I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CONSISTENTE EN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SÓLO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA RESPECTO DE POSIBLES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y NO ASÍ POR CUESTIONES RELATIVAS A INVASIÓN DE ÁMBITOS COMPETENCIALES, AL HABERSE PLANTEADO COMO ARGUMENTO CENTRAL EN LA DEMANDA QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA VULNERA DERECHOS HUMANOS. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LEGISLACIONES A PARTIR DE ARGUMENTOS QUE INVOLUCREN LA INVASIÓN DE ÁMBITOS COMPETENCIALES, EN TANTO QUE ELLO PUEDE TAMBIÉN DERIVAR EN LA AFECTACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. VI. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. MARCO CONSTITUCIONAL QUE LO RIGE. VII. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. CONCEPTO. VIII. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN. SU CONFORMACIÓN EN LOS ÁMBITOS LOCAL Y FEDERAL. IX. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR Y ESTABLECER LOS FINES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA. X. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. SU RÉGIMEN TRANSITORIO PREVÉ UN MODELO, A TRAVÉS DEL CUAL DEBERÁN ARMONIZARSE LOS SISTEMAS FEDERAL Y LOCALES EN LA MATERIA PARA CUMPLIR SUS FINES CONSTITUCIONALES. XI. SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL QUE LO REGULA ESTABLECE LAS EQUIVALENCIAS CON LAS QUE DEBERÁ DESARROLLARSE LA LEGISLACIÓN DE LA MATERIA, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS ÁMBITOS FEDERAL Y LOCAL. XII. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN. LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA CUENTAN CON LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA REGULAR LO CONDUCENTE EN SUS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LA MATERIA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN ACORDES CON LAS BASES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL. XIII. COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN LOCAL. DADO QUE LAS CAUSAS DE REMOCIÓN DE SUS INTEGRANTES SE ENCUENTRAN FUERA DE LAS BASES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, LOS ESTADOS CUENTAN CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA DESARROLLAR DICHA CUESTIÓN Y NO ESTÁN OBLIGADOS A SEGUIR EL MODELO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. XIV. COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. LA ADICIÓN DE CAUSAS DE REMOCIÓN DE SUS INTEGRANTES NO ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (ARTÍCULO 15, NUMERAL 3, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, ADICIONADAS MEDIANTE DECRETO NÚMERO 28497/LXII/21, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). XV. COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. ANÁLISIS DE LA ADICIÓN DE CAUSAS DE REMOCIÓN DE SUS INTEGRANTES NO ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (DESESTIMACIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD RESPECTO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 15, NUMERAL 3, DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, ADICIONADA MEDIANTE DECRETO NÚMERO 28497/LXII/21, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 178/2021. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ÉRIKA YAZMÍN ZÁRATE VILLA.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
1. Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 178/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 15, numeral 3, fracciones I, II y III, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 28497/LXII/21, publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de noviembre de dos mil veintiuno.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
2. Presentación de la demanda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (en adelante, "CNDH") promovió acción de inconstitucionalidad en la que cuestionó el artículo 15, numeral 3, fracciones I, II y III, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 28497/LXII/21, publicado en el Periódico Oficial del Estado el seis de noviembre de dos mil veintiuno. Las disposiciones impugnadas establecen lo siguiente:
"Artículo 15.
"1. El Comité de Participación Social estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.
"2. Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada
"3. Sólo podrán ser removidos por las siguientes causales:
"I. Por falta de probidad;
"II. Notoria negligencia o indebido desempeño de sus atribuciones;
"III. Cuando desempeñen un cargo, empleo o comisión incompatible, en términos de la Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos Reglamentaria del Artículo 112 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, o que generen un posible conflicto de interés;
"IV. Por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves; y
"V. Ser condenado por algún delito grave o relacionado con hechos de corrupción."
3. Concepto de invalidez. La accionante argumenta, en síntesis, lo siguiente:
ÚNICO. Las fracciones impugnadas vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad:
• El artículo 15, numeral 3, fracciones l, II, y III, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco establece que los miembros del Comité de Participación Social podrán ser removidos de su función por falta de probidad, notoria negligencia o indebido desempeño de sus atribuciones, o bien, cuando desempeñen un cargo, empleo o comisión incompatible, en términos de la ley aplicable o que genere un posible conflicto de interés.
• Tal regulación vulnera el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, ya que no resulta homogénea con las hipótesis de remoción previstas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual constituye el ordenamiento marco de dicha materia, pues por mandato constitucional los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deben conformarse de acuerdo con las leyes generales aplicables.
• En mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción. Las diversas modificaciones a la Constitución Federal establecieron las reglas y los principios para desarrollar un Sistema Nacional Anticorrupción.
• Para atender a lo señalado en al artículo 73, fracción XXIV, el Congreso de la Unión emitió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, principalmente para establecer las bases de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 constitucional.
• La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco no se ajusta a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en virtud de que prevé causas de remoción de los integrantes del Comité de Participación Social local no contempladas en la ley marco, pese a que ésta última es clara en establecer que los miembros de dicho Comité sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves. Los ciudadanos que forman parte del comité nacional y locales únicamente pueden ser separados de su cargo cuando actualicen algunas de las faltas por actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
• Contrario a ello, el legislador local adicionó causas de remoción no contempladas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción a saber la falta de probidad, negligencia o indebido desempeño de sus atribuciones o bien cuando desempeñen un cargo empleo o comisión incompatible o generen un posible conflicto de interés.
• Los supuestos adicionados por el legislador de Jalisco no se vinculan con el tipo de faltas a las que se refirió el legislador federal como razones imperiosas para remover a los miembros de los aludidos Comités. Esa falta de armonización se traduce en una transgresión al derecho de seguridad jurídica y legalidad, ya que no existe compatibilidad o equivalencia entre ambos sistemas.
• Se deja en especial estado de incertidumbre a los miembros del Comité de Participación Social de Jalisco, ya que la ley local permite que sean removidos de sus cargos por causas no contempladas en la Ley General en la materia.
4. Admisión de la demanda. El Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida y designó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que actuara como instructor en el procedimiento.(1) El Ministro instructor admitió a trámite la acción, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco para que rindieran sus respectivos informes y dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su respectiva representación conviniera.(2)
5. Informes. Los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco rindieron informes defendiendo la constitucionalidad de la norma impugnada. El Ministro instructor tuvo por presentados los informes y concedió a las partes el plazo legal a efecto de que formularan sus alegatos por escrito.(3)
6. Alegatos. La accionante fue la única que hizo valer alegatos, los cuales se tuvieron por recibidos en acuerdo dictado el once de marzo de dos mil veintidós.
7. Cierre de Instrucción. En acuerdo dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, el Ministro Instructor determinó el cierre de instrucción a efecto de que se elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
II. COMPETENCIA
8. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 15, numeral 3, fracciones I, II y III, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco y la Constitución General.
III. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
9. De la demanda se tiene que la acción planteada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se circunscribe a impugnar la validez del artículo 15, numeral 3, fracciones I, II y III, de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, publicado mediante Decreto número 28497/LXII/21 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el seis de noviembre de dos mil veintiuno.
IV. OPORTUNIDAD
10. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, Ley Reglamentaria) prevé que: a) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del siguiente al día en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial y b) para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo es inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.(6)
11. En el caso, las normas impugnadas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el seis de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que el plazo para ejercer la acción de inconstitucionalidad inició el siete de noviembre y terminó el seis de diciembre del mismo año.
12. Si el escrito de demanda relativo fue recibido vía buzón judicial de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el seis de diciembre de dos mil veintiuno,(7) se concluye que su presentación fue oportuna.
V. LEGITIMACIÓN
13. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(8) en relación con el artículo 59 del mismo ordenamiento, la peticionaria debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.
14. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por María del Rosario Piedra Ibarra, quien actúa en representación de la CNDH y acreditó su personalidad con copia certificada del acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Senado de la República.(9) El artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional dispone que la CNDH podrá promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales que vulneren los derechos protegidos en la Constitución Federal o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
15. Bajo esa premisa, si la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, quien en virtud de su carácter de Presidenta se encuentra legitimada para interponerla en representación de la CNDH(10) y, además, cuestiona la violación a diversos derechos humanos, este Alto Tribunal concluye que la acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por parte legitimada.
VI. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
16. El Congreso Local cuestiona la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esencialmente, a partir del siguiente argumento:
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sólo tiene legitimación para la promoción de la acción de inconstitucionalidad respecto de posibles violaciones a los derechos humanos, por lo que carece de facultades para impugnar cuestiones relativas a la invasión de ámbitos de competencia de distintos órganos de gobierno.
17. La alegada causal de improcedencia se estima INFUNDADA; en principio, porque es evidente que la Comisión accionante no refiere como argumento toral que la norma general cuestionada invade un ámbito competencial determinado, sino que ésta, en las tres fracciones impugnadas vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, al presentar un diseño que no resulta equivalente con el Sistema Nacional Anticorrupción previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, expedida de conformidad con los artículos 73, fracción XXIV, y 113 de la Constitución Federal.
18. Luego, el organismo accionante sí cuestiona que la norma impugnada vulnera los referidos derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México es parte; argumento que debe ser materia de análisis en el respectivo estudio de fondo en el que se analice, precisamente, la congruencia entre la norma general cuestionada y la Carta Magna. Además, en cualquier caso, debe recordarse que es criterio mayoritario de este Tribunal Pleno(11) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuenta con legitimación para impugnar legislaciones a partir de argumentos que involucren la invasión de ámbitos competenciales, en tanto que ello puede también derivar en la afectación de derechos humanos.
19. En estas condiciones, y al no existir alguna otra causa de improcedencia que se haya hecho valer, ni advertirse por parte de este Tribunal Constitucional la actualización oficiosa de alguna, lo procedente es continuar con el estudio de fondo.
VII. ESTUDIO DE FONDO
20. Concepto de invalidez. La accionante sostiene, en esencia, que los supuestos de remoción de los integrantes del Comité de Participación Social, consistentes en la falta de probidad, la notoria negligencia y el indebido desempeño de sus funciones, que fueron adicionados al artículo 15, numeral 3, fracciones I, II y III, mediante la reforma que se impugna de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco vulneran el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en atención a que dichas hipótesis normativas no resultan homogéneas con la única hipótesis de remoción prevista en el artículo 16, último párrafo, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, consistente en encontrarse en alguna de las causas establecidas en la normatividad, relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.
21. Método de solución del caso. Para dar respuesta a ese planteamiento, en primer lugar, se analizará el marco constitucional que rige el Sistema Nacional Anticorrupción y la configuración de los respectivos sistemas de carácter local; después, se realizará el análisis concreto de las normas impugnadas.
I) Marco constitucional que rige el Sistema Nacional Anticorrupción y la configuración de los respectivos sistemas de carácter local
22. El veintisiete de mayo del dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones constitucionales en materia de combate a la corrupción.
23. Con esta reforma, se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción como instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
24. En dicha reforma se reformaron y adicionaron, entre otros artículos, los artículos 73, fracciones XXIV y XXIX-V, y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015)
"XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;
"...
(ADICIONADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015)
"XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. ..."
"Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
"I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;
"II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y
"III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:
"a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;
"b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
"c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;
"d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;
"e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
"Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas.
"Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción."
25. De los artículos trascritos se advierte que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
26. Entre las bases mínimas para el cumplimiento del objeto, se previó que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley. Las entidades federativas establecieron sistemas locales anticorrupción a fin de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
27. La facultad del Congreso para emitir la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor del Decreto de reforma constitucional.(12)
28. La facultad del Congreso para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 29. De igual forma, de conformidad con el artículo séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional antes referido, se establece el deber de conformar a los sistemas anticorrupción de las entidades federativas de acuerdo con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.(13)
30. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 119/2017,(14) se hizo referencia a que, en diversos precedentes, dentro de los que destacan las acciones de inconstitucionalidad 56/2016, 58/2016 y 31/2016 y su acumulada;(15) el régimen transitorio de esta reforma prevé un modelo, a través del cual los sistemas federal y locales en la materia, deberán armonizarse para cumplir con los fines constitucionales de la reforma. Dicho modelo parte de la base que tanto en lo que se refiere a la coordinación del Sistema Anticorrupción,(16) como la distribución de competencias entre los distintos órdenes en materia de responsabilidades administrativas, se requiere de la emisión por parte del Congreso de la Unión de las leyes generales correspondientes, dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional.(17)
31. De igual forma, se hizo referencia al Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, sobre la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, que dio origen a la reforma constitucional en comento y que en la parte que interesa dice:
"...
"DÉCIMA CUARTA. En el ámbito de las facultades del Poder Legislativo Federal para expedir normas legales inherentes a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, es ...
"En efecto, es menester contar con marco normativo de carácter general, expedido por el Congreso de la Unión, en virtud de que se debe dotar al Sistema Nacional Anticorrupción de los elementos idóneos para su adecuado funcionamiento. En ese sentido, la ley general que expida el Congreso de la Unión deberá sentar las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, a fin de permitir la articulación de esfuerzos hacia el objetivo de prevenir, combatir y sancionar la corrupción.
"...
"En ese sentido, estas Comisiones Unidas coincidimos con el ánimo de la H. Colegisladora en cuanto a que el combate a la corrupción debe ser atendido desde nuestra Ley Fundamental como una facultad concurrente, ya que así se insertará dentro del contexto del federalismo cooperativo, en la que existirá -como es el caso de la seguridad pública y otras materias- la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución de un fin común que es abatir y prevenir la corrupción en el Estado mexicano, bajo una ley general expedida por el Congreso de la Unión.
"...
"DÉCIMA QUINTA. Desde las primeras consideraciones de este apartado, estas Comisiones Unidas hemos hecho énfasis en que nos encontramos ante una propuesta de un Sistema Nacional. Es preciso abordar ahora con mayor sistema las previsiones implícitas en la reforma para las entidades federativas de la República.
"En sí, la previsión toral se contiene en el propuesto párrafo segundo del artículo 113 constitucional, en el sentido de que ‘las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.’ En otras palabras, que en el ámbito local es menester replicar los principios que dan forma al Sistema Anticorrupción y al rediseño de sus correspondientes pilares institucionales.
"En el caso de los Estados de la Unión, corresponderá al ámbito de los Órganos Revisores de sus Constituciones adoptar las previsiones homologas correspondientes a las propuestas de modificaciones que se hacen a la Ley Fundamental de la República. Para ello, sin demérito del modelo general, existen algunas previsiones particulares. ..."
32. A partir de lo anterior, se estableció que el Constituyente Permanente estimó necesario contar con un marco normativo de carácter general, expedido por el Congreso de la Unión, en virtud que se debía dotar al Sistema Nacional Anticorrupción de los elementos idóneos para su adecuado funcionamiento; dicha ley debía sentar las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno a fin de permitir la articulación de esfuerzos hacia el objetivo de prevenir, combatir y sancionar la corrupción, lo cual debía ser combatido desde la Constitución Federal como una facultad concurrente, ya que así se insertaría dentro del contexto del federalismo cooperativo en el que existiera la obligación constitucional para todas las instancias de gobierno de coordinar esfuerzos para la consecución de un fin común, que es abatir y prevenir la corrupción en el Estado Mexicano, bajo una ley expedida por el Congreso de la Unión.
33. Respecto de las previsiones a cargo de las entidades federativas de la República, detalló que la fórmula toral se contenía en el párrafo segundo del artículo 113 constitucional, en el sentido de que "las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción". En otras palabras, que en el ámbito local es necesario replicar los principios que dan forma al Sistema Anticorrupción y al rediseño de sus correspondientes pilares institucionales.
34. Asimismo, que, en el caso de los Estados, corresponderá al ámbito de los Órganos Revisores de sus Constituciones adoptar las previsiones homólogas correspondientes a las propuestas de modificación que se hacen en la Ley Fundamental de la República.
35. En consecuencia, a partir de la reforma constitucional antes señalada, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.(18)
36. En cuanto al Comité de Participación Ciudadana la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece que dicho comité estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y sus integrantes deberán reunir los mismos requisitos que la Ley Nacional referida establece para ser nombrado Secretario Técnico. Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada, y sólo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.(19)
37. En el artículo 36 de la referida Ley General, se señala que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo, entre otras bases, el contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esa ley otorga al Sistema Nacional y que los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta Ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana.(20)
38. De lo anterior, al fallar la acción de inconstitucionalidad 119/2017,(21) se estableció que se dejó libertad de configuración a los Estados de la República para conformar en sus constituciones y leyes, su Sistema Anticorrupción siempre y cuando fueran acordes con las bases contenidas en la Leyes Generales.
39. Se estableció que la Ley General del Sistema Anticorrupción en su artículo 36 prevé que los sistemas anticorrupción locales deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que la propia Ley otorga al Sistema Nacional; por lo que se advirtió que no se ordena a las entidades federativas establecer exactamente la misma integración y atribuciones que los establecidos para el Sistema Nacional, sino que, por el contrario, sólo se establece que deberán ser equivalentes.
40. Se concluyó que las entidades federativas podrán establecer la conformación de tales sistemas siempre y cuando guarde equivalencia tanto en las funciones como en la integración con el Sistema Nacional.
41. Para ello, se consideró necesario aludir al trabajo legislativo de la referida Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda; que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En el que se señaló:
• En el Capítulo V de nombre De los Sistemas Locales, respetando la autonomía de las entidades federativas, y al mismo tiempo, atendiendo a la naturaleza de norma general de esta ley, se establece que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los Sistemas Locales conforme a las siguientes bases:
• Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32750-4d1f58df/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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