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Modo: Corpus Pro

ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS A TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA SU VALIDEZ ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN PRESENTE TESTIGOS DE CARGO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. · Registro digital (IUS): 29074
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-10-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, Pág. 2177.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, MARÍA DE LOURDES JUÁREZ SIERRA, CASIMIRO BARRÓN TORRES, LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN, MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, GENARO RIVERA, JOSÉ SÁNCHEZ MOYAHO, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, NOÉ HERRERA PEREA, MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, FELIPE EDUARDO AGUILAR ROSETE, NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA, TARSICIO AGUILERA TRONCOSO, JOSÉ GUERRERO LÁSCARES Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO. DISIDENTE: HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ. PONENTE: NOÉ HERRERA PEREA. SECRETARIO: LUIS JOSÉ GARCÍA VASCO RIVAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia legal. Este Pleno de Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1 y 3 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. En el caso, debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—Criterios cuya contradicción se denuncia. En primer término, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el amparo directo DT. 207/1995, promovido por el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su apoderado, en sesión de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en lo conducente, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO.—El segundo concepto de violación invocado por el secretario de Hacienda quejoso es fundado y suficiente para concederle el amparo.

"Del expediente laboral del que deriva el laudo reclamado, se advierte que **********, por conducto de su apoderada legal **********, demandó del secretario de Hacienda y Crédito Público la nulidad del acuerdo **********, de tres de diciembre de mil novecientos noventa y dos, su reinstalación en el puesto de **********, adscrito a la Aduana de **********, el pago de sus salarios caídos desde el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Fundándose para ello, en que al momento de operar su baja era ********** de la Aduana de **********; que no se instauró en su contra ninguna actuación laboral de fecha siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos y, por lo tanto, es incongruente que, el titular demandado hubiera emitido el acuerdo del día tres del mismo mes; asimismo, negó haber incurrido en las irregularidades que se le atribuyen, ya que siempre ha desempañado su trabajo con dedicación, diligencia, esmero y lealtad; que el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, fue notificado del acuerdo que determinó su cese por incumplimiento de las condiciones generales de trabajo, y que fue requerido para que entregara la documentación que tenía a su cargo y recogiera sus pertenencias; que a partir del diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se le prohibió la entrada al centro de trabajo.

"El titular demandado, al contestar la demanda, por conducto de su apoderada legal **********, negó acción y derecho al actor para solicitar la satisfacción y cumplimiento de las prestaciones reclamadas; opuso las excepciones y defensas de falta de acción y derecho, y exceso en la petición del actor. Al referirse a los hechos, aceptó el primero y tercero, el segundo lo replicó de falso y sostuvo que la fecha que ostenta el acuerdo de baja **********, se debe a un error mecanográfico, el cuarto hecho lo afirmó parcialmente sólo respecto a la notificación de la baja.

"Seguido el juicio laboral en todas sus etapas procesales, la Sala responsable dictó laudo condenatorio.

"Para efectos del concepto de queja en estudio, es necesario referirse a los fundamentos sustentadores del laudo reclamado para no conferirle valor probatorio al acta administrativa del siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos; al respecto, la Primera Sala responsable determinó que, si bien la acta (sic) administrativa fue ratificada por los que en ella intervinieron, no cumple con los requisitos legales que establece el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, puesto que en su levantamiento no intervinieron testigos de cargo y de descargo, además de que el actor negó los hechos imputados.

"En contra de lo afirmado por la Sala, el quejoso aduce en su segundo concepto de violación, que el acto reclamado viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, al determinar que el acta administrativa de siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, no cumple con los requisitos del artículo 46 Bis de la ley burocrática, en virtud de que el citado artículo establece la posibilidad de que comparezcan testigos de cargo y de descargo cuando éstos se propongan, pero no establece la obligación imperiosa de que en el levantamiento del acta necesariamente deban comparecer, sino solamente cuando sean ofrecidos por los titulares o por los propios trabajadores y, por lo tanto, que la Sala interpreta indebidamente el precepto legal.

"El artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional, en lo conducente, establece: (se transcribe)

"Una recta interpretación del precepto transcrito permite arribar a la conclusión de que el jefe superior de la oficina que instaura una acta administrativa y el trabajador en contra de quien se hace, se encuentra en aptitud legal de ofrecer testigos de cargo y descargo, respectivamente, ya que la norma legal en comento les otorga esa prerrogativa. Pero esa facultad, entendida en su correcta acepción tan sólo implica la posibilidad de que puedan proponer testigos, pero no es una obligación que imponga imperativamente que así deban hacerlo; por tanto, la intervención de éstos no es obligatoria e indefectible en los procedimientos en los que se instaure una acta administrativa a un trabajador, sino sólo aquellos casos en que por las circunstancias particulares del caso y por haberles constado los hechos que motivan la controversia los hubieran propuesto las partes en uso del derecho que les asiste.

"Ahora bien, si la proposición de los testigos es una prerrogativa, las partes pueden o no hacer uso de ella, de manera tal que los testigos son órganos de prueba que pueden o no aparecer en un acta administrativa, y en este último caso, la inexistencia de los citados testigos no es razón suficiente para no concederle eficacia probatoria a la acta administrativa en cuestión, máxime que la propia Sala reconoce que la misma fue ratificada por quienes la suscribieron.

"Al no estimarlo así, la autoridad responsable actuó ilegalmente, conculcando las garantías individuales del secretario quejoso, por lo que debe concedérsele el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deje insubsistente el laudo de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, pronunciado en el juicio 905/93, y en su lugar dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine la eficacia probatoria del acta administrativa del siete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, instaurada por el contador público **********, ********** de la Aduana de **********, al trabajador **********, y hecho que sea resuelva conforme a derecho el fondo del negocio, reiterando los demás puntos de la controversia que no formaron parte de la litis constitucional.

"En las relacionadas condiciones resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia ... del tenor siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcriben texto y datos de localización)

"Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 80, 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

"ÚNICO.—La Justicia Federal ampara y protege al secretario de Hacienda y Crédito Público, contra el acto de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en el laudo dictado el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el juicio laboral 905/93, seguido por **********, en contra del hoy quejoso. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria." (fojas 269 a 272 del expediente de denuncia de contradicción de tesis 5/2019)

En segundo lugar, cabe hacer alusión al criterio sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que al resolver el amparo directo DT. 372/2018, promovido por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su apoderado, en lo tocante al tema de contradicción, sostuvo lo siguiente:

"II. Ausencia de los testigos de cargo en el acta administrativa.

"En otra parte de los conceptos de violación, la parte quejosa aduce que la ausencia de testigos de cargo en el acta administrativa, no le resta eficacia probatoria, dado que ello es un derecho para el demandado y no una obligación. Apoya su dicho en la tesis aislada ... de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTAS ADMINISTRATIVAS. INTERVENCIÓN DE TESTIGOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO).’ (se citan texto y datos de localización)

"El argumento se estima infundado.

"Previo a establecer las razones de tal calificativa, a manera de marco conceptual, cabe señalar el contenido de los artículos 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que regulan lo relativo al tema que se trata: (se transcriben)

"Conforme a los preceptos antes reproducidos ningún trabajador del Estado puede ser cesado sino por justa causa, y cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo 46, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en el que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y la de los testigos de cargo y descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en el mismo acto, una copia para el trabajador y otra al representante sindical, y agrega que si a juicio del titular procede demandar la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que al levantarse ésta se hayan agregado.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los dispositivos a los que se ha hecho referencia, ha sostenido que si en el juicio correspondiente el trabajador se excepciona aduciendo que el patrón carece de acción por no haber cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo 46 Bis que se comenta, y el titular no demuestra haber cumplido con dichas exigencias legales, se está en presencia de un caso de improcedencia de la acción intentada y, por lo mismo, dicha acción no debe prosperar.

"Dicho criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia ... de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.’ (se citan contenido, datos de localización y precedentes)

"El Máximo Tribunal también ha sostenido que el titular de la dependencia burocrática del Ejecutivo no puede, jurídicamente, cesar por sí y ante sí a los empleados de base a los que atribuya conductas que configuran alguna de las causales que establece la fracción V del mencionado artículo 46, sino que debe ejercitar una acción de cese mediante demanda que presente ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, estimando necesario que acompañe a su demanda, como documento base de su acción, el acta administrativa que especifica el citado artículo 46 Bis, y en acatamiento, además, a la tesis jurisprudencial antes invocada.

"Así se advierte de la jurisprudencia ... de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO, AL DEMANDAR EL CESE DE AQUÉLLOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (ÚNICA VÍA QUE TIENE PARA OBTENER SU BAJA), DEBE ACOMPAÑAR COMO DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN ACATAMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA Y A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.’ (se reproducen contenido, datos de localización y precedentes)

"En el caso que nos ocupa, la responsable estimó que la demandada no cumplió con lo establecido en el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que el acta administrativa de catorce de marzo de dos mil siete, carecía de testigos de cargo, siendo que fueron quienes presenciaron el desarrollo de los hechos de los que derivó la conducta del trabajador que se pretende sancionar.

"Además, dicha autoridad argumentó que el trabajador tiene derecho a escuchar de viva voz los motivos de la acusación y las razones de los testigos de cargo para justificar el conocimiento de los hechos, y su presencia en el lugar, día y hora en que se cometieron.

"Consideración que este tribunal estima correcta, pues, como se ha señalado, de conformidad con el artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el acta administrativa se debe asentar con toda precisión la declaración de los testigos de cargo, la cual firmarán y se entregará una copia al trabajador, para que pueda conocer con toda claridad los hechos que se le imputan y que constarán en dicha acta, y que serán los que constituirán la materia de la causa de rescisión respectiva.

"Sin que asista razón a la parte quejosa, al aducir que la presentación de los testigos de cargo por parte de la demandada son un derecho y no una obligación, pues, en términos del numeral antes citado, su presentación es necesaria, puesto que son quienes imputan en contra del trabajador los hechos materia de la causa de rescisión que invoca la parte patronal.

"Considerar lo contrario, implicaría denegarle al trabajador su derecho a repreguntar sobre los hechos que constan en dicha acta, relacionados con la causa de rescisión que invoca la parte patronal y, en su caso, desvirtuar su contenido, lo que lo dejaría en estado de indefensión.

"Máxime, que los testigos de cargo, al ser quienes declaran o manifiestan en relación a los hechos materia de la causa de rescisión, deben ratificar el contenido y firma del acta administrativa, para que el trabajador pueda realizarles repreguntas respecto de hechos que se le atribuyen.

"Ello es así, porque el acta administrativa, por ser un documento privado, debe ser ratificado de contenido y firma, para que la persona que tiene un interés contrario al oferente de la misma, pueda repreguntar sobre los hechos que constan en dicha acta relacionados con la causa de rescisión que invoca la parte patronal y, en su caso, desvirtuar su contenido.

"Por ello, si en el acta administrativa, no se hace constar la declaración de los testigos de cargo, no podrá requerírseles para la ratificación de contenido y firma de la misma por no haber participado en ella; lo que implicaría denegarle al trabajador su derecho a repreguntar sobre los hechos que constan en dicha acta, relacionados con la causa de rescisión que invoca la parte patronal y, en su caso, desvirtuar su contenido.

"Apoya lo anterior, la tesis aislada ... del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimo Circuito, de rubro y texto siguientes:

"‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.’ (se mencionan contenido, datos de localización y precedentes)

"Por tales razones, este tribunal no comparte la tesis aislada ... del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que citó la parte quejosa, de rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTAS ADMINISTRATIVAS. INTERVENCIÓN DE TESTIGOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO).’ (se citan contenido, datos de localización y precedentes); pues, como se ha señalado, en razón de la naturaleza de los testigos de cargo, se debe asentar con toda precisión la declaración de los mismos, como lo establece el propio artículo 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que el trabajador pueda conocer con toda claridad los hechos que se le imputan y que constarán en dicha acta, dado que son los que constituirán la materia de la causa de rescisión respectiva.

"Por lo anterior, ante el incumplimiento del requisito señalado en el artículo 46 Bis, fue correcto que la responsable estimara que la demandada no acreditó los presupuestos constitutivos de su acción.

"Sin que fuera necesario que el trabajador acreditara sus excepciones como lo argumenta la parte quejosa, dado que al ser el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien ejercitó la acción para demandar la terminación de los efectos del nombramiento del actor, es a dicha dependencia a quien le corresponde la carga de la prueba de la existencia de la causal relativa.

"Por otra parte, en aras de la seguridad y certeza jurídica, con fundamento en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en tesis aislada I.7o.T.2 L, de rubro y texto: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ACTAS ADMINISTRATIVAS. INTERVENCIÓN DE TESTIGOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 46 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO).’ (se transcribe el contenido), y el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimo Circuito, sustentado en la tesis aislada de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ACTAS ADMINISTRATIVAS IMPRESCINDIBLES PARA EL CESE DE LOS.’ (se cita el texto) que conforma la materia de la presente ejecutoria ..." (fojas 317 a 322)

QUINTO (SIC).—Existencia de la contradicción de tesis.

En principio, para establecer si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, conviene precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio que adopta un juzgador a través de argumentaciones de índole lógico jurídico para justificar su decisión en una controversia determinada y, por tanto, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos órganos jurisdiccionales terminales adoptan razonamientos jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que rodean esos puntos de derecho no sean exactamente iguales; además de que debe estimarse existente la contradicción de criterios cuando se adviertan no solamente posiciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central, se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, derivadas de la complejidad de los supuestos legales aplicables, pues para la identificación de un problema jurídico central es indiferente el origen del mismo, ya sea que se ubique en aspectos accesorios o secundarios de cada una de las resoluciones.

Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 72/2010, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:(1)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

También cobra aplicación, la tesis aislada P. XLVII/2009, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."

Asimismo, en torno a las condiciones que deben reunirse para la existencia de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, es necesario que se actualicen los siguientes requisitos:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que ejercieron arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

2. Que entre los ejercicios interpretativos se halle al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación realizada gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sirve de sustento a lo considerado, la tesis de jurisprudencia 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Además, cabe precisar que la circunstancia de que el criterio de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados (denunciante) no esté expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva, no es obstáculo para que este Pleno de Circuito se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata pues, a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia P./J. 27/2001, emitida por el Pleno de la Supr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29074-bfbd57e6/actas-administrativas-levantadas-a-trabajadores-al-servicio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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