TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. PARA EL CESE DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO SON INAPLICABLES LOS ARTÍCULOS 46, 46 BIS Y 127 BIS DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 470/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES Y SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
De donde deriva que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
Por otra parte, el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que conoció del amparo directo **********, dictó resolución, precedida de los antecedentes que tomó en consideración derivados del juicio laboral de donde proviene el acto reclamado.
• Demanda laboral. Ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, un trabajador demandó del **********, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato de trabajo en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando sus servicios, y conforme a las condiciones generales de trabajo, que rigen las relaciones laborales en la sociedad demandada, pactadas con el sindicato, ya que por segunda ocasión fue despedido injustificadamente.
• Contestación a la demanda. La sociedad nacional de crédito demandada negó acción y derecho al actor, pues expuso que se determinó el cese de su nombramiento y relación laboral, sin responsabilidad para la institución y por causas imputables al demandante.
Que con independencia de que el actor ocupó un cargo de confianza, incurrió en faltas de respeto para sus compañeros y superiores jerárquicos, con manifestaciones prepotentes y fuera de contexto que dieron lugar al cese de los efectos de su nombramiento.
Que aun cuando de acuerdo con las leyes que rigen lo relativo al apartado B del artículo 123 constitucional no existe el requisito para los patrones de dar a sus empleados un aviso escrito de cese o separación, sí lo hizo con el actor.
Precisó que se entregó al reclamante el aviso escrito, en el que se notificaba el cese de referencia, detallándosele tanto los fundamentos jurídicos como las causas y motivos de tal decisión, enterándose de su contenido que se le leyó en voz alta y una vez hecho esto, el actor se negó a recibirlo en definitiva, devolviéndole el original y negándose también a firmar una copia de éste, todo lo cual ocurrió en presencia de los demás empleados, con lo cual se colmaron los supuestos de los tres últimos párrafos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, sin obligación y sólo con el objeto de dar claridad y precisión a esa decisión.
Los fundamentos legales que se mencionaron en dicho aviso escrito, consisten en el artículo 20, fracciones II, III, X, Xl, XIV y XV, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracciones I, III, X, Xl, XIV y XV del artículo 140 de las condiciones generales de trabajo vigentes en el **********, y supletoriamente en las fracciones II, IV, XII y XV de los artículos 47, 185 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
• Primer laudo. La Sala responsable pronunció laudo, contra el cual se promovió juicio de amparo del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el que concedió la protección constitucional para el efecto de que la Sala responsable dictara un nuevo laudo en el que prescindiera de considerar al actor, trabajador de confianza, y hecho lo cual, con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera.
• Segundo Laudo (acto reclamado). En cumplimiento de la referida ejecutoria, la Sala responsable pronunció laudo en el que sostuvo que era de confianza la plaza que ocupó el actor y condenó a la parte demandada al cumplimiento del contrato de trabajo.
Que el demandado con ninguna de las pruebas aportadas acredita que el actor haya incurrido en faltas de probidad y honradez, actos de amagos e injurias en contra de los funcionarios y compañeros de trabajo y, por ende, en las causales de cese de los efectos de su nombramiento previstas en los artículos 20, fracciones I, II, X y XI, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 140, fracciones II, X y XI, de las condiciones generales de trabajo del demandado.
Concluyó que al haberse impedido al demandante el ingreso a su centro de trabajo tal y como lo manifestaron los testigos incurrió en un despido injustificado en perjuicio del trabajador y condenó al demandado al cumplimiento del contrato de trabajo y, como consecuencia de ello, a reinstalarlo.
Inconforme con el laudo anterior, el ********** promovió juicio de amparo DT. **********, y expuso como conceptos de violación, entre otros, que el laudo es violatorio, en virtud de que ofreció la prueba testimonial de las personas que deberían haber declarado en relación con la causa del cese; sin embargo, no obstante que se admitió la prueba, no se desahogó y trascendió al resultado del laudo, ya que condenó al banco a reinstalar al trabajador.
Del juicio de garantías correspondió el conocimiento al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, quien resolvió negar el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
"QUINTO. Son fundados pero inoperantes los anteriores conceptos de violación ... se actualiza en la especie la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, por no haberse recibido la prueba testimonial conforme lo establece la ley, y haber trascendido al resultado del fallo, ya que la Junta responsable condenó al ********** al cumplimiento del contrato de trabajo, y como consecuencia, a reinstalar a ********** en el puesto o categoría de **********, adscrito al órgano interno de control, al pago de los salarios caídos con incrementos, es evidente que la Sala del conocimiento conculcó con su proceder en perjuicio del impetrante del amparo sus garantías individuales. No obstante la comisión de la aludida violación en detrimento del impetrante de garantías, a nada práctico conduciría conceder el amparo para que la responsable desahogara la prueba testimonial en comentario, que es de lo que se duele el amparista, pues no obstante que la autoridad responsable cumpliera con ello, la misma Sala o en su caso este Tribunal Colegiado, a través de un nuevo juicio de amparo tendría que resolver el negocio en contra de los intereses del solicitante de garantías. ... En efecto, el actor ********** demandó del **********, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato de trabajo en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando sus servicios, en virtud del cese injustificado del cual dijo fue objeto. En el capítulo de hechos refirió que el veintiocho de noviembre de dos mil siete se presentó a su trabajo siendo aproximadamente las ocho horas con cincuenta y cinco minutos en **********, número **********, planta baja, colonia ********** de la delegación **********, y el personal de seguridad le impidió registrar su entrada a sus labores, así como la entrada al lugar de trabajo, manifestándole ‘lo siento tengo órdenes del señor ********** de no dejarlo entrar ya que está despedido’, hechos que sucedieron en presencia de varias personas, en la recepción del inmueble. El ********** al dar contestación a la demanda manifestó que el trabajador carecía de acción y derecho para demandar las prestaciones que reclamaba, toda vez que el injustificado despido nunca existió, siendo lo cierto que el demandado determinó el cese de su nombramiento y la relación laboral, sin responsabilidad para el banco demandado, cese que se llevó a cabo por causas imputables al reclamante y citó como fundamento del cese los artículos (sic) 20, fracciones II, III, X, XI, XIV y XV, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Federal, fracciones I, III, X, XI, XIV y XV del artículo 140 de las condiciones generales de trabajo vigentes en el **********, y supletoriamente en las fracciones II, IV, XII y XV de los artículos 47, 185 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (foja ciento cincuenta y nueve). Al resolver, la Sala del conocimiento analizó las causales de cese y desestimó la excepción opuesta por el banco demandado que hizo consistir en faltas de probidad y honradez, desobediencia a las órdenes de su patrón, alteración del orden y la disciplina del centro de trabajo, injurias y amenazas en contra de compañeros y superiores jerárquicos, lo que motivó la rescisión de su contrato individual de trabajo con causa justificada y sin ninguna responsabilidad para el demandado. Sin embargo, la Sala soslayó que, en el caso, la patronal debió solicitar el cese ante la autoridad laboral. Lo apuntado es importante, porque tratándose de trabajadores burocráticos, que tienen la calidad de base (por ejecutoria dictada en el DT. ********** este tribunal determinó que la estabilidad en el empleo del trabajador ********** era cosa juzgada), para solicitar su cese bajo la causal de falta de probidad u honradez, como ocurrió en la especie, en el que la institución bancaria demandada basó su decisión rescisoria en esos motivos, debió acudir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de solicitar la autorización para el cese correspondiente, lo cual no hizo, pues no existe manifestación ni probanza al respecto. Lo anterior se desprende de la fracción XIII Bis, del apartado B, del artículo 123 constitucional, que en el artículo 5o. dispone: ‘Artículo 5o. Las relaciones laborales materia de esta ley les serán aplicables, en cuanto no se opongan a ella, las disposiciones contenidas en los títulos tercero, cuarto, séptimo, octavo y décimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.’. Dentro del título séptimo denominado ‘Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo.’, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se encuentra el artículo 127 BIS, que consigna lo siguiente: ‘Artículo 127 BIS. El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se desarrollará en la siguiente forma: La dependencia presentará por escrito su demanda, acompañada del acta administrativa y de los documentos a que alude el artículo 46 Bis, solicitando en el mismo acto el desahogo de las demás pruebas que sea posible rendir durante la audiencia a que se refiere la siguiente fracción; ...’. El artículo 46 BIS (Adicionado, D.O.F. de 1975), que se invoca en el aludido numeral, dispone: ‘Artículo 46 BIS. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical. Si a juicio del titular procede demandar ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se hayan agregado a la misma.’. De los preceptos indicados se desprende la necesidad de levantar acta administrativa por la conducta del servidor en los casos de la fracción V del artículo 46, y que dicha constancia debe acompañarse como documento base de la acción si el titular demanda, cumpliéndose con el procedimiento que se especifica en tales supuestos. Asimismo, cabe señalar que la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, que el titular de una dependencia, tratándose de los casos en que el empleado de base incurre en alguna de las causales de la fracción V del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no tiene facultad legal de decidir el cese, sino que tiene que sujetarse al único procedimiento a su alcance -el de la acción jurisdiccional-, el cual de ninguna manera lo deja en estado de indefensión, pues dentro del juicio, como parte actora, tendrá la oportunidad de probar la causa de cese. Sirve de apoyo a la anterior conclusión la jurisprudencia 2a./J. 46/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos setenta y siete del Tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO NO TIENE FACULTADES PARA CESARLOS UNILATERALMENTE POR LAS CAUSALES QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, SINO QUE DEBE DEMANDAR EL CESE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 564, COMPILACIÓN DE 1995, TOMO QUINTO).’ (se transcribe). En ese sentido, si bien es cierto que la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé expresamente el mecanismo a seguir cuando se actualizan las causas de cese de los efectos del nombramiento de un trabajador de base, no menos lo es que la indicada omisión no puede tener el alcance de dejar en estado de indefensión a los trabajadores que se ubiquen en alguno de los supuestos del artículo 20 de dicho cuerpo legal, ya que, en todo caso, debe ser respetada su garantía de seguridad jurídica y de audiencia. De acuerdo con lo anterior, debe considerarse que la fracción XIII Bis, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal establece, como ya se vio, en su artículo 5o. que a las relaciones laborales materia de ese cuerpo legal le son aplicables, entre otras, las disposiciones contenidas en los títulos tercero, cuarto, séptimo, octavo y décimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En este orden de ideas, el título séptimo de la ley citada con anterioridad denominado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo consigna en el artículo 127 BIS, transcrito en párrafos anteriores, el procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual se desarrollará de la forma consignada en sus tres fracciones. Por tanto, si la propia Ley Reglamentaria de la Fracción XIII BIS, del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, remite a la aplicación expresa, entre otros, del título séptimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, entonces, la citada remisión legal llena la laguna existente, en cuanto al mecanismo que debe seguirse en el caso de que un servidor público incurra en alguna de las causas por las que cesan los efectos de su nombramiento, contempladas en el artículo 20 de dicho cuerpo legal. Lo anterior se encuentra corroborado con las condiciones generales de trabajo del **********, que obran agregadas al expediente laboral ********** (documental ofrecida como prueba por el tercero perjudicado **********) que en su artículo 3o., dispone: ‘Artículo 3o. Las relaciones laborales entre trabajadores y la institución se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley y en las presentes condiciones; en lo que no se opongan a ellas, por los títulos tercero, cuarto, séptimo, octavo y décimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en lo no previsto se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.’. Consecuentemente, el banco demandado tenía la obligación de ajustarse a los lineamientos previstos en los artículos 46 y 46 BIS de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado para efecto de solicitar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje autorización para cesar los efectos del nombramiento del trabajador **********, lo anterior por remisión expresa del artículo 5o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 Constitucional, y (sic) 3o. de las condiciones generales de trabajo del banco demandado, en cuanto a la aplicación del contenido del título séptimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en particular a lo consignado en el artículo 127 BIS de este ordenamiento legal. Por tanto, si en el caso no se siguió el procedimiento referido, esto es, como la institución demandada decretó la separación por sí y ante sí, y el empleado de base demandó por despido injustificado, la acción debe declararse fundada, pero por estos motivos, tanto porque el titular no tiene facultad para ello, como porque no acató el procedimiento legal establecido para esos casos. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que la ley reglamentaria referida en el artículo 5o. mencionado excluya al título segundo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como de aplicación supletoria, y que en dicho título se contengan los artículos 46 y 46 BIS que regulan el mecanismo para solicitar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje autorización para cesar los efectos del nombramiento de un servidor público, ya que, en el caso, no debe perderse de vista que la propia ley reglamentaria sí remite de manera expresa a la aplicabilidad del título séptimo de la Ley Reglamentaria del Aparto (sic) B del Artículo 123 Constitucional, en cuyo artículo 127 BIS, se insiste, se contiene el procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el indicado Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Razonar en sentido contrario resultaría incongruente, al aceptar que un mismo ordenamiento legal, estableciera, por una parte, la aplicabilidad de un procedimiento para resolver controversias, en la especie, las relacionadas con la terminación de los efectos del nombramiento de un empleado y, por otro, consignara como inaplicable los pasos, etapas o mecanismos para llevarlo a cabo, lo que resulta inaceptable, en razón de la congruencia que debe existir entre los preceptos que conforman un cuerpo legal. ... Así las cosas, aun cuando la Sala responsable no desahogó la prueba testimonial que ofreció con el numeral siete, su omisión no infringió garantías al banco quejoso, dado que esa probanza no beneficiaría al demandado, porque la entrega del aviso y la negativa a recibirlo (lo cual presuntamente se acreditaría con la testimonial de mérito) no es exigible en el procedimiento que se sigue para terminar los efectos del nombramiento del servidor público ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues basta con que se acompañe a la demanda respectiva, como documento base de la acción, el acta administrativa que especifica el artículo 46 BIS de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y en acatamiento, además, a la jurisprudencia 2a./J. 45/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se titula: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TITULAR DE LA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO, AL DEMANDAR EL CESE DE AQUÉLLOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (ÚNICA VÍA QUE TIENE PARA OBTENER SU BAJA), DEBE ACOMPAÑAR COMO DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN ACATAMIENTO A LA LEY DE LA MATERIA Y A LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.’. Pero suponiendo que fuese aplicable el procedimiento expuesto en la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, que como ya se explicó el aplicable es el del apartado B del supradicho numeral, aun cuando el citado aviso formara parte del procedimiento de cese ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, lo cierto es que la institución crediticia quejosa debió acreditar no sólo que se lo dio a conocer al trabajador, y que éste se negó a recibirlo, sino también que agotó el procedimiento paraprocesal para su notificación, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 142/2011, sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘AVISO DE RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR SE NIEGUE A FIRMAR POR SU RECIBO, OBLIGA AL PATRÓN A AGOTAR EL PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL.’, circunstancia que no quedó evidenciada en autos; siendo ésta una razón más para estimar que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección federal para que la Sala responsable desahogara la testimonial de que se trata, si ello no variaría el sentido del laudo. Por tanto, todas las manifestaciones vertidas por el banco quejoso en el sentido de que la Sala hizo una valoración deficiente de las pruebas testimoniales que ofreció, son infundadas, porque van dirigidas al fondo de la causa que motivó el cese, y aun colocados en el supuesto de que la Sala las haya valorado incorrectamente, no se puede dejar de lado la formalidad legal para dar por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad del patrón equiparado. De igual forma deviene irrelevante lo alegado en torno a la valoración que hizo la responsable respecto a la prueba testimonial ofrecida por el actor, con la cual manifestó la Sala responsable que éste acreditó el despido, dado que si el banco demandado no demostró que siguió el procedimiento para dar por terminado los efectos del nombramiento del trabajador ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, resulta esto suficiente para considerar que el cese es injustificado. Así las cosas, ante la ineficacia de los conceptos de violación propuestos, lo procedente es negar el amparo solicitado por el ********** (sic). ... La anterior negativa debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al presidente y actuario adscritos a la Junta responsable por no reclamarse por vicios propios sino como consecuencia del laudo reclamado, en atención a lo establecido en la jurisprudencia número noventa y uno, que aparece publicada en la página setenta y dos del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que es del tenor literal siguiente: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.’ (se transcribe)."
Las consideraciones anteriores dieron motivo a la emisión de la tesis, con los siguientes datos de identificación, rubro y texto:
"Décima Época
"Núm. Registro IUS: 2000036
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo 5, Libro III, diciembre de 2011
"Materia: laboral
"Tesis: I.3o.T.1 L (10a.)
"Página: 3886
"TRABAJADORES BANCARIOS. PARA EL CESE DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO EL TITULAR DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA Y CRÉDITO RESPECTIVA TIENE QUE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. El artículo 5o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Federal, dispone que a las relaciones laborales de los trabajadores regulados por dicha ley reglamentaria, le son aplicables, en cuanto no se opongan a ella, las disposiciones contenidas en los títulos tercero, cuarto, séptimo, octavo y décimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Asimismo, el artículo 46 Bis, del título segundo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece la necesidad de levantar un acta administrativa por la conducta del servidor en los casos de la fracción V, del artículo 46, de ese ordenamiento legal. Por otro lado, el artículo 127 Bis del título séptimo denominado ‘Del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del Procedimiento ante el mismo’, consigna el procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En este sentido, si bien es cierto que la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevé expresamente el mecanismo a seguir cuando se actualizan las causas de cese de los efectos del nombramiento de un trabajador de base, no menos lo es que su artículo 5o. remite a la aplicación expresa, entre otros, del título séptimo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual llena la laguna existente, en cuanto al procedimiento que debe seguirse en el caso de que un s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24085-9c2acf07/trabajadores-al-servicio-de-las-sociedades-nacionales-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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