2. Demanda de amparo. Por escrito presentado vía electrónica el diez de febrero de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Impulsora Azucarera del Trópico, sociedad anónima de capital variable, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en contra de los actos de la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus respectivas esferas competenciales, respecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en específico, los artículos 168, fracciones II y IV; así como el Segundo y Tercero Transitorios.

3. Entre los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa se encuentran, fundamentalmente, los siguientes:

• Primero. La norma impugnada atenta contra lo dispuesto en el artículo 1o. constitucional debido a que no obstante que las contribuciones en materia de seguridad social tienen el carácter tripartita, únicamente se aumenta la tasa a una de las partes, esto es, a los patrones.

• Segundo. El artículo 168, fracción II, inciso a) de la Ley del Seguro Social atenta contra lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción IV de la Constitución Federal dado que contempla para la realización de la cuota patronal la Unidad de Medida y Actualización (en adelante UMA) y no así el salario mínimo aplicable, pues se debe atender a su naturaleza y no a alguna otra obligación o supuesto en los que se debe aplicar la UMA.

• Tercero. La norma impugnada atenta contra el derecho a la legalidad tributaria dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no basta que los elementos de las contribuciones se encuentren en la Ley sino que deben encontrarse debidamente establecidos a fin de generar seguridad jurídica al sujeto pasivo de la relación tributaria.

• No se establece de manera clara el porcentaje de la cuota que se debe considerar para determinar el monto a cubrir por concepto de rubro de cesantía en edad avanzada y vejez, por lo que no existe certeza de la contribución que debe realizar. Ello, toda vez que la norma no detalla el procedimiento a seguir para aplicarla, esto es si: 1) se debe multiplicar la UMA y la cuota por el número de bimestre; o 2) se divide el salario entre el valor de la UMA para después ubicar el valor obtenido y elegir el porcentaje.

• Además, se transgrede el principio de legalidad tributaria debido a que la tasa señalada en el artículo Segundo Transitorio tiene deficiencias, ya que no se establecen de modo sucesivo, porque si bien empieza con un rango de 1.0 salario mínimo y de ahí se va al 1.01, también lo es que el segundo ramo comienza con una cuantía superior a una inferior porque va de 1.01 salario mínimo, esto es, de $ ********** (********** moneda nacional) en el resto del país y de $ ********** (********** moneda nacional) en las zonas fronterizas, a $ ********** (********** moneda nacional) es decir, parte de un rango mayor a uno menor.

• Asimismo, las tasas tampoco son sucesivas pues existen salarios base de cotización que no se pueden ubicar dentro de los porcentajes contenidos en la tabla del artículo Segundo Transitorio y, por tanto, existe incertidumbre respecto de si correspondiera aplicar el rango inferior o el superior.

• Cuarto. Las disposiciones combatidas violan el principio de proporcionalidad tributaria debido a que las diferencias existentes entre las distintas tasas contenidas en la tarifa no contienen una aritmética progresiva que sea lógica.

• Además el hecho de que la quejosa tenga empleados con distintos sueldos no es sinónimo de que tenga capacidad tributaria, ya que la norma reclamada grava sujetos por una actividad que no es indicativa de la existencia de capacidad para contribuir.

• La norma debe atender estrictamente a la capacidad económica del contribuyente; sin embargo, ésta no cumple con dicho requisito en tanto que no se ocupa de la capacidad contributiva de los particulares obligados al pago del mismo, pues si la capacidad contributiva es un elemento que se encuentra íntimamente vinculado con el ingreso del propio contribuyente y la norma reclamada no grava ese ingreso, ésta no atiende a esa capacidad contributiva, por el contrario este gravamen incide directamente en el gasto de la quejosa en su calidad de salarios.

• Quinto. La norma reclamada viola el derecho a la equidad tributaria, dispuesta en el artículo 31, fracción IV constitucional, pues si las contribuciones de seguridad social tienen el carácter tripartita, Estado, patrón y trabajadores, resulta incorrecto que solo se aumente la carga al patrón, se disminuyan la del Estado y se deje igual para el trabajador. De ahí que lo correcto sería aumentar la carga a las tres partes involucradas en el mecanismo de seguridad social de manera proporcional y no únicamente al patrón.

4. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Mediante proveído de trece de febrero de dos mil veintitrés, se ordenó registrarla con el número de expediente 197/2023, se previno a la promovente para que el representante o apoderado legal suscribiera y ratificara la demanda de amparo. Así, una vez cumplido el requerimiento señalado, por auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, la Jueza de Distrito del conocimiento, admitió a trámite la demanda, solicitó los informes justificados, dio la intervención a la representación social de la adscripción y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

5. Sentencia de amparo. El veintisiete de junio de dos mil veintitrés, la Jueza de Distrito dictó sentencia en la que resolvió sobreseer el amparo al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

6. Al respecto, consideró que se actualizaba la causal de improcedencia antes señalada, en virtud de que la norma general no afectaba el interés jurídico de la quejosa, además que no se acreditó el acto de aplicación pese a ser una norma heteroaplicativa.

7. Recurso de revisión. Inconforme con dicha sentencia, Impulsora Azucarera del Trópico, sociedad anónima de capital variable interpuso recurso de revisión. De dicho recurso conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, lo admitió a trámite y lo registró con el número de expediente 325/2023.

8. La parte recurrente mencionó en sus agravios que la sentencia resultaba incorrecta debido a las siguientes consideraciones:

• La sentencia combatida resulta violatoria de los derechos de la parte quejosa, toda vez que considera que se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque a juicio de la a quo no se acreditó que el acto impugnado afectara su interés jurídico.

• Es ilegal e inconstitucional la resolución de la Jueza de Distrito al declarar el sobreseimiento, toda vez que, con las pruebas presentadas por la parte quejosa en la demanda de amparo, se acreditó la calidad de patrón y de obligado a cumplir con las disposiciones impuestas por la Ley del Seguro Social.

• La norma general reclamada viola por su sola entrada en vigor los derechos humanos de la parte quejosa, reconocidos en la Constitución Federal y diversos tratados internacionales, toda vez que se produce una afectación real y actual a la esfera jurídica de ésta de manera directa.

• Resulta ilegal el razonamiento de la a quo en el sentido de que la parte quejosa no acreditó el acto de aplicación, debido a que no comprobó haber efectuado el pago de cuotas del mes de enero de dos mil veintitrés, es decir, bajo el amparo de las nuevas reglas impugnadas.

9. Sentencia del Tribunal Colegiado. Por sentencia de once de enero de dos mil veinticuatro, el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó, por una parte, que debían quedar firmes las consideraciones por las cuales la jueza sobreseyó en el juicio respecto de la fracción IV del artículo 168 de la Ley del Seguro Social y tercero transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, debido a que la parte a quien perjudicaba tal determinación no se inconformó en ese sentido.

10. Por otra parte, en relación con los artículos 168, fracción II, inciso a) y Segundo Transitorio, señaló que contrario a lo señalado por la juzgadora, la norma reclamada no era heteroaplicativa sino autoaplicativa y, por tanto, la quejosa sí había acreditado su interés jurídico para impugnarla con los documentos que anexó a su demanda.

11. En ese sentido levantó el sobreseimiento decretado y reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema de constitucionalidad subsistente respecto de los artículos 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social, y el transitorio segundo del Decreto mencionado.

12. Trámite ante la Suprema Corte. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó asumir su competencia originaria para conocer del recurso de revisión 325/2023, del índice del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo con el número 41/2024, y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.

13. Avocamiento. En acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del asunto y ordenó remitir el expediente a la Ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

14. Publicación del proyecto. De conformidad con los artículos 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo, el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

15. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo;(2) y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente.(3) Así como los puntos Primero y Tercero, del Acuerdo General 1/2023(4) emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de dos mil veintitrés, modificado mediante instrumento normativo de diez de abril del mismo año, por tratarse de un asunto cuya competencia corresponde a esta Segunda Sala.

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa (ponente), Luis María Aguilar Morales, Lenia Batres Guadarrama, Javier Laynez Potisek y Presidente Alberto Pérez Dayán.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

17. No es el caso de analizar la oportunidad y legitimación del recurso de revisión, pues de estos temas se ocupó debidamente el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en su conocimiento.

III. ESTUDIO DE FONDO

18. La materia del presente recurso de revisión consiste en analizar la constitucionalidad del artículo 168, fracción II, inciso a), así como del Segundo Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, a partir del contenido de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa,(5) en virtud de que la sentencia recurrida, en relación a dichas disposiciones, fue revocada por el Tribunal Colegiado del conocimiento.

19. Al efecto, se retomará lo decidido por esta Segunda Sala al resolver los amparos en revisión 281/2022(6) y 266/2022,(7) con relación a los diversos conceptos de violación relacionados con los elementos previstos en la tabla a que hace referencia el artículo Segundo Transitorio, así como aquellos relacionados con la proporcionalidad y equidad tributaria. Finalmente, se analizará el argumento de la quejosa relacionado con la falta de legalidad tributaria al considerar que los artículos combatidos no establecen el procedimiento que debe seguirse para aplicar la tasa a que se refiere en la tabla mencionada.

20. En principio, resulta necesario citar, el contenido del artículo 168, fracciones II, inciso a), y Segundo Transitorio de la Ley del Seguro Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veinte.

Ver artículo 168

Ver artículo segundo transitorio

21. Del primer artículo citado se advierte la forma en que se deben de cubrir las cuotas y aportaciones en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, y se establece que los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización, partiendo de un salario mínimo a la que correspondería una cuota patronal de 3.150 %, hasta 4.01 UMA’s en adelante, a la cual le correspondería una cuota de 11.875 %.

22. Asimismo en la disposición transitoria se aprecia que la cuota patronal establecida para el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, fijada en la fracción II, inciso a) del artículo 168, sería aplicable de manera gradual, conforme los elementos contenidos en la tabla, a partir del uno de enero de dos mil veintitrés y hasta el dos mil treinta.

23. Al respecto, como ya se adelantó, esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 281/2022, analizó el contenido de dichas disposiciones, con relación a los rangos contenidos en la tabla a que hace referencia el artículo Segundo Transitorio. De manera textual se expuso lo siguiente:

“1)...Para tal fin, se previó un mecanismo progresivo de cotización patronal, que adopta como elemento esencial el monto del salario base de cotización (SBC) de los trabajadores, el cual habrá de ubicarse en alguno de los ocho renglones de la tabla respectiva, con la peculiaridad de que en el primer renglón se utilizó como referente el monto del salario mínimo (SM) para fijar la cuota patronal respectiva, en el segundo reglón se especificó en salario mínimo y en unidad de medida de actualización (UMA’s), y en los siguientes seis renglones el legislador fijó un parámetro distinto, ya que en este caso estableció los topes mínimo y máximo solo conforme en el valor de las unidades de medida y actualización.

Conviene precisar que como el salario mínimo lo determina la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI)(8) y la unidad de medida y actualización el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),(9)por lo que cada uno de esos organismos cuenta con insumos económicos de dinámicas diversas. Así, ambos referentes no tienen un vínculo relacional en el que el primero (SM) se mantenga necesariamente por encima del valor de la segunda (UMA), por lo que en el supuesto en que el monto inferior del salario base de cotización expresado en salarios mínimos, se llegara a situar por encima del límite superior traducido en UMA’s, debe estarse a lo más favorable para los asegurados, es decir, en estos casos deberán ser ubicados en el renglón inmediato siguiente que corresponda, conforme al principio en materia laboral, en el sentido de que en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, dada la supletoriedad del artículo 18 de la Ley Federal de Trabajo,(10) conforme lo permite y autoriza el párrafo segundo del artículo 9 de la Ley de Seguro Social.(11)

Inclusive, lo anterior también debe observarse respecto de los salarios mínimos que, en determinadas regiones del país, por ejemplo, en la frontera norte, exceden el primer límite superior fijado en UMA’s, pues ante tal situación, este tope debe encontrarse en el renglón en el que ya no se vea superado por la cantidad fijada en UMA’s, a fin de no hacer nugatoria la diferencia salarial establecida para esas zonas del territorio nacional.

Tampoco pasa inadvertido para esta Segunda Sala que entre cada uno de los renglones el legislador dejó cifras intermedias sin considerar en qué nivel de la tabla se habrían de ubicar –el inmediato inferior o el inmediato superior–; sin embargo, como esa laguna legal no debe colmarse en perjuicio de los asegurados, se determina que la interpretación que corresponde es la que optimiza sus derechos, de manera que deberá estarse al renglón inmediato superior que les permite un mayor ahorro en su cuenta individual.

Asimismo, la interpretación de esta Segunda Sala es la que corresponde a la tabla prevista en la fracción IV del mismo artículo 168 de la Ley del Seguro Social, que establece las cantidades que el Gobierno Federal, por cada día de salario cotizado, debe aportar mensualmente por concepto de la cuota social, para los trabajadores que ganen hasta cuatro veces la unidad de medida y actualización, pues se observa que también requiere de una lectura en favor de los asegurados por razones similares a las anteriores.

[...]”

24. Conforme lo indicado, no le asiste la razón a la quejosa al señalar que el citado artículo Segundo Transitorio transgrede el principio de legalidad tributaria debido a que: 1) las tasas no son sucesivas debido a que algunos rangos establecidos van de una cuantía superior a una inferior; y 2) las tasas no son sucesivas ya que existen salarios base de cotización que no se pueden ubicar dentro de los porcentajes contenidos en la tabla del artículo Segundo Transitorio referido.

25. Lo anterior, ya que como se analizó en el precedente citado, si bien el artículo combatido establece como base para el pago de las cuotas y aportaciones en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, salario mínimo y UMA’s, se dijo que estos referentes se determinan por diversos organismos -CONASAMI e INEGI-, y por tanto, cada uno cuenta con insumos económicos de dinámicas diversas para fijarlos, por lo que ambos referentes no tienen un vínculo relacional en el que el primero (SM) deba mantenerse necesariamente por encima del valor de la segunda (UMA). 26. Además, que en el caso de que el salario mínimo se situará por encima de la UMA debería estarse a lo más favorable para los asegurados debiendo ubicar, en esos casos, en el renglón inmediato siguiente que correspondiera, conforme al principio en materia laboral, en el sentido de que en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.

27. Asimismo, se estableció que cuando los salarios en las regiones fronterizas del norte del país excedan el primer límite superior fijado en UMA’s, este tope debe encontrarse en el renglón en el que ya no se vea superado por la cantidad fijada en UMA’s, a fin de no hacer nugatoria la diferencia salarial establecida para esas zonas del territorio nacional.

28. Del mismo modo, en relación a que las tasas no son sucesivas dado que existen rangos de salario base que no se pueden ubicar dentro de los porcentajes contenidos en la tabla, en dicho precedente se señaló que si bien en la tabla el legislador dejó cifras intermedias sin considerar en qué nivel de la tabla se habrían de ubicar –el inmediato inferior o el inmediato superior–; ello no debía significar un perjuicio de los asegurados, y por tanto, la interpretación que correspondería es la que optimiza sus derechos, de manera que en esos casos deberá estarse al renglón inmediato superior que les permite un mayor ahorro en su cuenta individual.

29. Consecuentemente, toda vez que los argumentos formulados por la quejosa ya fueron analizados y resueltos por esta Segunda Sala en el sentido señalado, éstos devienen infundados.

30. Por otra parte, tampoco le asiste la razón a la quejosa al señalar, en su primer y quinto concepto de violación, que se viola el principio de equidad tributaria debido a que si las contribuciones tienen carácter tripartita, resultaba incorrecto que se disminuyera la carga del Estado, se mantuviera intocada la relativa al trabajador y que únicamente se incrementara la correspondiente al patrón.

31. Al respecto, en el precedente citado, se precisó que los artículos combatidos al modificar las aportaciones al ramo de pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez no transgredían el principio de proporcionalidad tributaria.

32. En ese sentido, si bien la problemática planteada en esa ocasión se analizó bajo la luz de dicho principio y no de equidad tributaria como ahora se reclama, lo cierto es que en dicho precedente se estableció que el legislador goza de libertad configurativa en materia fiscal para fijar los montos de las aportaciones de seguridad social que deben cubrirse a fin de lograr los objetivos que con ella se pretenden en materia de protección a la seguridad social, así como del interés social y económico del país. Por lo que tratándose de aportaciones de seguridad social el legislador válidamente puede establecer la proporción en que éstas deben fijarse.

33. En dicho precedente se citó lo siguiente:

“En efecto, en principio no puede considerarse que la reforma a los artículos 168 y Segundo Transitorio de la Ley del Seguro Social transgrede el principio de proporcionalidad al modificar las aportaciones que venía realizando el Gobierno Federal en el ramo de pensiones por cesantía en edad avanzada y vejez.

Lo anterior, debido a que dicho principio se encuentra dirigido a verificar que la contribución que realizan los particulares sea la adecuada conforme a sus propias características. Así, para determinar si un impuesto o una aportación es proporcional debe considerarse la capacidad contributiva de los sujetos obligados, a efecto de que contribuyan conforme sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, a fin de que quien tenga una mayor capacidad contributiva sea quien aporte en mayor proporción que quien goza de una menos capacidad de ingresos.

Por tanto, no asiste la razón a la quejosa al sostener que se transgrede ese principio, bajo la óptica de que al haberse derogado la fracción III, el Estado ya no aportará para cubrir los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, dejando solo a la parte patronal la carga de dichas pensiones. Lo anterior, ya que la violación al principio de proporcionalidad no puede entenderse a partir de la participación que hagan o no otros sujetos en las aportaciones o impuestos que se fijen, ya que éste únicamente se refiere al ámbito específico de cada uno de los entes obligados a contribuir al gasto público, por lo cual se debe tomar en cuenta la capacidad de pago individual de los contribuyentes a efecto de que éstas se establezcan de manera congruente entre los ingresos recibidos y las contribuciones que se le impongan.

Además, como ya se mencionó el artículo 31, fracción IV Constitucional solo establece las bases para lograr una contribución al gasto público; sin embargo, el legislador goza de libertad configurativa en materia fiscal, por lo que válidamente puede fijar los medios que considere oportunos para lograr sus fines y fijar la proporción en que las contribuciones aumentarán, tal como ocurre con el establecimiento de los montos de las aportaciones de seguridad social que deben cubrirse –siempre que se cumpla, entre otros, con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria-. Ello, a efecto de organizar el desarrollo nacional y determinar cuáles son las áreas específicas que requieren una mayor atención en la distribución de recursos, con el objetivo de atender el interés social y económico del país. De ahí que, en ese sentido, no puede decirse que existe una transgresión al principio de proporcionalidad contenido en la citada disposición constitucional.

Asimismo, que como se ha determinado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de aportaciones de seguridad social, debe tomarse en cuenta de manera primordial los fines que con ellas se pretenden lograr, pues no se está frente a un tributo fiscal de los denominados impuestos o derechos cuya naturaleza es distinta a la de las aportaciones referidas.(12)

En efecto, las aportaciones de seguridad social están encaminadas directamente a la protección y sustento del sistema de salud y pensiones, y actualmente no sólo de las clases económicas más desfavorecidas, sino de manera general de todas las personas afiliadas, lo cual se constituye en un tema de interés social que redunda en un beneficio a la colectividad debido a su efecto redistributivo. Por tanto, debe considerarse a la seguridad social como un bien social y no como una mercancía o un instrumento de política económica o financiera, y por ende, debe estimarse que las aportaciones a dicho fin resultan en un factor importante para la inclusión y la cohesión social, así como en la reducción de la pobreza.

Por tanto, tal como se advierte de la exposición de motivos, de la reforma a los artículos 168 y Segundo Transitorio de la Ley del Seguro Social atiende a las necesidades que requieren las personas trabajadoras y pensionadas, que conforme a la elevada tasa de crecimiento de la población de adultos mayores, ante una expectativa mayor de vida, y el cada vez menor número de trabajadores incorporados al seguro obligatorio -al dedicarse a trabajos informales- plantea enormes desafíos para las políticas sociales, por lo que se hace necesario que se transite a un régimen de pensiones más justo y solidario que permita la protección de los derechos de seguridad social para los trabajadores.”(13)

34. Así conforme lo indicado, se advierte que no puede existir una transgresión al principio de equidad tributaria, entendido éste como igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación(14). Ello, ya que no es posible situar en una misma situación al patrón y a los trabajadores(15), dada su propia naturaleza, aunado a que para determinar la aportación que corresponde se debe tomar en cuenta el ámbito específico de cada uno de los entes obligados a contribuir al gasto público, tomando en cuenta la capacidad de pago individual de los contribuyentes a efecto de que éstas se establezcan de manera congruente entre los ingresos recibidos y las contribuciones que se le impongan.

35. De igual manera, resultan infundados los argumentos mediante los cuales señala que las disposiciones combatidas transgreden el principio de proporcionalidad tributaria, al estimar que la norma debe atender estrictamente a la capacidad contributiva de los particulares, sin que en el caso ésta atienda a ese elemento.

36. Lo anterior, ya que en el referido amparo en revisión 281/2022 se estableció que “los porcentajes indicados en la tabla referida no puedan considerarse desproporcionales ya que éstos atienden, precisamente, al aumento de la capacidad contributiva que se refleja en el salario del trabajador como resultado de la elevación de los ingresos obtenidos por el patrón, toda vez que con los porcentajes previstos por el legislador se logra que aquellos sujetos que paguen salarios más altos contribuyan en mayor medida a la prestación del servicio público de salud y seguridad social que aquellos que paguen salarios inferiores.”(16)

37. Igualmente, no le asiste la razón a la quejosa al formular que el artículo 168, fracción II, inciso a), de la Ley del Seguro Social, resulta contrario a lo que dispone el artículo 123, apartado A, fracción IV de la Constitución Federal, dado que contempla para la realización de la cuota patronal la UMA y no así en salario mínimo aplicable dada su propia naturaleza.

38. Lo indicado, toda vez que esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 266/2022, determinó que es admisible y compatible con la naturaleza de la materia de seguridad social que el legislador federal haya empleado las UMAS como factor de cálculo pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32611-84731876/aportaciones-patronales-en-los-ramos-de-cesantia-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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