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Modo: Corpus Pro

COSA JUZGADA MATERIAL O REFLEJA. NO SE ACTUALIZA EN UN JUICIO DE PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD CUANDO PREVIAMENTE SE DICTÓ SENTENCIA ABSOLUTORIA EN UN PROCESO PENAL DERIVADO DE LOS MISMOS HECHOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4900/2019. · Registro digital (IUS): 32691
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-09-20
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.856.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4900/2019. 17 DE MAYO DE 2023. PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: SOFÍA DEL CARMEN TREVIÑO FERNÁNDEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: IES y RRG contrajeron matrimonio el 10 de agosto de 2002. Dentro de ese vínculo procrearon a ********** que nació el **********. El 25 de enero de 2010, IES promovió diligencias para la separación de cónyuges y unos días después solicitó el divorcio por diversas causales, así como la pérdida de patria potestad de RRG sobre su hija **********. La cónyuge señaló, entre otras cosas, que su hija le había informado que su esposo había abusado sexualmente de ella y relató que en diversos momentos de la relación el señor había cometido violencia familiar tanto física como patrimonial. Simultáneamente, la señora presentó una denuncia por el abuso sexual cometido en contra de su hija.

Seguida la secuela procesal y después de un juicio de amparo, la sala familiar revocó la sentencia de primera instancia en la que se había condenado a la pérdida de la patria potestad. En contra de esa resolución, IES promovió juicio de amparo directo del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. El 3 de mayo de 2019, el tribunal colegiado dictó sentencia en la que determinó negar la protección constitucional. Inconforme, la quejosa interpuso el recurso de revisión que aquí se resuelve.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4900/2019, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión del 3 de mayo de 2019 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, en el juicio de amparo directo 416/2017.

Los problemas que deben resolverse consisten en determinar: 1) si en el caso se surte la cosa juzgada, toda vez que sobre los hechos relativos al abuso sexual ya existió pronunciamiento en un juicio de carácter penal; 2) si el tribunal colegiado del conocimiento realizó una interpretación y aplicación correcta del principio del interés superior de la infancia al resolver sobre los conceptos de violación relativos a la pérdida de patria potestad cuando se alega violencia familiar y violencia sexual en contra de una niña por parte de su padre, y 3) si el tribunal incumplió con el deber de debida diligencia y atención integral, al omitir analizar los planteamientos de violencia familiar hechos valer por la quejosa.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

Identidad protegida de niños, niñas y adolescentes. Dado que en el presente asunto se ventilan aspectos relacionados con una persona menor de edad, es viable proteger su identidad, acorde con lo dispuesto en el capítulo II, punto 2, incisos f) y g), relativos a la protección de la intimidad y de no publicidad, respectivamente, en relación con el diverso capítulo 3, punto 19, sobre las medidas para proteger la intimidad y el bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes, ambos del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes. Por ende, a lo largo de este fallo, se sustituirá el nombre de la niña, ahora adolescente, por sus iniciales **********.

1. Separación provisional de cónyuges. La señora IES y el señor RRG contrajeron matrimonio el **********. Durante el matrimonio, tuvieron una hija **********, que nació el **********. El 25 de enero de 2010, IES promovió diligencias de separación provisional de cónyuges en contra de RRG. En su escrito, alegó que su esposo había cometido diversas conductas de violencia familiar en su contra y que temía por su integridad emocional y la de la niña ********** ante tal maltrato. Asimismo, manifestó que su esposo había agredido a la niña con conductas que atentaban contra su dignidad e integridad, que la niña era víctima directa de la violencia familiar y que la había dañado de forma irreparable. El Juez Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León admitió la solicitud a trámite, y el 3 de febrero de 2010, en una comparecencia de las partes, RRG manifestó que abandonaría voluntariamente el domicilio.

2. Juicio civil. El 29 de abril de 2010, IES promovió un juicio ordinario civil sobre divorcio, pérdida de patria potestad y otros conceptos en contra de RRG. En su demanda, la señora ES solicitó, entre otras cosas, se declarara cónyuge culpable al demandado y se tuviera por probadas las causales de divorcio relacionadas con actos inmorales ejecutados con el fin de corromper a su hija, violencia familiar, injurias graves, amenazas y embriaguez.

Señaló que la pérdida de la patria potestad estaba justificada por las “conductas depravadas” y los malos tratos de RRG en contra de su hija y solicitó que la separación provisional quedara firme. Asimismo, pidió al juez que dictara como medidas cautelares la suspensión de los derechos de convivencia con su hija y que le prohibiera a su cónyuge acercarse y comunicarse con ella, la niña y sus familiares. La señora precisó que RRG había ejercido violencia en su contra y que había agredido sexualmente a su hija, para lo que relató diversos eventos de violencia familiar, relacionados con episodios de abuso de alcohol.

En relación con el abuso sexual, la señora manifestó que el 18 de enero de 2010, cuando la niña tenía tres años, al volver al domicilio familiar la niña le refirió “mamá, me duele la colita, mi papá me dio un beso en mi colita y me raspó su barba”. Ante esto, la señora confrontó a su esposo, quien dijo que la niña mentía y acudió él mismo a preguntarle qué le dolía. Señala que la niña repitió lo que había dicho a su mamá, frente a lo que el señor respondió con amenazas. La señora le dijo que dejara de amenazar a la niña y que la llevaría a recibir atención psicológica.

IES narró en su demanda que luego de la primera consulta con la niña el 20 de enero de 2010, la psicóloga MVMG sugirió a la madre denunciar los hechos, pues el relato espontáneo de la niña, por sus características, era indicativo de que efectivamente había ocurrido el abuso referido. En consecuencia, al día siguiente, la señora se fue con la niña del domicilio familiar y acudió a denunciar a su cónyuge por el delito de abuso sexual cometido en contra de la niña, a presentar las diligencias de separación de cónyuges y, posteriormente la demanda de divorcio.

La denuncia penal dio origen a la Averiguación Previa ************, de la que conoció el Agente del Ministerio Público número Dos Investigador en Justicia Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado. El 4 de junio de 2013, el Juez Segundo de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León dictó sentencia absolutoria en el juicio oral penal 12/2013, seguido por el delito de “atentados contra el pudor”, que fue combatida por la madre, pero cuyo sentido no se modificó en las etapas posteriores.

En el juicio civil sobre divorcio por causales y pérdida de patria potestad, IES manifestó que cuando su cónyuge se percató de su ausencia, la contactó mediante una llamada, en la que la amenazó y le exigió que devolviera a la niña. Seguida la secuela procesal, la actora ofreció como pruebas documentales privadas los reportes psicológicos de las evaluaciones practicadas a la niña por MVMG y BEVA. Alega que las especialistas en psicología concluyeron la existencia del abuso sexual a partir de diversas pruebas y observaciones realizadas a la niña **********. Asimismo, la madre ofreció reportes de la guardería de su hija, en los que desde septiembre de 2009 las cuidadoras daban cuenta de diversos cambios de comportamiento.

Por otro lado, la señora también manifestó que el demandado consumía alcohol de manera frecuente, lo que detonaba situaciones de violencia familiar, que no participaba para cubrir los gastos familiares y que al conocer de la denuncia interpuesta en su contra por abuso sexual sustrajo los ahorros constituidos por la pareja de la cuenta de banco común. Entre los hechos relatados, detalló un suceso del 13 de noviembre de 2009, en el que el demandado la golpeó y la amenazó de muerte frente a sus progenitores y sus dos hermanas. Como prueba de este evento, presentó las testimoniales de las cuatro personas.

IES ofreció también la confesional judicial consistente en un pliego de posiciones que, luego de su calificación, debía absolver personalmente el demandado; la documental pública consistente en copia certificada de lo actuado en la Averiguación Previa 24/2010-II-4; documental pública de los peritajes oficiales practicados por ADM y CRL, peritas designadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado; y como documentales públicas la Impresión Diagnóstica rendida por el DIF a través de la psicóloga MCO y resultado del estudio de Trabajo Social de la misma institución, practicada por JINR. Ofreció también testimoniales de su padre JLEM, su madre GSS y sus dos hermanas JES y GES; documentales privadas y en vía de informe que debía rendir la directora del centro infantil al que acudía su hija, documentales privadas de instituciones bancarias para probar el retiro realizado por su cónyuge de la cuenta común. Asimismo, solicitó que se ordenara una pericial psicológica para evaluar si el demandado tenía algún trastorno de personalidad o de conducta.

En su contestación de la demanda, RRG manifestó que las causales de divorcio no se actualizaban y que los reclamos de su cónyuge eran falsos. En relación con la pérdida de la patria potestad, señaló que era improcedente porque no existían motivos para fundar el reclamo y negó las conductas de abuso sexual que le fueron atribuidas. Señaló que en la demanda no se establecían de manera suficiente las circunstancias en que el supuesto abuso aconteció y que las valoraciones psicológicas practicadas a la niña se realizaron bajo la influencia de la demandante. Igualmente señaló que era falso el hábito de embriaguez del que fue acusado y ofreció diversas pruebas para desvirtuar los hechos de violencia que su cónyuge denunció del 13 de noviembre de 2009.

Entre las pruebas aportadas incluyó una pericial psicológica a cargo de HCS, en la que fueron evaluadas su cónyuge, su hija y él mismo. Respecto a los hechos del 13 de noviembre, solicitó diligencias para que la autoridad mexicana competente solicitara información a las autoridades estadunidenses acerca de su salida del país ese día por medio de uno de los puentes fronterizos. La información fue remitida hasta el 4 de octubre de 2011, mediante un documento en el que el agregado encargado del despacho de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confirmó que IES y RRG habían cruzado hacia Estados Unidos vía Hidalgo el 13 de noviembre de 2009, sin especificar la hora del cruce.

3. Primera sentencia de primera instancia (582/2010). El 25 de enero de 2012, el Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en Monterrey, Nuevo León dictó sentencia definitiva. En su resolución, determinó que no se actualizaban las causales de divorcio pretendidas por la actora. El juez determinó que en el juicio civil se había analizado la prueba pericial colegiada, constituida por la perita aportada por la parte demandante, el perito del demandado y la perita tercera en discordia. Concluyó que de la prueba colegiada se desprendía que no se había acreditado la existencia del abuso sexual, por lo que esta prueba implicaba que los dictámenes que hacían parte de la averiguación previa en el proceso penal y que habían concluido la existencia de un abuso sexual en contra de ********** no tenían valor probatorio. En el mismo sentido, planteó que el contenido de las periciales que hacían parte del proceso penal no tenía valor probatorio pleno, por haber sido rendidas en otro procedimiento.

Del mismo modo, con base en las periciales en materia de psicología que le fueron practicadas al señor, determinó que no existían datos suficientes para determinar que el demandado tenía un comportamiento o rasgos de carácter coincidentes con el perfil de una persona con costumbres perversas o depravadas y que no se había acreditado el alcoholismo argumentado por la señora ni los hechos de violencia familiar que se le atribuyeron. Por todo lo anterior, declaró improcedente el juicio ordinario civil sobre divorcio necesario y absolvió al demandado del resto de las pretensiones reclamadas. En esta resolución, el juez no se pronunció de forma específica sobre la pérdida de la patria potestad solicitada.

4. Primer recurso de apelación (toca 87/2012). En contra de esta resolución, el 15 de febrero de 2012, IES interpuso recurso de apelación, en el que argumentó diversas violaciones al procedimiento. El recurso fue admitido y registrado con el número de toca 87/2012. Mediante sentencia del 31 de julio de 2012, la Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León emitió sentencia en la que determinó dejar insubsistente la sentencia de primera instancia.

Entre otras cosas, la magistrada estableció que en el caso se pretendía la disolución del vínculo matrimonial y como accesorio a ello la pérdida de la patria potestad ejercida por el demandado sobre su hija y otras prestaciones, todo ello con base en las causales de divorcio. En este sentido, al analizar el desahogo de las pruebas periciales, ordenó la reposición del procedimiento para que se realizara el cabal y correcto desahogo de la pericial en psicología ofrecida por la accionante y por el demandado. Igualmente ordenó tomar en cuenta solamente los puntos admitidos de la pericial realizada por el perito ofrecido por el demandado y estableció que las periciales no debían versar sobre la mendacidad de los evaluados, sino limitarse a pronunciarse sobre el conocimiento técnico de los especialistas.

5. Segunda sentencia de primera instancia (582/2010). El Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León se pronunció nuevamente mediante sentencia definitiva en cumplimiento de la sentencia de apelación el 20 de enero de 2015. En esta resolución, determinó tener por acreditada una de las causales de divorcio que formaba parte de la demanda. En consecuencia, determinó la disolución del vínculo matrimonial y condenó al demandado a la pérdida de patria potestad sobre su hija **********. En contra de esta resolución, el demandado interpuso recurso de apelación.

6. Segundo recurso de apelación (toca 112/2015). De este segundo recurso de apelación conoció la Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. El 31 de marzo de 2016, emitió resolución en la que determinó que, sin exigirse la comprobación de alguna causa de divorcio, y en salvaguarda al derecho humano del libre desarrollo de la personalidad, era procedente la disolución del matrimonio sin causa, por lo que no declaró cónyuge culpable. En consecuencia, no se pronunció sobre la violencia familiar que formaba parte de los argumentos para la solicitud del divorcio. Asimismo, señaló que la señora ES, no acreditó la pérdida de la patria potestad, por lo que ambos cónyuges seguirían ejerciendo la patria potestad de la niña; determinó que la custodia de ********** sería ejercida por la progenitora, fijó un régimen de convivencia con el padre no custodio y declaró que la niña tenía derecho a recibir alimentos por parte de ambos progenitores.(1)

7. Primer juicio de amparo directo (expediente 241/2016). En contra de esa sentencia, la señora ES, por su propio derecho, promovió juicio de amparo en el que planteó que, en segunda instancia, de forma arbitraria, se declaró la disolución matrimonial bajo el régimen de divorcio incausado, sin mediar solicitud de parte y sin analizar de fondo los hechos narrados como parte de las causales. Igualmente, señaló como una “descalificación negligente” el tratamiento de la magistrada respecto de sus pruebas en relación con la pérdida de la patria potestad. Señaló que, con su estudio superficial, la jueza desaplicó en su perjuicio y el de su hija el interés superior de la infancia aplicable en el caso, al no ponderar el grave peligro en que sitúa a la niña al convivir con su progenitor.

De la demanda conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, quien la registró con el número de expediente 241/2016. En sentencia de 31 de marzo de 2017, concedió el amparo a la quejosa para el efecto de que la responsable se pronunciara sobre la pérdida de patria potestad:(2)

“...deje insubsistente la sentencia reclamada y, siguiendo los lineamientos marcados en esta ejecutoria, dicte otra en la que resuelva el recurso de apelación, a) bajo la perspectiva de que la acción de divorcio fue deducida con causa(s) y que en el fallo apelado no hay vulneración al derecho del libre desarrollo de la personalidad, ocupándose del examen de los agravios respectivos; y 2) (sic) haga lo propio con la acción sobre la pérdida de la patria potestad, examinando la legalidad de la sentencia apelada a la luz de los argumentos de los agravios expresados. En ambos casos queda en plenitud de jurisdicción para resolver lo que proceda. Con la aclaración de que, solamente en el caso de resultar fundados y operantes los agravios relativos, habrá de proceder a determinar la inaplicabilidad de los artículos 267 y 268 del Código Civil para el Estado de Nuevo León,(3) “...así como todos los demás preceptos legales relativos a las consecuencias del divorcio que establecen sanciones en función de la culpabilidad de uno de los cónyuges...”.

8. Segunda sentencia en cumplimiento. El 25 de mayo de 2017, la Tercera Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado emitió un nuevo fallo en cumplimiento a la sentencia de amparo directo, en el cual reiteró que era procedente el divorcio sin exigir que se comprobara alguna causal, y, por tanto, que no existía cónyuge culpable. Asimismo, determinó que ambos progenitores ejercerían la patria potestad, la cual podría modificarse por causas supervenientes que afecten el bienestar de la niña; que la custodia de la niña de iniciales ********** la ejercería la señora ES; que se fijaría un régimen de convivencia con el señor RG, adecuado a las circunstancias; y que la niña tiene el derecho a recibir alimentos de parte de ambos progenitores, debiendo precisarse su monto y forma de pago, a través del incidente correspondiente.(4)

9. Segundo juicio de amparo directo (expediente 416/2017). En contra de esa sentencia IES, por su propio derecho, promovió un nuevo juicio de amparo, en el que hizo valer, en términos generales, los conceptos de violación siguientes:

a) Primer concepto de violación. Argumentó que se realizó una valoración errónea de las testimoniales de sus progenitores y sus hermanas, que describieron diversas manifestaciones realizadas por la niña y un hecho específico de violencia familiar del 13 de noviembre de 2009. Señala que la sala evadió examinar individualmente estas pruebas, antes de robustecerlas o intentar desvirtuarlas frente a otras pruebas. Igualmente, señala que la autoridad responsable soslayó que el alcance probatorio del dicho de los testigos puede dividirse, ya que una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez, haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona. Lo anterior, en relación con que los testimonios sobre las manifestaciones de la niña en torno al abuso sexual fueron calificados como “testimonios de oídas” y, por ello, descartados. Asimismo, se duele de que los testimonios fueron injustificadamente descartados por su similitud y por narrar hechos que ella misma no había incluido en la demanda, relativos a las manifestaciones de la niña sobre el abuso sexual.

b) En relación con las causales de divorcio, señaló que, de forma equivocada, la responsable examinó los hechos narrados en las testimoniales sin diferenciar a qué causal correspondían, entre las argumentadas como actos inmorales, injurias y amenazas o a violencia familiar. Asimismo, se inconformó con el estudio realizado de pruebas que ya habían sido descalificadas en primera instancia. Asimismo, señaló la falta de aplicación de suplencia de la queja en favor de su hija al valorar las pruebas para dar crédito a su testimonio que, argumenta, se encontraba robustecido con otros medios de prueba. En cambio, se aplicó de forma errónea el estricto derecho en la valoración de las pruebas. c) Sobre las testimoniales en vía de ratificación de las psicólogas MVMG y BEVA, que la responsable consideró únicamente como documentales privadas, la quejosa señaló que fue erróneo negarles valor probatorio como testimoniales, a pesar de haber sido perfeccionadas. En el mismo concepto señaló que la autoridad restó valor al testimonio de la niña, que consta también en las periciales que fueron admitidas únicamente como documentales privadas. En el mismo sentido, apuntó que no atender a estos medios de prueba implicaba exponer a su hija al peligro de convivir con el demandado.

d) La quejosa también argumentó que la descalificación de la prueba pericial ofrecida por ella, en la que se confirmó el abuso sexual, debido a que se consideró no suficientemente fundada y motivada, implicó un mal uso de su arbitrio. Apuntó que es erróneo considerar no probado que el demandado tenga algún trastorno de personalidad de la conducta o cualquier otra circunstancia que pueda poner en riesgo a su hija **********, extralimitándose en sus facultades y abusar del arbitrio que le concede la ley sin respetar ninguna de las reglas básicas de valoración, de sensibilidad y de experiencia.

e) Segundo concepto de violación. En relación con las periciales emitidas por HCS y JCB, la quejosa argumenta que se les otorgó una eficacia jurídica equivocada, que ignora el resto de las pruebas en el juicio y se basa injustificadamente en la mayor bibliografía y láminas que estos dictámenes incluyeron. Señaló que estos dictámenes no encontraban sustento con otras pruebas y que, por el contrario, el resto de los dictámenes contradecían sus conclusiones, además de que tenían identidad, lo que generaba sospecha sobre su parcialidad.

f) En relación con la pericial emitida por BEVA, que señalaba la existencia del abuso sexual y que su progenitor representaba un riesgo para ella, que fue descalificada por la juzgadora, argumentó que esta decisión fue injustificada. Señaló que esa determinación estuvo basada en la falta de evidencia sobre los tests y pruebas aplicadas, lo que no resulta cierto en el caso y es contrario al deber judicial de allegarse de oficio de los elementos necesarios para mejor proveer. Asimismo, argumentó que la prueba fue descartada por no ser imparcial, al retomar elementos previos del caso, aunque el perito CS igualmente se allegó de información del expediente, sin que su pericial fuera descartada. En relación con las periciales emitidas por ARL y MENL, señaló que las mismas fueron igualmente descartadas de forma injustificada y, con ello, fue desestimado el testimonio de la niña. Señaló también que las múltiples dudas que la magistrada manifestó sobre estas periciales estaban injustificadas y descartaron el conocimiento científico sin razones suficientes, en perjuicio de **********.

g) En cuanto a los peritajes rendidos en el asunto penal, argumentó que la ad quem no los tomó en cuenta dada la sentencia absolutoria dictada en ese asunto. En este sentido, señala que resulta erróneo este razonamiento, pues no se trata de la misma pretensión y esa resolución no exime de la obligación de analizar los hechos de violencia familiar de los que se acusa al demandado en este caso.

h) Por otro lado, argumentó que se aplicó de forma errónea la suplencia de la queja al demandado, dado que la magistrada fue laxa y coadyuvó a corregir, complementar, tergiversar, seccionar a su favor las pruebas. Por el contrario, señaló que, a la menor de edad y a la quejosa, en abierta violación al orden público, les aplicó el más estricto derecho, al grado de pretender se nulifiquen todas las pruebas directas, los indicios, las documentales, todo lo que favorece a sus acciones.

i) Tercer concepto de violación. La quejosa argumenta que, a pesar de que derivado de la denuncia penal se emitieron cinco dictámenes que señalaban la existencia del abuso sexual, la responsable no les otorgó ningún valor probatorio. Argumentó que lo anterior resulta injustificado, dado que los dictámenes psicológicos rendidos dentro del asunto penal resultaban sumamente relevantes para probar el abuso sexual y eran útiles para fortalecer las pruebas directas aportadas en el juicio familiar. En el mismo sentido, apuntó que la magistrada, en forma incongruente desestimó todas las periciales y los indicios que la alertaban sobre el abuso sexual cometido, en contra de su deber de protección a la infancia y no valoró los recursos interpuestos en contra de la resolución penal.

j) Cuarto concepto de violación. En relación con el informe rendido por la oficina de aduanas y protección fronteriza, en el que se señala que IES y RRG cruzaron la frontera el 13 de noviembre de 2009 en dirección a Estados Unidos, la quejosa argumentó que la personalidad del emisor no estaba debidamente acreditada. Indicó que la prueba fue ordenada para que el Gobierno de los Estados Unidos de América comunicara sobre la información solicitada y no resultaba apegado a derecho recibir la información de una autoridad diversa, además de que la información no incluía a ********** en el cruce de frontera, aunque su excónyuge había indicado que los tres habían salido del país en esa fecha y añadió que no indicaba la hora de cruce de frontera. Por lo anterior, consideró que el demandado no había acreditado que no se encontraban en el domicilio cuando ocurrieron los hechos de violencia señalados y apoyados por el testimonio de su familia.

k) Por otro lado, en cuanto a la confesional por posiciones y la declaración a cargo del demandado, la quejosa argumentó que, contrario a lo determinado por la responsable, RR confesó diversos hechos congruentes con la conducta irresponsable, el abuso y violencia familiar de las que fue señalado, incluyendo la disposición unilateral del dinero de la cuenta bancaria común luego de la separación.

l) En relación con las manifestaciones de la niña, señala que la responsable le restó injustificadamente credibilidad e ignoró la capacidad progresiva para manifestar lo ocurrido y las manifestaciones que hizo a través de las pruebas periciales, en las que mediante diversas metodologías refirió a las psicólogas que el abuso sexual efectivamente aconteció. Igualmente argumenta que la determinación ignora las amenazas que el progenitor emitió en contra de la niña y la vergüenza que la niña experimentó luego de ser violentada.

m) Quinto concepto de violación. La quejosa argumentó que la niña no fue escuchada por la autoridad para conocer su opinión. En este sentido, recordó que, aunque el Centro Estatal de Convivencia Familiar determinó el 14 de mayo de 2014 que no resultaba conveniente que la niña participara en el procedimiento en aquel momento, esta determinación debía actualizarse conforme al desarrollo progresivo de la infancia. En este sentido, manifestó que la opinión de su hija fue indebidamente sustituida por los dictámenes periciales que fueron valorados de forma errónea. Por lo anterior, solicitó que la opinión de la niña se escuchara y fuera tomada en cuenta en el proceso, especialmente ante la consideración de que el demandado fue declarado responsable en la sentencia de primera instancia en materia penal.

n) En el mismo tenor, la quejosa sostuvo que el tratamiento de la pérdida de patria potestad como una cuestión accesoria al divorcio es incorrecto. Señala que se trata de una cuestión directamente relacionada con la protección a su hija y que la juzgadora no realizó un uso adecuado de su facultad para allegarse de las pruebas necesarias para resolver, por lo que la cuestión debía ser nuevamente analizada para poner a salvo los derechos de la niña.

o) Sexto concepto de violación. Refirió que la magistrada unilateralmente declaró el divorcio incausado, sin mediar petición de parte y en su perjuicio, dado que en el juicio se estaban ventilando cuestiones conexas al divorcio, que representaba una aplicación retroactiva de la norma y que esto implicaba dejarla en situación de indefensión. Asimismo, argumentó que en esta determinación no se escuchó la opinión de su hija ni se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

10. Sentencia del Tribunal Colegiado. De la demanda conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el cual, por auto de 27 de junio de 2017, la admitió y registró bajo el número 416/2017. El 3 de mayo de 2019, el tribunal emitió sentencia en la que negó el amparo bajo las siguientes razones:

a) Sobre las testimoniales. Se pronunció sobre la valoración de los testimonios ofrecidos de JLEM, GSS, JES y GES. Determinó que, contrario a lo argumentado por la quejosa, los testimonios no habían sido descontextualizados ni valorados parcialmente pues, aunque no fueron reproducidos integralmente, los fragmentos plasmados para su estudio llevan el contenido esencial de los calificativos. En este sentido, confirmó que los testimonios carecían de credibilidad y no eran aptos para justificar las causales de divorcio ni la pérdida de patria potestad. Lo anterior, conforme lo señaló la sala responsable:

• Por tratarse de testigos de “oídas”. El colegiado agregó que el interés superior del menor no justifica la modificación de la valoración probatoria. Que las reglas de valoración de testimonios son invariables, por lo que no había lugar a considerar estas pruebas ni siquiera como indicios, dado que se trataba de hechos que no habían sido d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32691-f20f1598/cosa-juzgada-material-o-refleja-no-se-actualiza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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