I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (ARTÍCULOS 34 Y 35, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS). II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS, TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO Y EL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA, AL SER UN ÓRGANO SUBORDINADO AL PODER EJECUTIVO DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS RECAE EN LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA ENTIDAD (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDA LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTE (ARTÍCULO 36, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY ORGÁNICA PARA EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS). V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LA CONSEJERA JURÍDICA, EN REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO LOCAL, RELATIVA A LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ QUE CONTROVIERTAN SU ACTUAR POR VICIOS PROPIOS RESPECTO DE LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL DECRETO IMPUGNADO, AL HABER PARTICIPADO EN EL PROCESO DE SU CREACIÓN (ARTÍCULO 2 DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. VII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. SU FINALIDAD Y LÍMITES A NIVEL ESTATAL CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 116, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VIII. PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. EXIGE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS PODERES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPESOS TENDENTE A EVITAR LA CONSOLIDACIÓN DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO QUE PUEDA PRODUCIR UNA DISTORSIÓN EN EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE Y CON ELLO GENERAR UNA AFECTACIÓN A LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS, A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES O SUS GARANTÍAS. IX. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. X. AUTONOMÍA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN PARA QUE EJERZAN SUS FUNCIONES CON PLENA INDEPENDENCIA. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XII. AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS EN LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA POR AQUÉL, CON CARGO A SU PARTIDA PRESUPUESTAL, LESIONA SU INDEPENDENCIA EN GRADO DE SUBORDINACIÓN Y TRANSGREDE EL PRINCIPIO RELATIVO (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISADOS EN EL ANEXO 2 DEL ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DECRETO NÚMERO QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE, POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y LAS PARTIDAS RESPECTIVAS DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES ..."). XIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA SENTENCIA DE INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO QUE CONTIENE LA ORDEN EMITIDA POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE UNA PENSIÓN QUE CONCEDE SEA CUBIERTA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEL PODER JUDICIAL LOCAL, NO PUEDE CAUSAR AFECTACIÓN ALGUNA A LOS DERECHOS QUE YA SE HABÍAN OTORGADO A LAS PERSONAS PENSIONADAS O SUS BENEFICIARIOS Y QUE NO FUERON MATERIA DE LA INVALIDEZ DECRETADA (INVALIDEZ PARCIAL DEL DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ÚNICAMENTE EN LA PORCIÓN DEL ARTÍCULO 2, EN DONDE SE INDICA QUE: "... SERÁ CUBIERTA POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, PRECISAD
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 461/2023. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 26 DE JUNIO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: CARLOS ANTONIO GUDIÑO CICERO.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de junio de dos mil veinticuatro.
VISTOS los autos para resolver la controversia constitucional 461/2023, promovida por el Poder Judicial del Estado de Morelos, por conducto del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, en la cual se demandó la invalidez del decreto mil ciento noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6224, de treinta de agosto de dos mil veintitrés; y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Antecedentes del acto impugnado. De su escrito de demanda, se desprende que el Poder Judicial del Estado de Morelos, manifiesta lo siguiente:
• Que en cada ejercicio fiscal la parte actora, ha remitido al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos su anteproyecto de presupuesto de egresos, donde se ha considerado una partida presupuestal para el pago de los decretos de las personas que han sido pensionadas o jubiladas por la autoridad demandada, sin embargo, no se ha respetado dicho proyecto, dado que el Poder Legislativo del Estado de Morelos ha autorizado única y exclusivamente una cantidad mínimo para el rubro de pago de pensiones.
• Que como se ha manifestado ante este Máximo Tribunal en diversas controversias promovidas de los ejercicios fiscales de dos mil trece a dos mil diecisiete, el presupuesto otorgado al Poder Judicial del Estado de Morelos se mantuvo intocado, en el mismo monto de $451,559,000.00 (cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.); no obstante, el aumento de los insumos necesarios para cumplir con el mandamiento constitucional de administrar justicia, el aumento al salario del personal y el exponencial número de jubilados, -estos últimos por virtud de decretos jubilatorios autorizados por el Congreso del Estado de Morelos-, sin que durante dicho periodo existiera la partida presupuestal de pensiones a cargo de la cual determinaba el Congreso del Estado de Morelos, fueran sufragadas las mismas; con base en este último punto es que el Poder Judicial, determina controvertir los decretos ante este Alto Tribunal vía controversia constitucional, que a la fecha suman poca más de doscientos.
• Mediante oficio número RJD/JUNTA ADMON/787/2020, de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, en estricto cumplimiento a lo ordenado en el artículo 25, último párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, el entonces Magistrado Presidente remitió al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual del Poder Judicial del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, previamente autorizado por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos para su discusión y aprobación.
• En el referido Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual del Poder Judicial del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, se consideró, atendiendo las necesidades presupuestales y financieras del Poder Judicial, se asignara por lo menos la cantidad de $916,832,428.00 m.n. (novecientos dieciséis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el presupuesto del año dos mil veinte, en la lógica de que pudiera ser el mismo, y si este aumentara, de igual manera aumentaría el presupuesto del Poder Judicial por ser un porcentaje fijo sobre el referido gasto.
• Además, se enfatizó que dicha cantidad solo corresponde a presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, independientemente del presupuesto que se destinaría al pago de decretos pensionatorios, y a la implementación del Sistema de Justicia Laboral, los cuales, en total suman la cantidad de $1,480,051,000.00 m.n. (mil cuatrocientos ochenta millones cincuenta y un mil pesos 00/100 moneda nacional) atendiendo a la siguiente distribución:
Ver distribución
• El uno de octubre de dos mil veinte, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, remitió a la LIV Legislatura del Estado de Morelos, el proyecto de presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio Fiscal de dos mil veintiuno, sin respetar el importe proyectado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos del Poder Judicial del Estado, sobre la base en el porcentaje que establecen los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; reducción de recursos monetarios que se llevó a cabo vulnerando por un lado el artículo 70, fracción XVII, inciso c) de mismo ordenamiento y por otro el principio de autonomía e independencia judicial prevista en el artículo 116 de la Constitución Federal; al enviar (más no remitir, como lo mandata la Constitución Local) al Poder Legislativo un Proyecto de Presupuesto diametralmente opuesto al contenido del anteproyecto que le fue remitido por el Poder Judicial.
• Por su parte el Congreso del Estado de Morelos con sendas violaciones al proceso legislativo y sin respetar la obligación impuesta por los artículos 32, párrafo segundo y 40, fracción V, de la Constitución Local, el pasado quince de diciembre de dos mil veinte aprobó el decreto número mil ciento cinco, en el cual autoriza el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, asignando al Poder Judicial del Estado de Morelos un presupuesto de egresos del orden de los $549,034,000.00 m.n. (quinientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional); desglosados de la siguiente manera: a) Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos $449,034,000.00 m.n. (cuatrocientos cuarenta y nueve millones treinta y cuatro mil pesos moneda nacional); b) Pago de pensiones, jubilaciones, controversias constitucionales y amparos del Tribunal Superior de Justicia $75,000,000.00 m.n. (setenta y cinco millones de pesos moneda nacional) y, c) Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes $25,000,000.00 m.n. (veinticinco millones de pesos moneda nacional).
• El Congreso del Estado de Morelos no aprobó en diciembre de dos mil veintiuno el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós; por tanto, de manera tacita se autorizó el mismo presupuesto que para el ejercicio de dos mil veintiuno, lo que causará mayor afectación al patrimonio del Poder Judicial, al no considerar el aumento de los insumos necesarios para cumplir con el mandato constitucional de administrar justicia, el aumento al salario del personal y el exponencial número de jubilados -estos últimos por virtud de los diversos decretos jubilatorios autorizados por el Congreso del Estado de Morelos, sin que durante dicho periodo existiera la partida presupuestal de pensiones, no obstante de las ampliaciones otorgadas durante el ejercicio fiscal de dos mil veintidós.
• En relación con el ejercicio fiscal de dos mil veintitrés, con fecha veintinueve de diciembre de dos mil veintidós fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6155, el Decreto 579 por el que se aprueba el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos por el ejercicio fiscal que comprende del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, en el que se advierte que se aprobó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos la cantidad de $800,000,000.00 m.n. (ochocientos millones de pesos moneda nacional), de los cuales $160,547,842.00 m.n. (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) están destinados para pensiones, jubilaciones y personal en retiro; sin embargo, dicho rubro y cantidad solo está considerando el pago de nómina de pensionados, jubilados y personal de retiro vigentes a dos mil veintidós, es decir, la carga social del personal en retiro vigente a la presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio del presente año, si considerar el pago de incrementos, nuevos jubilados o pensionados, amparos u asuntos controvertidos, tal y como se precisó en el anteproyecto de presupuesto de egresos y programa operativo anual ejercicio dos mil veintitrés foja veintinueve, presentado al Gobierno del Estado.
• Con fecha de treinta de agosto de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6224 del Estado de Morelos, el Decreto mil ciento noventa y dos, a través del cual se concede pensión por jubilación a YESENIA CASTAÑEDA FLORES con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo del Estado de Morelos, haya transferido efectivamente los recursos necesarios para cumplir con la carga económica que implica, en los siguientes términos:
“DECRETO NÚMERO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS POR EL QUE SE CONCEDE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A YESENIA CASTAÑEDA FLORES.
ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por jubilación a YESENIA CASTAÑEDA FLORES, quien presentó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, desempeñando como último cargo el de: Actuaria de Primera Instancia al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado.
ARTÍCULO 2º.- La pensión decretada deberá cubrirse a razón del 85% del último salario de la solicitante a partir del día siguiente a aquél en que la trabajadora se separe de sus labores y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo a la partida presupuestal correspondiente al pago de pensiones y jubilaciones, por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, precisados en el Anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número Quinientos Setenta y Nueve, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes.
ARTÍCULO 3º.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Remítase el presente decreto al titular del Poder Ejecutivo Estatal para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO. El presente decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos.
Poder Legislativo del Estado de Morelos, sesión ordinaria de Pleno del veinte de junio del dos mil veintitrés.
Diputados Integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos. Dip. Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente. Dip. Marguis Zoraida del Rayo Saucedo, en funciones de secretaria, Dip. Julio César Solís, en funciones de secretario. Rúbricas ...”. (sic).
2. SEGUNDO. Demanda de controversia constitucional. El tres de octubre de dos mil veintitrés, Luis Jorge Gamboa Olea, en su calidad de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, promovió demanda de controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual planteó la invalidez del decreto mil ciento noventa y dos, transcrito en el resultando anterior, emitido por el Congreso, refrendado por el Secretario de Gobierno y promulgado y publicado por el titular del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos.
3. TERCERO. Concepto de invalidez. En el único concepto de invalidez, el Poder Judicial actor argumenta que las autoridades demandadas vulneran en su perjuicio los principios de autonomía e independencia en la gestión presupuestal, expresando, esencialmente, lo siguiente:
a) El decreto impugnado vulnera en perjuicio del Poder Judicial actor los artículos 17, 49, 116, fracciones II y III, 123, apartado B, fracción XI, inciso a) y 127 de la Constitución Federal, así como los diversos 32, párrafo séptimo, 83, 92-A, fracción VI y 131 de la Constitución Local, ya que invade la autonomía en la gestión presupuestal.
b) La autonomía de gestión presupuestaria tiene fundamento en el artículo 17 constitucional, el cual establece la garantía para una administración de justicia expedita, y en la obligación de los poderes legislativos federal y local a garantizar la independencia, lo que en el particular no ocurre con el decreto impugnado, pues el Congreso local se entromete en las decisiones financieras del poder actor al conceder una pensión con cargo a su presupuesto.
c) El Legislativo lesiona la independencia del Poder Judicial en el grado más grave que es la subordinación y como consecuencia de ello su autonomía de gestión de recursos, derivado de la imposición de cubrir una pensión.
d) El poder demandado dispone directamente de los recursos del ahora Poder Judicial actor, al conceder una pensión por jubilación a la C. YESENIA CASTAÑEDA FLORES, sin tener dicho actor intervención alguna en el decreto impugnado, siendo que este tiene facultad de disponer de sus propios recursos, máxime que, de manera expresa determina que será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos, con cargo al presupuesto autorizado a este. Pasando desapercibido que para el ejercicio de dos mil veintitrés no se contempló partida alguna para pago de decretos controvertidos ante la Corte, pues en este anexo en la partida de pensiones y jubilaciones se otorgó la cantidad de $160,547,842.00 m.n. (ciento sesenta millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), misma que apenas es suficiente para cubrir las pensiones otorgadas previamente por el Congreso, de ahí que no se tenga la certeza que dicha cantidad sea suficiente para cubrir pensiones futuras como en el caso.
e) Que no debe de pasar desapercibido que, por acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el considerando séptimo, se determinó de manera expresa lo siguiente: “SÉPTIMO. Por otro lado, conforme a los artículos 12, párrafo primero(5), 13, párrafo segundo(6) y 40, fracción I y II, último párrafo(7) de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos, en relación con el artículo 14, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios(8), es factible que en el presente ejercicio fiscal se proponga el aumento o creación de gasto y que se realicen erogaciones adicionales a las aprobadas en el presupuesto de egresos, con el cual se amorticen, incluso, adeudos de ejercicios anteriores, como los derivados de sentencias judiciales, máxime las que constituyen un mandato constitucional”.
f) Que el Congreso del Estado de Morelos al emitir el decreto impugnado vulnera en perjuicio del Poder Judicial del Estado el artículo 48 constitucional que establece la prohibición de que se reúnan dos o mas poderes estatales en una sola persona. Así como también infringe el artículo 92-A, fracción VI de la constitución local, ya que atendiendo al principio de congruencia presupuestal al que se encuentra sujeto el Poder Judicial, corresponde en forma exclusiva éste la planeación, programación y diseño de gasto público a través de su presupuesto de egresos sin injerencia externa.
g) Se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que con el decreto impugnado se pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso local. Además, resulta evidente la intromisión del Poder Legislativo del Estado de Morelos, al determinar el pago de una pensión con cargo al erario y en la partida de pensiones a cargo del Poder Judicial, sin ampliar a la par el presupuesto a la medida de lo necesario para cubrir la pensión a que alude el decreto impugnado, lo que motivó a solicitar formalmente un aumento para poder cubrir el pago de dichas pensiones, haciendo el Poder Legislativo caso omiso a tal petición.
h) Por ello, el Congreso del Estado de Morelos transgrede la independencia y autonomía presupuestal del Poder Judicial de dicha entidad, pues mediante el decreto reclamado determinó otorgar una pensión por jubilación a YESENIA CASTAÑEDA FLORES, entrometiéndose en la disposición del presupuesto de la judicatura local, lo que supone de facto una relación de subordinación, aunado a que no concedió una ampliación presupuestal.
i) Se vulnera el artículo 116 de la Constitución Federal, ya que con el decreto impugnado se pretende que el Poder Judicial del Estado de Morelos se someta a las decisiones del Congreso local. Además, se violan los artículos 123, Apartado B, fracción IX, inciso a) y 127 Constitucionales, así como el artículo 131 de la Ley Suprema Local, mandatos constitucionales que han sido lesionados en perjuicio del Poder actor al haberse concedido pensión por jubilación a YESENIA CASTAÑEDA FLORES, con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin verificar y/o proporcionar numerario alguno para cubrir dicha pensión en la medida que resulte suficiente para ello. Omisión que permite advertir una notoria afectación al Presupuesto del Poder Judicial y, por ende, vulnera los principios de división de Poderes, autonomía e independencia, establecidos en los artículos 40, 41, 49, 116 y 133 de la Constitución Federal; 92-A y 131 de la Constitución Local.
4. CUARTO. Trámite. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrarlo bajo el número 461/2023 y turnarlo al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para que instruyera el procedimiento correspondiente.
5. QUINTO. Returno. Visto el oficio SGA/MFEN/729/2023 de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se informa que el Tribunal Pleno en sesión privada de dieciséis de noviembre del año dos mil veintitrés, determinó que los asuntos correspondientes a la Ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fueran returnados por estricto decanato entre las señoras Ministras y los señores Ministros que integran el Pleno; se ordenó returnar el presente expediente al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para que continúe actuando como instructor en la controversia constitucional, mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintitrés.
6. Por acuerdo de doce de diciembre de dos mil veintitrés, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, tuvo como demandados a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Morelos y no tuvo como demandado al Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa debido a que se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal.
7. SEXTO. Contestaciones de demanda. El nueve de febrero de dos mil veinticuatro la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, contestó la demanda en representación del Poder Ejecutivo y, el veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Morelos en representación del Poder Legislativo, contestó la demanda. 8. SÉPTIMO. Opinión de la Fiscalía General de la República. El Fiscal General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
9. OCTAVO. Audiencia y cierre de instrucción. El quince de mayo de dos mil veinticuatro se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos y; por acuerdo de veinte de mayo siguiente, el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente y, además, solicitó que el asunto se remitiera a la Sala de su adscripción para que ésta se avocara a su resolución.
10. NOVENO. Avocamiento. En atención a la solicitud del Ministro instructor, por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veinticuatro, la Primera Sala de este Alto Tribunal, se avocó para conocer del presente asunto.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(1) y 10, fracción I y 11, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial y los Poderes Legislativo y Ejecutivo, todos del Estado de Morelos, en el que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno por haberse impugnado un acto, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero(3) del Acuerdo General Número 1/2023 publicado el catorce de abril de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
12. SEGUNDO. Fijación de la litis. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta necesario determinar cuál es el acto concreto y específicamente reclamado por el poder actor.
13. En el respectivo apartado de la demanda, el Poder Judicial accionante señaló como tal el siguiente:
“IV. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como el medio oficial en que se hubieran publicado:
El decreto número MIL CIENTO NOVENTA Y DOS, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 6224, de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por el que se concede pensión por jubilación a YESENIA CASTAÑEDA FLORES, con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin que el Poder Legislativo de esta Entidad Federativa se cerciorara que efectivamente se cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con la carga económica que implica el Decreto jubilatorio para todo el ejercicio fiscal 2023 [...]”. (sic).
14. No obstante, derivado de la lectura integral y sistemática de la demanda se advierte, en específico, del único concepto de invalidez que hizo valer el Poder Judicial del Estado de Morelos, que de lo que se duele es que se haya otorgado una pensión por jubilación a una persona con cargo al presupuesto del Poder Judicial local sin haber transferido los recursos económicos necesarios para cumplir tal señalamiento.
15. Tal determinación se encuentra únicamente en el artículo 2° y es el que constituye la materia de la presente controversia constitucional. En consecuencia, se tiene únicamente al artículo 2o. del Decreto mil ciento noventa y dos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6224, de treinta de agosto de dos mil veintitrés, como acto impugnado.
16. TERCERO. Oportunidad. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover una controversia constitucional es de treinta días que se computan de manera distinta, en función del tipo de acto controvertido.
17. En el presente caso, debido a que el Poder actor impugna un decreto cuya naturaleza es de acto legislativo, el cómputo debe realizarse tomando en cuenta el día en que fue publicado en el periódico oficial de la entidad, esto es, en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6224 del Estado de Morelos, el treinta de agosto de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del treinta y uno de agosto al diecisiete de octubre de dos mil veintitrés.(4)
18. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el cinco de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que la controversia constitucional se promovió oportunamente.
19. CUARTO. Legitimación activa. De conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(5) la parte actora deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que en términos de las normas respectivas estén facultados para representarla.
20. El Poder Judicial del Estado de Morelos, compareció por conducto de Luis Jorge Gamboa Olea, quien acreditó su carácter de Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos.(6) El mismo se encuentra facultado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Judicial del Estado de Morelos, de conformidad con los artículos 105, fracción I, inciso h), constitucional; 10, fracción I, y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) así como 34 y 35, fracción I,(8) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.(9)
21. QUINTO. Legitimación pasiva. Se reconoció como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Morelos y no se tuvo como demandado al Secretario de Gobierno de dicha entidad federativa en razón de que, se trata de una dependencia de gobierno subordinada al Poder Ejecutivo Estatal, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal.
22. De conformidad con la fracción II, del artículo 10 de la ley reglamentaria de la materia,(10) tiene el carácter de parte demandada en la controversia constitucional la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia constitucional.
23. Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en la ley reglamentaria, la parte demandada también debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarla, en términos de las normas que lo rigen.
24. Así, el Poder Ejecutivo es representado por la Consejera Jurídica Dulce Marlene Reynoso Santibáñez; y, el Poder Legislativo es representado por el Diputado Francisco Erik Sánchez Zavala, Presidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.
25. Así, dichos funcionarios están legitimados para comparecer en la presente controversia constitucional, la Consejera Jurídica, en representación del Poder Ejecutivo, de conformidad con la fracción II, del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos.(11)
26. Por otra parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos es representado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
27. Lo anterior, se advierte del acta de sesión ordinaria de pleno del primero de septiembre de dos mil veintitrés, en donde consta su designación como Presidente de la Mesa Directiva.
28. En esas condiciones, en términos del artículo 36, fracción XVI, de la referida ley, el Presidente de la Mesa Directiva cuenta con facultades para representar al Poder Legislativo local.(12)
29. Por consiguiente, los funcionarios acreditaron tener facultades para comparecer a la presente controversia constitucional.
30. SEXTO. Causas de improcedencia. Antes de entrar al estudio de fondo, resulta necesario analizar las causas de improcedencia planteadas por las autoridades demandadas, así como aquellas que de oficio pudiera advertir este Alto Tribunal.
31. La Consejera Jurídica, en representación del Poder Ejecutivo, del Estado de Morelos, señala que debe sobreseerse en la controversia constitucional, porque el poder actor no le atribuye algún acto de forma directa, es decir, no se formularon conceptos de invalidez que controviertan su actuar por vicios propios respecto de la promulgación y publicación del decreto impugnado.
32. Son infundados los motivos de sobreseimiento antes expuestos, en virtud de que la autoridad mencionada forma parte del proceso de creación del decreto combatido y, por ende, esa participación y la constitucionalidad de su actuación es susceptible de ser analizada por esta Primera Sala, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.(13)
33. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Morelos señala que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia,(14) porque la expedición del decreto impugnado no le provoca afectación alguna al Poder Judicial actor y, por tanto, carece de interés legítimo para promover el presente medio de control de constitucionalidad.
34. Lo anterior debe desestimarse, ya que la determinación de la afectación que genera a la parte actora la expedición del decreto por el cual se otorga una pensión, es una cuestión que involucra el estudio de fondo del asunto, por lo que no puede ser motivo de análisis en este considerando. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 92/99 de rubro: “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”.(15)
35. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El Poder actor demanda la invalidez d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32981-9ddd1617/i-controversia-constitucional-la-persona-que-ocupe-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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