Corpus
Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE DERECHOS PARCELARIOS. EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL NO PUEDE NEGAR SU INSCRIPCIÓN CON BASE EN LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE UN DICTAMEN TÉCNICO DE FECHA POSTERIOR A LA CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DEL ACUERDO QUE AUTORIZÓ EL CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 70/2024. · Registro digital (IUS): 32634
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-08-16
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTI
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.353.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 70/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 23 DE MAYO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. DISIDENTE: MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: OLGA LYDIA NÚÑEZ AGÜERO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios 70/2024, entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, como órgano auxiliar del mencionado con anterioridad.

2. La problemática jurídica que debe ser resuelta consiste en determinar si el Registro Agrario Nacional puede calificar negativamente la solicitud de inscripción del contrato de enajenación de derechos de una parcela ejidal, con base en lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Agraria, ante la posibilidad de que la parcela se encuentre dentro de un ecosistema de bosque o selva, atento al principio de precaución que deriva del derecho a un medio ambiente adecuado, no obstante que previamente dicha institución registral ya había calificado e inscrito el acta de Asamblea General Ejidal en que se autorizó el cambio de uso de suelo de tierras de uso común a parceladas –en las que está comprendida aquélla–.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

a. Denuncia de la contradicción de criterios

3. A través del oficio 394, de veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 542/2023, el Secretario adscrito a ese órgano comunicó la denuncia sobre la posible contradicción de criterios entre lo resuelto en el citado asunto y lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito –actuando en auxilio de aquél– al dictar sentencia en el cuaderno auxiliar 21/2023, derivado del amparo en revisión 510/2023 de la estadística del tribunal colegiado denunciante.

b. Trámite

4. El cinco de marzo del año en curso la presidencia de este Pleno Regional tuvo por recibida la denuncia, la que radicó como contradicción de criterios 70/2024 y con la finalidad de estar en condiciones de pronunciarse sobre su admisión, requirió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito aclarara y precisara cuáles son los expedientes respecto de los que denunció el posible diferendo de razonamientos.

5. Desahogado el requerimiento, por auto de veinte de marzo posterior la Magistrada Presidenta de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de que se trata en relación con los tribunales colegiados y expedientes antes descritos, lo que ordenó hacer de su conocimiento, teniendo además por informado que los respectivos expedientes electrónicos de los asuntos en contienda ya estaban habilitados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para su vinculación y consulta, aunado a que les solicitó que informaran si el razonamiento que sostuvieron se encuentra vigente. Por otra parte, solicitó al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si existe alguna contradicción de criterios radicada en el Máximo Tribunal del País que guarde relación con la temática planteada en el presente asunto, sobre el que se realizó su turno electrónico.

6. En ese propio acuerdo se tuvo al tribunal colegiado oficiante informando que el presente asunto guarda relación con la contradicción de criterios 71/2024, que este Pleno Regional radicó ante la declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que carece de competencia legal para resolver la similar 34/2024 de su estadística.

7. A través del oficio 547, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito informó que no se ha apartado del criterio que sostuvo en el amparo en revisión 542/2023; mientras que por oficio 2058/2024, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito señaló que no ha abandonado las consideraciones que plasmó al resolver el cuaderno auxiliar 21/2023, formado con motivo del amparo en revisión 510/2023, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.

8. Por oficio DGCCST/X/338/04/2024, de cuatro de abril inmediato anterior, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que en el Alto Tribunal no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

9. En auto de nueve de abril de la anualidad que transcurre, se confirmó el turno electrónico a la ponencia del magistrado Arturo Iturbe Rivas para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

10. Finalmente, a través del escrito que se recibió el veintidós de mayo siguiente en esta sede jurisdiccional, el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa del juicio de amparo indirecto 283/2023, formuló amicus curiae.

II. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, así como 1, fracción II, punto 2. y 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, reformados por el diverso Acuerdo General 38/2023 del propio órgano administrativo colegiado ‘por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio’; en virtud de que se suscitó entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito como órgano auxiliar del antes mencionado, el que, en términos de lo dispuesto por el artículo 10 del Acuerdo General 67/2022 ya referido, debe considerarse perteneciente a la misma región que el auxiliado, esto es, la Región Centro-Sur.

12. Motivos por los que, en el caso específico, este Pleno Regional sí es competente para resolver la presente contradicción de criterios, al ejercer jurisdicción sobre ambos órganos jurisdiccionales por razón de la materia –contienden órganos colegiados mixtos– y del territorio –ya que se toma en cuenta la región a la que pertenece el Tribunal Colegiado de Circuito que recibió el auxilio, es decir, la Región Centro-Sur–.

III. LEGITIMACIÓN

13. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo que disponen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en tanto fue formulada por las personas Magistradas integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que resolvió el amparo en revisión 542/2023, cuya sentencia contiene uno de los criterios jurídicos materia de la controversia que nos ocupa.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

14. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto y, posteriormente, sintetizar las posturas que asumieron los órganos colegiados a través de las ejecutorias respectivas.

15. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito conoció y resolvió el amparo en revisión 542/2023. Los antecedentes del caso son:

16. Una persona física solicitó al Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios relativo a la parcela *** del Ejido **** *****, Municipio de ****** ******** ******, Estado de Quintana Roo, trámite al que se asignó el folio ***********. Finamente, por resolución de treinta de diciembre de dos mil veintidós dicha solicitud fue calificada de forma negativa.

17. En contra de dicha negativa y dentro del juicio de amparo indirecto 283/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, la persona solicitante presentó ampliación de demanda, por lo que el juez tuvo como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

• Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo.

• Registradora Integral adscrita a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo.

• La omisión de calificar e inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios.

• La resolución negativa de treinta de diciembre del dos mil veintidós.

18. Por sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, el juez federal determinó, por una parte, sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, al considerar que la omisión que le fue atribuida había cesado en sus efectos; por otra, negó el amparo en relación con el acto atribuido a la Registradora Integral adscrita a la delegación en cita al considerar, esencialmente, que fue dictado con apego a lo dispuesto por los artículos 59, 80 y 82 de la Ley Agraria; 16, 22, 23, 33, 34, 51, 52, 53, 54 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, así como 1o., 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable calificó como negativa la solicitud que le fue formulada con base en un dictamen técnico, del que obtuvo que la parcela cuyos derechos fueron enajenados se ubica en un área que posiblemente cuenta con vegetación de bosque o selva, por lo que era necesario analizar sus características para determinar lo conducente, no obstante que con anterioridad se hubiera aprobado su parcelamiento y titulación, pues el trámite solicitado no puede considerarse legal si va contra lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Agraria.

19. Determinación que fue impugnada por la parte quejosa vía recurso de revisión y en sesión de veintitrés de febrero de dos mil veinticuatro, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito dictó sentencia en la que dejó firme el sobreseimiento decretado y, en la materia de estudio, revocó la decisión del juez de Distrito para conceder la protección de la Justicia Federal, en síntesis, por lo siguiente:

• Procede suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción IV, de la Ley de Amparo.

• Atendiendo al contenido de los numerales 148, 150, 151 y 152 de la Ley Agraria, así como los artículos 31, 32, 33, 49 y 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se aprecia que la decisión del juez de Distrito de convalidar el actuar de la autoridad registral es jurídicamente incorrecta, pues si bien al Registrador le compete examinar y calificar los actos y documentos que deban inscribirse, así como realizar y autorizar anotaciones, asientos y cancelaciones, para lo cual debe valerse, de entre otras razones, del estudio integral de cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, no menos cierto es que sus determinaciones deben estar apegadas al principio de legalidad, sobre todo, evitando que por virtud de ellas se desconozcan derechos previamente reconocidos a partir de supuestos no comprobados.

• La autoridad registral debe allegarse de los elementos necesarios para emitir una calificación registral, los que no están limitados a los documentos que presentan las partes; sobre todo, porque los registradores están facultados para realizar un estudio integral de cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, verificando que se cumpla con los requisitos de forma y fondo previstos por la normatividad aplicable.

• El argumento por el que se negó el registro solicitado consiste en que la autoridad responsable fue informada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante un dictamen técnico del año dos mil dieciséis, que el ejido **** *****, dentro del que se encuentra la parcela en cuestión, cuenta con superficies de selva y por ello recomendó realizar una visita de campo para determinar si ésta cumple los requisitos previsto en la ley, a fin de inscribir el contrato de enajenación parcelaria.

• Tanto la autoridad responsable como el juez de Distrito invocaron el artículo 59 de la Ley Agraria, que establece que será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales, para considerar apegado a derecho que la solicitud registral fuera calificada en sentido negativo; sin embargo, el dictamen técnico aludido reconoce de forma expresa que únicamente se apoya en un trabajo de gabinete con base en fuentes cartográficas, que por sí mismas fueron calificadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como “...una referencia documental que sólo permite obtener información sobre el tipo de vegetación que, de acuerdo con su contenido, aparece ubicada en dicho ejido...”, motivo por el que en el propio documento se recomienda una visita de campo a la parcela involucrada para determinar si cumple o no los supuestos previstos en la ley, especialmente, si fue constituida por virtud de un acto viciado de origen. De manera que por sí solo, ese dictamen no es apto ni suficiente para determinar con certeza la existencia de un ecosistema de selva sobre la superficie que ocupa la parcela a registrar, que justifique de forma plena la emisión de una calificación en sentido negativo.

• El juez de Distrito debió estimar que la calificación registral es inconstitucional al vulnerar en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano a la legalidad y seguridad jurídica, porque el acto a inscribir involucra una parcela que ya había sido previamente analizada por el Registro Agrario Nacional en el año dos mil catorce, en que se llevó a cabo el cambio de uso de tierras comunales a parceladas, sin que se realizara observación alguna referente a la presencia de bosque y/o selva; y si bien cabe la posibilidad de que los actos jurídicos estén viciados de origen, no es legal que ello se califique a partir de una información que no está corroborada, como incorrectamente sucedió.

• La sentencia recurrida, en la materia de revisión, debe ser revocada, pues si bien es cierto, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a garantizar un medio ambiente sano en atención a los artículos 4o. y 27 de la Constitución Federal (lo que implica observar necesariamente el principio de precaución que rige en materia medio ambiental), no menos cierto es que su actuar no debe ser desvinculado del derecho humano a la legalidad y al de seguridad jurídica; sobre todo, al dejar de reconocer un derecho previamente constituido. Motivo por el que procede conceder la protección constitucional.

• En el caso sujeto a estudio no tiene relación alguna lo dispuesto por la Circular 3/2017, emitida por el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, relativa a los trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como el relativo al cambio de uso de suelo de tierras de uso común a parceladas, no así el relativo a la enajenación de derechos sobre una parcela.

• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el contenido del artículo 59 de la Ley Agraria al resolver el amparo en revisión 157/2019 y concluyó que no es violatorio del derecho de propiedad sobre la tierra ni del principio de igualdad. De las consideraciones que esgrimió en tal recurso derivó la tesis 2a. LV/2019 (10a.), de rubro: “ASIGNACIÓN DE PARCELAS EN BOSQUES O SELVAS TROPICALES. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA, QUE ESTABLECE QUE SERÁ NULA DE PLENO DERECHO, NO VIOLA EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA.”

• Aunque la Circular 3/2017 se refiere al cambio de uso de suelo de tierras comunales a parceladas, lo cierto es que sería jurídicamente incorrecto pretender inscribir la enajenación de derechos parcelarios prescindiendo de analizar su constitucionalidad y legalidad, ya que es posible que ésta derive de un acto viciado de origen; sin embargo, para decretarlo y contrario a lo sostenido en la sentencia recurrida, es indispensable que la autoridad responsable cuente con elementos suficientes que no dejen duda alguna de que las parcelas (previamente asignadas y calificadas) se encuentran en bosques y/o selvas tropicales, pues sólo de dicha certeza puede derivar una consecuencia jurídica de tal magnitud como lo es la nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 59 de la Ley Agraria.

• Concedió la protección constitucional a fin de que la Registradora Integral adscrita al Registro Agrario Nacional, en el Estado de Quintana Roo:

• Dejara insubsistente la calificación registral en sentido negativo.

• Solicitara a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o a la autoridad que estimara competente, que dictaminara si la parcela en controversia cuenta con un área de selva y/o bosque que impida su inscripción en términos del artículo 59 de la Ley Agraria.

• Una vez que contara con ese dictamen y la información que objetivamente se requiriera, emitiera una nueva calificación registral con libertad de decisión.

20. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito conoció el amparo en revisión 510/2023 (cuaderno auxiliar 21/2023). Los antecedentes del caso son:

21. Una persona física solicitó al Registro Agrario Nacional, Delegación Quintana Roo, la inscripción del contrato de enajenación de derechos parcelarios relativo a la parcela *** del Ejido **** *****, Municipio de ****** ******** ******, Estado de Quintana Roo, trámite al que se asignó el folio ***********. Finamente, por resolución de diez de enero de dos mil veintitrés dicha solicitud fue calificada de forma negativa.

22. Previamente a la emisión de ésta, la persona solicitante promovió demanda de amparo indirecto, de la que conoció el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, donde se radicó el juicio de amparo indirecto 344/2023, dándosele el trámite conducente; luego de formularse ampliación de demanda, se tuvieron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

• Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo.

• Registradora Integral adscrita a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo.

• La omisión de calificar e inscribir el contrato de enajenación de derechos parcelarios.

• La resolución negativa de diez de enero de dos mil veintitrés.

23. Por sentencia de treinta de junio de dos mil veintitrés, el juez federal determinó, por una parte, sobreseer en el juicio respecto del acto reclamado a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, al considerar que la omisión que le fue atribuida había cesado en sus efectos; por otra, negó el amparo en relación con el acto atribuido a la Registradora Integral adscrita a la delegación en cita al considerar, esencialmente, que fue dictado con apego a lo dispuesto por los artículos 59, 80 y 82 de la Ley Agraria; 16, 22, 23, 33, 34, 51, 52, 53, 54 y 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, así como 1o., 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable calificó como negativa la solicitud que le fue formulada con base en un dictamen técnico, del que obtuvo que la parcela cuyos derechos fueron materia de enajenación se ubica en áreas que posiblemente cuentan con vegetación de bosque o selva, por lo que era necesario analizar sus características para determinar lo conducente, no obstante que con anterioridad se hubiera aprobado su parcelamiento y titulación, pues la inscripción solicitada no puede considerarse legal si va contra lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley Agraria. 24. Sentencia que fue impugnada a través del recurso de revisión y en sesión de diecinueve de enero de dos mil veinticuatro, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en auxilio a las labores del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, dictó sentencia en la que dejó firme el sobreseimiento decretado, en tanto que en la materia de revisión confirmó la sentencia recurrida atento a que:

• El punto de litis radica en definir si fue ajustada a derecho o no la decisión del juez federal de considerar que la autoridad registral puede invocar y sustentar su decisión en un dictamen de gabinete y aplicar el artículo 59 de la legislación agraria, aun cuando éste no es un requisito para la enajenación de derechos en términos del artículo 80 de dicha ley, aunado a que no se está ante un supuesto de calificación e inscripción del acta de asamblea de cambio de destino de tierras de uso común a parceladas, conforme a la circular 3/2017, emitida por el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, relativa a los trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Recursos Naturales.

• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el contenido del artículo 59 de la Ley Agraria al resolver el amparo en revisión 157/2019 y concluyó que no es violatorio del derecho de propiedad sobre la tierra ni del principio de igualdad.

• De la Circular 3/2017 se desprende que el registrador debe tomar como un elemento para calificar el cambio de destino de tierras ejidales y comunales el dictamen técnico que emita la Dirección General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, la que a su vez, debe considerar la opinión de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Los trámites que requieren de ese dictamen son los que tienen por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de destino de tierras de uso común a áreas parceladas, que será negativo para las superficies o parcelas en que conforme a esa opinión o dictamen se determine la existencia de bosques o selvas.

• Del análisis del acto reclamado, se desprende que la razón medular para negar la inscripción de la solicitud, radicó en que, a través del oficio *******************, de catorce de octubre de dos mil dieciséis, signado por el Director General de Catastro y Asistencia Técnica del Registro Agrario Nacional, se determinó que, al resultar positiva la opinión técnica ************************, de siete de los citados mes y año, a la existencia de áreas que podrían ser vegetación de bosque o selva en diversas parcelas, entre ellas la *** ** **, cuya titularidad ostenta la persona quejosa, se contravenía el artículo 59 de la Ley Agraria, así como el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• La razón otorgada por el juez federal para negar la protección constitucional obedeció a que, a su juicio, la función de la persona Registradora agraria no puede analizarse de forma aislada de los preceptos 80 y 82 de la Ley Agraria; por tanto, validó que la autoridad responsable hubiese apreciado el dictamen de gabinete para sostener la negativa de inscripción de la enajenación, pues a partir de dicho ejercicio, estuvo en condiciones de advertir si la inscripción de la solicitud estaba revestida de legalidad y no se trastocaba el artículo 59 de la Ley Agraria; conclusión que el Tribunal Colegiado de Circuito compartió.

• Tratándose de la solicitud de inscripción sobre la calificación de un contrato de enajenación de derechos de una parcela ya creada no tiene aplicación la circular 3/2017, pues ésta sólo constriñe expresamente a que las opiniones técnicas se generen como requisito tratándose de las solicitudes que tengan por objeto calificar la legalidad de las asambleas de ejidatarios en las que se determine el cambio de tierras de uso común.

• El juzgador federal no estableció como requisito adicional a los establecidos en el artículo 80 de la Ley Agraria, contar con el aludido dictamen, sino que el motivo substancial de la calificación registral negativa derivó de la aplicación del artículo 59 de la mencionada ley, justificada en un dictamen general del ejido dentro del cual está la parcela de la persona quejosa, pero sin que se haya referido que debía ofrecerse como requisito para proceder a la inscripción de la enajenación mencionada; es decir, el sentido desfavorable de la resolución registral no nace de un requisito exigido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino del hecho acreditado en autos con sustento en los oficios antes identificados, en los que quedó establecido que la parcela cuya enajenación de derechos pretende inscribirse, se encuentra con posible existencia de bosque o selva. Debe distinguirse que ese dictamen no constituye un requisito no cumplido, sino que conlleva a justificar la razón substancial de la autoridad registral para negar el trámite; incluso, justificó haber dejado a salvo los derechos de la peticionaria para demostrar que tal parcela no se ubica en el supuesto previsto del artículo 59 de la Ley Agraria.

• Para inscribir la enajenación de parcela, la autoridad registral no debe analizar de forma aislada el artículo 80 de la Ley Agraria, sino que debe hacerlo en función de las responsabilidades que conlleva su actuación, en términos de la legislación y reglamentos de la materia, pues de no ser así, implicaría tratarla como una validadora de procedimientos y trámites, lo cual sería contradictorio con su función consiste en verificar la legalidad de los actos que realizará. Dicho de otro modo, el citado numeral debe verse en conjunto con los principios que regulan la función registral, aparejado al artículo 59 de la misma ley, por contener este último una máxima de fondo (nulidad del acto) que debe imperar para todos los casos en que existan indicios o esté demostrado que un acto jurídico recae sobre parcelas ubicadas en bosques o selvas tropicales, asimismo, a la luz de los principios en materia ambiental.

• Expuso el contenido de los artículos 1o., 2o. y 5o. de la Ley Agraria; 1o., 3o., 4o., 14, fracción XIV, 16, fracción I, 22, fracciones I y III, inciso i), 33, 34, 51, 52, 53 y 54 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, con base en los cuales refirió que, aun cuando el artículo 80 de la Ley Agraria no exige como requisito de la enajenación parcelaria un dictamen como el citado, la autoridad registral sí puede analizar los elementos proporcionados por diversas autoridades, que requiera para el mejor desempeño de las actividades de registro, como en el caso lo fue el ya citado dictamen, pues el artículo 59 de la Ley Agraria prohíbe la asignación de parcelas en bosques o en selvas tropicales, por lo que de conformidad con el diverso numeral 54 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el acto jurídico inmerso en la litis no es susceptible de inscripción en términos de la Ley Agraria.

• Citó por analogía, la tesis aislada 2a. LV/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “ASIGNACIÓN DE PARCELAS EN BOSQUES O SELVAS TROPICALES. EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY AGRARIA, QUE ESTABLECE QUE SERÁ NULA DE PLENO DERECHO, NO VIOLA EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA.”. De igual forma, hizo referencia a la tesis aislada I.4o.A.100 A, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: “CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES. EL REQUISITO DE CONTAR CON UN DICTAMEN U OPINIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, IMPUESTO POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN SU CIRCULAR DJ/RAN/I-18 (DEROGADA) PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN RELATIVO, CONSTITUYE UN LÍMITE CONSTITUCIONAL A LA AUTONOMÍA DEL EJIDO, AL TENER COMO FINALIDAD, GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE UN MEDIO AMBIENTE SANO.”

• Coincidió con la diversa perspectiva desde la que el Juez de Distrito resolvió el asunto, a saber: el cuidado del medio ambiente y los principios de precaución y prevención. Enseguida retomó algunas consideraciones que respecto a dicho derecho expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 307/2016.

• Estimó jurídicamente acertada la decisión del juzgador de amparo de resolver con base en los principios de precaución e in dubio pro natura, en virtud de que en autos quedó acreditada la posibilidad de que la parcela objeto del contrato de enajenación de derechos se encuentre en zona de bosque y selva, como se informó en el dictamen de gabinete, ya que de ese modo se pueden alcanzar los fines constitucionales y convencionales en materia de protección al medio ambiente.

• Compartió la decisión ado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32634-0bbc0ebb/contrato-de-enajenacion-de-derechos-parcelarios-el-registro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.