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Modo: Corpus Pro

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE SUS ÓRGANOS A LA CONDENA IMPUESTA EN UN JUICIO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO EL DICTADO DE UNA RESOLUCIÓN QUE DECLARE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA CUMPLIRLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2018. · Registro digital (IUS): 28082
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-09-28
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, DÉCIMO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, Pág. 1227.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, DÉCIMO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2018. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS NEÓFITO LÓPEZ RAMOS (PRESIDENTE), JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES Y CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER. DISIDENTE: J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI. PONENTE: ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO. SECRETARIA: RUTH EDITH PACHECO ESCOBEDO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Quárter-1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, pues se trata de una posible contradicción de criterios en materia civil, suscitada entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Primer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Posturas contendientes. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada es menester mencionar los antecedentes de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito señalados como contendientes.

Postura del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil:

1. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en ejecutoria de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del expediente de revisión civil 48/2017, interpuesto por ********** y **********, contra la sentencia de seis de septiembre de dos mil dieciséis (firmada el cinco de diciembre siguiente), por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********, de su índice; ejecutoria en la que se resolvió confirmar y conceder, para efectos, el amparo a la quejosa; bajo las siguientes consideraciones:

1. **********, por su propio derecho, promovió juicio de amparo contra los actos del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad de México, de la delegación ********** y de la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, consistentes en:

"a) Del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se reclama la omisión de exigir el cumplimiento por todos los medios legales a su alcance, más allá de requerimientos y apercibimientos de cumplimiento de la sentencia que condena al Gobierno de la Ciudad de México, delegación **********.

"b) Del Gobierno de la Ciudad de México, delegación **********, se reclama:

"1. La omisión de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en la sentencia de 26 de octubre de 2015, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, en el juicio mercantil ordinario **********, la cual ha adquirido firmeza, no obstante los reiterados requerimientos de cumplimiento que se le han efectuado para que pague a la suscrita las cantidades a las que fue condenada.

"Ello, no obstante que a la fecha han transcurrido más de siete meses desde el día en que causó ejecutoria la sentencia de 26 de octubre de 2015, en la que, en su calidad de demandada, fue condenada al pago de las cantidades que se describirán más adelante.

"2. La omisión de llevar a cabo las adecuaciones presupuestales necesarias para dar cumplimiento a la sentencia antes señalada.

"Ello, al estar facultada para realizar tales adecuaciones cuando se agote la partida presupuestal autorizada para tal efecto, por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tal como se advierte de la interpretación sistemática e integral del segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de dicha entidad.

"Aunado a lo anterior, sirve de sustento el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 8/2011, de rubro: ‘SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.’ (cita nota al pie de página), que establece, en esencia, que el hecho de que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México estén facultadas para solicitar a la Asamblea Legislativa una ampliación de la partida presupuestal, con el fin de dar cumplimiento a una ejecutoria, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, cuando no cuenten con los recursos suficientes, ello no impide acudir a mecanismos de adecuaciones presupuestarias. Así, estimar lo contrario, implicaría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema más complejo de pago de gastos exigidos constitucionalmente, que otros derivados de vínculos jurídicos que voluntariamente celebre el Gobierno de la Ciudad de México.

"3. La omisión de solicitar a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México una ampliación de la partida presupuestal para cumplir con la sentencia de 26 de octubre de 2015, antes referida.

"Lo anterior, máxime que entre la fecha del dictado de la sentencia condenatoria, de la cual fue debidamente notificada la demandada, y la fecha de presentación de la demanda de garantías, inició un nuevo año fiscal (2016), respecto de, cuyo ejercicio se emitió presupuesto de egresos, en el cual se prevén y otorgan las partidas presupuestales necesarias para el pago de obligaciones a cargo de los órganos de gobierno, incluido el cumplimiento de sentencia, que en este caso, se dictó el año anterior.

"De manera que si la sentencia condenatoria se emitió desde octubre de 2015, estaba en aptitud de solicitar se incluyera en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año 2016 la partida necesaria para cumplir con la obligación de pago antes referida.

"Así, no existe justificación jurídica y material alguna que justifique el incumplimiento por parte de la autoridad responsable de cumplir con la sentencia antes referida y expedirme el instrumento de pago correspondiente.

"En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, en el caso de cumplimiento de sentencias, cuando en éstas se condene a una autoridad, no puede dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo. Sin embargo, ello no significa la posibilidad de incumplimiento condenatorio, pues se parte de la presunción de que la entidad gubernamental cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a las vías de apremio.

"Ahora bien, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad, en virtud de que:

"1) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa;

"2) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal;

"3) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y,

"4) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que manda el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"El criterio antes expuesto está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, julio de 2011, página 448, de rubro: ‘DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).’ (cita nota al pie de página)

"c) De la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, como autoridad vinculada en forma material al cumplimiento de la sentencia, de dar el visto bueno, para que una vez que sea asignado el presupuesto para que la delegación **********, efectúe el pago a que se le condenó."

2. Puntualizó que el Juez de amparo, precisó, los actos en los siguientes términos:

"• De la delegación ********** del Gobierno del antiguo Distrito Federal, la omisión de dar cumplimiento a la condena impuesta en la sentencia definitiva de veintiséis de octubre de dos mil quince, dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en los autos del juicio ordinario mercantil **********, del índice del citado órgano jurisdiccional, donde la autoridad indicada figuró como entidad demandada y como actora la quejosa.

"• Del Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. La abstención de brindarle a la hoy solicitante de amparo el acceso a la tutela judicial efectiva.

"• De la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. El visto bueno, para que una vez que sea asignado el presupuesto para que la delegación Tlalpan, efectúe el pago a que fue condenada."

3. Destacó que el Juez de Distrito, concedió el amparo a la quejosa, para los siguientes efectos:

"... En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para lograr el cumplimiento eficaz de la sentencia definitiva deberá:

"1. Requerir a la delegación ********** del Gobierno del otrora Distrito Federal, para que realice los trámites relativos ante la Dirección General de Servicios Legales, para la solicitud de ‘visto bueno’ conforme a los lineamientos legales correspondientes para que esté en aptitud de dar cumplimiento a la condena que se le impuso en el contradictorio de origen, para lo cual deberá acreditar las diligencias que realice para tal efecto; en el entendido de que el Juez Federal podrá hacer efectivas las medidas de apremio que considere necesarias para hacer cumplir sus determinaciones.

"2. Se requiera a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia definitiva para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones realicen las gestiones necesarias e informen las que deban agotarse para el debido acatamiento a la condena impuesta en el juicio ordinario mercantil **********, a cargo de la delegación **********.

"3. Ordene al director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el decreto de presupuesto de egresos del extinto Distrito Federal, otorgue el visto bueno para que se paguen a la parte quejosa los haberes respectivos.

"Concesión que se hace extensiva respecto del actuar del Juez responsable, quien se encontrará constreñido igualmente a vigilar y emitir las determinaciones conducentes para lograr el cumplimiento de sus resoluciones. ..."

4. En la materia de la revisión, como cuestiones previas, apuntó que:

I. Como actos reclamados habían de tenerse las diversas omisiones en que incurrieron tanto el Juez como las autoridades administrativas responsables, para dar cumplimiento a la condena decretada a favor de la quejosa –pago de cantidad líquida e intereses moratorios– en una sentencia definitiva firme emitida en el juicio ordinario mercantil de origen.

II. La problemática planteada en el amparo que se revisa deriva de un juicio ordinario mercantil, en el que una de las aquí recurrentes –delegación **********– fue parte demandada y la quejosa figuró como parte actora, tramitándose dicho proceso originario hasta dictarse sentencia en la que se condenó a la citada autoridad enjuiciada al pago de, entre otras prestaciones, ********** pesos, ********** centavos, y los intereses moratorios relativos; resaltando la impetrante diversas irregularidades ocurridas al tratar de cumplimentar dicha condena, como que tanto el Juez responsable y las autoridades administrativas del Gobierno de la Ciudad de México que quedaron vinculadas a dicho cumplimiento, han omitido realizar las gestiones necesarias a fin de obtener el pago de lo condenado.

III. Respecto del recurso de revisión interpuesto por la delegación ********** del Gobierno del Distrito Federal, devenían inoperantes porque:

• El Juez de Distrito no viola garantías, con apoyo en la jurisprudencia P./J. 2/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."

• "... En la especie, no asiste razón a la autoridad recurrente cuando aduce que el Juez Federal dejó de analizar las constancias de autos de las que se advierte que realizó las ‘gestiones necesarias’ a fin de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en su contra en el juicio ordinario mercantil de origen.

"Lo anterior es así, porque tal y como lo consideró el Juez de Distrito, si bien de autos se aprecia la existencia de diversos oficios presentados por dicha autoridad responsable y recibidos por el Juez de origen en fechas siete de diciembre de dos mil quince, nueve de febrero, uno de marzo, cinco y trece de abril, diez y trece de mayo, así como quince de junio, todos de dos mil dieciséis (fojas 288 a 290, 330, 331, 341, 342, 376, 377, 381 a 383, 385, 386, 390 a 392 y 397 a 399, respectivamente, del legajo I de pruebas del juicio de amparo que se revisa), lo cierto es que de esos oficios únicamente se advierte que dicha autoridad enjuiciada se limitó a informar de manera genérica al Juez responsable los trámites que, a su decir, estaba realizando para dar cumplimiento a la sentencia decretada en su contra."

Lo anterior se corrobora con el contenido de los citados oficios en los que la autoridad demandada, aquí recurrente, únicamente refirió expresamente al Juez de origen que: "... se encuentra realizando los trámites pertinentes para dar inicio a la solicitud para obtener la afectación presupuestaria, y estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo condenado ...", así como que: "... no se cuenta con presupuesto asignado a ‘sentencias y resoluciones por autoridad competente’; por lo que una vez que se vayan obteniendo de las otras partidas de gasto se enviará la suficiencia presupuestal para que de conformidad con lo establecido en los lineamientos emitidos por la Consejería Jurídica y Servicios Legales, obtenga el visto bueno y así poder realizar el pago ..."

Así, las expresiones anteriores –con las variantes que presentan en cuanto a la forma de su redacción– evidencian que la autoridad demandada incumplió con su obligación de cumplimentar la condena contenida en la sentencia firme decretada en su contra, en tanto que en un lapso de ocho meses –contados a partir del momento en que se le hizo el primer requerimiento de cumplimiento– se limitó a reiterar las mismas manifestaciones, sin precisar cuáles eran las gestiones que estaba realizando, ni si había observado los requisitos previstos en las normativas administrativas aplicables, como eran presentar oficio ante la Dirección de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para lograr el "visto bueno" de dicha dependencia y cubrir los gastos generados por las sentencias definitivas, acompañando el formato respectivo.

Por consiguiente, dichas omisiones de la entidad gubernamental demandada, evidencian su incumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil de origen lo cual resulta injustificado, pues dicho cumplimiento es de orden público, de ahí que como lo consideró el Juez de Distrito, debe protegerse a favor de la persona física quejosa, el principio de tutela judicial efectiva contenida en el artículo 17 constitucional, garantizando que se cumpla con la condena emitida a su favor.

A su vez, debe precisarse que es cierto que de autos se aprecia que la autoridad demandada, aquí recurrente, el siete de diciembre de dos mil quince informó al Juez de origen que la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México le hizo llegar un oficio en el que la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México informó que los créditos que tiene a su favor en dicha delegación la persona física quejosa, fueran puestos a disposición de dicho juzgado federal, al haber sido embargados en diligencias del trece de enero de dos mil catorce y veintidós de junio de dos mil quince, realizadas en el juicio ejecutivo mercantil ********** (foja 290 del legajo I de pruebas del juicio de amparo que se revisa).

Lo anterior se resalta por la autoridad responsable, aquí inconforme, como una constancia que no fue tomada en cuenta por el Juez de Distrito al emitir la sentencia de amparo recurrida; sin embargo, contrariamente a lo alegado por la recurrente, dicha constancia no podía ser valorada por el Juez Federal, en tanto que mediante acuerdo del dieciocho de diciembre de dos mil quince, el Juez de amparo determinó tener por no acreditadas las manifestaciones realizadas por la autoridad demandada en relación con el mencionado oficio, al considerar expresamente lo siguiente: (lo transcribe)

• Como se aprecia, el Juez de Distrito desestimó las alegaciones presentadas por la autoridad demandada con base en la constancia en que, supuestamente, se hacía referencia a la existencia de un diverso juicio ejecutivo mercantil donde se embargaron créditos que tiene la persona física quejosa con dicha autoridad, estableciendo el Juez Federal que la autoridad demandada no acompañó las constancias respectivas con las cuales corroborar la certeza de esa información, por lo que consideró incumplido el requerimiento formulado para que observara la sentencia definitiva dictada en su contra, de ahí que incluso la requirió nuevamente para que diera debido cumplimiento. Asimismo, debe precisarse que dicho acuerdo dictado por el Juez de amparo quedó firme por falta de impugnación de parte interesada.

Todo lo anterior evidencia que, contrariamente a lo que alega la autoridad demandada, aquí inconforme, el Juez de Distrito no incurrió en omisión al dejar de valorar la citada constancia, en tanto que existe determinación expresa del citado juzgador federal que justificaba no tomarla en cuenta; sobre todo si tampoco de autos se aprecia alguna otra constancia que corrobore la certeza de la información proporcionada sobre la supuesta existencia de un diverso juicio mercantil en el que se embargaron créditos que tenía a su favor la persona física quejosa con dicha autoridad.

Por consiguiente, resulta evidente que el Juez Federal analizó correctamente el material probatorio existente en autos del juicio de amparo que se revisa, llegando a la conclusión de que en el caso, la autoridad demandada había incumplido con su obligación de cumplir con la condena contenida en una sentencia firme dictada en su contra, de ahí que debía concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a la persona física quejosa a, cuyo favor se constituyó dicha condena, para efecto de lograr su obtención oportuna.

• En torno del recurso de revisión interpuesto por la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México; estimó que eran infundados porque:

• "a) El motivo de improcedencia no se actualizaba, debido a que de las constancias de autos se advertía que el Juez de origen vinculó a dicha autoridad para cumplir la sentencia definitiva, pues el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis giró oficio a dicha dependencia para que realizara las gestiones necesarias –dentro de sus facultades– para el debido cumplimiento a la condena impuesta a la delegación demandada; empero, por escrito de dos de marzo siguiente, se devolvió la citada comunicación bajo el argumento de que la citada dirección general no era parte en el juicio de origen, por lo que no podía acatar lo solicitado, ya que a quien correspondía esa obligación era a la delegación demandada.

"b) Asimismo, el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se volvió a requerir a dicha dependencia para los mismos efectos precisados, pero insistió en que no era parte de sus facultades dar cumplimiento al requerimiento formulado; siendo que de las constancias de autos no se apreciaba que dicha dependencia hubiera dado cumplimiento a las diligencias que se le encomendaron para el acatamiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio ordinario mercantil de origen, de ahí que fuera incuestionable la existencia del acto de omisión atribuido a dicha autoridad como vinculada, y como tal estaba obligada a intervenir en el cumplimiento de aquella determinación, en específico, otorgando el ‘visto bueno’ de pago a cargo de la delegación **********.

"Sin embargo, lo anterior no implica la inexistencia de los actos de omisión atribuidos a la dependencia aquí recurrente, debido a que los requerimientos que se le hicieron en el juicio de origen tuvieron como finalidad vincularla al cumplimiento de la sentencia definitiva emitida contra la delegación demandada, siendo que dicho cumplimiento –debe recordarse– es una cuestión de orden público; de ahí que al tener conocimiento de tal situación, la dependencia aquí inconforme, debió actuar, dentro del ámbito de sus atribuciones, para tratar de ejecutar dicho cumplimiento.

"Lo anterior se corrobora por el hecho de que como lo señaló el Juez Federal en la sentencia de amparo recurrida –e incluso la propia dependencia en comento lo reconoce en sus agravios–, la citada dependencia tiene facultades derivadas tanto del decreto de presupuesto de egresos del extinto Distrito Federal, como de los lineamientos para el otorgamiento del visto bueno, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de marzo de dos mil dieciséis, para poder liberar el dinero suficiente a fin de que se pague a la actora en el juicio de origen, la condena decretada en contra de la delegación demandada.

"Así, el artículo 30 del decreto de presupuesto de egresos del extinto Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, establece: (lo transcribe)

"Por tanto, si la dependencia aquí inconforme, quedó vinculada al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, mediante los requerimientos que le hizo al respecto el Juez responsable en los acuerdos del diecinueve de febrero y dieciocho de marzo de dos mil dieciséis; y dicha dependencia también cuenta con facultades para dar el ‘visto bueno’ a fin de liberar los recursos suficientes para que la delegación demandada cumpla con la condena que le fue impuesta, resulta inconcuso que en autos del juicio de amparo haya quedado desvirtuada la negativa o inexistencia de los actos de omisión que se le atribuyeron; de ahí que fuera correcta la decisión del Juez Federal de considerarla como autoridad responsable del citado cumplimiento.

"Asimismo, debe precisarse que la propia dependencia recurrente al comparecer al juicio de origen, reconoció la existencia de las citadas facultades para poder otorgar el ‘visto bueno’ en comento, siendo que incluso ello se corrobora con lo expuesto en sus agravios en esta instancia constitucional; de ahí que haya sido correcto que el Juez Federal haya estimado que también incurrió en omisión en relación con el cumplimiento de la sentencia firme dictada en el juicio de origen, máxime si no se advierte que se haya desahogado algún trámite tendente a evidenciar dicho cumplimiento.

"En tales condiciones, al resultar infundados los agravios vertidos por las recurrentes, las consideraciones de la sentencia recurrida, deben confirmarse en sus términos y continuar rigiendo el sentido de dicho fallo."

Postura del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil:

1. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en ejecutoria de ocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada en los autos del expediente de revisión civil 335/2017, interpuesto por la delegación **********, contra la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete (engrosada el treinta y uno de agosto siguiente), por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto **********, de su índice; ejecutoria en la que se resolvió revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo; precisando, primeramente:

I. **********, por conducto de su apoderado, promovió juicio de amparo contra los actos del Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil, del gobierno de esta ciudad por conducto de la delegación **********, de la Secretaría de Finanzas y de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos de la Ciudad de México, consistentes en:

"IV. La norma general, acto u omisión reclamado: La omisión de todas y cada una de las autoridades responsables, sin motivo y/o justificación legal alguna, para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para dar cumplimiento a la sentencia definitiva de fecha 20 de febrero de 2012 y sentencias interlocutorias de fechas 17 de octubre de 2012, 15 de enero de 2013 y 5 de enero de 2014, dictadas en el juicio ordinario mercantil número de expediente ********** radicado en el Juzgado Trigésimo de Primera Instancia Civil de esta ciudad, en la forma y términos señalados, sentencias que a la fecha han causado estado."

Transcribió la sentencia sujeta a revisión, de la que se desprende que:

• El Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien por razón de turno conoció del asunto, resolvió sobreseer en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados de la Secretaría de Finanzas y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, ambas de la Ciudad de México, de conformidad con la fracción IV del arábigo 63 de la Ley de Amparo, dada la negativa de los actos reclamados de las referidas responsables y, por ello, se actualizaba la causa de sobreseimiento prevista en el precepto antes referido.

Por lo que ve al acto que reclamó de la delegación ********** y del titular del Juzgado Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de México, estimó que los conceptos de violación esgrimidos eran fundados y suficientes para conceder la protección federal solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna y el criterio que informa la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 85/2011,(2) que dice:

"... Sentado lo anterior, son fundados los conceptos de violación antes sintetizados, pues el acto reclamado en el presente asunto se hace consistir en la abstención por parte de la delegación **********; Secretaría de Finanzas, y Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todos de esta ciudad, para dar cumplimiento –en el ámbito de sus respectivas competencias– a lo justipreciado en la sentencia definitiva de veinte de febrero de dos mil doce, así como a las diversas interlocutorias de diecisiete de octubre del año en cita, quince de enero de dos mil trece y cinco de enero de dos mil catorce, emitidas en los autos del juicio ordinario mercantil promovido por **********, en contra de la delegación en mención, tramitado ante el Juez Trigésimo Cuarto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, bajo el expediente **********; asimismo, la abstención del Juez responsable de brindarle a la solicitante del amparo el acceso a la tutela judicial efectiva.—Y, es que del escrutinio de las constancias del juicio natural no se advierte la existencia de motivo alguno para evadir o retardar el cumplimiento de las resoluciones indicadas y que son de condena al pago de un numerario, no obstante ser su satisfacción una cuestión de orden público; esto es, no se ha logrado a pesar de los requerimientos que ha realizado el juzgador del conocimiento a la propia demandada.—Claramente se aprecia que desde que se le requirió a la delegación ********** el cumplimiento voluntario de lo sentenciado sólo se ha limitado a indicar que ‘... se están llevando a cabo las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, así como la Consejería Jurídica de la Dirección General de Servicios del Gobierno del Distrito Federal, toda vez que es ne

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28082-3388ec0c/administracion-publica-de-la-federacion-y-de-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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