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Modo: Corpus Pro

PRÉSTAMOS PERSONALES OTORGADOS POR LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL A SUS ELEMENTOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE PAGARÉS. SU PAGO DEBE DEMANDARSE EN LA VÍA CIVIL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 357/2020. · Registro digital (IUS): 32946
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-01-24
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.309.

AMPARO DIRECTO 357/2020. 7 DE ENERO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MIRIAM AIDÉ GARCÍA GONZÁLEZ.

En la Ciudad de México, a siete de enero de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el juicio de amparo directo civil 357/2020 promovido por **********, por conducto de su endosatario en procuración **********, en contra de la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, emitida por el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, en el juicio oral mercantil 125/2020, seguido por la ahora quejosa, en contra de **********; acto que estima violatorio de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte, **********, por conducto de su endosataria en procuración **********, demandó en la vía oral mercantil de **********, las siguientes prestaciones:

a) El pago de la cantidad de $10,702.88 (diez mil setecientos dos pesos 88/100 M.N.), por concepto de suerte principal, consignada en el título de crédito base de la acción No. 1700121 expedido a favor de este organismo en fecha 12 de febrero de 2009, con fecha de vencimiento para el día 31 de julio de 2010, el cual se agrega a la presente como anexo 1, para que obre como corresponda, por lo que solicito a ese H. juzgado sea resguardado en el seguro del mismo. - - b) El pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses ordinarios, a razón del 9% (nueve por ciento) anual sobre saldos insolutos, pactados en el pagaré base de la acción, mismos que se causaron desde la quincena 05-2009, es decir, el 15 de marzo de 2009, más los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. - - - c) El pago de la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios a razón del 27% (veintisiete por ciento) anual, sobre saldos insolutos pactados en el pagaré base de la acción; mismos que se causaron desde la quincena 05-2009; es decir, el 15 de marzo de 2009, más los que se sigan generando hasta la total conclusión del adeudo. - - - d) El pago de gastos y costas que se originen en el presente juicio.

Apoyó sus pretensiones en los hechos que estimó conducentes.

Mediante acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, el Juez Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México previno a la actora para que aclarara la vía en la que promovía.

Por escrito presentado el día dieciocho siguiente, la actora desahogó la prevención.

SEGUNDO. El veinte de agosto de dos mil veinte, el juzgador de origen no tuvo desahogada la prevención y desechó la demanda.

Esta resolución fue notificada a las partes por Boletín Judicial el veintiuno de agosto de dos mil veinte, y tomando en consideración que los días veintidós y veintitrés siguientes fueron inhábiles por ser sábado y domingo, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, surtió efectos el veinticuatro siguiente, y en virtud que el veinticinco del mismo mes y año la responsable laboró a puerta cerrada conforme al acuerdo volante V-31/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el término de quince días para promover el amparo directo transcurrió del veintiséis de agosto al ocho de octubre del mismo año.

Del referido cómputo se deben descontar los días inhábiles veintinueve y treinta de agosto, así como el cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, tres y cuatro de octubre de dos mil veinte, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, veintisiete, treinta y uno de agosto; dos, cuatro, ocho, diez, diecisiete, veintiuno, veintitrés, veinticinco y veintinueve de septiembre, así como uno, cinco y siete de octubre conforme al acuerdo volante V-31/2020; y catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil veinte, de conformidad al acuerdo 47/36/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

TERCERO. Esa resolución se reclama en el presente juicio de amparo, cuya demanda se presentó en el juzgado responsable el once de septiembre de dos mil veinte. La autoridad responsable remitió el escrito con los autos y su informe justificado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito; correspondió su conocimiento a este tribunal colegiado, en donde se admitió por auto de cinco de noviembre siguiente.

En dicho proveído se hizo del conocimiento de la quejosa que contaba con un plazo de quince días para presentar alegatos, el cual fue notificado el seis de noviembre último, y tomando en consideración que los días siete y ocho de noviembre fueron sábado y domingo, inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, surtió efectos el nueve siguiente, por lo que el término de quince días para formular alegatos transcurrió del diez de noviembre al dos de diciembre de dos mil veinte; sin que la quejosa hiciera valer ese derecho.

De ese término se descontaron los días inhábiles catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de noviembre de dos mil veinte, por ser sábados y domingos, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; dieciséis de noviembre del mismo año, conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo; así como el veinte de noviembre del año referido conforme al artículo 19 citado.

Se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete, quien no formuló pedimento.

En proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, se turnó este asunto al magistrado Fernando Rangel Ramírez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II, 34 y 170, de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso c), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por haberse promovido en contra de una resolución que pone fin al juicio, pronunciada en un juicio oral mercantil, por una autoridad judicial residente en este Circuito.

SEGUNDO. La existencia del acto reclamado quedó debidamente acreditada con el informe justificado rendido por el juez responsable quien manifestó que es cierto, así como con los autos que remitió en su apoyo.

TERCERO. La resolución reclamada es del tenor siguiente:

Ciudad de México, a veinte de agosto de dos mil veinte. - - - Agréguese a sus autos el escrito del endosatario en procuración de la parte actora, y dígase a la ocursante que no ha lugar a tener por desahogada la prevención ordenada mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte, pues si bien, reiteró que la vía intentada lo es la oral mercantil, también lo es, que no aclaró la vía que pretende ejercitar atendiendo al negocio jurídico subyacente que le dio origen al título que se exhibió tomando en cuenta que en el mismo se advierte un préstamo a corto plazo que implica una relación de mutuo de acuerdo al artículo 2384 del Código Civil para esta ciudad al amparo de Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y su reglamento, pues como lo narró la propia accionante [...] "el negocio jurídico que le da origen al título de crédito materia de la presente litis, es un préstamo a corto plazo que ********** solicitó a este organismo" [...]. - - - Correspondiéndole a la accionante realizar la aclaración de la vía tomando en consideración la jurisprudencia 1a./J. 109/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 192 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, Novena Época, del rubro siguiente: TÍTULOS DE CRÉDITO. LA PRESENTACIÓN DEL TÍTULO SUSCRITO POR EL DEMANDADO, ADMINICULADO CON SU CONFESIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LO SUSCRIBIÓ, Y LA NARRACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL SUBYACENTE EN LA DEMANDA, DESPUÉS DE PRESCRITA LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA, SON INSUFICIENTES PARA PROBAR LA ACCIÓN CAUSAL. - - - Así como la tesis 2017047, VII.1o.C.49 C (10a.), Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, junio de 2018, Tomo IV. De la voz siguiente: "ACCIÓN CAUSAL. LA REFERIDA EN EL ARTÍCULO 168 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, DEBE EJERCITARSE EN LA VÍA CIVIL Y EN LA FORMA QUE CORRESPONDA AL NEGOCIO JURÍDICO SUBYACENTE QUE DIO LUGAR A LA EMISIÓN DEL TÍTULO DE CRÉDITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)". - - - Circunstancia que no aconteció, máxime que la actora, en términos del artículo 3 de su ley, el cual establece que la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal bajo su nueva denominación mantendrá su carácter de organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el objeto de administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la presente ley, siendo que los organismos públicos descentralizados únicamente son creados para auxiliar al titular de la Administración Pública Federal para la realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias, para la prestación de un servicio público o social o para la obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social, como es el caso, sin que tengan un fin comercial o preponderantemente económico, por lo que no se le considera comerciante en términos de la legislación mercantil. - - - Aunado que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 25/2005 y 1a./J. 74/2005, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXI y XXII, abril y agosto de 2005, páginas 576 y 107, respectivamente, de rubros: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. ES UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA" y "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA", sostuvo que el juzgador está facultado para examinar de oficio la vía elegida en la demanda, incluso en sentencia y, en caso de estimar que no es la que legalmente proceda, no podrá resolver el fondo del asunto, sino que declarará la improcedencia de la vía, dejando a salvo los derechos de las partes para que los ejerzan en la vía idónea; asimismo, estableció que la tramitación de un procedimiento en una vía incorrecta, causa un agravio a las partes por no respetar el derecho fundamental a la seguridad jurídica, dado que la vía no puede quedar a la voluntad de las partes, ni convalidarse. Por ende, quien inste un procedimiento debe someterse a las formalidades y condiciones que la ley disponga, como lo es tramitarlo en la vía idónea; formalidad procesal objetiva y razonable, que resguarda los derechos de tutela jurisdiccional, debido proceso y legalidad, evitando así que los demandados se vean sometidos a procedimientos irregularmente tramitados por elección de la actora; sin que ello implique denegación de justicia, ya que de esta forma es que se permite al gobernado acudir al juicio pues, de lo contrario, se violaría el derecho del demandado. No obsta que el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemple el derecho humano de ser oído en juicio con las debidas garantías (acceso a la justicia), ya que no es irrestricto, sino en atención a las normas que regulan la procedencia de cada juicio. Considerar lo contrario implicaría desconocer lo que dispone el artículo 27, numeral 2, de la citada Convención, que prevé un bloque duro de protección de derechos humanos, el cual incluye el derecho a la legalidad y a garantías judiciales, por ello, es que no puede entenderse que el derecho de acceso a la justicia, ni la interpretación "progresiva" ni "pro personae", permitan que las controversias se resuelvan en la vía que arbitrariamente elija el actor, pues se llegaría al extremo de que con el pretexto de garantizar el derecho humano del actor, se resuelva un asunto sustanciado en una vía incorrecta, alterando las reglas del procedimiento en perjuicio del debido proceso y la equidad procesal entre las partes, lo que acarrearía actuar fuera de la normatividad, aspecto inaceptable pues se soslayarían disposiciones de orden público en perjuicio de la legalidad y certeza jurídicas; consecuentemente, la obligación de tramitar los procedimientos en la vía idónea, para emitir una sentencia válida, no transgrede derechos fundamentales. - - - Lo anterior con sustento en el criterio contenido en la Décima Época. Registro: 2012431. Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV Materia Constitucional, Civil, Tesis: III.2o.C.56 C (10a.), página: 2676 del rubro siguiente: "PROCEDENCIA DE LA VÍA. LA OBLIGACIÓN DE TRAMITAR LOS PROCEDIMIENTOS EN LA IDÓNEA, PARA EMITIR UNA SENTENCIA VÁLIDA, NO TRANSGREDE DERECHOS FUNDAMENTALES". - - - Ante tal circunstancia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, y como consecuencia de ello se deja de dar trámite a su pues la inobservancia de un mandato judicial, trae como consecuencia la aplicación y materialización de la sanción procesal en cuestión. - - - Aunado que la tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 y 25 numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así se acuerde fundadamente. Sirviendo de sustento a la anterior determinación la tesis correspondiente a la Décima Época, Registro: 2007063, Primera Sala, Tesis Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Tesis: 1a. CCXCIII/2014 (10a.), página: 535 que es del tenor siguiente: - - - TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO (la transcribe). - - - Quedando a disposición de la promovente los documentos que exhibió para sustentar su pretensión, y copias de traslado, inclusive los que obran en autos...

CUARTO. La quejosa expresó los siguientes conceptos de violación:

PRIMERO. La autoridad responsable, viola en perjuicio de la quejosa las garantías constitucionales de fundamentación, motivación y legalidad tal como se encuentra previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, así también una eminente violación a lo dispuesto por el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - Derivado de lo anterior, resulta imperante mencionar que las garantías antes señaladas consisten en que todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. - - - Por lo tanto, la determinación emitida por el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, carece de dichos preceptos constitucionales, toda vez, que no se respetaron los derechos y posesiones de mi representada en todo momento, configurándose una afectación sobre estos por parte de la autoridad señalada, ya que debió apegarse a lo dispuesto por los diversos ordenamientos legales, ya que como lo establece nuestra Carta Magna todo acto de molestia debe estar fundado y motivado. - - - Lo anterior, se concatena con lo establecido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustancialmente establece, que nadie puede ser privado de la vida (sic), la libertad, papeles, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, juicio en el cual se deberán observar las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que deberán ajustarse a las leyes procedimentales previamente emitidas. - - - Por otro lado, el principio de "legalidad" consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que todo mandamiento que provenga de cualquier autoridad debe estar legalmente fundado y motivado en la misma Constitución y las leyes secundarias que deriven de ellas, se transcribe para pronta referencia: (lo transcribe). - - - Ahora bien, resulta contrario a derecho el acuerdo de fecha 20 de agosto de 2020, emitido por el juez de origen, al desechar la demanda interpuesta por la hoy quejosa, sin haber llevado a cabo un razonamiento lógico-jurídico debidamente fundado y motivado, carente de toda seguridad jurídica y legalidad, dejándonos ante una incertidumbre jurídica. - - - Lo anterior, es así en virtud de que no existe impedimento legal para que la autoridad responsable no admitiera la demanda interpuesta por esta recurrente, toda vez que el pagaré base de la acción anexo al escrito inicial (sic) de demanda, cumple con todos y cada uno de los requisitos que marca la ley aplicable a la materia. - - - Bajo ese tenor, el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece los siguientes requisitos del pagaré: (lo transcribe). - - - Lo anterior se robustece con el siguiente criterio jurisprudencial: - - - Novena Época, Registro: 163596, Primera Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, Materia Civil, Tesis: 1a./J. 65/2010, página: 105. - - - PAGARÉ. EL REQUISITO DE ESTABLECER EL LUGAR DE SU SUSCRIPCIÓN, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, SE SATISFACE AL SEÑALAR LA ENTIDAD FEDERATIVA DE LA REPÚBLICA MEXICANA EN QUE AQUÉLLA SE REALIZÓ (la transcribe). - - - En ese orden de ideas, se cumplió con: 1. Los requisitos esenciales para iniciar una demanda. - - 2. El documento base de la acción cumplía requisitos esenciales que debe contener un pagaré. - - - 3. La prevención ordenada por el a quo fue desahogada en tiempo y forma. - - En razón de lo anterior, la autoridad responsable al desechar la demanda carece de toda fundamentación y motivación, creando una incertidumbre jurídica, pasando por alto los preceptos constitucionales invocados, al omitir señalar los preceptos legales en los que fundó su determinación. - - - Es así que mi representada no goza de la certeza jurídica que la ley le confiere, violando lo establecido en los artículos 1390 bis 11 y 1390 bis 12 del Código de Comercio, así como el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los cuales establecen los requisitos que debe contener un escrito inicial (sic) de demanda y en su caso el procedimiento a seguir cuando la demanda fuere oscura e irregular o se omita algún requisito esencial, de igual manera el pagaré se encuentra ajustado a derecho, para lo cual es necesario invocar por analogía las siguientes Jurisprudencias: - - - Séptima Época, Registro: 394216, Segunda Sala, Jurisprudencia, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Tesis: 260, página: 175. - - FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN (la transcribe). - - - Décima Época, Registro: 2005777, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, Común, Tesis: IV.2o.A.50 K (10a.), página: 2241. - - - SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTICULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO (la transcribe). - - - Por lo antes expuesto, resulta procedente se otorgue el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el acuerdo de fecha 20 de agosto de 2020 y se admita la demanda por la vía pretendida, puesto a que como ha quedado precisado la determinación del juzgado de origen carece de toda fundamentación y motivación ya que no acreditó legalmente su determinación por lo que a todas luces resulta ilegal, dejando en estado de indefensión y causando un detrimento en el patrimonio de mi representada. - - - SEGUNDO. La autoridad responsable viola los principios de congruencia y exhaustividad, establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el juzgado de origen al emitir la determinación contenida en el proveído de fecha 20 de agosto de 2020, realizó una incorrecta aplicación del contenido de los numerales 75 fracción XXIV, 1390 bis y 1390 bis 11 del Código de Comercio y 168 tercer párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - Resulta de explorado derecho manifestar, que si bien las sentencias no requieren formulismo alguno, de acuerdo a lo establecido por el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria (lo transcribe), los juzgadores tienen la obligación de estudiar todas y cada una de las constancias que integran el expediente de mérito, así como la fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, para no dejar en estado de indefensión al recurrente, prescindiendo de señalar certeza u objetividad en el derecho, situación que se actualiza en el proveído que nos atañe, donde el juzgado primigenio no emitió su determinación ajustada a derecho, esto se encuentra sustentado por el siguiente criterio jurisprudencial: - - - Novena Época, 178783, Primera Sala, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, página: 108. - - - CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS (la transcribe). - - - De lo expuesto en los párrafos que anteceden el juzgador de origen es omiso en realizar la correcta interpretación y aplicación de los artículos 75 fracción XXIV del Código de Comercio y 168 tercer párrafo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ya que determinó en el acuerdo que se combate lo siguiente: (lo transcribe). - - - Se deduce que la autoridad responsable no hizo un análisis en particular del artículo 75 fracción XXIV el cual establece: (lo transcribe). - - - Siendo que de dicho artículo se desprende que las operaciones que emanen de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito son considerados actos de comercio, siendo así que la denominada "acción causal" encuentra su fundamento en el artículo 168 párrafo tercero de dicho ordenamiento ya que del mismo se desprende dicha acción; (lo transcribe). - - - En concordancia con lo narrado resulta imperante explicar que es la "acción causal", la cual encuentra su fundamento en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde se establece que una vez que la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, se puede ejercitar la acción causal y cuyo requisito para ejercitarla es señalar cuál fue el negocio jurídico subyacente que le dio origen al título de crédito. - - - Ahora bien, el documento base de la acción es el documento título valor, no así el acto jurídico subyacente por el cual se suscribió dicho título, si bien es cierto se denomina "acción causal" por qué se debe decir el acto jurídico subyacente por el cual nació el título de crédito, mas no así que el negocio causal sea el documento base de la acción, ya que cualquier título de crédito puede derivarse de diversos actos jurídicos y no necesariamente estos sean actos de comercio. - - - Siendo así de naturaleza mercantil la acción causal en sí misma, ya que si la acción causal fuera exigida mediante la acción que corresponda al negocio de que se trate, estaríamos desnaturalizando a la propia acción causal, ya que lo que se intenta es el cumplimiento del pagaré no así el del acto jurídico subyacente, siendo que si se intentara el cumplimiento del negocio causal se intentaría la acción correspondiente y no así la acción causal para el cobro de un título de crédito, siendo así que lo determinado por el a quo en el acuerdo que se combate carecen de toda congruencia siendo que manifestó lo siguiente: - - - "...Ante tal circunstancia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de siete de agosto de dos mil veinte, y como consecuencia de ellos se deja de dar trámite a su demanda...". - - En conclusión, se denota a todas luces que la vía intentada por mi endosante fue la correcta siendo esta la vía oral mercantil y no así la civil como lo manifestó la autoridad responsable, de conformidad a lo establecido en los artículos 1390 bis y 1390 bis 11 del Código de Comercio (lo transcribe) en donde se encuentra fundamentada la vía en la cual deber ser exigido el cobro de dicho pagaré. - - - Sirve de sustento a lo anterior el siguiente criterio: - - - ACCIÓN CAUSAL. EN LA EJERCIDA POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA, PUEDEN RECLAMARSE SÓLO LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN EL TÍTULO DE CRÉDITO (la transcribe). - - - Lo anterior, demuestra que el acto reclamado es infundado e incongruente, al estar ante un título de crédito, es evidente que debe proceder la vía oral mercantil, en el ejercicio de la acción causal, juicio en el cual la actora debe probar sus acciones y el demandado sus excepciones, resultando erróneo lo manifestado por el juzgado de origen, debiendo seguir conociendo de la controversia en comento la autoridad responsable y que al desecharla en auto de fecha 20 de agosto de 2020 estaría vulnerando los derechos de mi representada. - - - Por tanto, solicito a ustedes C.C. magistrados consideren lo aquí expuesto para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a mi representada **********, y revocar el acuerdo de fecha 20 de agosto de 2020, emitido por el Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral en la Ciudad de México del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, asimismo solicitar que se emita un nuevo auto para admitir la demanda que por esa vía se hizo valer, por los motivos expuestos en cuerpo de la presente demanda de garantías (sic). QUINTO. La resolución reclamada esencialmente señaló que no había lugar a tener por desahogada la prevención ordenada en proveído de siete de agosto de dos mil veinte, pues si bien la parte actora reiteró que la vía intentada era la oral mercantil, no aclaró la vía que pretendía ejercitar, pues el negocio jurídico subyacente que dio origen al título que se exhibió es un mutuo por tratarse de un préstamo a corto plazo.

La quejosa señala:

1. Es incongruente la resolución reclamada, pues la vía intentada es la causal, con fundamento en el artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que establece que una vez que la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción o caducidad, se puede ejercitar la acción causal y cuyo requisito para ejercitarla es señalar cuál fue el negocio jurídico subyacente que dio origen al título de crédito, tal y como lo hizo; sin que la autoridad responsable se hubiere pronunciado al respecto.

2. El pagaré base de la acción satisface todos los requisitos previstos en el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

3. El documento base de la acción no es el acto subyacente por el cual se suscribió el título de crédito; por tanto, se ejercitó la acción causal para el cobro de título de crédito exhibido como base de la acción, pues se encontraba prescrita la acción cambiaria.

Lo anterior es infundado.

Como se advierte de la lectura de la resolución reclamada, la responsable estimó que la ahora quejosa no dio cumplimiento a la prevención formulada, pues aun cuando ésta reiteró que la vía en que instaba era la oral mercantil, por sustentarse en un título de crédito, la propia actora precisó que dicho documento se suscribió con motivo de un préstamo personal que solicitó el demandado; acto este último que, al tratarse de un mutuo, el cual se rige por el Código Civil, hacía improcedente la vía oral mercantil

Resolución que se estima ajustada a derecho.

El artículo 168 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en su último párrafo,(1) establece la posibilidad de que el tenedor del título de crédito pueda ejercer la acción causal en caso de que la cambiaria haya prescrito o caducado, en cuyo caso, es indispensable que la relación subyacente, sea invocada en la demanda.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria mediante la cual resolvió la contradicción de tesis 440/2011, destacó:

1. Si bien es jurídicamente impensable la válida existencia de un título de crédito sin causa, en virtud que quien lo suscribe tiene la intención de obligarse, aunque sea con el ánimo altruista de un donador, precisamente por su característica d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32946-c19124e7/prestamos-personales-otorgados-por-la-caja-de-prevision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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