Corpus
Modo: Corpus Pro

SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS PENITENCIARIOS. EL QUE NO SEAN EXIGIBLES MEDIANTE UNA ACCIÓN COLECTIVA CIVIL NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 825/2021. · Registro digital (IUS): 32665
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-08-23
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo IV, Volumen 1, Pág.337.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 825/2021. 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: JAQUELINE SÁENZ ANDUJO.

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 30 de noviembre de 2022, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 825/2021, promovido contra el fallo dictado el 15 de enero de 2021, por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, en el juicio de amparo directo civil 234/2020.

El problema jurídico por resolver consiste en determinar si la decisión de negar que un grupo de mujeres privadas de libertad pueda hacer uso del sistema de acciones colectivas para demandar servicios de salud dentro de prisión implica o no una violación al derecho de acceso a la justicia y al principio de igualdad y no discriminación.

I. ANTECEDENTES DEL CASO(1)

1. Demanda de acción colectiva. Mediante escrito presentado el 11 de mayo de 2020, **********, Directora de Área de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, en su carácter de representante común de 271 mujeres privadas de su libertad personal en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil Número 16, en Coatlán del Río, Estado de Morelos, promovió acción colectiva en sentido estricto, demandando del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como de la Directora de dicho Centro diversas prestaciones relacionadas con los servicios de salud que se brindan en ese lugar.(2) Además, la parte accionante solicitó que se informara a las demás mujeres de ese Centro de su derecho de adhesión y que se dictaran medidas tendientes a evitar actos de intimidación derivados de la presentación de la demanda.(3)

2. Desechamiento.(4) Correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. Por proveído de 11 de mayo de 2020 el juez registró la demanda con el progresivo ********** y la desechó. Consideró que ********** carecía de legitimación para accionar al no pertenecer a la colectividad promovente. Explicó que la acción colectiva en sentido estricto tutela derechos e intereses colectivos de una colectividad determinada o determinable, cuyo objeto es reclamar judicialmente de la parte demandada la reparación del daño por haber realizado o abstenerse de realizar una o más acciones que deriven de un vínculo jurídico común existente por mandato de ley entre las partes.

3. Agregó que la acción es improcedente porque la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos será ejercida ante los Tribunales de la Federación con las modalidades señaladas en el Título respectivo del Código Federal de Procedimientos Civiles, y sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente, lo cual no acontece en el caso, pues la exigencia del otorgamiento del derecho a la salud por parte de personas privadas de su libertad no puede considerarse como un acto de consumo de un servicio público, porque el cumplimiento de una medida cautelar o de pena de prisión no constituye en sí el ejercicio voluntario de un derecho de consumo, por ende, la actora no cuenta con legitimación activa.

4. Argumentó que la colectividad accionante tiene a su alcance los mecanismos contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente, la petición administrativa a través de la cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos.

5. Concluyó que el desechamiento no implica detrimento al derecho de acceso a la justicia, pues el mismo está condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia respectivos.

6. Apelación.(5) Inconforme con esa determinación, la accionante interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, quien registró el asunto como toca civil ********** y confirmó el acuerdo impugnado. Estimó que, contrario a lo afirmado por la recurrente, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales no constituye, en sí mismo, una violación al derecho de tutela judicial efectiva. Las acciones colectivas se regulan en el Código Federal de Procedimientos Civiles, donde el legislador dispuso que la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos sólo podrán promoverse en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente. Lo anterior en ejercicio de su libertad configurativa y de la reserva de ley contemplada en el cuarto párrafo del artículo 17 constitucional.

7. También realizó un control de convencionalidad respecto de los numerales 578 y 588, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles y descartó que tales numerales impidieran el acceso a la justicia a la parte actora, bajo el argumento de que tal derecho no es ilimitado, sino que está sujeto a que se cumplan ciertos requisitos de admisibilidad fijados en la propia legislación. Consideró que los mismos imponen una carga mínima que debe satisfacer el justiciable para poder acceder a las instancias jurisdiccionales, indispensable para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo.

8. Declaró infundado el disenso relativo a que el juez no resolvió con perspectiva de género al desechar la demanda, porque lo que estableció fue que la Ley que rige a las personas privadas de libertad que se encuentran en reclusión con motivo de la prisión preventiva o de la ejecución de la pena es la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, no se basó en que las integrantes sean mujeres.

9. Argumentó que la situación especial que guardan las 271 mujeres que integran la colectividad actora tiene como base los artículos 18 y 21 constitucionales, por lo que no se ubica en categoría sospechosa, sino en una situación especial cuyas condiciones de internamiento son reguladas por la Ley Nacional de Ejecución Penal.

10. Agregó que, como lo destacó el Juez de primera instancia, las integrantes de la colectividad actora no revisten la calidad de consumidoras, pues de conformidad con el artículo 2, fracción II, de la Ley Federal de Protección al Consumidor no les asiste tal carácter. Insistió en se trata de personas privadas de la libertad en un centro federal, quienes desde el momento en el que fueron recluidas en dicho centro, reciben los beneficios de los servicios de salud que presta el Estado, a través de las autoridades correspondientes, quienes deberán garantizarlos ante cualquier enfermedad o trastorno que padezca garantizar su bienestar y tratamiento, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

11. Indicó que las personas internas en un centro de reinserción social están sujetas al cumplimiento de la normativa vigente al interior de los centros y que su derecho a la salud es de especial importancia, ya que como no pueden satisfacerlo por sí mismas, el Estado se convierte en su único garante, lo que incluso así precisa la regla 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Sin embargo, por ser beneficiarias del derecho a la salud, las personas privadas de la libertad no pueden equipararse ni elevarse a la categoría de consumidor, puesto que la ley que rige a uno y a otro los excluye entre sí.

12. Los intereses de la colectividad se protegen mediante los mecanismos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal; mientras que la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente, se realizará mediante las diversas acciones colectivas reguladas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

13. Retomó las consideraciones de esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 57/2018 respecto de las peticiones administrativas como el mecanismo para reclamar lo relativo a las condiciones de internamiento, entre las que se incluyen servicios de salud. Además, las peticiones administrativas también se pueden formular colectivamente.

14. Concluyó que la petición administrativa es la vía idónea para reclamar las prestaciones solicitadas con independencia de que en la normatividad que regula la ejecución de prisión preventiva o de pena no se prevea la adhesión, pues tal aspecto no le demerita las características de ser un mecanismo idóneo para lograr las pretensiones de las actoras.

15. En otro orden de ideas, consideró que, si bien ********** tiene legitimación para promover la acción colectiva al haber sido designada por más de 30 personas pertenecientes a la colectividad, el juicio es improcedente al no ser un asunto relacionado con relaciones de consumo de bienes o servicios, públicos o privados y medio ambiente.

16. Si bien el A quo consideró que tampoco se colmaba el requisito de procedencia previsto en el artículo 589, fracción II, del código adjetivo citado,(6) y que tal análisis debe realizarse en la etapa de certificación, al haberse advertido desde el auto inicial que no se colmaba un diverso requisito de procedencia, era innecesario esperar a realizar tal certificación.

17. Declaró ineficaces los agravios relativos a la posibilidad de que el Instituto Federal de la Defensoría Pública represente a la colectividad actora, pues ello no formó parte de la fundamentación y motivación del auto apelado. Misma calificativa otorgó respecto de la alegada omisión de acordar diversas solicitudes contenidas en el escrito de demanda.

18. Finalmente, determinó inatendible el alegato relativo a que se presentó petición administrativa ante la autoridad penitenciaria con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto de mujeres que presentan comorbilidades asociadas a complicaciones graves en casos de infecciones por SARS-COV-2, causante de la enfermedad COVID-19, y que dicha figura hasta el momento no ha sido efectiva ya que no ha tenido respuesta por parte de la autoridad. Lo anterior, por no formar parte de la litis.

19. Juicio de amparo. La parte actora promovió juicio de amparo en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario de Circuito, por estimarla violatoria de los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito registró el expediente con el número 234/2020 y tuvo por reconocido el carácter de terceros interesados a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, en Coatlán del Río, Estado de Morelos y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

20. En sesión de 15 de enero de 2021, el Tribunal Colegiado del conocimiento resolvió negar la protección federal a la solicitante de amparo.

21. Recurso de revisión. El 25 de febrero de 2021, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado. Por acuerdo de 23 de marzo de 2021, el Presidente de esta Suprema Corte admitió el medio de impugnación en comento con registro de número 825/2021, y ordenó turnarlo a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

22. En acuerdo de 11 de junio de 2021 la Presidenta de la Primera Sala admitió la revisión adhesiva interpuesta por el titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de ese órgano desconcentrado. Así mismo, al encontrarse integrado el expediente, acordó avocarse al conocimiento del asunto y enviar autos a la ponencia del Ministro designado Ponente para su estudio y elaboración del proyecto correspondiente.

23. Mediante proveído de 28 de septiembre de 2021 se acordaron las manifestaciones que formuló ********** en su carácter de Coordinadora General del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social como amicus curiae.(7)

II. COMPETENCIA

24. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, así como de la revisión adhesiva, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción II y 82 de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Puntos Tercero y Quinto del Acuerdo General Plenario 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. El recurso se interpuso contra una sentencia dictada por un tribunal colegiado de circuito en un juicio de amparo directo en materia civil, lo cual es competencia exclusiva de esta Primera Sala y no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

III. OPORTUNIDAD

25. El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo correspondiente. La sentencia impugnada se notificó a la parte quejosa el 9 de febrero de 2021, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el 10 de febrero de 2021. El plazo de 10 días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo corrió del 11 al 24 de febrero de 2021.

26. En dicho cómputo, no se cuentan los días 13, 14, 20 y 21 de febrero de 2021, por haber sido sábados y domingos. Ello, de conformidad con los numerales 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Dado que el recurso de revisión fue presentado el 24 de febrero de 2021, se promovió de manera oportuna.

27. Del mismo modo, la revisión adhesiva fue interpuesta en el plazo correspondiente. El auto de admisión del recurso de revisión fue notificado el 3 de junio de 2021 y ese mismo día surtió efectos la notificación. El plazo de 5 días para adherirse al recurso de revisión que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo transcurrió de los días 4 al 10 de junio de 2021.

28. De dicho cómputo se excluyen los días 5 y 6 del mismo mes, por haber sido inhábiles. Dado que la revisión adhesiva se presentó el día 10 de junio de 2021, su interposición fue oportuna.

IV. LEGITIMACIÓN

29. Tanto la parte recurrente principal como la adhesiva tienen legitimación para interponer el presente recurso de revisión, pues fueron parte quejosa y tercera interesada, respectivamente, en el juicio de amparo directo; en términos del artículo 5, fracciones I y III, inciso b), de la Ley de Amparo.

V. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER

30. Demanda de amparo. La parte quejosa planteó como conceptos de violación, esencialmente:

a. En la sentencia reclamada se omitió realizar una interpretación conforme con todo el marco jurídico mexicano, lo cual tiene impacto en el derecho a la salud de las mujeres privadas de la libertad. Desarrolla su argumentación en tres puntos que desde su perspectiva debieron tomarse en cuenta:

- Los requisitos procedimentales en las acciones colectivas fueron interpretados restrictivamente con base en razones insuficientes e incorrectas, por ejemplo, en cómo se emplea la concepción de la figura de consumidoras o usuarias de acuerdo con el artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles

- No se ha considerado la calidad de la colectividad accionante (mujeres privadas de su libertad) frente el derecho a la salud, debido a las consecuencias colectivas que tendría la acción colectiva. La causa de pedir es compatible con la naturaleza de las acciones colectivas; incluso, el derecho comparado puede ofrecer una visión de la concepción de estos mecanismos en otros países y cómo han sido efectivas y útiles para personas privadas de la libertad y para la provisión de servicios de salud.

- La multiplicidad de vías a las cuales acudir presenta características y rasgos distintivos, así como efectos diferentes; no obstante, todas son tendentes a garantizar el derecho a la salud de personas privadas de la libertad o alguno de sus aspectos. Afirmar que todo lo relativo a cuestiones de internamiento únicamente se regulan por la Ley Nacional de Ejecución Penal y únicamente a través de sus mecanismos, se aleja de la realidad, de la práctica y del entramado de instituciones que, sin duplicar procesos, pueden atender a una misma temática.

b. La distinción que realiza la autoridad responsable está basada en una categoría sospechosa: mujer-privada de la libertad. Como consecuencia de ello, el escrutinio que se realice debe ser estricto. Si bien la decisión es aparentemente neutra porque atiende a una condición de privación de libertad como criterio genérico, produce una distinción que no es objetiva ni razonable que implica discriminación en el momento en que deja de lado el reconocimiento de los derechos como mujeres privadas de la libertad.

c. Invoca lo resuelto por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 8/2014, en la que sostuvo que hay prácticas que son aparentemente neutrales "pero el resultado de su contenido o aplicación constituye un impacto desproporcionado en personas o grupos en situación de desventaja histórica (...) sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Así, la discriminación [también se resiente] cuando los efectos de [la] aplicación aparentemente neutra les genera un daño de discriminación". Refiere que la razón por la que se presentó la demanda de acción colectiva es porque las mujeres privadas de la libertad no están accediendo a servicios médicos que cumplan con las condiciones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, incluyendo aquellos servicios médicos que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos.

d. Lo anterior implica un impacto diferenciado en la vida de las accionantes en razón de su sexo y género, pues atiende a aspectos propios de la salud de la mujer. Con la acción colectiva se pretende el acceso a servicios de salud, por lo que la sentencia reclamada afecta el derecho a la salud al no encontrar en la vía que se propuso un medio de justiciabilidad del derecho a la salud.

e. Contrario a lo resuelto por el tribunal unitario responsable, las mujeres privadas de la libertad son consumidoras, puesto que son personas físicas que disfrutan como destinatarias finales servicios de salud, siendo el proveedor el Centro Federal de Readaptación Social y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

f. El tribunal responsable establece como criterio para la procedencia de la acción colectiva la falta de carácter de consumidoras del servicio de salud en relación con su condición de privación de la libertad. Categoriza personas, al sostener que mujeres privadas de libertad no pueden elevarse a la categoría de consumidoras, es decir, genera rangos de personas, poniendo a las "consumidoras" en un nivel mayor.

g. Contrario a lo resuelto por la responsable, las relaciones de consumo no sólo se rigen por la Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley de Competencia Económica y Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, pues al resolver la cuestión planteada se involucran más aspectos que deben ser interpretados integralmente y no aislada. La propia Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 1 no excluye otros ordenamientos.

h. El tribunal unitario no da una respuesta suficientemente motivada de por qué no considera que las mujeres privadas de la libertad sean consumidoras, sin que baste la afirmación en el sentido de que les aplica únicamente la Ley Nacional de Ejecución Penal. Realiza una distinción entre el consumo obligatorio y el voluntario, diferencia que no tiene fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Federal de Protección al Consumidor, ni en precedentes. i. El término "usuarios" es más amplio que el de consumidor y no se acota a relaciones contractuales.

j. El Estado es garante del derecho a la salud, pero a la vez también es quien proporciona esta atención y servicios de manera directa, es decir, se constituye como garante y proveedor de estos servicios, sin que ello se limite a lo señalado en la Ley Federal del Consumidor. Por tanto, el hecho de que el Estado provea tales servicios no es razón para limitar el acceso de las mujeres a demandar una acción colectiva.

k. Solicita que el Tribunal Colegiado realice la interpretación constitucional del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles, específicamente de las figuras de consumo y servicios públicos en relación con las pretensiones de las mujeres privadas con miras a garantizar su derecho a la salud.

l. La Ley General de Salud prevé la acción popular, pero esta sólo da lugar a un procedimiento administrativo en el que se pueden decretar medidas preventivas de seguridad sanitaria o sanciones al responsable, sin que se atienda el problema de fondo. La petición administrativa no subsana las obligaciones estatales y las deficiencias en los servicios de salud, como se demuestra en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria de 2016 a 2019.

m. Es incorrecto estimar que el personal del Instituto Federal de Defensoría Pública carece de legitimación en relación con el grupo de personas que representa, pues acude en defensa de derechos de terceros, a partir del interés legítimo que le asiste en virtud de su especial situación de hecho y de derecho, al formar parte del ente encargado de la defensoría pública.

31. Sentencia de amparo. Las razones por las cuales el colegiado negó el amparo a la quejosa fueron las siguientes:

a. Son inoperantes los disensos en los que controvierte las consideraciones de la determinación de primera instancia, porque ésta fue sustituida por el fallo de apelación. Además, los conceptos de violación parten de una premisa falsa, a saber, que se confirmó el auto recurrido porque la promovente no formaba parte de la colectividad. Basta imponerse de la sentencia reclamada para observar que el tribunal responsable declaró fundado ese agravio y consideró que no es necesario pertenecer a la colectividad para ser su representante común.

b. La magistrada responsable estimó innecesario estudiar el interés legítimo del Instituto Federal de Defensoría Pública para representar a la colectividad pues la representante común tiene esa calidad con base en el artículo 585, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. También concluyó que la procedencia de la acción entendida como legitimación en la causa prevista en el artículo 588 del citado código se analiza hasta la etapa de certificación. Lo anterior evidencia la inoperancia de los conceptos de violación, por sustentarse en una premisa falsa y limitarse a combatirla.

c. Relató las consideraciones de la responsable sobre la aplicabilidad de la petición administrativa y declaró inoperantes los conceptos de violación en los que la quejosa arguye que también debiera ser procedente la acción colectiva, pues las peticiones administrativas no subsanan las deficiencias de los servicios de salud. Lo anterior, porque aun cuando la quejosa reconoce contar con una amplia gama de recursos a su alcance para combatir la ineficiencia del servicio de salud prestado en los centros de internamiento donde se encuentran recluidas las actoras, lo cierto es que el mecanismo idóneo delimitado, explicado y reconocido por el tribunal unitario, fue la petición administrativa. Lo anterior, sin perjuicio de que cada interna haga valer los recursos que estime procedentes en su caso particular. Además, la alegada saturación del sistema por la multiplicidad de peticiones administrativas parte de un evento futuro.

d. Declaró infundados los conceptos de violación en los que se aduce violación al derecho a la salud en relación con la igualdad y no discriminación en dos vertientes: la de género y respecto de su condición privativa de libertad. Lo anterior, debido a que la autoridad responsable sí motivó por qué a su juicio las integrantes de la colectividad no pueden ser consumidoras con base en el artículo 2 de la Ley de Protección al Consumidor, que da la definición de consumidor y de proveedor. Agregó que la magistrada responsable también explicó suficientemente la diferenciación entre consumidor y la condición inherente a las personas privadas de su libertad y que esa diferencia surge de la ley y el tratamiento específico destinado a cada grupo de población.

e. La determinación reclamada en modo alguno implica jerarquización o disminución a un grupo de personas en específico y no puede considerarse una discriminación en tanto que la ley marca un parámetro de actuación específico para las personas privadas de su libertad, lo cual no es perjudicial ni discriminatorio, pues no se está menoscabando ni anulando el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de sus derechos fundamentales.

32. Recurso de revisión. En el escrito de revisión que ahora se estudia, el recurrente expone como agravios:

a. El tribunal colegiado convalidó los argumentos de la autoridad responsable. Hizo una distinción entre mujeres privadas de la libertad y personas que no lo están para efecto de actualizar el carácter de consumidoras. Es decir, se realizó una diferencia entre el ejercicio de consumo que realizaría una persona no privada de la libertad y el carácter de beneficiaria de una persona privada de la libertad. Tal distinción no es objetiva ni razonable y repercute de manera diferenciada en razón de su sexo y género.

b. En la sentencia recurrida se omitió realizar una interpretación conforme con todo el marco jurídico mexicano aplicable a las acciones colectivas, lo cual tiene impacto en el derecho a la salud de las mujeres privadas de la libertad.

c. La interpretación de los requisitos de procedencia ha sido en el sentido de restringir el acceso a la figura de acción colectiva con base en el entendimiento que se efectuó del alcance de los conceptos "consumidoras" y "usuarias".

d. No se ha considerado la calidad de la colectividad accionante (mujeres privadas de su libertad) frente el derecho a la salud, debido a las consecuencias colectivas que tendría la acción colectiva. La causa de pedir es compatible con la naturaleza de las acciones colectivas; incluso, el derecho comparado puede ofrecer una visión de la concepción de estos mecanismos en otros países y cómo han sido efectivas y útiles para personas privadas de la libertad y para la provisión de servicios de salud.

e. La multiplicidad de vías a las cuales acudir presentan características y rasgos distintivos, así como efectos diferentes; no obstante, todas son tendentes a garantizar el derecho a la salud de personas privadas de la libertad o alguno de sus aspectos. Con ello pretende evidenciar que la consideración de la sentencia recurrida, en cuanto a que todo lo relacionado a las cuestiones de internamiento únicamente puede regularse en la Ley Nacional de Ejecución Penal vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

f. La sentencia recurrida convalidó la lectura inconstitucional de la figura de la acción colectiva, viola el derecho a la salud y a la igualdad en dos vertientes: a) con motivo de su condición de personas privadas de la libertad; y b) de acuerdo al impacto en razón género. Sintetiza los argumentos del colegiado y concluye alegando que está validando que el contenido del artículo 578 del Código Federal de Procedimientos Civiles no es aplicable a personas privadas de la libertad en relación con los servicios proporcionados por el Estado, incluyendo los de salud. Esa es la postura que se ha controvertido y cuyo estudio se ha omitido.

g. Insiste en que las mujeres privadas de la libertad deben considerarse como consumidoras en la medida que se trata de personas físicas que disfrutan como destinatarias finales de los servicios de salud, siendo el proveedor el Centro Federal de Readaptación Social y el Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

h. La decisión del colegiado realiza una distinción entre el consumo obligatorio y el voluntario, diferencia que no tiene fundamento en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la Ley Federal de Protección al Consumidor y menos en la figura de la acción colectiva a la luz del derecho de acceso a los servicios de salud de las mujeres.

i. En relación con la obligatoriedad del consumo, el Estado es el único garante del servicio de salud y, por tanto, se nulifica a las mujeres privadas de la libertad su derecho a fiscalizar los servicios de salud otorgados por el Estado. Esa privación no puede sustentarse en que se encuentren privadas de la libertad.

j. El Estado es garante del derecho a la salud, pero a la vez también es quien proporciona esta atención y servicios de manera directa, es decir, se constituye como garante y proveedor de estos servicios. Por tanto, el hecho de que el Estado provea tales servicios no es razón para limitar el acceso de las mujeres a demandar una acción colectiva.

k. En suma, la distinción entre consumo voluntario y obligatorio o entre una persona consumidora y una beneficiaria basada en su condición de privada de la libertad es una categoría sospechosa en términos del artículo 1 constitucional. El colegiado debió analizar lo anterior a partir de un test de igualdad con escrutinio estricto.

l. Esgrime que no hay finalidad constitucionalmente legítima que avale diferenciación alguna, por lo que no se supera la primera grada del test. Aun pasando todas las escalas del test de igualdad, no existe una alternativa menos lesiva que permita a las mujeres privadas de la libertad cuestionar

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32665-ec8af45e/servicios-de-salud-en-centros-penitenciarios-el-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.