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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO. FORMAS DE ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS CUANDO CUENTAN CON UNA CONDENA DE REINSTALACIÓN A SU FAVOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 129/2024. · Registro digital (IUS): 32950
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-01-24
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo IV, Volumen 1, Pág.265.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 129/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 8 DE NOVIEMBRE DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS GUADALUPE MADRIGAL BUENO Y MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR, Y DEL MAGISTRADO HÉCTOR LARA GONZÁLEZ. PONENTE: MAGISTRADA GUADALUPE MADRIGAL BUENO. SECRETARIO: EDUARDO ALFONSO GUERRERO SERRANO.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria correspondiente al día ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

1. Que resuelve la contradicción de criterios 129/2024, suscitada entre el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

I. TRÁMITE

2. Denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por oficio 40/2024, el Juez de Distrito adscrito al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala denunció ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de criterios entre los sustentados por Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 955/2005; el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 13/2023 y, por último, el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el recurso de queja 311/2023.

3. Admisión. Por acuerdo de siete de marzo de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número 65/2024.

4. Sentencia de la Segunda Sala. En sesión de cinco de junio de dos mil veinticuatro, la Segunda Sala del Alto Tribunal se declaró legalmente incompetente para resolver la contradicción de criterios respecto de los sustentados por los tribunales colegiados en materia de trabajo del primer y séptimo Circuitos, ambos pertenecientes a la región Centro-Sur, por lo que ordenó remitir los autos a este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo en la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, por ser el órgano competente para efectuar el pronunciamiento respectivo.

5. Asimismo, consideró que únicamente subsistía el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, perteneciente a la región centro-norte, por lo que determinó que no existían las condiciones para configurar una contradicción de criterios y la declaró improcedente.

6. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante proveído de veintiocho de junio de dos mil veinticuatro, el magistrado presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio CT-1445/2024, de la Subsecretaría de Acuerdos de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus anexos, así como la versión electrónica de la sentencia emitida el cinco de junio de dos mil veinticuatro en la contradicción de criterios 65/2024; por lo que instruyó formar el expediente electrónico 129/2024, y admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios entre los sustentados por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito

7. En el mismo proveído, solicitó a los órganos contendientes que informaran si los criterios en que apoyaron sus respectivas determinaciones continuaban vigentes o que, en su caso, remitieran las resoluciones a través de las cuales los hubieren abandonado o modificado; asimismo, solicitó acceso a los expedientes electrónicos de sus respectivos índices a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

8. Paralelamente, el magistrado presidente ordenó hacer del conocimiento del Director General de Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la admisión del presente asunto y le solicitó que informara si en el sistema de seguimiento de contradicciones de criterios pendientes por resolver en ese Alto Tribunal, se encontraba radicada alguna contradicción de criterios en la que el tema a dilucidar guardara relación con este caso.

9. Finalmente, en el mismo proveído, el magistrado presidente turnó el presente asunto a la ponencia a cargo de la magistrada Rosa María Galván Zárate, para la elaboración del proyecto respectivo, en el entendido que el turno electrónico sería confirmado una vez integrado en su totalidad el expediente.

10. En acuerdo de tres de julio de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio I-699, suscrito por el magistrado presidente del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a través del cual comunicó que el criterio sustentado en el recurso de queja 955/2005, fue abandonado por ese órgano al resolver los diversos recursos de queja 61/2019 y 72/2022; remitió las resoluciones correspondientes e hizo saber que giró instrucciones para que se pusieran a disposición de este Pleno Regional los expedientes electrónicos respectivos.

11. En auto de cuatro de julio de dos mil veinticuatro, se recibió un oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en el cual informó que se encontraba realizando las gestiones necesarias para informar a este Pleno Regional si el criterio sustentado en la queja 13/2023 se encontraba vigente, o si fue superado por diversa resolución.

12. En proveído de diez de julio de dos mil veinticuatro, se recibió el diverso auto de ocho de julio de la misma anualidad, dictado por la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en el cual indicó que el criterio sustentado en el recurso de queja 13/2023 fue modificado al resolver el diverso recurso de queja 162/2023; por lo que remitió la ejecutoria respectiva.

13. Por oficio DGCCST/X/646/07/2024, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a este Pleno Regional que no se encontraba radicada ante ese Alto Tribunal contradicción de criterios alguna que versara sobre el mismo punto jurídico que dio lugar a la presente denuncia; por tanto, al hallarse debidamente integrado el expediente, en auto de quince de julio de dos mil veinticuatro se confirmó el turno electrónico del presente asunto a la ponencia C, en ese entonces a cargo de la Magistrada Rosa María Galván Zárate.

14. Finalmente, en proveído de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro se tuvo por recibido el oficio SEADS/2903/2024, de diez de julio del mismo año, firmado por el Secretario Ejecutivo de adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se informó la adscripción a este Pleno Regional de la Magistrada Guadalupe Madrigal Bueno, en sustitución de la Magistrada Rosa María Galván Zárate, con efectos a partir del dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro; por lo que el presente asunto se returnó para su estudio a la primera de las nombradas, conforme a los artículos 37, 38, 41 y 44, del Acuerdo General 67/2022, Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales.

II. COMPETENCIA

15. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos de los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 1, del Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; y 1, 2 y 3, del Acuerdo General 38/2023, acuerdos generales todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la denuncia se planteó respecto de criterios sustentados por Tribunales Colegiados del primer y séptimo circuitos, pertenecientes a la región centro-sur, especializados en materia laboral.

III. LEGITIMACIÓN

16. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, porque fue formulada por el Juez de Distrito adscrito al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tlaxcala, con sede en Tlaxcala, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

17. A continuación, se sintetizarán los antecedentes relevantes para la resolución de la presente contradicción de criterios.

Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del

Primer Circuito

Recurso de queja 955/2005

18. Demanda laboral. Una persona trabajadora demandó de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, principalmente, la reinstalación en su puesto de trabajo con motivo de un despido injustificado.

19. Laudo condenatorio. Seguida la secuela procesal, la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje condenó a la secretaría demandada a reinstalar a la parte actora, entre otras condenas y absoluciones.

20. Amparo directo. Inconforme, la secretaría demandada promovió amparo directo y solicitó la suspensión del laudo reclamado.

21. Suspensión. La Sala responsable concedió la suspensión solicitada por la parte quejosa sin imponerle fianza o garantía alguna, ni establecer mecanismos para asegurar la subsistencia de la parte trabajadora que obtuvo laudo favorable en tanto se resolviera el juicio de amparo promovido por la patronal equiparada.

22. Recurso de queja. Contra esa determinación, la persona trabajadora interpuso el referido medio de impugnación.

23. Esencialmente, sostuvo que fue violatorio del artículo 174 de la abrogada Ley de Amparo,(1) que la responsable otorgara la suspensión a la parte quejosa sin tomar en consideración el peligro de no poder subsistir en el que se colocaba a la recurrente, en su calidad de persona trabajadora.

24. Resolución. En sesión de diez de febrero de dos mil seis, el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró fundados los agravios planteados por la persona trabajadora recurrente y negó la suspensión a la parte patronal respecto de la condena a la reinstalación.

25. Al respecto, razonó que la suspensión de los laudos favorables a las personas trabajadoras, ya fueran aquellas comprendidas por el apartado A o B del artículo 123 de la Constitución Federal, únicamente era procedente en cuanto excediera de lo necesario para asegurar su subsistencia, por disposición expresa del artículo 174 de la Ley de Amparo (actualmente abrogada).

26. Luego, determinó que la suspensión solicitada por la parte patronal debió negarse con respecto a la condena de reinstalación decretada por la responsable, puesto que "la mejor manera" para asegurar la subsistencia de la persona trabajadora mientras se resolviera el juicio de amparo, era reincorporarla a su empleo.

27. Apoyó su determinación, entre otras, en la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"SUSPENSIÓN EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo, previene que tratándose de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente de la Junta responsable, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir, mientras se resuelve el juicio de amparo, casos en los cuales sólo se suspenderá la ejecución, en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido, que no existe mejor manera de garantizar esa subsistencia, que reintegrar al trabajador en su trabajo; por lo que si en un laudo se condenó al patrono a esa reinstalación y al pago de salarios devengados, y la suspensión se negó contra dicha reinstalación, procede concederla por lo que toca al pago de los salarios, previa fianza que se otorgue en los términos del artículo 173 de la ley citada, ya que en tales condiciones, queda asegurada la subsistencia del trabajador".(2)

28. La anterior postura fue plasmada por el Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis aislada I.15o.T.12 L, de rubro y texto:

"SUSPENSIÓN CONTRA LA REINSTALACIÓN DE UN TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE NEGARLA PARA ASEGURAR SU SUBSISTENCIA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 654 PUBLICADA EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-2000, TOMO V, MATERIA DEL TRABAJO, PÁGINA 531). La entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia 654, de rubro "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONTRA SU REINSTALACIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN A LAS DEPENDENCIAS BUROCRÁTICAS.", sostuvo que contra los laudos del tribunal de arbitraje que condenan a reinstalar en su empleo a trabajadores del Estado, procede otorgar la suspensión, sin fianza, a las dependencias burocráticas, porque debe conceptuárseles solventes para responder de las obligaciones que les resulten. Ahora bien, este Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se reformó la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y republicado el once de ese propio mes y año, considera que dicho criterio jurisprudencial debe interrumpirse, en virtud de que se emitió en la época en que el artículo 174 de la invocada ley sólo se refería a la obligación de asegurar la subsistencia del trabajador tratándose de laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, es decir, imponía ese deber a los presidentes de esos órganos; sin embargo, el texto actual de ese artículo se refiere a los presidentes de los tribunales de trabajo, esto es, comprende a los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y a los de sus Salas. Además, la razón en que se sustenta la mencionada jurisprudencia para sostener que procedía la suspensión contra la reinstalación, consistió en que las dependencias burocráticas son solventes para responder de las obligaciones derivadas de un juicio laboral; razón que si bien tiene trascendencia en lo que concierne a la condena de índole económica, respecto de la cual es importante la solvencia de quien resultó condenado, es inatendible para cumplir con la obligación que impone el aludido precepto de asegurar la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, objetivo que se logra de mejor manera a través de la negativa de la suspensión contra la reinstalación, que permite que el laudo se ejecute inmediatamente para reponer al trabajador en su empleo".(3)

29. Abandono de criterio. Como se relató previamente, el magistrado presidente del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito informó que el criterio sustentado en el recurso de queja 955/2005 fue abandonado al resolver los diversos recursos de queja 61/2019 y 72/2022, que se resumirán a continuación.

Recurso de queja 61/2019

30. Demanda laboral. Una persona trabajadora demandó a diversas personas físicas y morales la reinstalación en su puesto de trabajo, entre otras prestaciones; asimismo, formuló diversos reclamos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

31. Laudo condenatorio. Seguida la secuela procesal, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México condenó a las personas morales demandadas a la reinstalación de la actora, y al pago de los salarios caídos hasta el cumplimiento del laudo, entre otras condenas y absoluciones.

32. Amparo directo. Inconforme, el apoderado legal de las empresas demandadas promovió juicio de amparo directo y solicitó la suspensión del laudo reclamado.

33. Suspensión. La Junta responsable negó la suspensión solicitada respecto de la reinstalación de la persona trabajadora, porque consideró que de esa manera se aseguraría su subsistencia en tanto se resolviera el juicio de amparo; en cambio, concedió la suspensión por el resto de las condenas.

34. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación la parte actora interpuso recurso de queja.

35. En sus agravios sostuvo que, con independencia a la negativa de suspender la ejecución de la reinstalación, la autoridad responsable debió determinar la suma económica necesaria para asegurar su subsistencia hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo directo.

36. Resolución. En sesión de cuatro de abril de dos mil diecinueve, los integrantes del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito declararon fundado el recurso.

37. Toralmente, sostuvieron que la responsable debió fijar la cantidad necesaria para asegurar la subsistencia de la parte trabajadora hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 190, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente.(4)

38. Precisaron que la posibilidad de efectuar la reinstalación de la persona trabajadora no era la "la forma de garantizar su subsistencia", porque la cláusula de protección contenida en la citada disposición de la Ley de Amparo implicaba necesariamente la entrega de una cantidad líquida para tal efecto, como se desprendía de la tesis jurisprudencial 2a./J. 94/2018, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. RESPECTO DEL EXCEDENTE QUE ASEGURE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, EL QUEJOSO DEBE OTORGAR GARANTÍA PARA REPARAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON LA CONCESIÓN DE AQUÉLLA. El artículo 190, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte trabajadora en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. En concreto, la expresión "en peligro de no subsistir" representa una cláusula de protección al trabajador que descansa en dos principios del derecho del trabajo, que son la idea de la dignidad humana y la de una existencia decorosa, ante la fragilidad que para su sustento pudiera encontrarse al no recibir una condena líquida determinada a su favor, garantizando que durante el lapso en que se tramita y resuelve la controversia cuente con los recursos necesarios para subsistir dignamente. Por su parte, el artículo 132 de la misma ley prevé que en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a un tercero y ésta se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios originados de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. De lo anterior deriva que a diferencia de la cláusula de protección, los daños y perjuicios se sitúan en un momento posterior dentro del incidente de suspensión, más aún, son una consecuencia de ésta y, por ende, representan figuras diversas que encuentran cabida dentro de la tramitación de la medida cautelar en amparo directo sin encontrar confronta entre ellas. En consecuencia, de proceder la suspensión en esos términos, el quejoso deberá entregar la cantidad considerada como necesaria para que subsista el trabajador y, además, otorgar garantía suficiente para reparar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con su concesión".(5) 39. Asimismo, invocaron la jurisprudencia 2a./J. 209/2006, de rubro y texto:

"SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal –por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde– por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena".(6)

40. En consecuencia, el órgano colegiado reasumió jurisdicción, concedió la suspensión respecto de la condena de reinstalación y determinó el monto que la patronal quejosa debía entregar a la recurrente para asegurar su subsistencia en tanto se resolviera el juicio de amparo.

Recurso de queja 72/2022

41. Demanda laboral. Un trabajador demandó al Instituto Mexicano del Petróleo y Petróleos Mexicanos la reinstalación en su puesto de trabajo ante un despido injustificado, entre otras prestaciones.

42. Laudo condenatorio. La Junta Especial Número Siete Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México determinó que el trabajador no acreditó su relación de trabajo con Petróleos Mexicanos y, en cambio, condenó al Instituto Mexicano del Petróleo a reinstalar al operario en el puesto que desempeñaba, entre otras condenas y absoluciones.

43. Amparo directo. Inconforme, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Petróleo promovió juicio de amparo directo y solicitó la suspensión del laudo reclamado.

44. Suspensión. La Junta responsable negó la suspensión solicitada por la patronal respecto de la reinstalación de la persona trabajadora y la concedió por el resto de las condenas.

45. Recurso de queja. Contra esa determinación, la patronal quejosa interpuso el referido medio de impugnación.

46. En vía de agravios manifestó, esencialmente, que debía suspenderse la ejecución de la reinstalación y fijarse un monto líquido tendente a asegurar la subsistencia de la parte trabajadora.

47. Resolución. En sentencia de siete de julio de dos mil veintidós los integrantes del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito declararon fundado el agravio hecho valer por la patronal quejosa.

48. Para llegar a tal conclusión, proporcionaron razones semejantes a las sustentadas en el recurso de queja 61/2019, a saber, que el artículo 190 de la Ley de Amparo establecía una cláusula protectora dirigida a las personas trabajadoras que hubieren obtenido un laudo favorable, consistente en la entrega de un importe suficiente para asegurar su subsistencia en tanto se resolviera el juicio de amparo.

49. Asimismo, destacaron que al demostrarse en juicio la existencia del despido injustificado y condenarse a la patronal, ya fuera a la reinstalación o al pago de la indemnización constitucional, prevalecía la presunción de que la persona trabajadora carecía de los medios necesarios para subsistir.

50. Así, concedieron la suspensión del laudo reclamado por lo que hace a la condena de reinstalación, reasumieron jurisdicción y fijaron el importe correspondiente para asegurar la subsistencia de la parte trabajadora por el tiempo que durara el juicio de amparo directo.

Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del

Séptimo Circuito

Recurso de queja 13/2023

51. Demanda laboral. Una persona trabajadora promovió juicio laboral en contra de Pemex Logística y otras, de quienes demandó diversas prestaciones, entre ellas, la reinstalación en su puesto de trabajo a raíz de un despido injustificado.

52. Sentencia condenatoria. Seguida la secuela procesal, el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz emitió sentencia en la que condenó a la referida demandada a reinstalar al actor en su puesto de trabajo, entre otras prestaciones.

53. Amparo directo. La demandada promovió juicio de amparo directo y solicitó la suspensión de la sentencia reclamada.

54. Suspensión. El Tribunal Laboral responsable concedió la suspensión respecto de la condena de reinstalación y la negó por el importe equivalente a seis meses de salario, que estimó necesario para asegurar la subsistencia de la parte trabajadora en tanto se resolviera el juicio de amparo directo.

55. Recurso de queja. Inconforme con esa determinación la patronal quejosa interpuso recurso de queja.

56. En su escrito de agravios afirmó que, al haberse condenado a la reinstalación del trabajador, era jurídicamente incorrecto que se fijara una cantidad económica para asegurar su subsistencia, porque la forma de hacerlo era negar la suspensión respecto de dicha reinstalación.

57. Incompetencia para resolver el recurso. El medio de impugnación fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, cuyos integrantes, en sesión de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, declararon carecer de competencia para resolverlo, en virtud que el juicio de amparo directo vinculado al recurso se hallaba radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.

58. Resolución. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito admitió a trámite el medio de impugnación y, en sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, calificó fundados los agravios hechos valer por la recurrente.

59. Los magistrados integrantes de ese órgano precisaron que, de conformidad con el artículo 190, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, tratándose de la suspensión de resoluciones favorables a la parte trabajadora, la suspensión de su ejecución sólo procedía en cuanto excediera del importe necesario para asegurar su subsistencia.

60. Sin embargo, puntualizaron que en aquellos casos en los cuales la condena principal consistiera en la reinstalación, negar la medida suspensional respecto de la ejecución de esa condena era la manera de asegurar la subsistencia de la persona trabajadora, porque al reincorporarse a su empleo se haría acreedora a la remuneración necesaria para tal efecto.

61. Mas aún, precisaron que la parte patronal recurrente conservaba su derecho para solicitar a la autoridad responsable la ejecución de la reinstalación, con el propósito de asegurar la subsistencia de la persona trabajadora.

62. Consecuentemente, el órgano colegiado reasumió jurisdicción y, para efecto de asegurar la subsistencia de la persona trabajadora, negó la suspensión de la ejecución de la sentencia reclamada en lo tocante a la condena de reinstalación.

63. Como sustento de su decisión, invocaron las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 62/2003 SS, que en lo conducente señaló:

"De lo expuesto se deduce que la suspensión de la ejecución de un laudo favorable al trabajador se rige por un mecanismo que contiene tanto principios generales como principios específicos que deben tomarse en cuenta para conceder la suspensión de la ejecución del laudo, ya sea por el monto total de las condenas cuando el trabajador no se encuentra en peligro de subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, condicionados los efectos de la medida al otorgamiento de la caución correspondiente, o bien, en forma parcial cuando sea necesario asegurar la subsistencia del obrero, en cuyo caso debe negarse la suspensión por el monto estimado que le permita subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, salvo que se trate de una condena de reinstalación, pues en este supuesto la negativa de la medida cautelar es para que se ejecute el laudo en esa parte, de conformidad con los criterios que ha sustentado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación [...]".

64. Modificación de criterio. Mediante proveído de ocho de julio de dos mil veinticuatro, dictado en el recurso de queja 13/2023, la Magistrada Presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito ordenó que se informara a este Pleno Regional que el criterio sustentado en ese asunto fue modificado al dictar resolución en el recurso de queja 162/2023.

Recurso de queja 162/2023

65. Demanda laboral. Una persona trabajadora demandó a Petróleos Mexicanos y Pemex Logística, entre otras prestaciones, la reinstalación en su puesto de trabajo, al haber sido objeto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32950-4aadbd9e/suspension-en-amparo-directo-formas-de-asegurar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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